FORO SOBRE LANZAROTE

Según lavozdelanzarote.com:

Juan Francisco Rosa, el conocido empresario hotelero, ha interpuesto una denuncia en el Cabildo insular de Lanzarote en la que solicita que se actúe contra la Fundación César Manrique (FCM). De esta denuncia, registrada en el Cabildo el pasado 4 de enero, se desprende que el administrador del Hotel Princesa Yaiza entiende no se está empleando el mismo rasero en el caso de la Fundación que en el de los hoteles.

El texto de la demanda, al que ha tenido acceso lavozdelanzarote.com, recalca el "prolongado mutismo" del Cabildo en relación a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), contraria a la Fundación César Manrique y que califica de “ilegales” las obras realizadas junto a la Casa de las Cúpulas en el Taro de Tahíche, en Teguise.

Juan Francisco Rosa denuncia que mientras el Cabildo exige celosamente que se cumpla el Plan Insular de Ordenación de Lanzarote (PIOL) en algunos casos, su actitud es distinta con respecto a las obras anexas a la sede de la FCM. Rosa considera “inaceptable y hasta escandalosa” la actitud del Cabildo con respecto a la institución presidida por José Juan Ramírez.

Para el empresario, el Cabildo ha mostrado durante años, "como si la Fundación César Manrique gozara de una patente de corso, una más que sorprendente pasividad".

En otras palabras, Juan Francisco Rosa señala a la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Cabildo que si se acepta y se aplaude que se anulen licencias de obras de hoteles en Playa Blanca o Costa Teguise, también debe admitirse la que afecta a la Fundación.

Por todo ello, el empresario hotelero pide que el Cabildo haga todo lo que está en su mano para que el PIOL se lleve hasta sus últimos extremos, ahora en relación a los talleres construidos por la Fundación César en suelo rústico protegido, igual que se viene haciendo con los hoteles.

Este no es el primer ataque frontal que sufre la institución de la que es director de Actividades Fundacionales Fernando Gómez Aguilera.

El equipo de gobierno del Cabildo presidido por la pilista María José Docal, criticó esta misma legislatura la actitud combativa de la Fundación respecto a la carretera de La Geria, a través de un vídeo promocional difundido en las televisiones locales de la Isla.

Esta demanda de Juan Francisco Rosa es anterior a la reciente resolución judicial contra un hotel de Playa Blanca propiedad del citado empresario. En concreto, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias dictó el pasado 12 de enero una sentencia en la que daba la razón al Cabildo en su defensa del PIOL y su revisión, conocida como Moratoria, decretando la nulidad de la licencia concedida por el Ayuntamiento de Yaiza al Hotel Son Bou, hoy anexo del Hotel Princesa Yaiza. Se trata de un hotel de tres estrellas situado en la parcela E del plan parcial Costa Papagayo, con un total de 167 plazas turísticas.

La petición de Juan Francisco Rosa al Cabildo viene precedida de una demanda interpuesta por el militante del PIL Manuel González en contra de los talleres anexos a la Fundación en del Taro de Tahíche. Como consecuencia, los tribunales declaraban nula en mayo de 2004 la licencia concedida por el Ayuntamiento de Teguise a la FCM para construir dichos talleres.

En contra de aquella sentencia, la Fundación interpuso un recurso, pero el Tribunal Superior de Justicia de Canarias lo desestimó en octubre. Por su parte, la Fundación emitió un comunicado en el que eludía cualquier responsabilidad, argumentando que su proceder siempre había sido el correcto.

Los famosos talleres de la Fundación César Manrique fueron construidos junto a la Casa de las Cúpulas, en el Volcán de Tahíche. Han servido como residencia y taller para artistas de la talla de Miró. La Fundación no construyó un complejo de apartamentos para vender o alquilar, sino un taller que ha sido utilizado por artistas, urbanistas, arquitectos e ingenieros que, invitados por la FCM, han realizado proyectos destinados a los distintos municipios de Lanzarote. Además, este espacio se ha utilizado para realizar talleres educativos con los escolares de la Isla.

Lo peor de Lanzarote siempre han sido sus empresarios, q por cuatro duros han vendido su tierra, causando los mayores destrozos al paisaje de esta isla. Cuando se darán
:bang: cuenta q han acabado con la gallina de los huevos de oro.

Según lavozdelanzarote.com:

El empresario Juan Francisco Rosa, a través de sus sociedades ‘Hotel Princesa Yaiza’ y ‘Salmepa’, ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 3 de Las Palmas de Gran Canaria que declaraba legal la licencia otorgada en 2001 por el Ayuntamiento de Arrecife a los promotores del edificio donde tiene su sede de Arrecife la Fundación César Manrique (FCM).



Rosa recurrió esa licencia de obras, otorgada a la familia Lorenzo, en el año 2008, después de que la FCM, que no es la propietaria del edificio ni promotora de las obras, adquiriera la planta baja y la primera planta de dicho inmueble, donde se encuentra actualmente la sala de exposiciones y conferencias ‘José Saramago’.

El Juzgado desestimó los argumentos del empresario, que consideraba que las obras eran “ilegales e ilegalizables” porque se trataba de un edificio protegido, incluido en el catálogo municipal. Los propietarios del inmueble tenían a su favor una sentencia del Tribunal Supremo de 1999 que les reconocía el derecho, no sólo a ampliar el edificio, sino a demolerlo por completo. La sentencia también reconocía que el proyecto no vulneraba la normativa urbanística del Plan General de Arrecife en materia de alturas, edificabilidad y retranqueos.

Hay que recordar que la FCM recurrió en los tribunales, sumándose a los recursos del Cabildo de Lanzarote, las licencias otorgadas a Juan Francisco Rosa por el Ayuntamiento de Yaiza para los hoteles Son Bou y Princesa Yaiza. Los tribunales dieron la razón a la FCM y ésta ha solicitado la ejecución de las sentencias.

En el recurso se señala que la sentencia no está suficientemente motivada y que no responde a las cuestiones que planteó el demandante sino que se limita a transcribir parcialmente una sentencia del Tribunal Supremo de 1999 sobre ese edificio por la que se permitía la demolición a los propietarios.