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NotaPublicado: Jue 04 Dic, 2014 9:24 am 
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El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha anunciado este miércoles la interposición de denuncias penales contra las autoridades y funcionarios responsables de una supuesta arbitrariedad en la autorización de prospecciones petrolíferas en estas Islas, mientras se descartan en el Mediterráneo.

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Rivero ha hecho este anuncio tras conocerse el lunes que un informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, desaconseja las prospecciones sísmicas de la petrolera Cairn Energy en el Golfo de Valencia por su potencial afección negativa a la fauna marina de la zona.

En el caso de Canarias, todos los informes medioambientales han resultado favorables a las prospecciones autorizadas a Repsol, en una actuación que según el Gobierno de Canarias es arbitraria y por tanto susceptible de tener consecuencias penales.

El ejecutivo autonómico actuará contra las autoridades y funcionarios que han intervenido en los expedientes, para lo que contratará "un asesor externo", ya que los servicios jurídicos del Gobierno canario carecen de penalistas.

Rivero adelantó que el penalista que se va a contratar, cuya identidad no quiso desvelar de momento, es un prestigioso jurista, exfiscal y exmagistrado de la Sala de los Penal del Tribunal Supremo.

El presidente canario recordó que hace tiempo que advierte de que se está "cocinando" un informe medioambiental negativo respecto a las prospecciones en aguas cercanas a Málaga, Valencia y Baleares para evitar problemas políticos al PP, que gobierna en esos territorios, mientras se autorizan los sondeos en Canarias pese a los riesgos medioambientales.

El informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar sobre el Golfo de Valencia es previo al informe definitivo de impacto ambiental, que, según el presidente canario, se va a retrasar para después de las elecciones de mayo para que "esta discriminación" a Canarias no tenga efectos electorales contra el PP.

Rivero consideró que la relación del regulador (en alusión al Ministerio de Industria) es "menos intensa" con Cairn Energy que con Repsol, empresa que, aunque se paralicen los sondeos de forma cautelar por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, como ha pedido el ejecutivo regional, "ya ha hecho su negocio", según el presidente canario.

"Encuentre o no petróleo, Repsol ya ha hecho negocio", dijo Rivero, debido a la rebaja en el Impuesto de Sociedades a la petrolera aprobada por el Gobierno de España y a la indemnización a la petrolera a la que tendría que hacer frente el Gobierno de España si los tribunales paralizan los sondeos.

Rivero afirmó que tanto el presidente de Repsol como los de Caixa Bank y de Sacyr, principales accionistas de la petrolera, le han manifestado que no tienen interés en las prospecciones canarias y que las realizan "por presiones del regulador".

El presidente aseguró que a falta de que el penalista se haga cargo de la denuncia, los servicios jurídicos autonómicos coinciden en que ha habido decisiones arbitrarias en los expedientes de prospecciones en el Golfo de Valencia y de Canarias.

En concreto, mientras para el Mediterráneo se desaconseja la actividad a partir de invocaciones genéricas a la protección del medioambiente, en Canarias se hace propia la versión de Repsol de que no hay afecciones.

En Canarias, según el ejecutivo autonómico, se minimizan los efectos de los sondeos sobre la fauna marina, pero en el caso de Baleares sirven para desaconsejarlos, a pesar de que en las aguas canarias hay 29 especies de cetáceos y en las aguas baleares hay once.


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NotaPublicado: Jue 04 Dic, 2014 9:29 am 
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Esto hace tiempo que dejó de ser un juego de pistolas de mixtos. Desde que Soria decidió que por tierra, mar y aire, las prospecciones de Repsol se ejecutarían, nada es pacífico. Su empeño sobrepasa cualquier actitud política medianamente razonable, y visto lo visto este miércoles en la sede de Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, probablemente lo penalmente admisible. Si hasta ahora la contestación a la decisión “del regulador” se había dirigido a las vertientes políticas, ciudadanas, europeas y en lo jurídico a la jurisdicción contencioso-administrativa, el salto a la acción penal anunciado por el presidente Paulino Rivero otorga a la campaña un giro inesperado. Los informes del Ministerio de Medio Ambiente, preliminares a una declaración negativa de impacto ambiental, dan al traste con los permisos otorgados a la británica Cairn Energy para hacer sondeos en busca de petróleo en el Golfo de Valencia. Y lo hacen invocando los valores naturales en presencia, particularmente la existencia de tortugas y cetáceos propios de la zona mediterránea donde se pretende buscar hidrocarburos. No hace falta ser un sesudo doctor en Derecho para concluir que un posicionamiento ministerial así contiene todos los ingredientes de una arbitrariedad de libro, porque los mismos técnicos y los mismos políticos que no observaron las mismas salvaguardas ambientales para Canarias (con más número de especies protegidas y en un espacio mayor) otorgan a Valencia, Málaga y Baleares la protección en ambos casos merecida. Y de “la interdicción de la arbitrariedad”, consagrada en el artículo 9 de la Constitución española, pasamos al delito de prevaricación, recogido en el Código Penal en vigor con penas nada desdeñables. Por ahí parecen ir los tiros del Gobierno de Canarias al que su homologo central se lo ha puesto –no encontramos expresión mejor- a huevo.

Un largo rosario de irregularidades
El paso adelante dado este miércoles por el Gobierno de Canarias coloca a Repsol indirectamente en una posición muy comprometida. Este viernes el Tribunal Superior de Justicia de Canarias abordará la suspensión cautelar de las prospecciones que la petrolera del compadre Brufau lleva a cabo frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura. La petición y el recurso sobre el fondo de la cuestión son del Gobierno de Canarias y tienen como origen uno de sus empeños principales: las autorizaciones contravienen los principios de protección que merecen las 29 especies que viven en la zona de los sondeos y las consideraciones proteccionistas de la Unión Europea, despreciadas por completo por las autorizaciones gubernamentales españolas. Pero penalmente puede haber mucho mayor campo de actuación para ese ilustre abogado, conocedor como pocos de la deriva que han tenido los expedientes administrativos relacionados con las prospecciones. Unos expedientes que han presentado numerosas irregularidades, como su caótica tramitación, la ausencia de foliado y, lo que puede ser todavía peor para funcionarios y políticos, la negativa de la Administración estatal a someter a información pública las modificaciones sustanciales que sufrieron durante el trámite que se otorgó graciosamente a Repsol para que subsanara graves carencias en sus prescripciones, fundamentalmente –otra vez- ambientales. Sin contar, claro, con unas derivadas que los sondeos mediterráneos no tienen: las consecuencias directas sobre la población de un posible vertido de hidrocarburos, es decir, la alta probabilidad de que, en caso de blowout , se viera afectado el suministro de agua potable de las desalinizadoras de Lanzarote y Fuerteventura. Una acción penal podría añadir un factor así a las variables ambientales, ya de antemano suficientes.


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NotaPublicado: Vie 05 Dic, 2014 10:08 am 
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No serán peligrosos activistas de Greenpeace, de esos que la Armada española catalogó como piratas para abordarlos con viento de poniente dejando como resultado una persona herida, daños a embarcaciones y 50.000 euros de fianza con apertura de diligencias administrativas y penales. En esta ocasión serán científicos de las dos Universidades públicas de Canarias los que acudan a la zona de las prospecciones de Repsol para verificar los efectos que pudieran estar ocasionando en el ecosistema marítimo. Van a emplear uno o dos barcos, uno de ellos propiedad del Gobierno canario, y si fuera necesario, otro más fletado para la ocasión, lo que ponemos ya desde aquí en conocimiento del ministro de Defensa para que adoctrine a sus tropas y no las lance al ataque del pirata feroz. La expedición se prepara para la próxima semana y se sumará a los cinco barcos que ahora mismo se desempeñan allí: una patrullera de la Armada, la Relámpago, cuyo despliegue en la zona ya nos está costando un ojo de la cara y la yema del otro; el Rowan Renaissance, que va camino de los 2.000 metros de perforación en el fondo marino, y los buques de apoyo Troms Artemis (Noruega), Esvagt Dom (Dinamarca) y la más reciente incorporación, el Fanning Tide, con bandera de Vanuatu. Como se ve, y salvo la dotación de la patrullera, aquello está lleno de trabajadores y navegantes canarios que cotizan en Canarias y han salido de las listas del paro. Menos mal que al menos podremos decir en unos días que en Sandía 1 hay gente de aquí, la única que parece estarse preocupando por que se apliquen en nuestras aguas las mismas prevenciones que el Gobierno de Rajoy se ha tomado con los permisos para sondear en el Golfo de Valencia. Y perdón por lo de Valencia. Uno de esos barcos está sondeando los fondos para que se puedan ejecutar periódicamente estampidos igual de dañinos que los que han sido prohibidos frente a las costas levantinas y baleares. Pero aquí, además de una hora menos, tenemos un mal ministro de más.

Decretado apagón informativo
La Declaración de Impacto Ambiental otorgada a Repsol para sus prospecciones en Canarias por el mismo ministerio que se lo acaba de denegar a Cairn Energy en el Mediterráneo, contemplaban algunas obligaciones a la compañía petrolera. Una de ellas era la observación diaria de cetáceos para preservarlos de cualquier incidente que pudieran ocasionar los buques de la expedición petrolera. Se supone que a bordo de alguno de esos barcos hay un experto que debería estar reportando sus datos de manera continua al regulador; lo mismo que está obligado a hacer Repsol, que diariamente tendría que estar remitiendo partes sobre los trabajos que se están realizando frente a las costas de Canarias. Ninguno de esos partes diarios ha sido oficialmente dado a conocer, y eso que el Ministerio de Industria tiene ya en su poder tres requerimientos oficiales del Gobierno de Canarias, que quiere saber si ha habido alguna incidencia, particularmente durante el reciente temporal que azotó Canarias y sus costas. Las obligaciones contractuales incluyen también la emisión de comunicados periódicos dirigidos a la opinión pública, pero el apagón informativo es total, sólo roto de momento por la invitación que Repsol cursó a un grupo escogido de periodistas para que conocieran el Rowan en acción y hablaran con sus mandos y operarios. Por lo tanto, deberá ser la flota de las Universidades canarias la que de alguna manera informe de lo que allí está pasando con datos científicos y con el rigor que se pueda teniendo en cuenta las restricciones que el Gobierno ha impuesto en la zona.

El Gobierno ya tiene penalista
Mientras, se mantienen abiertos los demás frentes abiertos por el Gobierno canario y las instituciones que le apoyan. Este jueves hubo reunión en Madrid entre una delegación compuesta por el comisionado para el Autogobierno, Fernando Ríos, y la jefa de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma, Rosa Elena Martínez, y el abogado penalista al que se ha pedido que redacte la querella contra el Gobierno español por la arbitrariedad cometida al denegar en el Mediterráneo lo que aquí se ha permitido con grandes alharacas. El penalista y su socio han aceptado el encargo a la espera de concretar dos aspectos fundamentales, el presupuesto (que habrá de ser aprobado por el Gobierno) y la estrategia jurídica. Ésta podría ir en la línea de una querella monda y lironda contra la Administración central por prevaricación (dirigida contra todo aquel funcionario o político que haya tenido intervención en los dos expedientes) o la también posible querella con la simple enumeración de los hechos para que el instructor sea el que ponga el tipo penal atribuible. Tampoco está claro aún si se actuará vía Fiscalía o directamente ante el juzgado o tribunal competente. Lo que se confirma es que habrá querella y que los juristas le ven amplio recorrido, aunque primero han de estudiarse en profundidad los expedientes administrativos, tanto el canario como el levantino, para concretar el enfoque. El penalista que dirigirá los trabajos es un viejo conocido en Canarias, experto en su biodiversidad y en las reservas de la biosfera con la que la Unesco ha distinguido a las islas, así como en todas las vicisitudes políticas y jurídicas que han atravesado las autorizaciones concedidas a Repsol. Por lo tanto, poco tardó en comunicar a Ríos y a Quintana que ve color en una querella contra los hacedores de lo que Paulino Rivero ha catalogado como “una fechoría”.

El TSJC se escabulle hasta el martes
Mientras llega la vía penal, este viernes empezará a debatirse en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) la petición de suspensión cautelar de las prospecciones instada por el Gobierno regional alegando motivos ambientales, los mismos que inspirarán la querella por prevaricación, mira tú qué cosas. El tribunal ha hecho una interesante escaramuza consistente en comunicar al mundo que el fallo se dará a conocer el martes, “una vez notificado a las partes”, lo que ha hecho creer que será entonces cuando se reunirá para debatir qué hacer. Pero no han mentido sus señorías: si el debate se celebra este viernes y se adopta de inmediato una resolución, acto seguido se redactará y se notificará a las partes el lunes, lo que deja margen suficiente para ser publicada por el TSJC el martes. De este modo, los magistrados se descargan de la presión a la que los medios informativos les veníamos sometiendo en la confianza de no ver a ningún periodista por los alrededores hasta el martes por la mañana, cuando ya esté todo el pescado vendido.

Soria no para de mentir
Fue la noche de este mismo jueves, y cómo no, en 13TV, la cadena que con mucho ahínco ha tomado el relevo de Intereconomía para llevar hasta los hogares más conservadores de España la voz de la ultraderecha. El presentador de El Gato entrevistaba a José Manuel Soria y abordaba con él las reformas que en materia penal quiere aprobar este viernes el Gobierno con el muy encomiable propósito de obligar a los jueces a reducir el tiempo de duración de una instrucción sin, simultáneamente, dotarles de los medios técnicos y humanos necesarios para eso mismo, como vienen reclamando históricamente. No creíamos que nuestro flamante ministro siguiera empeñado en la mentira, pero nos hemos llevado un disgusto. Porque para ilustrar ese clamor de que se agilicen los procesos penales para los delincuentes de cuello blanco (los de los chorizos de poca monta son sencillitos y se despachan enseguida) puso como ejemplo nada menos que el caso Faycan, un caso de corrupción masiva de su partido, el PP, en Telde. Para dar más vigor a su falaz explicación llegó a decir que Toñi Torres, presidenta del PP teldense cuando estalló el escándalo en 2006, se suicidó tras pasar seis meses en la cárcel y sufrir una instrucción larga e injusta que acabó “con todos inocentes”. Y cuando el presentador insistió en ese “todos inocentes”, Soria tuvo un rapto de sinceridad para confesar que bueno, todos no, “quedan dos imputados”. A ver. La señora Torres, autora de uno de los comentarios que mejor han retratado a Soria, aquel famoso “estás bonito tú”, pronunciado cuando se lo cruzó por la avenida de Mesa y López, fue detenida en la primera redada de la operación Faycan por ser la presunta cabecilla de la trama, como así la señalaron hasta sus más estrechos colaboradores. Desgraciadamente se suicidó sin que los mortales que aquí quedamos –Soria, por lo que se ve, no lo es- podamos descifrar con exactitud sus motivos. Pero decir que era inocente y que se quitó la vida por culpa del proceso penal es una macarrada más del señor ministro. No quedan dos imputados, quedan más de una treintena, entre otros la actual alcaldesa del PP, a la que por cierto esta semana le ha caído otra imputación por desobediencia a instancias de la fiscalía. Soria es un redomado mentiroso y, por lo que se ve, no tiene cura.


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Traducción al español por Huan Manwë para phpbb-es.com