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NotaPublicado: Jue 22 May, 2014 3:33 pm 
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Según Diario de Lanzarote:

La Sala Tercera del contencioso administrativo del Tribunal Supremo ha comunicado que el próximo 10 de junio es la fecha fijada para la votación y fallo del recurso contencioso administrativo interpuesto contra las prospecciones petrolíferas en las costas de Lanzarote y Fuerteventura.

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Los cabildos de las dos islas orientales, el Gobierno de Canarias y organizaciones sociales y ecologistas impugnaron ante el Tribunal Supremo concedido por el Gobierno español a las multinacionales Repsol, RWE y Woodside para realizar perforaciones petrolíferas.

El presidente majorero, Mario Cabrera, apuntó que, “respetando al máximo la independencia judicial, tienen que saber que la mayoría de la ciudadanía de Canarias, pero también las del resto de comunidades autónomas donde se quieren desarrollar estas actividades, y en general la comunidad científica y las instituciones europeas, estarán muy atentas a lo que se decida”.

“Confiamos en la Justicia para que reinstaure la coherencia democrática” ya que “un Gobierno que se precie de democrático tiene que prestar más atención a lo que opinan los ciudadanos sobre su forma de vida que a lo que quiere una multinacional para su balance de cuentas”, añadió.

Al presidente majorero destacó el anuncio desde Repsol de que en mayo se sabrá ya el resultado de la evaluación ambiental de las perforaciones, cuya tramitación lleva el Ministerio de Medio Ambiente.

Cabrera cree que “algún tipo de información privilegiada debe tener Repsol de dentro del Ministerio, porque la tramitación del expediente lleva un mes suspendida y al menos públicamente no hay fecha para retomarlo”.

Ante el anuncio de la petrolera de que ya ha gastado 30 millones de euros en el proyecto de Canarias, el presidente del Cabildo cree que “lo que debería decir Repsol es dónde está tributando por esos 30 millones de euros”.

“Es lo mismo que llevamos preguntando desde 2004. ¿Por cuánto vendieron entonces el 50 por ciento del proyecto a RWA y Woodside? y ¿dónde y cuánto tributaron impuestos por esa venta de participaciones del proyecto de Canarias?”, cuestionó.


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NotaPublicado: Mar 10 Jun, 2014 3:54 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha iniciado a primera hora de este martes la deliberación sobre los distintos recursos presentados contra la autorización de las prospecciones petrolíferas frente a Lanzarote y Fuerteventura, pero su decisión se hará esperar.

Según han confirmado a La Voz desde el Tribunal, la Sala volverá a reunirse en los próximos días para continuar estudiando los recursos, pero ni siquiera han confirmado un calendario para ello. “No es el único tema que tienen pendiente”, han subrayado desde el gabinete de prensa, señalando que la deliberación sobre las prospecciones se intercalara con otros asuntos pendientes de ser resueltos en el Supremo.

Lo que sí han apuntado es que no habrá decisión este martes, y probablemente tampoco el miércoles. “No hay plazos, pero no será hoy ni mañana”, han apuntado. Y es que tendrán que volverán a reunirse antes de adoptar una decisión, ya que una jornada no es suficiente para analizar los distintos recursos presentados contra las prospecciones.

Los distintos recursos que analiza el Supremo desde este martes fueron presentados por el Gobierno de Canarias, los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, la Federación Ecologista Ben Magec, la organización WWF, la Fundación César Manrique e Izquierda Unida, y todos ellos pretenden que se anule el decreto que en marzo de 2012 autorizó las prospecciones.

Desde entonces, el proyecto no ha llegado a iniciarse, ya que estaba pendiente la Declaración de Impacto Ambiental, que fue aprobada hace menos de dos semanas, y contra la que también se han anunciado recursos.

Así, aunque el Supremo desestimara los recursos presentados contra el decreto de aprobación inicial, la batalla en los Tribunales no habría terminado.


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NotaPublicado: Mar 24 Jun, 2014 12:09 pm 
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Fuente canarias7.es:

El Tribunal Supremo ha desestimado los siete recursos planteados contra el decreto de marzo de 2012 que autorizaba la realización de prospecciones petrolíferas en aguas del archipiélago canario.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo notificará en los próximos días las sentencias en las que rechaza los recursos presentados por los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, el Gobierno de Canarias, Ecologistas en Acción-Ben Magec, la Fundación César Manrique, WWF e Izquierda Unida, según ha informado el propio tribunal.

Las citadas sentencias que confirmarán la legalidad del decreto del Gobierno que concedía los permisos de investigación de hidrocarburos contarán con, al menos, un voto particular, según fuentes del tribunal.

En una nota hecha pública este martes, la Sala adelanta el sentido de su fallo aunque la sentencia todavía no haya sido notificada y señala que "la sección 3ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado los recursos" contra el citado decreto.

Este decreto era "referente a los permisos de investigación de hidrocarburos denominados Canarias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En los próximos días se notificarán las sentencias que resuelven dichos recursos, con los votos particulares, si los hubiere".

El citado decreto autorizaba las indagaciones frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura.

El pasado 29 de mayo, semanas antes de que el Supremo diera a conocer su dictamen, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente autorizó a Repsol a realizar estas prospecciones petrolíferas en el Atlántico, entre las islas de Lanzarote y Fuerteventura y Marruecos, aunque con condiciones.

El pasado 17 de junio representantes de las cinco principales organizaciones ecologistas españolas entregaron en la sede de Repsol en Madrid más de 200.000 firmas, recogidas en 183 países, contra las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Canarias.

Repsol obtuvo los primeros permisos para explorar posibles hallazgos petrolíferos en los fondos marinos del archipiélago canario en 2001, pero el Supremo anuló aquellos permisos porque carecían de las precauciones ambientales exigidas por la ley. En 2012 un nuevo decreto volvía a adoptar aquella decisión.

Los expertos de Repsol creen que, bajo las aguas que separan Canarias de la costa marroquí, existen reservas de hidrocarburos suficientes como para satisfacer el 10 % del consumo de crudo en España.


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NotaPublicado: Mié 25 Jun, 2014 1:46 pm 
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Fuente diariodelanzarote.com:

El presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, desgranó este miércoles la estrategia que va a llevar a cabo la institución para evitar las prospecciones en las costas de Lanzarote. Consideró que, a pesar de la sentencia del Tribunal Supremo que avala la autorización otorgada a Repsol hace dos años, todavía no hay “vía libre judicial” para las perforaciones.

San Ginés explicó que, tras la declaración de impacto ambiental favorable a los sondeos dictada por el Ministerio de Medio Ambiente, falta la resolución del Ministerio de Industria autorizando a perforar. El presidente aseguró que se va a recurrir judicialmente cuando se produzca, así como impugnar la “chapuza” de la declaración de impacto y, con probabilidad, pedir “medidas cautelares”.

También destacó que, cuando se conozca la sentencia del Supremo, cuyo fallo desveló el martes el propio tribunal, se analizarán los argumentos discrepantes dentro del propio tribunal: al menos hay un magistrado que se posicionó a favor de anular la autorización de prospecciones.

Una vez que se notifique la resolución del Supremo, indicó San Ginés, “se puede abrir tanto la vía de recurrir al Tribunal Constitucional como la de plantear un incidente de nulidad de la sentencia”.

San Ginés apuntó que en unas dos semanas se presentará una queja ante la Unión Europea contra la declaración de impacto ambiental de las prospecciones, que tachó de “irregular”.

El presidente denunció el “estilo provocador y colonialista” del Partido Popular y afirmó que el anterior Gobierno español “respetó a Canarias” al no reactivar las prospecciones en las Islas.

San Ginés recalcó en rueda de prensa que “no vamos a permitir que se produzcan pinchazos” en el lecho marino de las Islas. “Cada vez que el Estado dé la espalda, nuestra capacidad de lucha aumenta”, advirtió el presidente.

Además, resaltó la “firme voluntad” de “parar con todas las armas, dentro de la legalidad”, las prospecciones e “impedir el atentado y la barbaridad que quieren imponer”.

En esa línea, aseguró que utilizarían “todas las armas para que Repsol y su accionariado pierdan interés económico en prospectar en Canarias”, para que entiendan “que no les es rentable”.

Aunque eludió precisar acciones concretas, desveló que el director en el Archipiélago de La Caixa, accionista de Repsol, visitó el Cabildo “hace 10 días” y aseguró que está “preocupado” por la “imagen” de la entidad.

San Ginés también opinó que “una bolsa de petróleo no debe ser crucial para Repsol” frente al “fuerte daño a la imagen de marca” que le puede acarrear las perforaciones en las Islas.


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NotaPublicado: Mié 25 Jun, 2014 4:14 pm 
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NotaPublicado: Mié 25 Jun, 2014 9:09 pm 
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Según Diario de Lanzarote:

Los magistrados José Manuel Bandrés e Isabel Perelló emitieron un voto particular en el que discrepan de los otros tres magistrados de la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo que han avalado, mediante sentencia, la autorización de prospecciones petrolíferas en aguas de Lanzarote y Fuerteventura.

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Los dos magistrados citados consideran que debían estimarse los recursos judiciales contra las prospecciones, en los que se pedía que se consultase la aplicación del derecho comunitario en este caso.

También sostienen que el Tribunal Supremo, antes de resolver los recursos judiciales, debía haber preguntado directamente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea cómo tenía que interpretar y aplicar en este caso diversas directivas comunitarias relativas a la evaluación de impacto ambiental y a la protección de las aguas marinas y de las especies de fauna (singularmente cetáceos) que habitan las aguas próximas a Lanzarote y Fuerteventura.

Así, los magistrados consideran que antes de que se hubiese pronunciado el Consejo de ministros, hace dos años, “debería haberse exigido” la inclusión en el expediente “de un estudio medioambiental pormenorizado, que recogiera un inventario de los bienes e intereses medioambientales afectados por la previsión de ejecutar perforaciones en el subsuelo marino próximo a las islas de Lanzarote y Fuerteventura”.

Un inventario, añaden los magistrados, “que identificara y clarificara los posibles impactos medioambientales que se pudieran producir en un ámbito espacial cualificado por su alto valor ecológico y de especial sensibilidad medioambiental, que permitiera al Consejo de Ministros adoptar una decisión sobre la procedencia de autorizar o denegar los permisos de investigación con pleno conocimiento de los valores ambientales existentes”.

Algo que, agregan los magistrados en la sentencia, “resulta particularmente pertinente en el supuesto enjuicio” de la autorización de prospecciones petrolíferas en aguas próximas a Lanzarote y Fuerteventura por el “tiempo transcurrido” entre que el Ministerio de Industria requiere a Repsol para que “remitiera medidas de protección medioambientales”, en abril de 2004, “y la adopción de la decisión gubernamental”, en marzo de 2012.

Los magistrados Bandrés y Perelló entienden que incluso “resulta procedente reconsiderar” la “doctrina jurisprudencial” del Tribunal Supremo, fijada hace una década, “relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres”.

En aquel entonces, el Supremo consideró que “el momento adecuado para proceder a una adecuada evaluación de impacto ambiental” era cuando se concretasen “las labores singulares”, en el caso de las prospecciones, la autorización para perforar.

Así, sostienen que debe existir un estudio ambiental previo a que el Gobierno otorgue las autorizaciones para evitar “una concepción disociada, fragmentaria y no unitaria de las facultades que confieren los permisos de investigación de hidrocarburos, que comporta” que el Consejo de Ministros “no pueda valorar ponderada y equilibrádamente los distintos intereses públicos y privados de especial relevancia para la colectividad que concurren en la adopción de su decisión”.

DOCUMENTO: Consulte la sentencia del Tribunal Supremo:
https://www.dropbox.com/s/jm4xcay34d5bh ... ciones.PDF


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NotaPublicado: Jue 26 Jun, 2014 9:19 am 
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Fuente diariodelanzarote.com:

Tres de los cinco magistrados del Tribunal Supremo que han analizado y rechazado los recursos judiciales contra las prospecciones petrolíferas en aguas de Lanzarote y Fuerteventura consideran que los permisos para buscar petróleo respetan la legislación y que su análisis debe quedar ahí, porque no les compete valorar la opción del Consejo de Ministros de aceptar los riesgos que se asumen, "por muy controvertida que sea".

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El Supremo ha notificado este miércoles la primera de las siete sentencias, la del pleito del Cabildo de Fuerteventura, en las que ha considerado legal la decisión de 2012 del Consejo de Ministros de retomar los permisos concedidos a Repsol hace una década.

La sentencia la firman tres de los cinco magistrados que componen la sala que ha juzgado el caso -los otros dos eran partidarios de anular los permisos- y sostiene que el Gobierno ha hecho uso de su "libertad de decisión" al aceptar "los riesgos que pudiera tener esa actividad en otros órdenes de la vida social y económica, como son los relativos al desarrollo turístico de las Islas Canarias".

Con ello, "el Consejo de Ministros hace uso de propia capacidad de decisión que los tribunales solo examinan desde el ángulo de la adecuación a las normas, sin que puedan sustituirle ni en el fondo de su opción, por muy controvertida que sea, ni en su aceptación de los riegos asumidos".

Así lo argumentan los magistrados Pedro José Yagüe, Eduardo Espín y Manuel Campos, que subrayan que su cometido es juzgar si se respetan las leyes, como consideran que ha ocurrido. Los otros dos magistrados defienden que los permisos deberían ser revocados.

La sentencia del Tribunal Supremo precisa que la Declaración de Impacto Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente se conoció el mismo día en que los magistrados comenzaban a deliberar sobre los recursos judiciales presentados por los cabildos de las dos islas orientales, el Gobierno regional y organizaciones sociales.

Los tres magistrados citados consideran que no era exigible que los permisos pasasen por un procedimiento de evaluación de impacto reforzado y que "no puede afirmarse, a priori", que unas prospecciones de una duración limitada "supongan sin más una perturbación significativa" para las especies marinas.

Con respecto a la propuesta para declarar las aguas situadas al este de Lanzarote y Fuerteventura como Lugar de Interés Comunitario, los magistrados señalan que los puntos de perforación estarían fuera de la delimitación y añaden que, aunque estuviesen en el interior, eso "no impediría a priori las prospecciones e incluso la extracción de petróleo y gas de los fondos marinos".

Consideran que la jurisprudencia "permite autorizar actividades proyectadas sobre espacios de la Red Natura 2000 bajo determinadas condiciones, incluso cuando han obtenido conclusiones negativas", si se estima que concurren "razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones de índole social o económica".


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NotaPublicado: Jue 26 Jun, 2014 4:02 pm 
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NotaPublicado: Vie 27 Jun, 2014 9:45 am 
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Fuente canariasahora.com:

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Si alguien pensó alguna vez que la sentencia del Supremo sobre los siete recursos planteados por los principales grupos ecologistas y las instituciones canarias iban a suponer la derrota definitiva de los contrarios al petróleo, estaba equivocado. Muy al contrario: se abre ahora una nueva fase imprevisible (en su duración y en las medidas a adoptar por cada parte) y desde luego mucho más pasional. De un lado, el Gobierno de España, impondrá las prospecciones de Repsol sin mayores miramientos: se cree bendecido por el hisopo del alto tribunal y por sus propios actos administrativos; y del otro, las instituciones, grupos ambientales y ciudadanos canarios organizados o no, adoptando medidas cada vez más radicales, incluyendo entre ellas la consulta popular que el presidente del Gobierno calcula que podría celebrarse en otoño. Se equivoca Madrid tratando de convencer a los canarios de que las resoluciones del Supremo bendicen las prospecciones. En realidad, lo que hacen es dar por buena la convalidación de los viejos permisos que obtuvo Repsol a principios de la década que Soria coló en su decreto de 2012. Unos permisos aquellos otorgados bajo otras exigencias de seguridad ambiental que, ante la incertidumbre que plantean los nuevos, han llamado la atención de dos de los tres magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Se equivoca también Madrid, y con él el PP y Repsol, anotándose una victoria judicial que en realidad es una amarga victoria. Porque es inusual que para un mismo caso se produzca la discrepancia de dos magistrados de cinco, y porque en su voto particular abren en canal las previsiones ambientales y todas las posibilidades de acudir en son de guerra a Bruselas. La guerra entra en una fase que va a ser realmente apasionante, ya lo verán.

Temblores en La Caixa y Sacyr
Lo anunciaban, casi en simultáneo, el presidente del Gobierno canario y el del Cabildo de Lanzarote: vamos a por los accionistas de Repsol. Se refieren, por supuesto, a los accionistas españoles de Repsol, que detentan tan solo el 21% de las acciones de la compañía ya que el resto está en manos de fondos de inversión extranjeros. Esos accionistas no son otros que La Caixa y Sacyr, un banco y una empresa constructora y de servicios que tienen muchísima relación con Canarias. Que las instituciones isleñas pongan sus ojos en esas dos compañías para, como dijo Pedro San Ginés, hacerles ver lo poco rentable que es sacar petróleo en Canarias, es un terremoto dentro de otro terremoto. En el epicentro, una compañía petrolífera a la que no le viene nada bien la polémica social y el desgaste que su marca está sufriendo en Canarias o desde Canarias, porque las noticias en esta era tan sandunguera vuelan por la Red como el demonio. Hay antecedentes de abandonos por motivos de imagen y de estrategia política: en 2012, Repsol puso pies en polvorosa desde aguas cubanas tras recibir duras advertencias de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de que no se podía andar con zarandajas con el régimen de los hermanos Castro y poner en peligro los cayos de Florida, que estaban a 90 kilómetros de las prospecciones. Entonces, la compañía alegó que, tras doce años de investigación y una inversión de 150 millones de dólares, sólo había encontrado un pozo seco. Sí, Antonio, sí. Pero si tocar a Repsol daña, no se pueden imaginar lo que puede pasar con La Caixa, convertida en Caixabank, un banco con una enorme penetración en Canarias tras la desaparición de La Caja y de Cajacanarias. Un boicot a esa entidad promovido desde instancias institucionales, con el aparato mediático que eso conlleva, podría provocar un daño de considerables dimensiones. Tampoco está para muchos farolillos Sacyr con los problemas que tiene en Santa Cruz de Tenerife con su gestión al frente del agua de abasto, saliendo a trancas y barrancas del problemón que se le planteó en las obras del Canal de Panamá. Si Caixabank y Sacyr se acatarran, a Repsol le puede dar una pulmonía.

Una denuncia en la Fiscalía
Con el voto particular de los dos magistrados del Supremo que sacudieron de lo lindo las ligerezas ambientales del Gobierno, los colectivos ecologistas y las instituciones canarias tienen muy fácil acudir a instancias comunitarias, tanto políticas como judiciales, a pedir la revisión de esa sentencia. Pero habrá más oportunidades de recurso. La primera se planteará cuando el Ministerio de Industria dé vía libres a los sondeos una vez Repsol garantice (es un decir) las condiciones impuestas en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Ambas cosas, la autorización y el DIA, son susceptibles de recurrirse, y en eso deben andar trabajando ya los equipos jurídicos de las partes personadas. En los juzgados hay más cosas, no se vayan a creer, como una denuncia ante la fiscalía contra el subdirector general de Caladero Nacional, Aguas Comunitarias y Acuicultura, Borja Velasco Tuduri, que le han metido desde Lanzarote por alterar el contenido de un acta de la Federación de Cofradías de Pescadores de Las Palmas para arrimar el ascua a su sardina y poder meter en la DIA que los pescadores están privados con el petróleo. La denuncia, redactada por un jurista de muy reconocido prestigio, pone en evidencia aquella manipulación tan aireada por el PP canario de la posición de las cofradías de pescadores. Estando como estaban 22 de las 26 en contra del petróleo, a pesar de las presiones ejercidas, al muy subsecretario no se le ocurrió otra cosa que remitir un escrito oficial a la Delegación del Gobierno en Canarias en enero de 2014 (es decir, sin periodo de alegaciones ni nada que le obligara) diciendo que la federación de cofradía había acordado “por mayoría de los presentes dar el visto bueno a la perforación de sondeos exploratorios…” La querella aporta el acta de aquella reunión, donde realmente se dice que se acordó “por mayoría de los presentes dar el visto a la perforación de sondeos exploratorios…” Parece un texto pactado: a ver, tú pones en el acta que das “el visto” y si te dicen algo las cofradías dices que sólo era toma en consideración, pero a mí me vale para, alegando que fue una errata y amañándola, decir que los pescadores quieren el petróleo. Además, la querella contiene afirmaciones muy suculentas de miembros de esa federación que aseguran que tal reunión no se celebró, que se juntaron “tres en un bar” para hacer el escrito que el PP les había pedido.

Borja hablando en nombre de los pescadores
Pero lo peor no es que el subdirector pesquero denunciado mandara a María del Carmen Hernández Bento un acuerdo manipulado, sino que ese mismo texto está incorporado a la Declaración de Impacto Ambiental, en el capítulo concreto de alegaciones y a propuesta de la subdirección que dirige este pedazo de subdirector, acompañada de la siguiente afirmación: “La Subdirección General de Caladero Nacional, Aguas Comunitarias y Acuicultura del MAGRAMA estima que las actividades rutinarias derivadas de las operaciones normales de perforación de los sondeos exploratorios no causarán impacto en la reserva marina protegida de isla de La Graciosa e islotes del Norte de Lanzarote, dada la localización de los sondeos a más de 50 kilómetros de la reserva”. Y añade: “La Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Las Palmas dio el visto bueno a la perforación de los sondeos exploratorios”. Si la justicia funcionara realmente en este país, este tal Borja ya debería estar poniendo las pulseritas en remojo. A la querella se aportan actas de la mayoría de las cofradías pertenecientes a la federación y en ellas se alega justo lo contrario de lo que se incorporó de esa manera tan sandunguera a la Declaración de Impacto Ambiental.

Manipulador, dijo la sartén al cazo
Otro alto cargo del Estado que se cubre de gloria un día sí y el otro también con esto del petróleo es nuestro admirado Enrique Hernández Bento, subsecretario del Ministerio de Industria. En una entrevista concedida hace unos días a La Provincia, el hermano de la delegada volvía mostrarse como el más listo de la clase haciendo el ridículo. Ya nos dirán, si no, cómo interpretar que todo un alto cargo ministerial se atreva a afirmar que “la declaración de impacto ambiental [de las prospecciones en Canarias] no es ni positiva ni negativa, sino que establece una serie de requisitos que tiene que cumplir el promotor”, o sea Repsol. Los expertos se han revolcado por el suelo al leer esta respuesta del señor Hernández Bento, porque hasta ahora desconocían que, además de la positividad o negatividad de las DIA, ahora descubren que existe la condición de declaración tipo lebrancho. El subsecretario no detiene ahí sus ocurrencias, sino que, en un examen de conciencia, llega a afirmar que el problema que ha tenido el ministerio para explicar las bondades de las prospecciones ha sido de comunicación. Suele ser la excusa que siempre buscan –y encuentran- los que carecen de argumentos sólidos, o no salen de manipulaciones bastante burdas como el cacareo constante de que los turistas vienen en avión y queman hidrocarburos, igual que las potabilizadoras. Por no mentar ese recurso falso a lo bien que le vendrá a España no tener que comprar tanto petróleo cuando Repsol saque el de Canarias. Como si las plataformas regalaran su producción al país donde se extrae y no al mercado internacional, que lo paga de acuerdo con la cotización establecida y se lo vende a España al precio que todo quisque esté pagando en ese momento. Claro que los manipuladores son los del Gobierno de Canarias, remacha también en esa entrevista el señor Hernández Bento.


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Traducción al español por Huan Manwë para phpbb-es.com