FORO SOBRE LANZAROTE

En un informe de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural dependiente del Gobierno de Canarias, se dice que es ilegal la obra realizada para la creación de los baños de Mancha Blanca.

Ciertamente, la utilidad de los baños es incuestionable, pero creo que el fin no justifica los medios. Se cometió una ilegalidad y todos los que con su firma contribuyeron a la misma deberían ser sancionados económicamente, desde el técnico hasta el presidente del Cabildo.

A ver si va ser verdad que la ley se aplica a unos sí y a otros no...

:clubbed:

El juez instructor del caso da la razón a los demandantes, y expulsa del procedimiento a la abogada que se personó en el mismo en nombre del Cabildo insular de Lanzarote, porque entiende que las responsabilidades penales o criminales de este caso, si las hubiere, serían únicamente del consejero denunciado (Sergio Machín), y no del Cabildo como corporación. Por ello, el juez estima el recurso interpuesto por los denunciantes, y acuerda que el Cabildo, como institución, quede al margen de estas diligencias.

Machín declaró ante el juez instructor que él no fue quien decidió construir dichos baños en el emplazamiento en cuestión, ni que tampoco fue él quien dio las órdenes para destruir la colada volcánica que se eliminó, señalando al magistrado que quien adoptó aquellas decisiones fue el entonces presidente del Cabildo, Dimas Martín Martín, quien, como es sabido, permanece a la espera de conocer la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas por el caso del Complejo Agroindustrial de Teguise.

En círculos jurídicos se especula incluso con la posibilidad de que pueda resultar imputada la totalidad de los consejeros del Cabildo que votaron a favor de la continuación de las obras, ya que en la Ley de Base Régimen Local reza que del sentido del voto en el pleno se pueden derivar responsabilidades de toda clase, no sólo civiles sino también penales.

Según el canarias7:

El fiscal del caso de los baños de Los Dolores cree que junto a Dimas Martín, Mario Pérez y Sergio Machín, (a los que imputa delitos contra el patrimonio y prevaricación), tres técnicos cooperaron, y un tercero pudo incurrir en falsedad. El juez los ha citado el día 16.

La citación judicial ante el juez magistrado del Juzgado número 4 de Arrecife, parte de la petición del Ministerio Público, que en su informe aprecia posibles delitos de daños contra el patrimonio histórico, «por la destrucción de parte de la colada volcánica que forma parte del Bien de Interés Cultural (BIC) de la ermita de Los Dolores» y prevaricación administrativa, por autorizar obra de reforma de la ermita y la construcción de aseos públicos en su entorno sin contar con los informes previos preceptivos que exige la ley 47/1999.

De estos dos presuntos delitos a los que acusa directamente, a Dimas Martín, Mario Pérez y Sergio Machín, también podrían ser autores, dice el fiscal del caso, «por inducción o cooperación necesaria», dos técnicos de la oficina de Obras Públicas del Cabildo, entre los que sobre sale el ex consejero de Industria del Gobierno de Canarias, José Manuel Fiestas Coll.

Además, el fiscal imputa un tercer delito de falsedad en documento oficial, por la no inclusión en el acta de replanteo de la obra del dato fáctico del comienzo de las mismas con anterioridad a tal trámite administrativo, del que podría ser autor otro técnico de la Corporación.

Por esta causa deberán comparecer el próximo día 16 ante el juez los tres facultativos del Cabildo, al margen de otras diligencias en las que se exige a la Corporación que remita hoja de servicio detallada de los funcionarios adscritos a la obra los días 5 y 9 de julio de 2003 o certificado de penales de los tres políticos.

Entre los funcionarios imputados sobre sale por su viejo pasado político, José Manuel Fiestas Coll, actual gerente del Consejo Insular de Aguas, que fue en su día, consejero de Industria del Gobierno de Canarias, en el gabinete de Olarte, además de consejero delegado de Inalsa en el Gobierno del Cabildo de Nicolás de Paíz y concejal del Ayuntamiento de Arrecife en aquellos años.

Según el fiscal, las obras, que afectaron a la colada volcánica, empezaron antes del 7 de julio de ese año, según las denuncias del Seprona, aunque la fecha se ocultó del documento de acta de replanteo.

El Ministerio Público expone que no consta en autos que el Ayuntamiento de Tinajo hubiera entregado la licencia, sino que recuerda al Cabildo lanzaroteño la necesidad de contar con autorizaciones previas, que no se recabaron (informe de la comisión de Patrimonio y Comisión Iglesia Estado).

De las declaraciones en autos se puede concluir que la orden de inicio y autorización fue dada por la única persona con facultades, el presidente del Cabildo, Dimas Martín. Así se deduce de las declaraciones de los imputados Sergio Machín y Mario Pérez, además de las resoluciones que autorizaban la obra firmadas por éste.

Según la Fiscalía, el expediente elaborado por la Oficina de Obras públicas, carece de fecha de inicio y como única referencia temporal sólo se menciona el mes de julio de 2003, aunque el presupuesto de la obra tiene fecha de 14 de julio, es decir, 7 días, más tarde del inicio.

El informe del inspector de Patrimonio (11 de julio de 2003), desaconsejaba el emplazamiento y otro 21 de julio advertía un importante desmonte en la colada.

La destrucción de la colada fue asumida antes de dictarse resolución por el presidente y se aprobó por el pleno el día de la resolución de autorización de las obras.

Según lavozdelanzarote.com:

Un arquitecto técnico y el ingeniero jefe del Cabildo están acusados de dos delitos: Daños en el Patrimonio Histórico, al destruir parte de la colada volcánica de la Ermita; y Prevaricación, al autorizar la construcción de los aseos en su entorno, sin contar con los preceptivos informes previos.

A un tercer técnico se le acusa de Falsedad de Documento Oficial, al no haber incluido presuntamente en el acta de replanteo de las obras la fecha de inicio de las mismas. Según este funcionario, antes del 21de julio de 2003 no se había ejecutado trabajo alguno, pero esto se contradice con las fotografías del Servicio de Protección de la Naturaleza Seprona de la Guardia Civil, que acreditan que las obras se iniciaron antes del día 21.

La autoría de los planos, presupuestos y memorias correspondió al arquitecto, cuyo trabajo contó siempre con el visto bueno del ingeniero jefe. Según el fiscal, la autorización de unas obras que implicaban intervenir en un Bien de Interés Cultural (BIC) como la Ermita debía haber contado con informes preceptivos.

La acusación considera probado que los funcionarios no atendieron las sugerencias del informe del inspector de Patrimonio, Manuel Perdomo, que desaconsejaba la ubicación para los baños y recomendaba situarlos en el entorno de los aljibes, al otro lado de la carretera.

Las pruebas practicadas por el momento demostrarían que los técnicos sabían que había roca volcánica en la ubicación escogida para los baños, y que, además, debían extraerla para comenzar las obras.

Por su parte, el Ayuntamiento de Tinajo queda totalmente al margen del caso. El magistrado entiende que a la Corporación municipal simplemente le parecieron bien las obras, eso sí, siempre y cuando éstas contaran con la obtención de todos y cada uno de los permisos y licencias necesarios para la apertura del expediente.

Por otro lado, el magistrado que lleva la investigación también ha llamado a prestar declaración a otros técnicos de la Corporación, si bien, en calidad de testigos, como son la coordinadora del Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo insular, María Antonia Perera Betancort, y el director de la Oficina del Plan Insular, Lopoldo Díaz Betancort.