Según Diario de Lanzarote:
Hace justo un año, el grupo de empresas formado por Repsol, la australiana Woodside y la alemana RWE, aseguró que sus intenciones eran realizar prioritariamente un par de pozos frente a la costa de Fuerteventura, aunque tuviese permiso para hacerlo también frente a Lanzarote, y que no utilizaría las clásicas plataformas sino barcos. Esos planes han variado de forma notable, como queda reflejado en el primer documento presentado para obtener la autorización ambiental.
![Imagen](http://www.diariodelanzarote.com/images/2013/03/170313-repsol1.jpg)
Ahora, el consorcio petrolero asegura que tiene previsto perforar “dos o tres sondeos exploratorios” y que “
en la actualidad se encuentran en revisión seis localizaciones posibles”, para las que ha solicitado el plácet del Ministerio de Medio Ambiente.
Aunque especifica que “se desconoce cuáles serán las ubicaciones definitivas”, el anuncio de marzo pasado que pretendía ‘tranquilizar' a la sociedad lanzaroteña ha quedado en nada: salvo un posible pozo, denominado ‘Chirimoya', el resto se encuentra más cerca de Lanzarote que de Fuerteventura, a distancias que oscilan entre los 51 y los 69 kilómetros de la costa insular.
Uno de ellos, bautizado como ‘Naranja', se emplazaría justo enfrente de la costa del municipio de Haría, en el norte de la Isla. Otro , designado como ‘Cebolla', estaría a la altura de la localidad turística de Costa Teguise, y se perforaría hasta los 6.370 metros de profundidad bajo el nivel del mar. El tercero, denominado ‘Plátano', se perforaría ante el litoral del sur de Lanzarote.
También los pozos ‘Sandía' y ‘Zanahoria' se localizarían a menor distancia de Lanzarote que de Fuerteventura. En concreto, a unos 54 kilómetros de la costa. En el caso del último lugar de prospección citado, se taladraría hasta los 6.800 metros de profundidad.
En cuanto a cómo se ejecutarían las catas, se aseguró que se utilizaría un barco. “No obstante”, matizan en el documento las petroleras, “debido a la baja disponibilidad de unidades de perforación en el mercado, se consideran otras dos alternativas adicionales posibles y no descartables”.
Se trataría o bien de una plataforma anclada al fondo, o bien de otra plataforma que mantendría su posición sin anclaje, precisan.
![Imagen](http://www.diariodelanzarote.com/images/2013/03/170313-plataforma.jpg)
El estudio de impacto ambiental deberá recoger cómo actuar ante accidentes en los que se produzca una “pérdida de control del pozo” porque la “presión” sea “tan elevada” que no se pueda controlar.
Repsol admite no sólo que generaría un impacto sobre el medio ambiente o los sectores económicos asentados en las Islas sino que, al contrario de lo que han manifestado sus directivos, tendría “efectos sobre infraestructuras existentes” como por ejemplo “desalinizadoras”.
Como “propuesta preliminar” de “medidas preventivas y correctoras” ante un derrame plantea estudiar cómo se comportaría el vertido, elaborar un “plan de contingencias por contaminación marina”, disponer “recursos para la limpieza inmediata” en la plataforma, con “formación específica” a su personal y “alertar a las autoridades marítimas en caso de derrame”. También preparará “un plan de restitución económica y ambiental”
El Tribunal Supremo (TS) tendrá que decidir en breve si hace caso al Cabildo de Lanzarote y aplica la medida cautelar de suspender las prospecciones petrolíferas hasta que haya una sentencia que determine la legalidad de los sondeos autorizados por el Gobierno del Partido Popular. El Cabildo la pidió el 31 de enero y el Supremo, en un primer momento, la rechazó, siguiendo el criterio de la Abogacía del Estado.
Ahora ha admitido el recurso de la Corporación insular y entrará a analizar la petición, que se centra en el incumplimiento de la legislación comunitaria, que obliga a anunciar en el diario oficial de la Unión Europea la solicitud efectuada por las petroleras para que haya competencia y no se produzca ninguna discriminación. Esto no se produjo ni en 2001, cuando se dio la primera licencia que luego fue anulada, ni en 2012. De hecho, el Cabildo pide al TS que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea.