Según diariodelanzarote.com:
El Cabildo de Fuerteventura ha remitido dos nuevas alegaciones a la tramitación de los permisos de investigación de hidrocarburos ‘Canarias 1 a 9' que prepara el Ministerio de Industria dirigido por José Manuel Soria en las que reitera la solicitud de suspensión de todo el proceso y que se escuche la opinión de las sociedades e instituciones de Lanzarote y Fuerteventura y de las entidades científicas canarias.
El Cabildo señala que la Unión Europea (UE) está tramitando una nueva regulación europea en el ámbito de las extracciones petrolíferas y de otros hidrocarburos en alta mar, que entraría en vigor en 2013.
La segunda alegación plantea las "dudas" del Cabildo majorero respecto de la compatibilidad para este proceso administrativo el nuevo Secretario de Estado de Energía, Fernando Marti Scharfhausen, que ha trabajado para Repsol.
Sobre el primero de los asuntos, “lo que no entendemos es que, sabiendo que la UE está reformando toda la normativa a raíz de los derrames y la contaminación en el Golfo de México, España acelere ahora todo el proceso para aprobar los permisos antes de que entre en vigor la nueva norma”, explica el presidente insular, Mario Cabrera.
El documento recuerda que existe una propuesta de ‘Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la seguridad de las actividades de prospección, exploración y producción de petróleo y de gas mar adentro' que se está tramitando en el ámbito de las instituciones europeas desde el pasado año, con el objetivo de que entre en vigor a partir de 2013.
Ese reglamento, constata Cabrera, señala que "el riesgo de que se produzca un accidente grave de petróleo o de gas mar adentro en aguas de la Unión es significativo y la fragmentada legislación actual y las diferentes prácticas regulatorias y de la industria no permiten reducir los riesgos de la Unión tanto como sería posible".
También señala que "el marco reglamentario y las normas de funcionamiento existentes no garantizan la acción de emergencia más efectiva en caso de accidente en aguas de la Unión y la atribución de responsabilidades en relación con el saneamiento y los daños convencionales no está totalmente clara".
Esta iniciativa europea, recuerda Cabrera, se planteó a raíz del accidente, y la consiguiente contaminación, en la costa del Golfo de México. Al respecto, la Comisión ya respondió al desastre mediante un análisis de las deficiencias de las prácticas en alta mar y el marco legislativo de la Unión y la posterior Comunicación 'Hacer frente al reto de la seguridad de las actividades relacionadas con el petróleo y el gas alta mar', adoptada en octubre de 2010.
De esta forma, recuerda, la Comisión proporcionó una primera indicación de los ámbitos de actuación posibles en la Unión. "Existen diferencias considerables y una gran fragmentación en la legislación y en las prácticas de los Estados miembros en lo referente a las actividades mar adentro”.
Por ejemplo, añade, “en materia de otorgamiento de concesiones, las disposiciones en materia de responsabilidad, las normas de seguridad de los equipos, la transparencia en relación con el público y el intercambio de información”.
Esta situación refleja la ausencia casi total de instrumentos de Derecho internacional y las lagunas de la legislación pertinente de la Unión. “Incluso si algunos Estados miembros cuentan con sistemas de regulación de las actividades mar adentro que son referencia a nivel mundial, todos son susceptibles de mejora”.
“Es importante reconocer que el control de los riesgos de accidente grave en la industria petrolera mar adentro debe alcanzar un elevado nivel homogéneo de calidad en todo el territorio de la Unión", constataba la Comisión.
La nueva propuesta de ordenación europea, que entraría en vigor en 2013, establece además "importantes responsabilidades para las empresas concesionarias de las explotaciones", según Cabrera, que cita por ejemplo el hecho de que "los concesionarios deben ser considerados responsables de todos los daños que causen”.
“La mayor parte de las autoridades de reglamentación nacionales y la industria consideran adecuado el sistema de otorgamiento de concesiones y de permisos actualmente aplicado en algunos Estados miembros, pero opinan que la Unión debe colaborar con otros para mejorar el nivel de exigencia en la materia”, señala.
El instrumento legislativo prevé una evaluación más rigurosa, y basada en el riesgo, de la capacidad técnica y financiera. Asimismo introduce, además del elemento de seguridad, un aspecto medioambiental en el control y prevención del riesgo de accidente grave.
“En definitiva, estamos en pleno proceso de actualización y replanteamiento de la normativa europea para la realización de prospecciones y extracciones de hidrocarburos. Un proceso que debe culminar con la aplicación de nuevas precauciones y nuevas responsabilidades ambientales y sobre los daños subsidiarios”, señala Cabrera.
“No entendemos entonces las prisas por recuperar, convalidar y pretender aprobar este Real Decreto antes de que entre en vigor la nueva normativa europea”, destacó el presidente del Cabildo de Fuerteventura.
La segunda alegación plantea las "dudas" del Cabildo majorero respecto de la compatibilidad de dicho proceso administrativo con respecto a la "relación profesional" que Fernando Marti Scharfhausen, nombrado recientemente Secretario de Estado de Energía, con la empresa multinacional petrolífera que resultaría adjudicataria de los permisos ‘Canarias 1 a 9', Repsol.
Cabrera recuerda que la Secretaría de Estado de Energía es la instancia donde actualmente se está tramitando el mencionado expediente de autorizaciones de prospecciones de hidrocarburos, “y sorprende, cuando menos, que el titular de la Secretaria de Estado, nombrado el 30 de diciembre, haya sido un alto cargo de la multinacional petrolera en Latinoamérica”.
“Si a ello le sumamos las prisas que ahora se ha dado el Ministerio por tramitar las autorizaciones antes de que entre en vigor la nueva norma europea en 2013, mucho más restrictiva, se nos plantean serias dudas sobre todo el proceso que hacen más recomendable que nunca que se anule todo”, opina el presidente del Cabildo de Fuerteventura.
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