FORO SOBRE LANZAROTE

Según cronicasdelanzarote.es:



El Colegio de Abogados de Lanzarote ha abierto expediente administrativo al secretario general del Partido Socialista Canario (PSC-PSOE) en la Isla, Manuel Fajardo Palarea, contra quien Gonzalo Murillo, uno de los propietarios del Plan Parcial La Bufona, interpuso el pasado 6 de enero de 2006 una denuncia por supuesta incompatibilidad entre sus funciones públicas como vicepresidente primero del Cabildo insular de Lanzarote, y las privadas como abogado. El resultado de las diligencias informativas se comunicó este martes a las partes, según confirmaron ambas a este diario.

En dicha denuncia, que fue admitida a trámite el pasado 19 de enero, Murillo acusa a Fajardo de incompatibilidad en el conflicto de La Bufona, pues por un lado el Cabildo vela por el cumplimiento de los preceptos legales del territorio y, por otro, ha ejercido también como abogado particular de Francisco Carmona, jefe de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Arrecife y quien todavía tiene pendientes varios pleitos tras las denuncias presentadas por el propio Murillo, quien acusa a su vez a este último de ser juez y parte en el proceso al ser el propietario del Plan Parcial La Bufona y del de Maneje V -este último con mil viviendas-.

Esta supuesta incompatibilidad de las funciones pública y privada por parte del líder socialista provocó incluso que, una vez admitida a trámite dicha querella, el Colegio de Abogados de Lanzarote instruyera diligencias previas informativas. Este mismo martes, según confirmó el propio afectado a este medio, “nos fue remitida la resolución del Colegio a ambas partes”.

Sin embargo, “la incoación de este expediente disciplinario no supone a priori sanción digna de reproche”, tal y como especificó Fajardo y tal y como se recoge en el expediente, pero sí podrían detraerse del mismo incluso faltas de carácter muy grave que derivarían en su expulsión del órgano colegiado.

El decano del Colegio de Abogados de Lanzarote, Francisco Torres Stinga, se abstuvo en la votación del expediente de Manuel Fajardo, tal y como confirmó este martes a este diario. En respuesta a la llamada de Crónicas, Torres Stinga prefirió no pronunciarse sobre el asunto, un tema del que dijo no tener conocimiento y del que se había desvinculado por completo “por razones obvias”.

La razón, según expuso una fuente consultada, no es otra que el decano del Colegio de Abogados ejerce como defensor del fiscal jefe en Arrecife, Miguel Pallarés, en el caso de la denuncia de La Bufona.

Tal y como se desprende de la ponencia a cargo del letrado Gustavo Falero Lemes y la resolución emitida por el vicedecano del Colegio de Abogados, Rafael Domínguez Swartz, la Junta de Gobierno del órgano colegial entiende que la mejor vía para aclarar si se produjo esa incompatibilidad de funciones era la apertura de un expediente administrativo.

“La Junta ha considerado que la vía de las diligencias informativas no es el cauce adecuado, por lo que ahora se ha abierto un expediente en el que se escuchará a las diferentes partes”, concretó el vicepresidente primero del Cabildo. Así, Fajardo y Murillo dispondrán respectivamente de diez días para presentar alegaciones y pruebas en su favor.

El líder socialista lanzaroteño, que aseguró que Murillo tiene todo el derecho del mundo a denunciarle y él la obligación de acatar la resolución definitiva, calificó el conflicto como “un dolor de muelas”, puesto que, agregó, “si me dan la razón a mí, Murillo la recurrirá al Consejo Canario de Abogados”.

Fajardo estimó que el expediente no sería resuelto hasta dentro de varios meses. Sin embargo, Gonzalo Murillo, por su parte, cuestionó que, “si es primordial que el Colegio de Abogados de Lanzarote vele por el buen hacer profesional de sus colegiados, ¿cómo es que tras 6 meses no ha resuelto la Junta de Gobierno de este Colegio sobre la posible incompatibilidad de Manuel Fajardo Palarea?” En esta línea, Fajardo aseguró que “en su día hubo una denuncia, yo reconocí que era cargo público pero que no había ejercido la abogacía en el mismo período”.

En realidad la ley permite a cualquier cargo público dedicarse con o sin exclusividad a su actividad como funcionario. Sin embargo, al parecer Fajardo prefirió la total dedicación a sus funciones actuales, lo que en teoría le impedía dedicarse a su actividad habitual como letrado.

Según fuentes consultadas por este diario, las quejas sobre esa presunta incompatibilidad profesional se iniciaron desde el Ayuntamiento de Yaiza el pasado 5 de diciembre de 2005, cuando ya hacía unos cinco meses que Fajardo había tomado posesión como vicepresidente primero del Cabildo insular de Lanzarote.

Fue entonces cuando el secretario general del PSC-PSOE acudió hasta los juzgados para darse de baja como abogado privado de Francisco Carmona, el jefe de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Arrecife, que todavía tiene pendientes varios pleitos tras las denuncias presentadas por Gonzalo Murillo, propietario de La Bufona, quien acusa a su vez a este último de ser juez y parte en el proceso al ser el propietario del Plan Parcial La Bufona y del de Maneje V -este último con mil viviendas-. Según Murillo, Carmona le debe más de 700.000 euros desde hace 7 años al Ayuntamiento en la cesión de terrenos públicos, y “nunca ha pagado impuestos que al resto de ciudadanos se les cobra”.

Gonzalo Murillo acusó también a los socialistas de apoyar ahora el Plan General de Ordenación Urbana (PGOUA), “que siempre criticaron”, y asegura que ahora “tragan” porque el secretario general del PSC-PSOE en Lanzarote, Manuel Fajardo, es el abogado de Carmona.

Además, Murillo recuerda la denuncia de algunos empresarios contra la alcaldesa, a la que acusan de beneficiar al propietario del Parque Industrial Tenorio, que al parecer es también Francisco Carmona.