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NotaPublicado: Vie 25 Ene, 2008 12:07 am 
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PACTO COLONIAL, SECTOR PÚBLICO Y CLASES MEDIAS EN LA ESTRATEGIA DEL MLNC



En torno al debate interno suscitado en APC sobre su participación en la plataforma electoral "Sí se puede".



Introducción

Desde el I Congreso del MLNC quedó planteada la necesidad de una “estrategia de liberación social” que acompañara a nuestro proyecto de descolonización. Avanzar este análisis de la sociedad canaria desde la perspectiva de la liberación nacional se ha convertido en una tarea de urgencia tras la puesta en marcha de APC, ya que en la práctica el partido ha fagocitado al conjunto del MLNC o, al menos, ha concentrado la fuerza militante acumulada en la evolución del movimiento.

Sin embargo, dada la propia debilidad interna del MLNC, que es reflejo de la escasa implantación del independentismo en la sociedad canaria –en torno a un 6% según el CIS-, es muy probable que APC sólo pueda crecer en militancia y representatividad incorporando a personas ajenas o contrarias a la idea de independencia, cuyo compromiso con el partido estará en función de un discurso y unas propuestas alejados de la estrategia de descolonización. Esto podría servir para justificar la desviación del objetivo estratégico del MLNC hacia fines más pragmáticos compatibles con el estatus político e institucional actual de Canarias, tal y como ha quedado planteado por una minoría dentro de APC partidaria de la plataforma electoral “Sí Se Puede”. Desentrañar a través del análisis de la realidad canaria las razones e intereses objetivos que conducen a la marginalidad las ideas secesionistas es imprescindible para sostener la estrategia de descolonización sin renunciar a crecer socialmente mediante la participación política, electoral e institucional. Comprender a quienes rechazan la descolonización desde posiciones de izquierda e identidad canaria, sin atribuirlo a perversidad personal o “traición” a los principios, resulta necesario para entablar un diálogo respetuoso y diáfano dentro y fuera de APC. A continuación plantearé de forma general un punto de partida.

El mito de la burguesía nacional canaria

Existe un lugar común en el nacionalismo de izquierdas, que tiene su origen en el PCC de los años 70, que focaliza la importancia que para la independencia habría tenido históricamente la ausencia de una “burguesía nacional” capaz de afrontar y liderar un proceso de construcción nacional.

Este “clásico” de los análisis de la izquierda canaria proviene de una lectura marxista sobre los movimientos de liberación nacional en las colonias, y ahí existen tres referentes teóricos:

1) la postura del Komintern que atribuía a la “revolución burguesa” una funcionalidad histórica que tenía que preceder a la “revolución proletaria” en las colonias, porque correspondía a la burguesía nacionalista acabar con el feudalismo, desarrollar el capitalismo y convertir el campesinado en proletariado industrial;

2) la postura de los comunistas chinos ante la invasión japonesa, que propugnaron –en el marco estratégico frentepopulista del Komintern y Stalin- un “frente amplio” con los nacionalistas burgueses, o “frente interclasista”, dirigido por el campesinado comunista;

3) la postura de movimientos y frentes socialistas de liberación nacional en Cuba y Argelia principalmente, que se convirtieron en referentes de antiimperialismo en América Latina y descolonización en Africa, reconocidos por Naciones Unidas e inspiradores de los No Alineados.

La suma de estos tres lugares comunes generó en Canarias, en los ambientes marxistas, la preocupación por un análisis de clase que debía determinar el programa y la política de alianzas identificando el “sujeto revolucionario” que correspondía históricamente a Canarias. Básicamente, el resultado político fue una concepción basada en:

1) la postura de quienes consideraban que en Canarias “no ha habido revolución burguesa”, de manera que se requiere una “burguesía nacional” que lidere un programa nacional-democrático, a través de un “bloque histórico” que abrirá el camino a la lucha por el socialismo;

2) la postura de quienes planteaban la necesidad de un “frente interclasista” que requería hacer concesiones conciliadoras para alcanzar una “alianza nacional” sobre intereses comunes entre todas las clases sociales, a través de un “movimiento nacional-popular” de amplia base, que requería dejar para después de la liberación nacional una profundización de la lucha de clases.

De aquí hubo varias polémicas:

1) entre quienes consideraban qué debía ser primero, la lucha por la liberación social –el socialismo- o la lucha por la liberación nacional –la descolonización, autodeterminación e independencia;

2) sobre si había que mantenerse en un programa revolucionario –liderado por una vanguardia en minoría a la espera de una crisis facilitadora del cambio- o en propuestas reformistas –dirigidas a aglutinar socialmente al “pueblo canario” en un movimiento capaz de impulsar un “frente amplio” con las elites con un programa progresista;

3) sobre si había que rechazar totalmente las instituciones vigentes creando un referente externo al sistema político emanado de la Constitución y el Estatuto de Autonomía, postulando un “proceso constituyente” propio y separado que reconociera el derecho de autodeterminación o iniciara la descolonización, o bien era necesario participar en las elecciones para favorecer políticas populares, acumular fuerzas o desbordar democráticamente las instituciones.

En estas polémicas hubo muchas combinaciones de conceptos, pero toda la teoría de la izquierda canaria sobre la “cuestión nacional” en los últimos treinta años ha girado en torno a estas posiciones. Podríamos extraer varias consecuencias de ello, pero creo que en el momento actual nos interesa destacar que:

1) en Canarias existe una burguesía española de origen canario, formada históricamente en un proceso que se describe resumidamente en la ponencia del I Congreso del MLNC, cuyo proyecto político, económico e institucional común para las islas, sostenido ante el Estado dentro de un “pacto colonial” histórico, se concreta en el Estatuto de Autonomía ampliado, el REF y el Estatuto de UIltraperificidad;

2) esa burguesía regenta el poder político, económico y social en el marco de unas relaciones de dependencia semi-colonial, con un alto desarrollo capitalista –se trata de una colonia “rica” como Hawai, Taiwán o Hong Kong- pero rasgos de dependencia típicamente coloniales–geográficamente separada, social y culturalmente distinta de la metrópoli, con una economía desequilibrada por factores exógenos y una estructura de decisiones externalizada, etc. ;

3) la clase dominante en Canarias basa todo su poder en el nivel de interlocución con el Estado y en el control simultáneo de instituciones, empresas y medios de comunicación, que impide el pluralismo y ahoga la autonomía económica de la sociedad civil configurando un sistema político “orgánico” y “corporatista” que cercena cualquier iniciativa o alternativa de cambio;

4) el principal instrumento de esta forma de poder elitista es un aparato de administración pública que interviene decisivamente en la producción, el consumo y la renta interna, sostiene el nivel de vida de las clases medias, atrae las expectativas vitales de las clases subalternas y garantiza la fidelidad colonial con el Estado.

De todo esto la izquierda canaria apenas ha estudiado las consecuencias políticas del papel del “pacto colonial”, del sector público y de las clases medias en el modelo de dependencia que determina la estrategia de cambio social en Canarias. La interrelación de estos tres elementos conduce a una nueva interpretación del comportamiento conservador y reacio al cambio de amplios sectores de la sociedad canaria, cuya explicación se ha buscado casi siempre en un pasado indeterminado de opresión, más que en la última etapa del franquismo y, sobre todo, tras la Constitución de 1978. Desde mi punto de vista, estas son las piezas que ahora necesitamos para comprender la mayoría de los acontecimientos ligados a la “cuestión nacional” en Canarias, ya sea el comportamiento de ICAN o el pacto CC-PP, la crisis fiscal de las instituciones (RIC, IGIC, financiación local, etc.), la casi nula capacidad de decisión existente en las instituciones “representativas” sobre los asuntos canarios, la defensa/dejación que el Estado hace –según su esquema de dependencia y soberanía- de las “especificidades” canarias en la Unión Europea, hasta la falta de apoyo social a propuestas rupturistas del estatus actual.

Así, sin comprender la vigencia histórica del “pacto colonial” y su renovación, nos es imposible interpretar correctamente el programa de Coalición Canaria. Por ejemplo, la tesis de la ausencia de burguesía nacional fue lo que condujo a la Reserva de Inversiones de Canarias, cuyo protagonista principal tanto en los años 70 como en los 90 fue Antonio González Viéitez, que recorrió con la misma idea el camino del PCC hasta ICAN y CC.

Del proletariado del PCC a la clase media de ICAN

Más interesante resulta indagar en las raíces objetivas de esta política. ¿Qué realidad social condujo a la izquierda canaria y al nacionalismo de izquierdas a convertirse en un soporte político del pacto colonial desde que alcanzaron cotas de poder institucional?

Los lugares comunes y las ideas obsoletas han ido perdiendo peso con el paso del tiempo. El tiempo, inexorable, marca la evolución de la sociedad canaria, que va rompiendo los marcos estrechos de las teorías que un día sirvieron para actuar en ella. Especialmente, se ha ignorado la capacidad del sistema constitucional y autonómico para cambiar la sociedad, y cómo ese cambio social que ha tenido lugar en el archipiélago en los últimos veinte años funciona como garante estructural del pacto colonial dentro de la propia sociedad canaria, al haber permitido ascender a cientos de miles de canarios a unas clases medias cuyo estatus depende directamente de las administraciones gestionadas a través del sistema político y de partidos.

La Autonomía se configuró desde el principio como un contenedor legislativo de la soberanía popular emanada de la Constitución de 1978, que ha permitido crear un sistema político territorial dentro del sistema general de partidos españoles. Ese sistema político subestatal, tras las modificaciones en la Ley Electoral aplicable al ámbito autonómico canario, cercena hoy el pluralismo, la proporcionalidad y la representación, creando una democracia anémica que empuja a las nuevas opciones políticas a actuar fuera de las instituciones representativas y a permanecer en franca minoría, enclaustradas en el nivel municipal, excluidas de la toma de decisiones sobre el interés general y la administración de los recursos públicos en el nivel parlamentario.

Una primera conclusión de esto es que, en veinte años de Autonomía, la soberanía nacional española se ha desarrollado en Canarias conforme crecía la labor legislativa autonómica, mientras ha decrecido proporcionalmente la soberanía popular. Este proceso invertido de mayor consolidación de la españolidad constitucional y restricción de la capacidad de autodeterminación interna, que ha limitado el juego político oficial al triunvirato de CC, PP y PSOE, forma parte de la evolución condicionada de un sistema político consagrado al colonialismo pero originalmente portador de oportunidades para fuerzas políticas locales que podían cuestionar el “pacto colonial”.

El proceso fue bastante rápido, a decir verdad. En 1978-1980, el nacimiento estatuyente de la Autonomía en Canarias sufrió una restricción de sus potencialidades: se optó por la redacción más restrictiva, se desecharon los textos más potentes en cuanto a competencias y definición de los atributos de “nacionalidad histórica”, planteados por PSOE y PCC. El Estatuto entró por la vía del Art. 131 de la Constitución y la LOTRACA. A ello no fue ajena la previa actividad del MPAIAC en la OUA y la popularización de las ideas nacionalistas a través de PCU, UPC y otros partidos y colectivos participantes en el debate sobre proceso constituyente, autodeterminación e independencia de finales de los años 70, que generó la lógica preocupación en las altas instancias del Estado y condicionó la actuación de UCD, PSOE y PCC para impedir que se consolidara ese estado de opinión.

Esta izquierda canaria contaba con un movimiento obrero y vecinal desarrollado en las grandes ciudades como consecuencia de la desagrarización, que emigraron a los barrios de Las Palmas, Santa Cruz o La Laguna, y a los ejes de la primera expansión turística en el Sur de Gran Canaria y Tenerife. En este momento no existía una clase media en Canarias. El independentismo contaba con la posibilidad de influir en amplios sectores de trabajadores y trabajadoras, como demostró el Sindicato Obrero Canario en sus orígenes. Y en este contexto se desarrolló la teoría sobre la ausencia de “revolución burguesa”, “burguesía nacional” y la necesidad de un “frente amplio”.

En 1983, cuando se aprueba el Estatuto, el objetivo de cerrar el paso a esta posibilidad había avanzado bastante con la práctica liquidación del MPAIAC y el fracaso de UPC. Sin embargo, el “Pacto de Progreso” de 1987 vino a demostrar que las condiciones para una crisis política como la que se había impedido en la etapa preautonómica se mantenían a través del sistema electoral del Archipiélago: los partidos estatales estaban perdiendo rápidamente terreno frente a fuerzas políticas subestatales y esto no era ajeno al poco arraigo de la españolidad como principio de autoidentificación en Canarias tras el franquismo y al localismo de siete territorios insulares.

Una pléyade de organizaciones minoritarias postulaban de distinta manera el principio de autodeterminación y, en algunos casos, habían adquirido la madurez suficiente para proyectarse electoralmente a través de acuerdos, coaliciones y fusiones. Además, la adhesión a la Unión Europea planteaba serias incertidumbres sobre la continuidad del pacto colonial con las elites isleñas, provocando una revisión del sistema de financiación local, la fiscalidad y el modelo de desarrollo económico que podía desembocar en una crisis de confianza política y fidelidad constitucional. Las tímidas apelaciones en sede parlamentaria de Lorenzo Olarte al Estado Libre Asociado o, ya en los años 90, de José Miguel González a la adscripción de Canarias al MERCOSUR latinoamericano, resultan indicativas a este respecto, en el marco de la búsqueda urgente de un “encaje” específico para las Islas en la Unión Europea.

Las elecciones de 1991 supusieron el aldabonazo definitivo a este proceso. El escrutinio dio como resultado por primera vez la posibilidad matemática de una mayoría parlamentaria de “disciplina canaria” en el Parlamento autonómico. Inmediatamente, se comenzó a hablar de nacionalismo por imitación de PNV y CiU y se fraguó un acuerdo histórico de coalición para crear un “grupo canario” en el Congreso y el Senado en las elecciones generales de 1993, constituyendo Coalición Canaria y rompiendo el acuerdo autonómico de gobierno de AIC con el PSOE.

El voto a formaciones de ámbito canario y su número de representantes se triplicó en sólo tres legislaturas, entre 1983 y 1993. Por la derecha, la disgregación del ucedismo había dado lugar a las Agrupaciones Independientes de Canarias. El centro-derecha, tras la desaparición del CDS, confluyó con AIC mediante la creación por Lorenzo Olarte del Centro Canario Independiente. En la izquierda, la práctica disgregación y desaparición del PCE condujo a un nuevo reagrupamiento nacionalista en torno a ICAN y a la escisión de Izquierda Unida.

El resultado de esta confluencia fueron 31 diputados de ámbito exclusivamente canario: 17 de AIC, 7 de CCI y otros 7 de ICAN, con Asamblea Majorera. Un proceso de articulación política que entre catalanes y vascos había llevado casi un siglo se producía en Canarias en sólo una década, en el marco de un régimen de Autonomía que había tardado cien años en ser admitido por una Constitución española desde la I República de 1884, aunque había contado también con un antecedente pionero respecto a las nacionalidades ibéricas a través de la Ley de Cabildos de 1912.

En perspectiva histórica, esto es un mérito de la sociedad canaria. Tras cuarenta años de dictadura y represión, en condiciones democráticas precarias, Canarias demostraba una capacidad de autoorganización peligrosa para la soberanía española. Y además, dentro de Coalición Canaria se integraba un colectivo de nacionalistas de izquierda procedente de ACN, ICU, AM, UNI y Roque Aguayro que en el documento fundacional de ICAN “Sobre Política de Alianzas y Estatuto Federal de Canarias” en 1989, proponía cosas como:

“Asumimos Canarias como una realidad distinta y diferenciada, con una identidad propia. En la búsqueda de avances en los derechos nacionales de nuestro pueblo, estamos por una modificación de la Constitución que haga posible una soberanía compartida de nuestro Archipiélago con el resto de los pueblos del Estado Español. Esa relación federal a la que aspiramos se concretaría en un Estatuto Nacional Federal que sería refrendado por los canarios”.

Identidad, derechos nacionales, soberanía, reforma constitucional, relación federal, referéndum... lo de menos es que esta propuesta fuera un brindis al sol para eludir la descolonización: si se dejaba que posiciones como éstas pudieran crecer electoralmente, coaligarse y sumar mayorías en el Parlamento autonómico, al ritmo que crecían los partidos de “disciplina canaria” era sólo cuestión de tiempo que alguien acabara planteando la abolición del pacto colonial.

Sin embargo, esto no ha ocurrido. Pensar que se debe a la responsabilidad personal de Antonio González Viéitez, en el plano teórico, y de José Carlos Mauricio, en el plano político, es exagerar demasiado el papel de los individuos en la historia. En realidad, ellos actuaron representando a su manera el cambio que se estaba produciendo en la estructura social canaria, y eso los condujo a sostener el pacto colonial. Lo mismo ocurrió en el sindicalismo nacionalista, arrastrado por la misma fuerza de los hechos a alejarse de cualquier proyecto serio de descolonización e independencia. Del sindicalismo obrero de Domingo Viera en los años 70, pasamos al corporativismo funcionarial de Agustín Ferrera en los años 90. De nuevo, no hay responsabilidades personales, sino actuaciones que se ajustaban a las necesidades objetivas expresadas por amplios sectores de trabajadores y trabajadoras.

Las ideas políticas que pudieron haber atraído a un proletariado desarraigado del campo para trabajar en empresas privadas de construcción y servicios, no representaban ni atraían ya a la pujante y creciente clase media urbana, relativamente especializada y orientada al trabajo en la Administración o en empresas de servicios públicos dependientes de las instituciones locales, insulares y autonómicas, convertidas en las principales empresas contratantes y subcontratantes del Archipiélago. Esto se manifestó en la lucha de líneas interna de Intersindical, y en el plano político, la deriva de ICAN e IUC representa la misma polarización, con un José Carlos Mauricio liderando un proyecto para las clases medias, y un Segundo Martínez anclado en una política obrerista y movimentista obsoleta.

¿Cuál fue la idea esencial que captaron estos dirigentes políticos y sindicales? Objetivamente, entre los años 80 y los 90, ellos se situaron en la clase media, abandonando primero el corsé de políticas orientadas al proletariado, y pactando inmediatamente con la clase dominante para representar únicamente políticas orientadas a las clases medias. Pertenecer a la clase media se había convertido en el horizonte vital de las familias canarias, y el desarrollo y crecimiento de las nuevas administraciones era la vía para ascender a ese estatus. Una vía cuya puerta coincidía a menudo con la del partido gobernante, con la del despacho del político de turno o con la de amigos con “influencias”.

Observando un poco la historia de la izquierda en Canarias es fácil ver el paralelismo entre movilizaciones significadas y promoción de candidaturas electorales. Tenemos, por ejemplo, la movilización de los maestros y la plataforma contra la base de Arinaga en los 70, los comités anti-otan y la coordinadora de la vivienda en los 80, y sus expresiones correlativas en UPC, ICU-ANC, UNI, ICAN. En su origen, todas estas movilizaciones tenían un carácter reivindicativo y social neto, una vaga idea de cambio social y una orientación de izquierdas. En todas ellas esta orientación de izquierda era, por decir así, el objeto principal de trabajo de los militantes de partido que intentaban convivir con los activistas más comprometidos en el trabajo diario. Podemos calificar el origen social de estos militantes como una clase media en ascensión aliada con sectores de la clase trabajadora. La institucionalidad democrática se convirtió después de 1978, como antes había ocurrido con el régimen franquista, en un canal de ascenso social, de manera que esta clase media de izquierdas convirtió en secreta aspiración ascender preferentemente a través de las posibilidades que le brindaba su educación universitaria en los nuevos sistemas públicos consolidados por el PSOE. Careciendo del capital económico para hacerse un sitio entre los partidos burgueses convencionales, la movilización social se convirtió, desde el principio, en un yacimiento de capital social que luego podía ser concentrado mediante maniobras de partido e invertido en procesos electorales. Con un comunismo y socialismo en horas muy bajas desde el punto de vista histórico, los compromisos de esta gente con los trabajadores y trabajadoras que, sin aspiraciones de poder político ni relevo generacional de la conciencia de clase cercenada en los años 30, participaban ingenuamente en aquellas movilizaciones ciudadanas, se hicieron pronto muy tenues y desaparecieron claramente en los años 90, estableciendo sin tapujos vasos comunicantes con la elite dominante, incluso la más derechista.

Aunque el paradigma de esta evolución haya sido José Carlos Mauricio, muchos de sus críticos desde la izquierda lo han criticado precisamente porque ellos mismos carecían de su habilidad, eran malos imitadores, vieron frustradas idénticas aspiraciones o, simplemente, por envidia. En verdad, nunca hubo tras la demonización de Mauricio una propuesta política alternativa de izquierdas, lo cual ya resultaba indicativo de que, a pesar de todas las vestiduras rasgadas contra ICAN, ese paradigma continuaba intacto. Por eso mismo, la deriva final de los arribistas de clase media acabó siempre en dos resultados preferentes: mejorando sus condiciones personales de trabajo mediante ascensos en la escala administrativa-funcionarial (especialmente como representantes sindicales o miembros de grupos de influencia en la institución); o logrando un puesto de salida en una lista electoral "de izquierdas" (bien el PSOE, bien ICAN, u otro) que finalmente consiguiera capitalizar la acción social, es decir, convertir la movilización en control vehiculando electoralmente el potencial transformador del activismo.

¿Quién frena la independencia?

En los últimos veinte años, la estructura social de Canarias ha evolucionado hacia una sociedad de clases medias. Según el ISTAC, por nivel de ingresos un 0’34% de los hogares canarios es rico, un 72’7% está en la media (68,9%) o por encima de la media y un 26’9% está por debajo de la media (21,7%), es casi pobre o pobre.

Las elites que ejercen la dominación en la sociedad canaria están formadas por una parte del estrato de altos ingresos de la clase media (altos cargos, profesionales liberales, responsables de medios de comunicación, gerentes y ejecutivos de empresa) y el estrato muy minoritario de familias ricas. En conjunto, la clase dominante y sus mandos directos no agrupan a más del 13% de la población. Dentro de este grupo se reproduce el “triángulo de poder” en Canarias, definido como las relaciones personales de connivencia entre los cuadros dirigentes de partidos e instituciones, de empresas públicas y privadas y de prensa, radio y televisión.

Los miembros de Comités ejecutivos, Consejos de accionistas y Consejos de redacción mantienen relaciones fluidas de mutua dependencia política, económica y social, sujetas a negociación permanente, cuyo fin es garantizar la estabilidad institucional, la rentabilidad de los negocios y la paz social. CajaCanarias en Tenerife y la Caja Insular de Ahorros en Gran Canaria son las entidades financieras del triángulo de poder, aunque el banco SCH Y La Caixa y CajaMadrid tienen un creciente peso económico por su condición de accionistas de las principales empresas privadas del Archipiélago (construcción, energía, telecomunicaciones, etc.).

La Unión Monetaria europea supuso un recorte salarial del 17% para el conjunto de asalariados, unido a un ascenso general de los precios y del consumo. Las entidades financieras han jugado el papel de colchón del poder adquisitivo de los salarios mediante un abanico de oportunidades crediticias que han colocado a la sociedad canaria en el primer puesto de la lista de morosidad bancaria entre comunidades autónomas. Quienes tienen un salario en un puesto de alguna de las administraciones públicas cuentan con mayores facilidades de acceso a los productos de financiación, ya que sus nóminas pesan más que las del sector privado ante las comisiones de garantías de la banca. Esto significa que el acceso al consumo de bienes y servicios de lujo, que no constituyen la cesta básica de la compra, está abierto a la clase media dependiente de la contratación administrativa, siendo un factor de desigualdad respecto a la clase trabajadora del sector privado.

Este triángulo de influencias recíprocas se trasluce en el reparto del poder ejecutivo de las dos Cajas isleñas, totalmente politizado, en la concesión de créditos de favor a políticos y empresarios, o las inversiones “estratégicas” dentro de conglomerados de empresas públicas, privadas y de comunicación, o bien las costosas inserciones de publicidad electoral, gubernamental y de ambas entidades financieras en la prensa (incluso un anterior Presidente de la Caja Insular compartió durante muchos años esa función con la de presidente de la empresa editora del diario Canarias7).

La alargada sombra de esta connivencia de las elites también se proyecta durante los procesos de renovación de los representantes institucionales de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, los dos Clubes de Fútbol o las dos Autoridades Portuarias. En general, la duplicación de estos espacios del triángulo de poder obedece al “pleito insular”, es decir, a la inercia histórica de la lucha provincial por la capitalidad del Archipiélago, que se corresponde cada vez menos con la realidad económica e institucional de Canarias, aunque se mantiene en los ámbitos político y social.

Los estratos sociales subalternos engrosan el “pueblo canario” y están formados por trabajadores y trabajadoras. El 87% del total de ocupados en Canarias son asalariados de los sectores público y privado. Del total de asalariados, el 23% trabajan en el sector público y el 77% en el sector privado. Sin embargo, buena parte del sector privado depende de los servicios y concesiones de las Administraciones a través de contratos y subcontratas. Pensemos, por ejemplo, en las ONG, que son asociaciones privadas, cuyo personal depende de subvenciones.

De entre los activos de las administraciones públicas en Canarias el 17’8% trabaja en la Administración Central, el 46’5% en la Administración Autonómica, el 32’9 en Cabildos y Ayuntamientos y el 2,8% en las dos Universidades.

Para pagar a este personal, aproximadamente el 75% del global de créditos del presupuesto de la Administración Autonómica se destina a gastos corrientes, el 60% en los Cabildos y el 71% en los Ayuntamientos.

A pesar del incremento de la inmigración, en Canarias había 7 funcionarios por cada 100 habitantes en 2002, sin contar altos cargos, personal laboral con contrato temporal inferior a seis meses, ni los ocupados en el sector público empresarial ni en Correos. Esto supone más de 14 habitantes por cada empleado público. Según un estudio de la ULPGC, estas cifras “ponen de manifiesto una mayor presencia del empleo público en Canarias en relación con la media estatal [5/100 y 18/1], hecho que, en principio, no se corresponde ni con la calidad del servicio público prestado ni con el nivel competencial de la Comunidad Autónoma Canaria”.

En efecto, la calidad de los servicios públicos en Canarias es muy baja, hecho que demuestra que el fin perseguido con los constantes aumentos de los gastos de personal directo e indirecto contratado por las administraciones públicas no es prestar más y mejores servicios a la población, sino “comprar” a la clase media para mantener la estabilidad del sistema institucional y evitar un estallido social o un cuestionamiento político del pacto colonial. Ello explica, por ejemplo, por qué se admite que la Universidad de la Laguna haya superado con creces durante años el ratio profesor/alumno recomendado en las universidades españolas, generando un déficit que ahoga su capacidad de formar profesionales competentes: mantener profesorado “enchufado” cumple una función social que nada tiene que ver con la calidad de la enseñanza, sino con la calidad de vida del profesorado y de quienes aspiran y demandan más y más “enchufes” como profesores asociados.

Las administraciones públicas no son en Canarias instituciones prestadoras de servicios del Estado al conjunto de la sociedad, sino centros de privilegios que el Estado ha dispuesto al servicio de la clase media para que no le afecte directamente la precariedad en que el pacto colonial tiene sumida a la generalidad de la clase trabajadora canaria en el sector privado y, a la vez, para que sea el horizonte social al que los hijos e hijas de esa clase trabajadora aspiren como medio de vida y ascenso social, sin cuestionar el colonialismo ni proponerse la independencia de Canarias.

No obstante, los privilegios del empleo público también están sujetos a un estricto control coactivo, mediante la temporalidad. Según el sindicato CCOO, uno de cada cinco empleados de la Administración Autonómica y uno de cada tres en Cabildos y Ayuntamientos son temporales. La temporalidad en el empleo público en Canarias era de un 27% en el año 2000, con una media estatal del 21%. Por lo tanto, el empleo público en las islas no es solamente un centro de privilegios, sino también un sistema de coacción que garantiza la fidelidad al sistema institucional más allá de las convicciones ideológicas, éticas o morales de cada empleado. Se puede acceder a las condiciones de trabajo, de salario y de vida que da el empleo público, pero hay mecanismos previstos en el sistema de contratación para excluir o silenciar a las y los rebeldes internos.

Hay unas 85 empresas en el sector público empresarial de Canarias, el 42’3% dependientes de ayuntamientos, el 34’1% de la Administración Autonómica y el 23’6% de los Cabildos. El sector estaba compuesto en el año 2000 por 77 sociedades mercantiles (90’5%), 3 entes públicos y 5 Organismos Autónomos no administrativos.

Entre las sociedades mercantiles están: TITSA, GESPLAN, HECANSA, MERCOCANARIAS, el ITC, GSC, PROEXCA, SODECAN, GESTUR, GRAFCAN, SOGAPYME, SOCAEM, SATURNO, TVPC, etc.

Las que dependen de la Administración Autonómica son las de mayor dimensión y ámbito de influencia y también las más deficitarias. Las pérdidas fueron de casi 35 meuros (5.798 millones de ptas.) en 1998 y de 83 meuros (13.781 millones de ptas.) en 2002. No podrían sostenerse sin subvenciones de explotación y a cubrir sus pérdidas se destina un 4% del total de transferencias corrientes contempladas en los presupuestos autonómicos.

El sector público empresarial de la Comunidad Autónoma dio empleo a 3.511 personas en 2002. Los gastos de personal ascendían a casi 88 meuros (14.521 millones de ptas.), un 25% de los gastos totales. La empresa TITSA absorbe un 45% de estos gastos y un 41% del total de empleados del sector.

Además existen unas 20 empresas privadas participadas por SODECAN, entre las que están Alevines y doradas, Cabletelca, Canarimiel, Gascan, Edtorial Afortunadas, INCA, PICSA o la boutique Vitamina & Co.

El gasto en estas empresas públicas y participadas ha alcanzado un déficit tal, que el propio gobierno se ha propuesto “sanearlas” debido a que, en su mayoría, se trata de actividades improductivas y sin ningún sentido económico más allá del mantenimiento de los puestos de trabajo y las condiciones de vida de sus empleados. El caso de la empresa de guaguas TITSA, traspasada al Cabildo de Tenerife, es paradigmático: el número de trabajadores de esta empresa pública permitió que la Federación de Transporte controlara Intersindical Canaria en Tenerife y fuera un grupo de presión interna en el sindicato a nivel nacional. Siendo los salarios públicos de estos empleados los que hacían de TITSA la principal empresa deficitaria del sector público empresarial, ¿cómo podrían estos trabajadores ser consecuentes con los objetivos políticos de Intersindical Canaria de autodeterminación e independencia del Archipiélago?

No obstante, el volumen de gasto de personal y de transferencias corrientes para la subcontratación, con ser muy elevado en Canarias, no debe interpretarse como un sistema de control institucionalizado territorialmente en las administraciones de las islas. El Estado español continúa teniendo el control férreo de casi todos los recursos económicos del sector público. Según la Dirección General de Política Autonómica, a pesar del volumen de traspasos ejecutados, en el año 2000 la Administración Central gestionaba el 60,7% del gasto del sector público consolidado, mientras que administraba el 80,7% del total de recursos consolidados. En cambio, las Comunidades Autónomas gestionaban en conjunto el 26,6% del gasto y su autonomía financiera se limitaba al 9,1% de los recursos. Por tanto, los ejecutivos, funcionarios y dirigentes políticos asentados en las administraciones públicas de Canarias no son en realidad los “dueños” del sistema de dependencia, sino únicamente sus intermediarios, delegados o representantes en ultramar. Porque el sistema institucional así creado no tiene como finalidad que las elites locales ejerzan el poder, sino que lo ejerzan en el marco de un pacto colonial, es decir, al servicio de la soberanía nacional española en las islas, que es la que aporta más del 80% de los recursos económicos. Garantizado este acuerdo constituyente, la administración general del Estado no tiene inconveniente en facilitar, a través de transferencias, el crecimiento del empleo público en las administraciones autonómica, insulares y locales. En Canarias, la descentralización administrativa del Estado es la expresión del éxito de la fidelidad institucional de las elites locales al colonialismo español.

Según un Informe de La Caixa, “El crecimiento del empleo en la administración autonómica en los últimos quince años ha sido de 648.200 puestos de trabajo, según la EPA, frente a una reducción de efectivos en la administración central de 90.200. Estas cifras no incluyen el personal adscrito a la Seguridad Social que, según la EPA, asciende a 315.000 personas, de las que únicamente 34.356 podrían considerarse personal no transferido a comunidades autónomas, a tenor de la información del Ministerio de Administraciones Públicas. Finalmente, la administración local vio crecer sus efectivos en 204.000 ocupados hasta algo más del medio millón, es decir, el 21,7% del total del empleo público administrativo”.

Por lo tanto, el Estado continúa controlando la financiación de toda la estructura administrativa, a la vez que el personal depende cada vez más de las administraciones de cada Autonomía. Si trasladamos esta realidad a la evolución política, entonces podemos comprender por qué en Canarias el electorado deposita cada vez más su apoyo en fuerzas políticas subestatales en los comicios autonómicos y locales, mientras mantiene una fuerte afinidad electoral a los dos grandes partidos estatales en las Elecciones Generales.

Conclusión

La estructura social de Canarias ha sido modificada por la descentralización del Estado a partir de 1978, ya que el empleo público o privado-público ha permitido el sostenimiento de unas clases medias que tienen el estatus deseable para el conjunto de la clase trabajadora. La dependencia de las administraciones de esta clase media la convierte en rehén del pacto colonial y un aliado de la clase dominante, ya que objetivamente dependen de la estructura administrativa de la soberanía española en Canarias, cuya estabilidad de ningún modo están dispuestas a cuestionar. Coalición Canaria ha conseguido representar los intereses de estas clases medias en el momento en que el desarrollo autonómico y local drenaba un importante caudal de financiación y empleo público del Estado a la administraciones autonómicas, insulares y locales canarias, unido a la renovación del pacto colonial a través de la reforma del Estatuto, la modificación del REF y la negociación del Estatuto de Ultraperiferia.

Esto podría explicar por qué el independentismo ha perdido conexión con los intereses, necesidades y aspiraciones del sector más influyente y especializado de las y los trabajadores canarios, y así, de la mayoría del pueblo canario que ve en el consumo y bienestar de la clase media, del ciudadano español, europeo y “cosmopolita”, el espejismo de una sociedad de “oportunidades” mucho más accesible que la “aventura” de la descolonización.

Más importante aún son las consecuencias de este paradigma explicativo dentro del MLNC y de APC. Creo haber establecido con claridad que la deriva hacia el modelo de ICAN, las tentaciones de contemporización con la institucionalización del pacto colonial a través del sistema político, la canalización del potencial transformador y anticolonialista de la movilización social en busca de fantasiosos “éxitos” electorales, la sustitución de las ansias de liberación colectiva por ambiciones personalísimas de representación, son consustanciales al propio sistema de dependencia establecido por el colonialismo español en Canarias. La oposición militante a estas tendencias ha de saber y comprender que conductas y propuestas como las surgidas en torno a la participación de APC en la plataforma electoral “Sí Se Puede” no son fruto de la casualidad, ni de simpatías o fobias personales. Constituyen, en cambio, una expresión aquilatada de los propios mecanismos de control socio-político del pacto colonial en el archipiélago. Ni la composición y extracción social de los miembros de “Sí Se Puede”, ni el estilo y contenido de su programa electoral, son tampoco casuales. Podremos encontrar sólo ligeros matices con lo ya defendido en otros momentos por UPC, UNI, ICAN o Canarias Alternativa, o en el debate interno en Alternativa Ciudadana-25M, que sigue la estela de Asamblea Majorera. Rascando la frágil pátina engolada de la palabrería pseudoradical, hallaremos con seguridad las auténticas aspiraciones vitales de los candidatos a engrosar la elite de la miserable, insolidaria y prepotente clase media filo-colonialista, que necesariamente buscará mil formas de embellecer la renuncia a la descolonización y la independencia, renegando de la estrategia del MLNC y de los verdaderos objetivos de cambio estructural. Bien pensado, no hay sólo un camino para sobreponerse a la dominación de la clase dominante, sino dos. El segundo es compartir con ella el ejercicio del poder, en lugar de abolirlo, como nos enseñaron los dos grandes maestros de la prestidigitación colaboracionista, José Carlos Mauricio y Antonio González Viéitez.

http://www.canarias-semanal.com
Octavio Hernandez


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Traducción al español por Huan Manwë para phpbb-es.com