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NotaPublicado: Mar 02 Dic, 2014 10:52 am 
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Un informe del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente desaconseja las prospecciones sísmicas de la petrolera Cairn Energy en el Golfo de Valencia por su potencial afección negativa a la fauna marina de la zona.

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El informe al estudio de impacto ambiental de la "Campaña de adquisición sísmica 3D en los permisos B, G, AM·1 y AM·2 en el Golfo de Valencia", elaborado por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, ha sido difundido por la plataforma cívica Alianza Mar Brava.

Las prospecciones son promovidas por Cairn Energy, a través de su filial Capricorn Spain Limited, en un área de gran valor ecológico frente a las costas de Ibiza y Formentera y Comunidad de Valencia.

El informe fue solicitado por el Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, dependiente del Ministerio de Industria y Energía y a través del cual se ha centralizado el proceso de información pública del estudio de impacto ambiental.

La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental es el departamento del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente encargado de elaborar la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto, cuyo plazo de elaboración vence el próximo día 10.

En su informe, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa detalla las especies de cetáceos, tortugas y aves marinas presentes en la zona que se verían afectadas, todas protegidas, y concluye que la motivación del informe negativo se basa en los valores naturales de la zona y en la presencia de espacios y especies protegidos.

Desde su punto de vista, la alternativa deseable es no realizar la prospección sísmica en áreas de presencia de cetáceos sensibles y especies protegidas.

Teniendo en cuenta "la enorme superficie" en la que se quiere trabajar y el amplio periodo temporal, "se considera que la potencial afección negativa sobre la fauna marina presente en el área de actuación, es de una magnitud suficiente como para desaconsejar que se desarrolle el proyecto".

Recuerda que la campaña sísmica se lleva a cabo dentro de la zona propuesta como Zepim "Corredor de migración de cetáceos del Mediterráneo", por lo que se inclina por la alternativa "cero" o de no actuación, ya que se trata de un corredor único de alta importancia para mamíferos y tortugas marinos (todos protegidos por la legislación europea, nacional o autonómica y por diferentes convenios y acuerdos internacionales ratificados por España)".

Hace especial hincapié en la presencia permanente de cetáceos y de otras especies, como la tortuga boba.

Independientemente de la época del año en la que se plantee realizar la campaña sísmica, "siempre recibirán un impacto difícil de minimizar".

Recuerda, por otro lado, que todas las especies de cetáceos, tortugas y aves marinas presentes en dicho ámbito geográfico están protegidas por convenios y acuerdos internacionales y normativa comunitaria, nacional y autonómica.

Concluye que el proyecto "no es compatible con los objetivos establecidos en la legislación de protección de la biodiversidad ni los objetivos de la ley de protección del medio marino y de las estrategias marinas".


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NotaPublicado: Mar 02 Dic, 2014 11:00 am 
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Fuente canariasahora.com:

Se van cumpliendo, paso a paso, los peores vaticinios. El Gobierno de España sólo quiere atropellar a Canarias con las prospecciones petrolíferas y dejar fuera de los riesgos que éstas comportan a otras comunidades autónomas gobernadas por el PP. Lo acaba de hacer con Valencia, declarando intocables los innegables valores ambientales de su mar, y lo hará sin duda con Baleares, donde también se tramitan permisos para explorar frente a una contestación unánime de la sociedad, incluyendo en este caso lo que en Canarias no se ha conseguido: el rechazo del poderoso sector turístico. ¿Cabe ya alguna otra prueba de Mariano Rajoy y José Manuel Soria han actuado con absoluta premeditación y alevosía contra el pueblo canario? No ha medido muy bien el Gobierno del PP las consecuencias de esta absoluta discriminación territorial, y no solo por las consecuencias electorales, políticas y sociales que se les vienen encima, sino por las que puedan tener que ver con resoluciones judiciales pendientes. Es decir, si el mismo Gobierno cree sensibles las especies del Mediterráneo y no las del Atlántico vinculado a Canarias, tiene un problema para explicárselo a los tribunales de justicia ante los que hay reclamaciones precisamente derivadas de estas cuestiones ambientales. La decisión valenciana es un acierto conservacionista pero un auténtico disparate político y judicial. Que cada uno acarree a partir de ahora con las consecuencias.

Repsol reclama 100 millones de indemnización
Se veía venir desde el mismo momento que supimos que la petrolera Repsol amenazaba a tirios y a troyanos, a políticos y a jueces, con marcharse “para siempre” de Canarias en el caso de que el Tribunal Superior de Justicia acceda a paralizar cautelarmente las prospecciones en Sandía 1, la primera cuadrícula donde se busca petróleo. El mismo periódico donde los de Brufau y su compadre Soria vertieron tal amenaza, La Provincia, se hizo eco este lunes de otra más: si nos paralizan los permisos reclamaremos onerosas indemnizaciones, incluso de 100 millones de euros; toma, Paulino, para que te enteres. Una advertencia muy goda que, además, tiene unas fisuras enormes. ¿Quién tiene que indemnizar? ¿El que recurre o el que otorga autorizaciones sin las debidas prescripciones legales y/o ambientales? Lo hemos repetido infinidad de veces en esta sección: autorizar con la ligereza con que lo han hecho Soria y Cañete solo cabía en la lógica de quienes quieren otorgar unos derechos de urgencia para que el titular de los mismos pudiera reclamar llegado el momento. Pero aun así, aun atendiendo a esa chulería de Repsol, ¿de dónde saca esos 100 millones de euros de indemnización? ¿Del gasto que ha tenido que desembolsar por los trabajos del Rowan y sus buques de apoyo? ¿De unas expectativas que sólo el operador (José Manuel Soria, ministro de Industria) ha alimentado? Porque si a las cifras objetivas nos tuviéramos que atener, a Repsol sólo cabría indemnizarle con 40 millones de euros que es la cantidad que el Gobierno de Mariano Rajoy le obligó provisionar para hacer frente a posibles daños por esas prospecciones. Y, en todo caso, que pague el operador, que es el que se ha empeñado en este engendro. Como dice el mago, el bautizo que lo pague quien lo jiso.


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Traducción al español por Huan Manwë para phpbb-es.com