FORO SOBRE LANZAROTE

Según diariodelanzarote.com:

El Gobierno de Canarias debería abonar al Cabildo de Lanzarote cerca de 22 millones de euros -según los primeros cálculos- al ejecutar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por la que se condena al Ejecutivo regional por irregularidades en el reparto de los fondos del Régimen Económico y Fiscal (REF) correspondientes al ejercicio 2001, y por los perjuicios que generó a la Corporación dejar de percibir el Arbitrio sobre la Producción e Importación en las Islas Canarias (APIC).

La sentencia, dictada el pasado 7 de abril y comunicada el lunes, reconoce el derecho del Cabildo a "que se practique por el Gobierno de Canarias una nueva liquidación de los recursos del REF" y del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte correspondientes al año 2001.

El fallo indica que ha quedado demostrado que la Consejería regional de Hacienda 'infló' los gastos de gestión de los tributos del REF, "habiendo obtenido por esta vía cerca de nueve millones de euros [8,8 millones como mínimo]".

De esos 8,8 millones de euros más sus intereses, al Cabildo lanzaroteño le corresponderían unos 400.000 euros, según explicó el consejero de Hacienda de la Corporación insular, Luis Arráez, en una primera valoración de la sentencia. Arráez ha querido dejar claro que los cálculos de la Oficina de Gestión Presupuestaria del Cabildo son iniciales y que pueden variar cuando se estudie mejor el fallo.

Por otro lado, el Cabildo también reclamaba que la cifra de población tenida en cuenta por el Gobierno de Canarias para el reparto del REF correspondiente a 2001 debía ser de 103.044 habitantes (según el cuadro de población referido al 1 de enero de 2001) y no de 96.310 habitantes (a 1 de enero de 2000) como hizo el Ejecutivo autónomo.

Sobre este aspecto, la Corporación insular ya recoge más de 1,5 millones de euros en su presupuesto general de este año a percibir del Gobierno regional por la liquidación del REF en 2001 y 2002. En concreto, 759.000 euros que corresponderían al año 2001 y 835.734 euros del año 2002.

Sin embargo, el montante económico más alto que tendría que afrontar la Administración autonómica sería el referido a la cantidad que el Gobierno debía satisfacer al Cabildo "para compensar la disminución de ingresos del APIC experimentada desde 1999". Según las primeras estimaciones detalladas por Luis Arráez, la primera institución de la Isla tendría que percibir unos 19 ó 20 millones de euros.

El consejero cabildicio de Hacienda ha insistido en que el total de entre 21 ó 22 millones de euros en cifras aproximadas que el Gobierno autónomo tendría que abonar a la Corporación insular es una cantidad provisional que se quiere "corroborar". Para ello, el Cabildo lanzaroteño ya se ha puesto en contacto con la Federación Canaria de Islas (Fecai) para convocar una reunión de la comisión técnica económico-financiera a celebrar la próxima semana con el objeto de "analizar en profundidad" las consecuencias de la sentencia judicial.

La sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC "es susceptible de recurso de casación" ante el Tribunal Supremo. Para ello, el Ejecutivo tiene un plazo de 10 días a contar desde el de la notificación, es decir, el pasado lunes. De momento no se conocen las intenciones del Gobierno autónomo, aunque varios miembros del grupo de gobierno de la Corporación insular consultados confían en que el Ejecutivo acate el fallo y abone ese dinero al Cabildo lo antes posible.

Según diariodelanzarote.com:

El viceconsejero de Economía del Gobierno de Canarias, Javier Ortiz, trasladó el jueves al consejero de Economía y Hacienda insular, Luis Arráez, la intención del Ejecutivo autónomo de recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que obliga a compensar al Cabildo lanzaroteño por irregularidades en el reparto del REF.

Arráez calificó de "decepción" el encuentro mantenido el jueves en Tenerife con el viceconsejero de Economía regional con la sentencia del TSJC sobre la mesa, a pesar de que el consejero cabildicio destacó "el clima de cordialidad y de respeto en el que transcurrió este acercamiento en todo momento".

La reunión, celebrada a petición del propio Cabildo de Lanzarote, estaba prevista como una toma de contacto para conocer de primera mano las intenciones del Gobierno de Canarias en cuanto a la ejecución de la sentencia judicial por la que se condena al Ejecutivo regional por irregularidades en el reparto de los fondos del Régimen Económico y Fiscal (REF) correspondientes al ejercicio 2001, y por los perjuicios que generó a la Corporación dejar de percibir el Arbitrio sobre la Producción e Importación en las Islas Canarias (APIC).

Según Arráez, el viceconsejero regional de Economía manifestó la voluntad de recurrir, si no en su totalidad, sí en determinados aspectos, el fallo emitido por el TSJC. Ante esta postura, la presidenta del Cabildo, Inés Rojas, solicitará una entrevista de forma urgente con el presidente del Gobierno canario, Adán Martín, como paso previo al requerimiento de materialización de dicha resolución.

Para Arráez, desde el Cabildo "no cabe más que rechazar absolutamente este posible recurso, planteamiento que por otra parte ni entendemos ni compartimos, pues la sentencia es clara y debería ejecutarse cuanto antes".

Según la voz de lanzarote.com:

Horas antes de que Inés Rojas partiera hacia Las Palmas para firmar el convenio definitivo sobre la sentencia del REF buscó el apoyo de los grupos políticos en sesión plenaria, como se había establecido a instancias de los populares, pero tan sólo consiguió que la oposición calificara el acuerdo de “robo” y “estafa”.

La ausencia de parte de la oposición, ha permitido que el grupo de Gobierno saque adelante la ratificación plenaria del convenio sobre la sentencia del Régimen Económico y Fiscal, REF, que este mismo viernes la presidenta del Cabildo, Inés Rojas firmaba en Las Palmas, después del acuerdo alcanzado el pasado mes de noviembre con el Ejecutivo Autonómico. El convenio se ha aprobado con los votos en contra de AC y PSOE y la abstención del PP, pero todos han criticado que se hayan aceptado sólo 2.919.835 euros y se hayan rechazado cerca de los 400.000 euros que correspondía a Lanzarote en concepto de intereses de demora.

Para Alternativa Ciudadana el acuerdo significa dar permiso al Gobierno de Canarias para que “pueda seguir robando” y acusa a la presidenta del Cabildo de haber permitido que se detraiga dinero a cambio de su candidatura por Coalición Canaria. Además, al igual que el PSOE, considera que se está “regalando” dinero público. “Nos han engañado y estafado y además de un robo nos hacen chantaje, porque si no aceptamos sus condiciones no nos pagan”, reprendió Carlos Espino, a pesar de que el convenio se acordó cuando el PSOE estaba todavía en el grupo de Gobierno. Y es que Espino aseguró que, a pesar de estar en el pacto, no apoyaron el acuerdo porque entendían que iba a favor del Gobierno de Canarias.

Sin embargo, Inés Rojas sostuvo que era mejor “llegar a un buen acuerdo, antes que mantener un pleito durante años, sin sentido”, ante lo que Luis Arráez añadió que para que haya consenso “ambas partes tienen que ceder”. Además destacaron que no ha habido acuerdo para el IGIC y que siguen a la espera de que llegue la sentencia.

En cuanto al destino del importe, la Presidenta ha anunciado que el 60 por ciento que corresponde al Cabildo entrará como ingresos para los presupuestos del próximo año y que su inversión final será decidida en la junta de portavoces. El resto de ayuntamientos, que apoyaron el convenio desde un principio, recibirán el 40 por ciento de los casi tres millones de euros que entregará el Gobierno canario.

El pasado mes de noviembre el Ejecutivo autonómico acordó abonar a las siete Corporaciones insulares un total de 45 millones de euros en concepto de APIC, gastos de gestión y fondos de suficiencia, que no se pagaron en su momento entre el año 1999 y 2002. El acuerdo que se toma ahora contempla también la retirada de todos los recursos presentados por todas las Corporaciones.