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NotaPublicado: Dom 07 Dic, 2014 10:51 am 
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Según Universo Canario:

Se habla ya de 120 millones de euros de daños y perjuicios a abonar solidariamente por el Gobierno de Mariano Rajoy y la misma Repsol a los canarios. Ante tal histórica decisión, UniversoCanario se puso en contacto con Fernando Ríos, máximo asesor del presidente Paulino Rivero en todo este frente.

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"Tanto el Gobierno español como Repsol actuaron con prepotencia en las prospecciones. Ignoraron todas las advertencias y despreciaron los intentos de diálogo". Así se expresaba el comisionado del gobierno canario, Fernando Ríos, en declaraciones en exclusiva a UniversoCanario.com, cuando resta muy poco para la decisión del alto tribunal. El tema de las prospecciones petrolíferas aumenta y desborda los ríos de tinta en Canarias. Este martes será día clave con lo que decidan los magistrados del Tribunal Superior de Justicia.

El comisionado para el Desarrollo de Autogobierno y Reformas Institucionales del Gobierno canario, Fernando Ríos, mantiene que "el Gobierno y Repsol, pese a propuestas de debates públicos, nos rehusaron sistemáticamente. Sus intervenciones ante la prensa fueron sin preguntas y rechazando un debate de confrontación con las autoridades canarias y los colectivos medioambientales. Esta actitud prepotente demuestra que ignoraron la encuesta entre la población canaria con el resultado de que el 70% rechazaba sus prospecciones. Pese a ello, han pasado su 'rodillo' para imponer sus prospecciones a toda costa. Que ahora asuman el coste, no sólo político, sino social".

La figura del ministro canario de Industria y Energía, José Manuel Soria, es un gran obstáculo en este asunto. Ríos refleja que "es lo de menos y es una anécdota este ministro. En cualquier caso, está totalmente desprestigiado en Canarias, no sólo por el tema de las prospecciones sino entre las eléctricas, o en aquellos lugares donde había minerías. Por tanto, no vale la pena hablar si es un obstáculo. Todos los españoles y canarios lo ven como un ministro incompetente, no digno de tenerse en cuenta".

La misma fuente dijo que "los últimos acontecimientos vienen a demostrar la diferente vara de medir del Estado español con Canarias y con las prospecciones. Es decir, cómo los sitios donde el Partido Popular (PP) gobierna, las rechaza, y en nuestra región, donde hay una multinacional (Repsol) que le presiona, las autoriza". Ríos denuncia que "constatamos que existe un trato colonial del Estado español hacia Canarias". En esto aclaró que "esto lo vamos a combatir a través de los tribunales con acciones penales contra los responsables políticos que toman estas decisiones. Si persisten con esta actitud colonialista hacia Canarias, habrá que tomar otras medidas en otros ámbitos internacionales".

Pendiente del TSJC A la hora de hablar de una estrategia definida desde su departamento, Ríos señala que "en los próximos días se tomará una decisión muy importante por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) sobre si suspende o no cautelarmente las prospecciones. Ello abriría unos escenarios totalmente distintos: si acceden, ganaremos una 'batalla' muy importante en esta guerra. Ello haría paralizar las prospecciones durante más de un mes. En ese caso, Repsol avanzó que las abandonaría casi definitivamente. En esa hipótesis, Canarias podría vivir tranquila durante un tiempo amplio, porque el peligro de estas prospecciones quedaría mitigado". Caso contrario de la decisión judicial, Fernando Ríos avanza que "el Gobierno de Canarias tomó ya la iniciativa de intensificar el control de las aguas de las islas a través de convenios con las universidades canarias, junto a otras acciones legales. Entendemos que el Gobierno de España no trata de igual manera a nosotros en relación con otros territorios, donde el Ministerio de Medio Ambiente desaconsejó las prospecciones por los mismos motivos que aquí los aceptó. Es una actitud muy arbitraria que raya el Código Penal".

Ríos comenta que las consecuencias positivas para Canarias, derivadas de una resolución a favor del no a las prospecciones, serían que "el problema se va a acabar, porque Repsol no podría mantener un barco ocioso en nuestras aguas. Volver le costaría mucho esfuerzo y sobre todo dinero. La decisión afectaría a las prospecciones, pero no al fondo del asunto, o su legalidad o no. Lo que tendrá que dilucidar en los próximos meses". Nuestro protagonista recuerda que "el riesgo de vertido es muy grande, como lo indican los técnicos y científicos, así como que hemos denunciado importantes deficiencias formales y materiales en todo el procedimiento. Tenemos esperanzas fundadas de que se nos dé la razón por el TSJC. Sería un varapalo importante para Repsol y para el Gobierno de España y el Ministerio de Industria, empeñados en mantenerlo, ignorando a las instituciones Canarias".

A la hora de estimar los daños a Canarias por los sondeos de Repsol, dijo que "ya la petrolera lo calculó en 120 millones de euros sobre los pinchazos programados. Si la decisión del TSJC no le es favorable, esos 120 millones deberían pagarse a partes entre el Gobierno de España y Repsol en la medida de que conocen las deficiencias que le hemos denunciado. No pueden alegar que no las conocían y no pusieron reparos. No evita la nulidad de la autorización para seguir estas prospecciones". A partir de ahora, Fernando Ríos mantiene que "no está Repsol en medio de esta guerra, sino que está liado claramente con el Gobierno de España. Hay una clara connivencia entre ellos. Ha querido acelerar al máximo todo el proceso de las prospecciones para que no coincida con las elecciones. Y no le produzca excesivo coste al PP, lo que no lograron. Los canarios no son tontos y saben que con las prospecciones los únicos que ganan son los accionistas de Repsol, y los únicos que perdemos somos los canarios. El petróleo es incompatible en Canarias con el medio ambiente y con el turismo. No lo digo yo, sino los científicos, los tour-operadores y la inmensa mayoría de los canarios. No es una lucha entre gobierno vs. Gobierno, sino entre el Estado español y el pueblo canario, que se opone y lo rechaza".

Para el caso de que los tribunales no le hubieran dado la razón al Ejecutivo de Canarias, el asesor Fernando Ríos valoró que "llegaremos a las instancias internacionales, como la Unión Europea y la ONU. Pero que Repsol no se crea que si encuentra petróleo en Canarias, lo va a extraer. Porque esto es de los canarios. Es decisión de ellos sacarlo o no".

Ahora mismo, el pueblo canario dijo por abrumadora mayoría que no lo quiere. El mandato que se le da al Gobierno de Canarias es no desistir para que ese petróleo no se saque. Pondremos todo nuestro empeño en ello". Por lo tanto, este martes Canarias no dormirá hasta saber si Repsol retira sus barcos y plataformas de las aguas.


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NotaPublicado: Mar 09 Dic, 2014 4:40 pm 
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Según Diario de Lanzarote:

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha rechazado el recurso presentado por el Gobierno de Canarias para suspender de forma cautelar las prospecciones petrolíferas que Repsol inició el pasado 18 de noviembre frente a las costas de Lanzarote. La resolución cuenta con el voto particular de uno de los seis magistrados que forman la Sala.

Este pronunciamiento se produce después de que el Ejecutivo autonómico decidiera solicitar, como medida cautelar al amparo del artículo 129 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa, la suspensión de la resolución de 29 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de perforación de sondeos exploratorios en los permisos de investigación de hidrocarburos denominados Canarias 1 a 9.

Asimismo, se solicitaba la suspensión cautelar de la resolución de 11 de agosto de 2014, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se autorizaba a Repsol la ejecución de sondeos exploratorios en aguas próximas al archipiélago; al igual que la suspensión de la resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Industria y Energía de 7 de octubre de 2014 (adoptada por Delegación del Secretario de Estado de Energía) por la que se rechaza el requerimiento de suspensión y nulidad de la anterior resolución.

En cuanto a los razonamientos que aporta la Sala para rechazar la suspensión cautelar de las prospecciones en general, se centra en que "aun partiendo de los riesgos hipotéticos", el problema de la perdida de la finalidad legitima del recurso puede ser invocada en igualdad de condiciones por la entidad petrolera toda vez que el Real Decreto 547/2012, aprobado por el Consejo de Ministros de 16 de marzo de 2012, por el que se otorgan los permisos de investigación de hidrocarburos denominados Canarias 1 a 9, estableció que los titulares deberán cumplir con el programa de trabajo especificado para los años tercero, cuarto, quinto y sexto, pero surgiendo sus efectos desde el día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial del Estado, que fue el 21 de marzo de 2012.

De esta forma, a fecha de hoy, apuntan, "ya se habrían consumado casi tres años", por lo que señalan que si se tiene en cuenta la "complejidad" del proceso judicial abierto contra Repsol, entre otros, "es evidente que en el caso de que la demanda fuese desestimatoria, la compañía prospectora vería rebasados sus plazos o estaría al límite como para poder entonces iniciar los trabajos de sondeo habiendo quedado desvirtuados de facto sus permisos", justificando así que el pericullum in mora "no puede jugar en este caso como elemento decisivo a favor de ninguna de las partes o si se quiere a favor de cualquiera de las partes".

Otra de las cuestiones que señala la Sala es que al autorizar una determinada actividad como es este caso la investigación de hidrocarburos en las aguas marinas, condicionada a un complejo proceso de evaluación de su impacto sobre el medio ambiente, y al aceptar los riesgos, asimismo objeto de análisis pormenorizado, que aquella actividad pudiera tener en otros órdenes de la vida social y económica, como son los relativos al desarrollo turístico de las Islas Canarias, el Consejo de Ministros "hace uso de su propia capacidad de decisión", de la que los tribunales "sólo examinan desde el ángulo de la adecuación" a las normas.

DOCUMENTO: Consulte el auto del TSJC:
https://www.dropbox.com/s/zgv4pfajjd3nv ... s.pdf?dl=0


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NotaPublicado: Mar 09 Dic, 2014 7:53 pm 
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Según Diario de Lanzarote:

El magistrado Luis Helmut Moya Meyer ha emitido un voto particular ante la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de no suspender los sondeos de Repsol en Canarias.

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Moya dice que “una paralización de los sondeos por un período relativamente corto, no perjudica para nada el interés nacional, por lo que este interés no justifica que se pongan en peligro valores medioambientales relevantes; solo afecta a los intereses de Repsol, que no son los intereses generales”.

El juez considera que se debía haber ordenado su suspensión. En primer lugar, duda de la doctrina de buen derecho del tribunal por el hecho de que exista una declaración de impacto ambiental positiva, porque la ponderación de intereses se decide a favor del interés estatal en llevar a cabo las prospecciones.

Resulta difícil de defender que la autorización de una plataforma petrolera en un lugar donde un suceso accidental podría causar daños irreparables a un patrimonio natural de altísimo valor, en un territorio insular que constituye casi en su totalidad reserva de la biosfera, pueda ser dispensada por un Subsecretario de Estado, por delegación del Secretario de Estado, y se pueda evitar que sea el máximo órgano de gobierno del Estado el que asuma la responsabilidad de tomar la decisión”, dice el juez.

Destaca que debía haber sido el Consejo de ministros quien diera la autorización definitiva porque este órgano autorizó los sondeos sin considerar la declaración de impacto ambiental, que aún no se había realizado y que por tanto, esta circunstancia hace que no cumpla con “ las exigencias de la ley 42/2007 ni de la ley de impacto ambiental que exige que la autorización de los proyectos que puedan afectar al medio ambiente se haga tras ponderar adecuadamente las repercusiones que tendrá sobre éste”.

También habla de los impactos, que se valoran como poco significativos. “Sin embargo, las propuestas, -las medidas correctoras, dice- ni están claramente justificadas en la declaración, ni se explica por qué el órgano ambiental cambia el criterio que había seguido hasta entonces para la protección de los valores ambientales detectados en la zona marítima al oriente de las islas de Lanzarote y Fuerteventura”.

Señala que dadas las circunstancias del caso, al no paralizar las prospecciones “se da la paradoja de que el tribunal, pretendiendo dar garantías a las partes de su imparcialidad y evitar el reproche de que está prejuzgando el caso, lo que hace es favorecer resueltamente la posición de una de las partes y asegurarle la satisfacción completa de su pretensión de culminar las prospecciones”.Al no cuestionar la declaración de impacto ambiental, “el juicio a partir de ahora quedará en lo esencial vacío de contenido”, dice.

Sobre la declaración de impacto ambiental señala que “no se tienen en cuenta los daños que puedan producirse por un suceso accidental en el medio ambiente a los efectos de la valoración ambiental del proyecto” y dice que se debería contrastar el régimen de corrientes contemplado en el estudio de impacto ambiental sobre el crudo derramado para poder determinar la verdadera entidad de las afecciones a los lugares de interés comunitario costeros que produciría un eventual derrame.

También echa en falta una valoración de las medidas del Plan de Control de Pozos que arrojen luz sobre su efectividad y aclare “en qué se diferencian las medidas contempladas en el plan de las empleadas durante las perforaciones ejecutadas por la plataforma Deep Blue en el Golfo de México y que resultaron completamente ineficaces para controlar el derrame de crudo que originó una catástrofe ecológica descomunal”.

El magistrado también dice que sería conveniente conocer cuáles son los recursos efectivamente disponibles por Repsol para el caso de un derrame de crudo, que en el momento de la aprobación del Plan Interior Marítimo no habían sido concretados y en la documentación aportada no se especifica que fueran comunicados antes del inicio de los sondeos.

Otro de los puntos puestos sobre la mesa fue la declaración de la zona como Lugar de Interés Comunitario, y sobre ella dice que “sorprende observar que la propuesta sacada a información pública no recoja ninguna zona periférica de salvaguarda de la zona que se considera debe ser protegida. Como reconoce el propio estudio de impacto ambiental, los sondeos autorizados se encuentran precisamente en la zona llamada de amortiguación o periférica, lo que apuntaría a que en la delimitación del área protegida se han tenido en cuenta razones distintas a las de protección del medio natural”.

Y dice que hay un cambio radical de punto de vista en cuanto a la afección a los cetáceos por el ruido, respecto a la prohibición de hacer maniobras militares por ese motivo hace doce años. “Hechas estas consideraciones, y a los meros efectos de la ponderación de los intereses en juego, estimo que los valores medioambientales serán seriamente puestos en peligro durante la ejecución de los sondeos de Repsol y necesitan de amparo”.

Añade que “no puede argumentarse con un mínimo de rigor que estos valores resulten garantizados por el establecimiento de una garantía financiera de veinte millones de euros por más que ésta sea la máxima que permite establecer la ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental. En el caso de un derrame de crudo el coste de la limpieza de la costa que pudiera ser afectada y el valor de los daños materiales que se causaran sería inmensamente superior, sin que sobre este punto sea preciso hacer una argumentación más extensa”.

“Frente al interés de salvaguardar los valores ambientales, los demandados sitúan el interés nacional en la investigación de los recursos naturales existentes como un valor preponderante y los intereses de la compañía petrolera, que ha efectuado notables desembolsos para la campaña de sondeos que está realizando en estos momentos a toda máquina”, señala., y dice que la explotación generará beneficios a las arcas estatales pero que las afirmaciones, como hace el Subsecretario de Estado de Energía, que tendrá efecto “en la disminución de las importaciones de crudo, en tanto exista libertad del operador de venderlo de la manera que le reporte el mayor beneficio, y bien pudiera ser que decidiera hacerlo en los mercados internacionales de crudo, resultan un poco cándidas".

“Pero por más -continúa- que exista ese interés nacional de investigación de los recursos naturales, nada sugiere que solo pueda ser satisfecho si se ejecutan con carácter inmediato los sondeos, tal y como le conviene a Repsol, que tiene mucha prisa por consolidar su situación en la zona, ante la inminente declaración de la misma como lugar de interés comunitario Espacio marino del Oriente y Sur de Lanzarote-Fuerteventura, y por colocarse en una posición óptima para hacerse acreedor de los derechos de explotación de los yacimientos. Una paralización de los sondeos por un período relativamente corto, no perjudica para nada el interés nacional, por lo que este interés no justifica que se pongan en peligro valores medioambientales relevantes; solo afecta a los intereses de Repsol, que no son los intereses generales”.

Señala que las pérdidas económicas “que sufriría Repsol por la interrupción de los sondeos no serían sino una consecuencia de haberse querido imponer por la fuerza de los hechos”. “La celeridad con la que se planificaron los sondeos, a pesar de que era previsible que se acabarían interponiendo recursos contra la autorización de los mismos, es indicativa de que esta situación ha sido buscada deliberadamente y no puede invocarse como un interés digno de protección. Quien sabiendo que sus actos pueden producirle consecuencias negativas y sin embargo decide actuar, debe arrostrar el daño que su conducta le genere”, señala.

Una sosegada ponderación de los intereses en juego, sin enarbolar irreflexivamente la bandera del interés nacional y sin ceder a unas prisas que solo benefician a Repsol, debió optar por proteger de manera preferente los intereses medioambientales, el valiosísimo patrimonio natural que pertenece a toda la humanidad, que es puesto en peligro porque no hay seguridad de que la decisión de autorizar los sondeos haya sido tomada con la necesaria independencia y objetividad”, finaliza.


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NotaPublicado: Mié 10 Dic, 2014 9:33 am 
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Fuente canariasahora.com:

El Gobierno de Canarias recurrirá ante el Tribunal Supremo (TS) el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que desestima la solicitud planteada por el Gobierno canario para que se suspendan cautelarmente las prospecciones petrolíferas que realiza Repsol en el mar desde el 18 de noviembre, a 50 kilómetros de Fuerteventura y Lanzarote.

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El comisionado para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales, Fernando Ríos, ha indicado este martes en declaraciones a los medios de comunicación que recurrirán este auto, en primer lugar, en reposición ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC y después ante el Tribunal Supremo con la intención de "seguir adelante como si nada hubiera pasado", ha agregado.

Ríos ha destacado que el auto, hecho público en la mañana de este martes por la Sala, "no pone fin al fondo del asunto", por lo que el Ejecutivo canario seguirá batallando en todos los frentes jurídicos y políticos que tiene abiertos.

Según el comisionado para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales, este fallo, que argumenta que el riesgo para el medio ambiente y el turismo que el Gobierno canario expone "con insistencia" para fundar su solicitud "resulta absolutamente hipotético y determinado al caso de una emergencia o catástrofe", prima los intereses de Repsol.

"No nos parece justo que el auto prime los intereses privados de Repsol frente a los valores medioambientales de Canarias y frente al turismo", ha aseverado Ríos, quien ha lamentado que se haya perdido una oportunidad para resolver "el problema" de los sondeos.

No obstante, ha recalcado, el Gobierno canario va a seguir adelante en todos los frentes que tiene abiertos, los políticos, jurídicos y sociales.

En su opinión, la Sala no entra en el fondo del asunto y beneficia al más poderoso frente al más débil, "que no es el Gobierno de Canarias sino el medio ambiente y el turismo".

Asimismo, se ha referido al único magistrado del TSJC que aboga por conceder la suspensión, que refrenda los argumentos del Gobierno canario, al cuestionar abiertamente la declaración de impacto aprobada por el Ministerio de Medio Ambiente y opinar que no se han valorado adecuadamente los riesgos.

Estos riesgos no los dice el Gobierno sino la comunidad científica internacional, ha subrayado Ríos, quien ha reconocido que "obviamente" esos riesgos son hipotéticos porque no se han producido pero "son ciertos".

Por lo tanto, ha continuado, el Gobierno va a seguir batallando porque cree que aunque el TSJC no le ha dado la razón cree que la tiene y van a intentar que se la den para parar las prospecciones.


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NotaPublicado: Mié 10 Dic, 2014 3:52 pm 
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Traducción al español por Huan Manwë para phpbb-es.com