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NotaPublicado: Mar 09 Dic, 2014 9:33 am 
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El incidente protagonizado por la Armada española contra el buque Artic Sunrise de Greenpeace ha vuelto a poner en primera plana de la actualidad un asunto que durante décadas se ha obviado y permanecido oculto para la opinión pública: España no ha registrado ante la ONU su Zona Económica Exclusiva. De ahí que el consejero canario de Política Territorial, Domingo Berriel, haya asegurado que la actuación contra los ecologistas podría haber vulnerado el Derecho Internacional al no haber actuado en territorio español.

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El agua es un líquido y, por tanto, un fluido. Una sustancia que responde a un alto grado de deformación y en la que es difícil trazar una frontera. Por ello, la cuestión de la delimitación de los espacios fronterizos marítimos en el Derecho Internacional exige que se determinen una serie de conceptos, pues a partir de los mismos se puede hablar de diversas líneas divisorias (imaginarias) que nacen a partir de la soberanía sobre el espacio terrestre.

Así, siguiendo lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar (Convemar), firmada en 1982 en Montego Bay (Jamaica) y ratificada por España en 1997, es posible distinguir las nociones de mar territorial, zona económica exclusiva, plataforma continental, Zona y Estado archipielágico.

Pues bien, España no ha delimitado ni su Zona Económica Exclusiva (ZEE) ni su Plataforma Continental (PC), pues no ha depositado ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) las cartas a escala o lista de coordenadas del límite exterior de las mismas, tal y como exigen los artículos 75 y 84 de la Convemar.

Por este motivo, son muchos los que aseguran, como el consejero canario de Política Territorial, Domingo Berriel, quien dijo en sede parlamentaria el 25 de noviembre, que más allá de las 12 millas náuticas del Mar Territorial España no tiene jurisdicción basada en ningún título de Derecho Internacional.

Según la Convemar, la ZEE es un espacio que se traza a partir de las fronteras del mar y no es de plena soberanía, sino de soberanía limitada y tiene una gran importancia por su contenido económico.

Por su parte, la Plataforma Continental es un concepto de singular relevancia porque puede ser utilizado alternativamente al de ZEE para regular cuestiones relativas al lecho o al subsuelo de las aguas submarinas, justamente donde se encuentran riquezas como el petróleo, que puede extenderse 200 millas desde el borde del mar territorial.

Por tanto, la actuación de la Armada para proteger al buque de Repsol que inició las prospecciones petrolíferas en Canarias, y que tiene bandera de las Islas Marshall por lo que ni siquiera es español, se habría basado en una política de facto anclada en la Ley española sobre la Zona Económica de 1978 que quedó derogada cuando España suscribió la Convemar.

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De estar en lo cierto quienes, como Berriel, esgrimen esta posición, la gravedad del asunto va más allá de un ataque militar ilegítimo e ilegal español a unos activistas ecologistas, sino que abre la posibilidad de que ante cualquier conflicto en la zona de las prospecciones España tampoco pueda apelar al Derecho Internacional.

Es por ello por lo que Ángel Cuenca, uno de los impulsores de la iniciativa legislativa popular de Aguas Archipiélagicas de Canarias, incide en que es "urgente" que el Parlamento Europeo, e incluso las propias Cortes españolas, "exijan al Gobierno que demuestre en qué Título de Derecho Internacional se basa para promover prospecciones en la zona donde actúa Repsol".

"Solo se conoce la existencia de un supuesto acuerdo verbal con Marruecos sobre una también supuesta mediana provisional, que carecería de valor jurídico en caso de conflicto", afirma Cuenca.

Si eso es así, España pretende establecer una cuenca petrolera marítima en una zona sin delimitar y en litigio, que podría originar un riesgo geopolítico con implicaciones para la seguridad de Canarias.

Así que al riesgo de un posible vertido de crudo hay que sumar el de conflicto geopolítico, cuyos resultados podrían ser muy superiores a los medioambientales.

De ahí que, como han apuntado distintos dirigentes políticos, entre ellos el comisionado para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales del Gobierno de Canarias, Fernando Ríos, Canarias debería poder ser parte de la Convemar como territorio dotado de plena autonomía interna para determinar sus espacios marítimos, incluidas la ZEE y las Aguas Archipielágicas.

Es en este contexto donde podría enmarcarse las palabras pronunciadas por el presidente Paulino Rivero en el último debate que, sobre las prospecciones, se celebró en el Parlamento de Canarias: "si hay petróleo, la próxima batalla será conseguir el reconocimiento de que es canario".

Quienes niegan que España haya concedido licencias a Repsol sin haber acordado con el país vecino el reparto de la ZEE y la PC argumentan que si fuera así Marruecos ya habría demandado al Ejecutivo de Mariano Rajoy ante el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ).

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Un argumento que es rápidamente contestado desde el otro bando: "desde el punto de vista internacional Marruecos no ejerce soberanía sobre el Sahara y una demanda podría dar lugar a un pronunciamiento del TIJ contrario a las pretensiones marroquíes sobre ese territorio".

Carlos Ruiz Miguel, catedrático de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela, participó en 2004 en un seminario de la Fundación para el Análisis y Estudios Sociales (FAES).

Las tesis de este catedrático en un foro como el de FAES, vinculado estrechamente al Partido Popular (PP) y al expresidente José María Aznar, son paradigmáticas, pues confirman que este conflicto no solo se abandera desde los partidos de izquierda.

Ruiz Miguel aseguró que "al sur del paralelo 27’40º la delimitación de la ZEE y de la plataforma continental españolas no se puede hacer con Marruecos porque no tiene soberanía sobre el Sáhara Occidental como se desprende del hecho de que es considerado una colonia y está sometido a un proceso de descolonización por Naciones Unidas".

Asimismo, este catedrático aseguraba ante la FAES que al norte del paralelo 27’40º, es decir, la línea fronteriza entre Marruecos y el Sáhara Occidental, la delimitación de la ZEE y de la Plataforma continental españolas "se hará respecto a la ZEE y a la Plataforma continental marroquíes porque el espacio terrestre de soberanía marroquí termina en ese paralelo".

La polémica sobre las fronteras hispano marroquíes, si bien larvada, ha vuelto a estallar en las últimas semanas.

La anunciada denuncia de Greenpeace contra el Gobierno de España y la guerra petrolera abierta desde que en el año 2012 el ministro de Industria, José Manuel Soria, reimpulsó las autorizaciones concedidas por el presidente Aznar (y que paralizó su sucesor, José Luis Rodríguez Zapatero) puede ser un buen momento para que España defina, tras 17 años, sus espacios marítimos fronterizos con Marruecos.


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NotaPublicado: Mar 09 Dic, 2014 9:50 am 
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¿Quiénes fueron los piratas?
Antonio Brufau ha llevado hasta Nueva York el conflicto que la empresa que preside, Repsol, tiene en las Islas Canarias, lo cual es de agradecer de antemano. Gracias, compadre. Y lo hizo poniendo su proyecto en contraposición con la preservación del medio ambiente, lo que nos aboca nuevamente a la gratitud. Gracias, don Antonio. Porque es digno de encomio que reconozca en un foro tan distinguido como la entrega de premios de la Cámara de Comercio de España en Estados Unidos la importancia de la contestación social, política y científica que las prospecciones de su compañía están sufriendo en Canarias, y también que se retrate afirmando, como hizo, que “una cosa es proteger el medio ambiente y otra cosa es no hacer nada”. Nadie le ha pedido a Repsol que no haga nada. Tiene muchas cosas importantes que hacer para dignificar su actividad y seguir ofreciendo dividendos a sus accionistas, solo que quizás eso requiera un esfuerzo audaz de transformación de sus actividades y, lo que es mucho más sencillo, ser sensible al clamor popular que concita lo que actualmente hace cuando pretende desembarcar como un vulgar colonizador. Brufau y su compañía empiezan a mostrar síntomas muy agudos de desgaste. Creyó las palabras del regulador cuando le dijo que no se preocupara, que el canario es un pueblo dócil que se rendiría a poco hiciera unas campañas publicitarias o, desde el Gobierno central, se anunciara que iba a haber beneficios ingentes para las Islas. Se creyó fuerte con el respaldo de Soria, y se dio un chute de cacique de alto rango cuando consiguió que la Armada española, nada menos, actuara militarmente en defensa de sus propios intereses. Pero la euforia ha dado paso de nuevo a la depresión, y muy probablemente a otros problemas que están por venir de manera inminente.

Posible acción penal internacional
Este viernes, como les anunciábamos aquí, se reunió el TSJC sin la presión de las cámaras y los periodistas. Nada ha trascendido de la primera deliberación del pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, pero ésa es, además de la presión popular, otra amenaza que se cierne sobre el premiado Brufau y su deslenguado regulador de cabecera. Pero la semana que viene pueden encontrarse ambos, el ministro Soria y su compadre, así como el ministro Morenés y la ministra Tejerina, con un par de papelones de considerable indigestión sobre sus respectivos despachos. Porque el martes, después del puente, podrían desayunarse con la posibilidad de que España pueda ser acusada de piratería marítima por la lamentable actuación de la Armada contra las lanchas de Greenpeace el pasado mes de noviembre. La condena de esa actuación ya ha sobrepasado las fronteras isleñas para llegar al Parlamento europeo, sin menoscabo de que aún este viernes continuaban las muestras políticas de rechazo. En La Gomera, una consejera del PP en el Cabildo votó a favor de la moción de repulsa por esos ataques de la Armada, y en Telde, a propuesta de Nueva Canarias, prosperó una moción en el mismo sentido sólo votada en contra por el partido del regulador. Todo coincidía con el día en el que el Gobierno de España aprobaba un viejo expediente consistente en ampliar la plataforma continental canaria hacia el oeste más allá de las 200 millas, algo que hizo resucitar un fantasma que se cierne ahora sobre la posible responsabilidad penal de la Armada en los sucesos del pasado 15 de noviembre.

¿Cuánto cuesta un día de ‘Relámpago’?
Porque esa ampliación de la plataforma continental hacia el Oeste del Archipiélago no tiene que ver nada con las prospecciones de Repsol. Desde los tiempos del (recordado) presidente Zapatero se puso en marcha ese expediente para ampliar más allá de las 200 millas esa zona de afección limitada exclusivamente al subsuelo, siempre que las condiciones geológicas así lo permitan. La noticia no sería relevante si no fuera porque en estos momentos está en discusión la legalidad de algunas actuaciones gubernamentales hacia el otro lado, es decir, hacia el Este, hacia donde no se amplía esa plataforma continental pero tampoco se ha fijado de manera formal y legal la Zona Económica Exclusiva, que sí afecta al subsuelo y a su correspondiente lámina de agua. España, por mucho que haya mentido Soria en sentido contrario, no ha depositado las cartas náuticas de esa zona exclusiva, con su mediana correspondiente respecto a Marruecos, ante la comisión correspondiente de la ONU y en base a la convención del mar. Y por mucho que el país vecino no haya dicho esta boca es mía, lo cierto es que la zona donde actúa Repsol tiene, en rigor, la consideración de aguas internacionales. Así lo sostienen destacados juristas vinculados al Gobierno de Canarias, que estiman que, siendo así, España no pueda imponer sus leyes en aguas internacionales. Por lo tanto, el martes podríamos encontrarnos con un anuncio oficial que venga a decir que el que cometió un presunto acto de piratería no fue la organización Greenpeace, sino el Estado español asaltando a sus lanchas. No descarten que Greenpeace acuda a organismos internacionales a hacer valer esos derechos, ni que el Gobierno de Canarias añada a su agenda de actos punibles los sucesos del Relámpago. Por cierto, estamos a la espera de saber cuánto está costando a los contribuyentes españoles estas semanas de vigilancia privada de las prospecciones de una empresa multinacional a cargo de efectivos de la Armada española. Y el tiempo que está tardando Repsol en sustituir esos impagados servicios por los de una compañía privada de seguridad que, por cierto, habría de tropezarse con las mismas restricciones legales aquí expuestas.


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NotaPublicado: Mar 16 Dic, 2014 9:03 am 
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El ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo, se pronunció respecto a las prospecciones que próximamente se desarrollarán en aguas del Sáhara Occidental, asegurando que, hasta donde él sabe, están dentro del ámbito territorial y competencias de Marruecos, conforme al derecho aplicable. “Es lo mismo que estamos haciendo en el territorio español con un asunto tan importante desde el punto de vista económico. Somos conscientes del impacto medioambiental que puede tener, por lo que hay que hacerlo llevando a cabo todas las garantías, toda la seguridad y con todo el respeto a las normas”.

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Esta respuesta vino a colación a la denuncia que el pasado mes de octubre realizó la ONG Observatorio sobre los Recursos Naturales del Sahara Occidental, la cual expuso que estas prospecciones podrían incumplir con la legislación internacional al efectuarse en un territorio ocupado.

Catalá también se ha manifestado respecto a las prospecciones de Repsol, aseverando que "el Gobierno está convencido de que todo el procedimiento se ha llevado con las máximas garantías y el máximo respeto a la legislación medioambiental, a la legislación específica del sector de hidrocarburos, a las competencias del Estado y de las comunidades autónomas y al derecho internacional".

Asimismo, ha mostrado su parecer con el procedimiento judicial abierto. "Se ha procedido con el máximo rigor y con respeto escrupuloso a la normativa, somos conscientes de todos los intereses y del conflicto social que existe", a lo que añadió que "el proceso judicial tendrá su camino, pero el Gobierno de España cree que se están haciendo las cosas de manera muy razonable".

Catalá ha argumentado que la carencia de fuentes de energía propias generan dependencia del exterior y condicionan la política económica, por lo que, si existe la posibilidad de mejorar la autosuficiencia energética, "sería una irresponsabilidad" no hacerlo, "con todas la garantías y respeto al medio ambiente y la legislación, que es muy proteccionista y garantista". Por su parte, el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Spínola (PSOE), ha recordado la postura en contra de las prospecciones del Ejecutivo autónomo, que coincide, desde su punto de vista, con el sentir mayoritario de los ciudadanos. El consejero considera que el malestar como consecuencia de las prospecciones se ha incrementado debido a que el Gobierno central ha decidido no autorizarlas en otras zonas de las geografía española, pero sí en Canarias.


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NotaPublicado: Jue 08 Ene, 2015 1:01 pm 
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El Gobierno español del Partido Popular ha insistido en que la Armada actuó "en su condición legal de agente de la autoridad, de acuerdo con los convenios internacionales suscritos por España y con total proporcionalidad de medios y fuerza” cuando embistió a una embarcación de Greenpeace que protestaba contra las prospecciones petrolíferas en aguas de Lanzarote y Fuerteventura.

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Así se desprende de una respuesta del Ejecutivo en el Congreso de los Diputados dirigida al diputado de ICV Joan Coscubiela, después de que el ecosocialista preguntara tras el incidente si hubo o no uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en la protesta de Greenpeace contra el proyecto de perforación que la empresa multinacional de hidrocarburos Repsol realiza frente a las costas canarias.

El parlamentario catalán recuerda que el pasado 15 de noviembre se produjo un incidente cuando algunos miembros de Greenpeace intentaron llevar a cabo una "protesta pacífica" contra el proyecto.

"A pesar de que los métodos de Greenpeace para protestar se demostraron pacíficos, simplemente pretendían desplegar una bandera con un mensaje en contra de las prospecciones petrolíferas y a favor de la utilización de energías renovables, la respuesta de las Fuerzas Armadas a esta protesta fue extremadamente violenta y desproporcionada", sostiene Coscubiela.

Al mismo tiempo, asegura que las dotaciones militares "actuaron de una forma totalmente imprudente e irresponsable", tal y como se aprecia a su juicio en las imágenes que se han difundido del suceso, y cuya principal consecuencia fue que una de las personas que navegaba a bordo de una de las embarcaciones resultara herida al caer al mar, sufriendo cortes y una "fractura de considerable gravedad", que ha requerido su hospitalización.

En la respuesta del Congreso, el Gobierno remarca que fueron los miembros de la Armada los que "rescataron, aplicaron primeros auxilios, estabilizaron y evacuaron con medios del Servicio Aéreo de rescato del 802 Escuadrón del Ejército del Aire de la activista herida".

Es más, indica que el buque de Repsol Rowan Renaissance fue autorizado por el Gobierno a realizar trabajos de prospección petrolífera en aguas internacionales en las que España ostenta derechos soberanos sobre la plataforma continental.

"Para garantizar la seguridad en la navegación y permitir las labores de prospección, el Ministerio de Fomento estableció una zona de exclusión de una milla de diámetro alrededor de la situación en la que debían comenzar los trabajos", agrega el Ejecutivo.

En este sentido, recuerda cómo la Armada, en cumplimiento de las competencias que le atribuye el derecho marítimo internacional y las órdenes recibidas, desplegó un dispositivo de vigilancia y control marítimo para la aplicación de esta medida.

"En la mañana del 15 de noviembre el buque de Greenpeace viola la zona de exclusión e ignora las repetidas instrucciones de abandonar la zona dadas por el Buque de Acción Marítima Relámpago. Además, puso en el mar tres embarcaciones con el objeto de hostigar e intentar abordar el Rowan Renaissance (Repsol)", apunta.


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Traducción al español por Huan Manwë para phpbb-es.com