FORO SOBRE LANZAROTE

Según la voz de lanzarote:

Un laudo de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Las Palmas obliga a Inalsa a pagar 9.381.761 euros a la UTE que construyó la nueva planta desaladora de Janubio, en concepto de daños y perjuicios, por entender que la empresa pública de aguas no pagó la ejecución de esos trabajos.

Los técnicos y asesores jurídicos de Inalsa y del Cabildo están estudiando la posibilidad de recurrir dicho laudo, según informó este lunes el consejero delegado Mario Pérez, después de que el pasado día 16 se recibiese notificación de dicho laudo. No obstante, se presenta como complicada la posibilidad de que dicho recurso prosperase, según fuentes judiciales consultadas por La Voz, debido al gran peso que se le da a los laudos arbitrales. El recurso debería ser presentado ante el Juzgado de lo Civil de Arrecife de Primera Instancia, en un plazo máximo de dos meses, pero el mismo no puede pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, sobre el cual puede considerarse como firme el laudo, sino sobre el posible incumplimiento de ciertos derechos, como el de la legítima defensa. La indefensión ha sido uno de los argumentos planteados ya por Inalsa ante la Corte de Arbitraje, pero ésta lo ha desestimado.

En el pronunciamiento de la Corte, muy contundente, se señala que Inalsa incurrió en un “incumplimiento grave” del contrato que suscribió con la firma encargada de ejecutar las obras, la Unión Temporal de Empresas (UTE) Edam Janubio, perteneciente a FCC Construcción SA. El laudo destaca además que Inalsa realizó un “enriquecimiento injusto” por dicho incumplimiento, que a su vez es considerado “consciente y deliberado”. La Corte también afirma que el Consejo Insular de Aguas actuó con un “tono beligerante” y de”desmerecimiento” hacia la UTE “y contra la propia Inalsa”.

La forma de pago establecida en el contrato era mediante la explotación por parte de la UTE de esa desaladora durante quince años, cobrando por el agua que produjera durante ese período, pero esa planta, a día de hoy, no está en funcionamiento. La UTE asegura que es porque el Consejo Insular de Agua no ha dado la autorización correspondiente para dicha explotación, y que según establece el contrato, si la ejecución se demora por falta de alguna autorización, se extenderá, sin fecha fijada, el plazo de ejecución.

Sin embargo, desde Inalsa señalan que una cosa son las autorizaciones, y otra muy distinta la concesión del servicio, entremezclándose en este punto las competencias de la mencionada Inalsa y del Consejo de Aguas, aunque realmente son órganos indepedientes y con distintas composición. Este último (el Consejo) había dictado a su vez un decreto, posterior al contrato, derogando la explotación de la desaladora por parte de la UTE. Sin embargo, el laudo arbitral considera a ambos organismo como a uno solo a los fines de esta causa, y tampoco acepta las diferencias entre “autorización” y “concesión”, dando la razón a la empresa privada que presentó la demanda.

Dicha demanda contra Inalsa fue presentada en la Corte de Arbitraje el pasado 13 de febrero, pero el inicio del caso se remonta a casi cinco años atrás. El 7 de junio de 2001, la empresa pública de aguas publicó la convocatoria a un concurso público para dotar al sur de la isla de una estación desaladora de agua de mar, otorgándose el contrato a la mencionada firma tres meses después. Este contrato fue firmado por Enrique Pérez Parrilla como presidente del Cabildo y Plácida Guerra como máxima responsable de Inalsa. En el mismo se establecía que la constructora podía explotar durante quince años la venta del agua desalada como parte del pago por la ejecución de esas obras.

Los trabajos se vieron demorados debido a la tramitación de los permisos necesarios, tanto por el tipo de tareas a realizar como por la calificación del terreno, especialmente protegido, según destaca el laudo, hasta que “por fin, la necesidad de agua hizo que demandante y demandada (la UTE e Inalsa) llegaran a un acuerdo para ejecutar los trabajos en una situación de precario legal, no obstante lo cual los mismos terminaron, a falta de la instalación del equipamiento técnico de desalación”.

Por parte del Cabildo se argumenta que la UTE debe concluir los trabajos y cumplir el contrato, es decir, producir agua, pero desde la mencionada empresa privada sostienen que no se le han entregado los permisos administrativos para seguir ejecutando el proyecto, en concreto, para poder realizar dicha producción. Ante esto, la UTE desiste de reclamar que se cumpla aquel contrato, pese a que ya lo había hecho por la vía judicial contencioso administrativa, y presenta un recurso ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio para que se le indemnice por los trabajos realizados hasta el momento.

Dicha Corte viene ahora a darle la razón a la UTE, bajo el principal argumento de que el contrato suscrito entre ambas partes en octubre de 2001 señala que “el contratista [es decir, Inalsa] será el responsable de obtener todas las autorizaciones y permisos necesarios referentes al proyecto de la planta desaladora y a la ejecución y explotación de la misma”. Por ello, la Corte de Arbitraje no admitió la alegación de Consejo Insular de Aguas acerca de que la UTE “había incumplido, porque no se había proveído de las necesarias licencias”.

El pronunciamiento de dicha Corte señala que la resolución del Consejo Insular de Aguas es de “tono beligerante”, así como el "desmerecimiento con que la misma se despacha contra la UTE Edam Janubio y contra la propia Inalsa, incluso refiriéndose a esta última como una persona incapaz”, lo cual “pone de manifiesto que el asunto rebasó el régimen privado para ser considerado un tema político, y desde luego la actitud del Consejo Insular de Aguas constituye un perfecto ejemplo del desarrollo de una actividad dilatada en el tiempo, perfectamente consciente y deliberadamente asumida de impedir la ejecución del contrato que vincula a las partes”.

A su vez, en el laudo se afirma que la Corte de Arbitraje “pudo comprobar in situ que el trabajo estaba plenamente terminado y que sólo falta instalar el mobiliario técnico, que en su comunicación de 18 de enero de 2005, la UTE Edam Janubio instaba a elegir a Inalsa, sin obtener respuesta”.

Así, el laudo considera que Inalsa ha subsumido el pago de los trabajos “en una figura que era ilegal en el momento de realizar el acta de comprobación del replanteo, como era la facultad delegada en Inalsa de autorizar la explotación a la UTE, pues tal disposición había sido derogada mediante el decreto del Consejo Insular de Aguas” ya mencionado.

Por ello, la Corte de Arbitraje considera que “la única posibilidad de saldar legalmente el pago era -y es- el abono a tanto alzado, en moneda, pues ninguna otra posibilidad legal existe”, por lo que establece que Inalsa debe pagarle a la UTE los casi 10 millones de euros demandados.

“Para nosotros estos constituye no sólo un laudo sorpresivo, sino también injusto. Este no es sólo un tema de Inalsa, sino insular, del Cabildo y de los siete Ayuntamientos, y un tema absolutamente estratégico, ya que se pone en duda la continuidad de una empresa como Inalsa, porque afrontar un pago de diez millones de euros podría suponer su quiebra, aunque de momento queremos ser prudentes”, sostuvo a La Voz el actual consejero delegado de la empresa pública, Mario Pérez.

“La UTE no ha cobrado porque no ha terminado de cumplir con su obligación, ya que para cobrar debe producir agua y vendérsela a Inalsa, y no lo está haciendo, ya que la planta no está en funcionamiento”, agregó Pérez, al tiempo que señaló que es "sorpresivo que sobre estas desavenencias decida la Cámara de Comercio y no un juzgado”.

Ante esto, se ha convocado a sendas reuniones del Consejo de Administración de Inalsa y la Comisión Insular de Aguas, que se reunirán el próximo jueves y en las que se dará a conocer el informe jurídico sobre la posibilidad de recurrir el laudo que están elaborando los técnicos y asesores jurídicos de Inalsa y del Cabildo.

Según la voz de lanzarote:

El laudo de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Las Palmas que condenó a Inalsa a pagar casi 10 millones de euros a la empresa que construyó la desaladora de Janubio, se basó en un documento que ha causado verdadero estupor en círculos políticos. Se trata de un acta firmada por tres técnicos de la compañía pública de aguas, sin intervención de ningún representante político, que introduce una modificación sustancial en el contrato original. Y ese documento constituye el principal elemento por el cual la Corte de arbitraje entiende que ha sido Inalsa quien no ha cumplido con el contrato y le obliga a pagar esa suma multimillonaria.



Ese documento, al que tuvo acceso La Voz, salió a la luz como consecuencia del proceso de arbitraje, donde fue presentado por la empresa constructora que demandó a Inalsa, ya que hasta entonces, en el Cabildo y en Inalsa no tenía conocimiento del mismo, según aseguró este viernes el consejero delegado Mario Pérez. Ese escrito fue considerado en el laudo como “una verdadera novación de contrato”. La novación es una “sustitución con una obligación de otra otorgada anteriormente, la cual queda anulada en este acto”.

Se trata del Acta de Comprobación del Replanteo, un trámite que se realiza ante toda contratación de este tipo y que supone que representantes de ambas partes -en este caso, Inalsa y la UTE- analizan in situ la situación, y se de la “luz verde” para el inicio de las obras. Lo llamativo es que en este caso, el Acta del Replanteo modifica sustancialmente una de las cláusulas del contrato, que es precisamente la que establecía quién era el responsable de conseguir las licencias y autorizaciones pertinentes para ejecutar el proyecto, y sobre quién tenía por tanto que recaer la “culpa” si no se conseguían esos permisos.

Concretamente, lo que ha hecho el Acta del Replanteo es dejar sin efecto, según interpreta el laudo, la cláusula del contrato original que establecía que era la UTE la encargada de hacerse con todas las licencias y autorizaciones, traspasando esa responsabilidad a Inalsa. Y si bien el contrato fue firmado por los por entonces responsables políticos, Enrique Pérez Parrilla como presidente del Cabildo y Plácida Guerra como consejera delegada de Inalsa, en la firma del Acta del Replanteo sólo participaron tres técnicos de Inalsa y el representante de la UTE.

Es decir que han sido tres técnicos los que con esa acta, de fecha 17 de junio de 2003, han hecho recaer en Inalsa las responsabilidades por no haberse conseguido las autorizaciones y licencias para cumplir con el contrato de la desaladora de Janubio, según interpreta el laudo, y sobre lo cual se basa éste.

Los tres técnicos que participaron en la firma de ese acta que se contrapone frontalmente con una de las cláusulas del contrato original son Fernando Pérez Vega, Fernando Castro y Juan M. Bethencourt -los tres de Inalsa-, según consta en el Acta del Replanteo a la que tuvo acceso este medio. Ese documento señala: “A día de hoy, se están tramitando las correspondientes licencias y permisos, con lo que no se dispone de la licencia de obra ni de autorización de ocupación de dominio público ni de vertido, pero dada la necesidad de agua, se iniciarán las obras. En caso de paralización de la obra por este motivo, el plazo de ejecución se aumentará correspondientemente”. Y esto es lo que ha dejado la puerta abierta para que la UTE responsabilice a Inalsa por la no finalización aún del proyecto, a lo que el laudo le ha dado la razón.

Pero si esto de por sí es llamativo, más lo es aún si se tiene en cuenta que ese documento que traspasa esas responsabilidades al Cabildo fue firmado un año después de que el Consejo Insular de Aguas señalara en un decreto, ante un informe de sus servicios jurídicos, que era imposible ejecutar el contrato original, porque para la explotación de una planta desaladora “es necesaria la obtención de una concesión, no siendo por tanto suficiente el otorgamiento de una autorización”, al tiempo que además señala que Inalsa “carece de habilitación para concertar con terceros la gestión indirecta de la desaladora en cuestión”. Esto es así porque la ley impide que un tercero gestione un servio público como lo es el de una planta que abastece de agua a la población. Es decir que si bien se cumplió con la legalidad a la hora de contratar la construcción de la dasaladora, la cláusula que establecía como forma de pago la concesión de su explotación durante 15 años no se ajustaba a la legalidad, según se explicaba en esa resolución del Consejo Insular de Aguas, en base a los informes jurídicos correspondientes.Imposible de cumplir

En síntesis, el contrato firmado por Enrique Pérez Parrilla y Plácida Guerra no se podía cumplir en todos sus términos porque incumplía la legalidad vigente, y así lo advirtió el Consejo Insular de Aguas, pero no sólo se hizo caso omiso a ello, sino que además los tres técnicos de Inalsa firmaron el acta de replanteo que hizo recaer en el Cabildo cualquier responsabilidad por la no ejecución de dicho contrato por la falta de permisos, según el laudo.

Si no se hubiera firmado esa acta en esos términos, sólo tendría validez lo que señala al respecto el contrato original, firmado el 18 de octubre de 2001, y que en su cláusula sexta es muy claro, ya que señala: “El contratista [es decir, la UTE] será el responsable de obtener todas las autorizaciones y permisos necesarios referentes al Proyecto de la Planta Desaladora y a la ejecución y explotación de la misma”.

El consejero delegado Mario Pérez, en declaraciones realizadas este viernes al programa “Buenos días, Lanzarote”, de Radio Lanzarote, se manifestó muy sorprendido por los términos de ese acta -cuyo contenido desvela la edición impresa de La Voz de Lanzarote-, de la que afirmó que no tuvo conocimiento de su existencia hasta que se inició el proceso de arbitraje en la Corte de la Cámara de Comercio de Las Palmas. Además, Pérez dijo que le extraña mucho que el Acta del Replanteo está hecha en folios con membrete de la UTE a la que se adjudicaron los trabajos, bajo los logos de Fomento Construcciones y Contratas, Servicios Mediambientales SA y UTE Edam Janubio, y no de Inalsa.

Mario Pérez sostuvo también que además de los recursos de recusación del árbitro y solicitud de nulidad del fallo, y de otro recurso que se presentará ante la Audiencia Provincial, ya se está analizando la posibilidad de presentar denuncias por la vía penal, y que estarían dirigidas a aquellas personas a las cuales en tal extremo, Inalsa y el Cabildo consideren que han podido incurrir en un delito en la tramitación de lo relacionado con el proyecto de la desaladora de Janubio.

Según Canarias7:

Ni el pliego del concurso, ni el contrato con la UTE de Janubio recogían una nave, sino sustituir los módulos de compresión de vapor por otros de ósmosis. La nave por la que se piden 10 millones de indemnización se incluyó en un modificado de proyecto, un año después, sin que Inalsa lo aprobara.

El pliego del concurso para adjudicar la planta de Yaiza a la UTE Edam Janubio (formada por Fomento de Construcciones y Contratas y Servicios y Procesos Ambiantales S.A.) en ningún momento recogía la obligación de construir una nave que albergara dicha planta, tal y como plantea ahora la UTE para exigir a Inalsa el pago de 10 millones de euros a través del aludo arbitral dictado por la Cámara de Comercio de Las Palmas.

Tampoco el contrato suscrito entre las partes (el 18 de octubre de 2001) contemplaba la construcción de nave alguna, sino exclusivamente la sustitución de los módulos de compresión de vapor por otros de ósmosis inversa de 3.500 metros cúbicos al día. Sin embargo la UTE presentó un modificado de proyecto un año después de la firma del contrato con Inalsa (en octubre de 2002) en el que sí que introdujo la construcción de la nave, lo cual le vale ahora de argumento para exigir la mencionada indemnización de 10 millones de euros. Pero el modificado del proyecto ni siquiera pasó por el consejo de Administración de Inalsa ni sus organos los aprobaron.

La no obligación de edificar nave alguna para albergar la desaladora desmonta cualquier argumento de los aportados por la UTE para exigir a la empresa pública de aguas que compense. De hecho, la única obligación para la UTE recogida en el pliego de bases del conscurso y en el posterior contrato firmado con Inalsa era la de sustituir los módulos de producción de agua por compresión, por otra tecnología. Y no lo hizo.

Tan sólo construyó una nave años después, sin permisos, ni licencias de ningún tipo, y sin estar contemplado en el contrato que ahora pretende usar como argumento para exigir una compensación más de 1.600 millones de las antiguas pesetas. A todo este disparate de una planta que no existe, porque fue la propia Inalsa la que años después incorporó un módulo nuevo, se une el laudo dictado por un abogado con unos antecedentes judiciales por varias condenas por apropiación y estafa, que se basa en un modificado de proyecto presentado por la UTE años después para cobrar una indemnización.

Ni el pliego del concurso, ni el contrato con la UTE de Janubio recogían una nave, sino sustituir los módulos de compresión de vapor por otros de ósmosis. La nave por la que se piden 10 millones de indemnización se incluyó en un modificado de proyecto, un año después, sin que Inalsa lo aprobara.

El laudo por el que se piden 10 millones de indemnización a Inalsa es favorable a la UTE, sin tener en cuenta los antecedentes del abogado que lo dictó con condenas por apropiación de dinero de clientes o estafa.

La UTE sólo construyó una nave que habría que valorar si cuesta los 10 millones que pide, pese a que no estaba obligada a hacerla. Sin embargo, no se cambiaron los módulos de desalación y no hay planta nueva siete años después.

Los técnicos de Inalsa valoraron en el acta de replanteo la obra en 8,6 millones. Un acta que validaba el modificado de proyecto que el consejo de administración nunca aprobó.

Según diariodelanzarote.com:

La justicia golpea a Inalsa. El juzgado de primera instancia número 13 de Las Palmas ha dictado un auto con fecha de 16 de octubre en el que procede a despachar la ejecución del laudo condenatorio por cerca de 10 millones de euros por presunto incumplimiento de contrato con la UTE Edam Janubio para la construcción de la planta desaladora de Janubio (Yaiza).

El juzgado ha declarado el embargo de una parcela de 6.480 metros cuadrados en Las Caletas (Teguise), que fue adquirida por Insular de Aguas de Lanzarote S.A. (Inalsa) a la compañía Ercros a mediados de la década de los noventa y que en el Registro de la Propiedad aparece a nombre la empresa pública de aguas.

Estos terrenos, sin embargo, aparecen como traspasados al Consorcio de Aguas de Lanzarote en diciembre de 1998 en una operación global que implicaba la transmisión de ciertos activos de Inalsa así como la cesión al Consorcio de recibos pendientes de pago de los ayuntamientos de la Isla.

El objetivo de esta operación, aprobada por la Junta General de Inalsa, fue el “restablecimiento del equilibrio patrimonial” de la empresa pública. Según explicó el por entonces presidente del Cabildo, Enrique Pérez Parrilla, se justificaba porque “las cuentas anuales” de Inalsa mostraban “un patrimonio neto negativo” de 311 millones de pesetas generado por “las pérdidas” de los “últimos ejercicios”.

El siguiente paso que previsiblemente se dará ahora en esta vía judicial es que el Consorcio se persone en el procedimiento argumentando que la parcela embargada “no le pertenece a Inalsa independientemente de que aparezca así en el Registro”, explicaron las fuentes jurídicas consultadas, solicitando lo que se conoce como una "tercería de dominio".

De cualquier forma, la decisión de la magistrada María del Carmen de León, titular del juzgado número 13 de Las Palmas podía haber sido bastante peor. Y es que la UTE Edam Janubio pidió que actuase sobre todos los bienes y derechos de los que disponga Inalsa.

Es decir, no sólo las fincas que aparecen a su nombre en el Registro de la Propiedad sino también las cuentas corrientes e, incluso, cualquier subvención de la que pudiera estar pendiente Inalsa, como la del Ministerio de Medio Ambiente. La UTE ha llegado a solicitar que se nombre un administrador judicial en Inalsa para garantizar que pueda cobrar las astronómicas cantidades del laudo.

Según diariodelanzarote.com:

La comisión disciplinaria de Inalsa, que analizó las posibles responsabilidades en las que pudieron haber incurrido tres trabajadores de la empresa con la firma de varios documentos sobre la planta desaladora adjudicada a la UTE Edam Janubio, ha propuesto el archivo del expediente al considerar que “no son responsables” de ninguna falta tipificada “en el convenio colectivo” de la compañía pública de aguas.

La propuesta de resolución, que ha sido notificada a los dos trabajadores que siguen en activo en la empresa, Fernando Pérez Vega y Juan Manuel Bethencourt, -el otro, Fernando Castro, está jubilado- deja claro además que aunque hubiesen sido responsables de alguna infracción ya habría “prescrito”.

En las conclusiones de la comisión, a las que ha tenido acceso este periódico, se ciñe el ámbito de la “investigación” sólo “a la responsabilidad en la que pudieron incurrir los trabajadores expedientados con las firmas de diversos documentos que constan en el expediente de la demanda” de la UTE Edam Janubio (FCC y SPA) contra Inalsa.

Unas firmas que “obligaban” a la empresa pública de aguas con respecto a la unión temporal de empresas. Ante la posibilidad de que se hubiesen firmado esos documentos “sin el conocimiento y consentimiento” de la compañía, como el acta de replanteo de la obra el 17 de junio de 2003 de la que se hace mención en el laudo condenatorio de la Cámara de Comercio de Las Palmas, la comisión tuvo que dictaminar si “tales hechos” pudieran constituir “una falta muy grave”.

En sus declaraciones, los dos trabajadores dejaron claro que “actuaron siguiendo las instrucciones de la que fue consejera delegada de Inalsa”, Plácida Guerra, “e incluso se llega a afirmar que dicho conocimiento se extendía al resto del Consejo de Administración”, una tesis defendida en concreto por Pérez Vega.

Este trabajador hace “expresa referencia” a un escrito enviado a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural el 25 de noviembre de 2003 para lograr el desprecinto de las obras de la planta de Janubio tras una denuncia previa del 17 de junio de 2003.

Según consta en la propuesta de resolución de la comisión disciplinaria, en este escrito que dirige Plácida Guerra “en papel con membrete del Cabildo” a la Agencia de Protección le hace saber “que la obra era de carácter público y promovida por el propio Cabildo”. Añaden las conclusiones de la comisión que la carta estaba firmada por Guerra “no como consejera delegada de Inalsa sino como consejera del Cabildo Insular de Lanzarote”.

“Otras afirmaciones del señor Pérez Vega”, matiza la comisión disciplinaria, “no han podido ser demostradas puesto que nada indica que el resto del Consejo de Administración hubiera dado su consentimiento”. Con respecto a la implicación del que era presidente de la Corporación insular, Enrique Pérez Parrilla, la comisión disciplinaria dice que sólo autorizó “sondeos costeros” pero “no las obras que luego se iniciaron a principios de julio de 2003” en Janubio.

Por otro lado, la comisión subraya que “por actos cuanto menos posteriores no sólo hubo conocimiento y consentimiento de la realización de la obra civil por parte de Inalsa y del Cabildo Insular de Lanzarote” dado el tenor “inequívoco y expreso” de la carta remitida a la Agencia de Protección del Medio, sino que “la propia institución se llamó promotora de dichas obras”.

Además, la propuesta de resolución hace constar que la misiva coincidió “más o menos” con “una presunta reunión a alto nivel técnico entre el Cabildo y el Gobierno de Canarias" con el fin de incluir las obras de la planta de Janubio, "al parecer", "en el Plan Hidrológico".

Por último, según la comisión disciplinaria, “existen” dos documentos “posteriores a noviembre de 2003” y que obran en la demanda contra Inalsa por parte de la UTE “que ponen de manifiesto que por lo menos la Dirección de la Sociedad y suponemos que por el llamado Gabinete de Crisis se tuvo que tener conocimiento no solamente de las obras sino del incipiente conflicto de intereses que ha dado lugar a la presente situación pública y notoria de confrontación entre las partes”.

El escrito enviado a la Agencia para lograr el desprecinto de las obras de Janubio no consta “ni en el Cabildo […] ni en Inalsa”.

Según diariodelanzarote.com:

La carta enviada a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) el 25 de noviembre de 2003 con la que se logró el desprecinto de las obras para la planta de Janubio estaba firmada por Plácida Guerra como consejera del Cabildo de Lanzarote y por Pedro Márquez, un técnico de Inalsa, pero no tenía registro de salida. Al día siguiente, la Agencia quitó el precinto y la UTE Edam Janubio pudo proseguir con la ejecución de la planta.

Este documento llevó la semana pasada a la comisión disciplinaria de Inalsa, compuesta por el socialista Manuel Fajardo y un miembro del comité de empresa, a concluir que "no sólo hubo conocimiento y consentimiento de la obra civil" ejecutada por la UTE Edam Janubio (FCC y SPA) por parte de Inalsa y del Cabildo, sino que la propia Corporación insular "se llamó promotora" de los trabajos, exonerando de responsabilidad a dos técnicos expedientados.

En efecto, la Agencia de Protección del Medio suspende el 23 de octubre de ese año los movimientos de tierra para la construcción de la planta desalinizadora -"promovidas por la entidad Insular de Aguas de Lanzarote S.A."- por llevarse a cabo en suelo rústico y carecer de licencia. Los trabajos precintados eran los previos para la construcción de una nave que se contemplaba en un modificado del proyecto inicial, que se adjudicó a la UTE en 2001.

Tras el precinto, el técnico Pedro Márquez en su calidad de secretario del Consejo de Administración de Inalsa firma un escrito enviado el 14 de noviembre a la APMUN en el que certifica "que la obra correspondiente a la planta desalinizadora" que "está realizando la UTE Edam Janubio, dentro del municipio de Yaiza, es de carácter público, promovida por el Cabildo Insular de Lanzarote, para su posterior entrega" a la empresa pública de aguas y con el objetivo de incorporarla "al suministro de la Isla". Esta primera carta tiene membrete de Inalsa y carece de registro de salida.

Sin embargo, sería otro escrito firmado por el propio Márquez, esta vez como director de la Oficina Técnica de Inalsa, y por Plácida Guerra como consejera del Cabildo de Lanzarote, el que motivaría el inmediato desprecinto de las obras en Janubio. En la carta, remitida a la Agencia el 25 de noviembre -en papel con membrete del Cabildo y sin registro de salida- se insiste en que la planta "es una obra de carácter público" promovida por la institución insular. También se añade que la "obra se encuentra ubicada en un suelo destinado para dicha infraestructura, quedando exenta por tanto de calificación territorial".

Al día siguiente, el 26 de noviembre, la APMUN emite una resolución en la que se asume que "el promotor de las obras suspendidas" es el Cabildo y se ordena el la retirada del precinto decretado en octubre. Gracias a ello, la UTE Edam Janubio logró terminar la obra civil de la planta en 2004.

Dos años más tarde, como se recordará, interpuso una demanda ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Las Palmas con la que logró que se dictara un laudo a su favor por cerca de 10 millones de euros por incumplimiento de contrato. Pedro Márquez, ingeniero técnico industrial, es el actual gerente de la empresa pública de aguas.

Carta firmada por Placida Guerra:
http://www.diariodelanzarote.com/docume ... inalsa.pdf

Resolución de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN):
http://www.diariodelanzarote.com/docume ... _apmun.pdf

Según la voz de Lanzarote:

Después de varios días en el ojo del huracán, la que fuera consejera delegada de Inalsa, Plácida Guerra, en el momento de la firma del contrato entre la compañía y la Unión Temporal de Empresas Edam Janubio para la construcción de la desaladora del Sur, ha comparecido este lunes ante los medios.

Plácida Guerra ha asumido su firma en el contrato con la UTE Edam Janubio, alegando que tenía detrás el respaldo unánime del Consejo de Administración, presidido entonces por Enrique Pérez Parrilla. Sin embargo,ha negado su responsabilidad en la firma del Acta de Replanteo, que llevaron a cabo en 2003 tres técnicos de Inalsa, y con la que se dio luz verde al inicio de las obras, pese a no contar aún con los permisos necesarios.

De este modo, Plácida Guerra ha aludido a la propuesta de resolución hecha pública la semana pasada por el Comité Disciplinario de Inalsa, que señalaba a la consejera del PIL como “responsable” de ese Acta de Replanteo, después de que los tres técnicos firmantes aseguraran que “siguieron instrucciones” de la misma a la hora de firmar este documento. La ex consejera delegada de Inalsa ha eludido esta responsabilidad, ya que, según ha indicado, “en ese momento no ocupaba el cargo de consejera delegada”, por lo que asegura que no tuvo nada que ver en la cláusula incluida en el documento que convertía al Cabildo en responsable en caso de que no se consiguieran las licencias necesarias para la obra. “Alguna responsabilidad técnica tendrá Inalsa al firmar ese Acta de Replanteo”, ha añadido Guerra, quien también ha responsabilizado a Manuel Fajardo, presidente de este Comité, de “acusarle” sin siquiera haberle citado para declarar.

El punto clave que ha dado argumentos al Comité Disciplinario para “exculpar”a los tres técnicos, es la famosa carta remitida el 25 de noviembre de 2003 a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, que había ordenado paralizar las obras. En ese escrito, Plácida Guerra y el director de la Oficina Técnica de Inalsa, Pedro A. Márquez, justificaban la exención de calificación territorial al tratarse de “una obra de carácter público promovida por el Cabildo (...) ubicada en suelo destinado para dicha infraestructura”. Efectivamente, Plácida Guerra ha asumido la firma de este documento, poniendo en duda que el papel en el que se remitió fuera del Cabildo, tal y como afirmaba el Comité Disciplinario, hecho que se ha podido comprobar. “Me acaban de entregar esa carta y me sorprende muchísimo que el secretario de Inalsa utilizara papel del Cabildo”, ha indicado la consejera del PIL.

Tanto Plácida Guerra como Antonio Hernández, presidente del PIL, han volcado toda la responsabilidad de la situación de Inalsa en el actual consejero delegado. “Edam Janubio intentó entrevistarse con Mario Pérez varias veces y él no les recibió”, ha indicado Hernández. “Ésta es una actitud arrogante que no da una respuesta a la situación de Inalsa, y que ha desembocado en el Laudo”. Según Guerra, la empresa intentó llegar a un acuerdo “para rescatar la obra, cuya estructura estaba prácticamente terminada”, e intentaron negociar solicitando una indemnización de algo más de cinco millones de euros, más los costes de los equipos para finalizar la desaladora y los costes de explotación.

“Si en mayo el pueblo da su confianza al PIL, terminaremos esta desaladora”, ha anunciado Antonio Hernández, secundado por su compañera de partido, quien ha asegurado que si fuera hoy “volvería a firmar ese contrato, porque queríamos sacar esa obra adelante, ya que la considerábamos necesaria para el bien de la Isla, para garantizar el suministro de agua en toda la Isla”.

Según la voz de Lanzarote:

Los tres técnicos que firmaron el acta de replanteo para iniciar las obras de la desaladora de Janubio no han acudido a la sesión de la Comisión de Investigación de Inalsa, tal y como estaban citados. Al parecer, según Ángeles García, presidenta de esta Comisión, dos de los técnicos notificaron que no iban a acudir porque “se les ha cuestionado desde el punto de vista personal, familiar y profesional, y porque ya habían aclarado las decisiones que tomaron durante la tramitación del expediente disciplinario que les abrió Inalsa”.

El tercer técnico tampoco ha acudido, aunque éste no ha notificado su decisión, ni sigue trabajando en la empresa. Respecto a los otros dos, la presidenta de la Comisión de Investigación ha comentado que se ha tomado la determinación de solicitar un informe sobre “la posibilidad de obligatoriedad que tienen estas personas como trabajadoras de una empresa pública de venir a declarar”.

Ángeles García también ha añadido que se ha acordado contar con asesoramiento jurídico, “para darle una vitalidad y un ritmo de trabajo ante este tipo de cuestiones, ya que como estamos en una comisión de investigación de carácter político, no tenemos esos conocimientos que nos permitan tomar decisiones”.

La próxima sesión continuará con la ronda de testificales, aunque todavía dedicadas a técnicos y trabajadores de la empresa pública. Aún no se conoce cuando comparecerán los cargos políticos, aunque cabe recordar que, entre otros, serán citados todos los presidentes que han pasado por la Corporación desde la firma del polémico contrato con la UTE Edam Janubio, que terminó con un laudo condenatorio contra la empresa pública de aguas.

Según cronicasdelanzarote.es:

Los miembros de la comisión de investigación de Inalsa, reunidos en la mañana de este miércoles en el Cabildo con el objeto de analizar el vídeo donde están registradas las comparecencias de los representantes de la empresa pública ante la Cámara de Comercio de Las Palmas, decidieron suspender una sesión que prometía durar más de cuatro horas por un problema técnico del ordenador donde se retransmitía el vídeo de las comparecencias. Sin embargo, la parte del vídeo que se pudo contemplar, según el consejero de Alternativa y miembro de la comisión, Pedro Hernández, mostraba a un Mario Pérez personado en la Corte Arbitral o inmerso en un careo con el abogado de la UTE, cuando siempre había negado éste tener conocimiento alguno del laudo.

Hernández, ante esta situación, le pide a la presidenta del Cabildo, Inés Rojas, que cese de inmediato a Pérez de todos sus cargos.

La imagen quedaba congelada cada 15 minutos, lo que les llevó a pedir asistencia técnica, pero fue imposible solucionar el problema, debido, con toda probabilidad, a la poca cobertura del vídeo para poder retransmitir las imágenes. Los miembros del órgano recogieron una copia del video para ser vista por ellos mismos en privado y, a continuación,abandonaron la sesión.

Según manifestó a Crónicas la representante del Partido Popular (PP) en la comisión, Ástrid Pérez, la situación le causó risa e incluso llegó a exclamar que alguien se encontraba "boicoteando" la reunión.

El consejero y miembro del órgano por Alternativa Ciudadana, Pedro Hernández, aseguró por su parte, que las sesiones de de la comisión no deben tratarse a puerta cerrada porque "los ciudadanos y los medios deben tener acceso a todo lo que allí se habla".

Aunque no se determinó en este día el contenido de las próximas comisiones de investigación, Hernández explicó que se espera que Mario Pérez entregue una serie de documentos que le han solicitado y que no ha presentado hasta la fecha, se espera también la comparecencia de tres técnicos de Inalsa que firmaron el acta de replanteo, y la comparecencia, además, de los tres responsables de la Agencia Canaria de Protección del Medio Urbano y Natural (dos hombres y una mujer).

Pedro Hernández aseguró que hasta ahora no han tenido constancia por escrito de los servicios jurídicos de que los técnicos no estén obligados a declarar por lo que serán nuevamente citados.

Según diariodelanzarote.com:

El Juzgado de Primera Instancia número 13 de Las Palmas ha dictado un auto en el que decide que se debe proseguir con la ejecución del laudo que condenó a Inalsa a pagar más de 10 millones de euros a la unión temporal de empresas Edam Janubio (FCC y SPA) por el incumplimiento del contrato para construir y explotar una planta desaladora en Yaiza.

En un auto notificado este miércoles a las partes, de fecha 4 de abril, el juez desestima “totalmente la oposición” de Inalsa a la ejecución del laudo arbitral dictado por la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Las Palmas en 2006.

Por tanto, declara “procedente” que siga “adelante” la ejecución del laudo arbitral, que obliga a la empresa pública de aguas al pago de más de 10 millones de euros a la UTE Edam Janubio.

El Juzgado ya declaró en octubre de 2006 el embargo de una parcela de 6.480 metros cuadrados en Las Caletas (Teguise), que fue adquirida por Inalsa a la compañía Ercros a mediados de la década de los noventa.

Mientras que Inalsa puede recurrir el auto judicial en apelación ante la Audiencia Provincial de Las Palmas en un plazo de 15 días, la UTE Edam Janubio tiene la opción de solicitar al Juzgado que proceda a la "mejora del embargo", es decir, que declare el embargo de bienes y derechos hasta cubrir el total de la deuda.

La dirección de Inalsa admitió este miércoles que la “resolución” judicial dada a conocer este miércoles “era esperada” por parte de la empresa pública.

“Por ello”, explicó en un comunicado, la compañía pública aguas asegura que “ya ha realizado las gestiones empresariales necesarias para que esta resolución no tenga ningún efecto sobre la dinámica de Inalsa y los bienes de la misma”.

Inalsa está gestionada en la actualidad por la misma consejera delegada, Plácida Guerra (PIL), que adjudicó en el año 2001 la ejecución de una planta desaladora en Janubio a Fomento de Construcciones y Contratas y Servicios y Procesos Ambientales.

Las “gestiones” anunciadas por Inalsa las dará a conocer próximamente en una una comparecencia pública “prevista para informar sobre el Plan de Viabilidad y Modernización” que anuncian que están “diseñando”.

Auto judicial sobre el laudo de Inalsa:
http://www.diariodelanzarote.com/docume ... anubio.pdf

Según Diario de Lanzarote.com:

La consejera delegada de Insular de Aguas de Lanzarote SA (Inalsa), Plácida Guerra, dio a conocer este miércoles a los miembros del Consejo de Administración de la empresa pública de aguas un acuerdo extrajudicial con la UTE Edam Janubio que pondría fin al conflicto judicial entre ambas entidades por 2,5 millones de euros.

Este acuerdo está cerrado “de facto”, según indicaron fuentes del Consejo de Administración de la empresa pública, que “compensaría” con 2,5 millones de euros a la UTE Edam Janubio por la inversión en la construcción de la planta desaladora.

Desde el mes de junio de 2006, la unión temporal de empresas, controlada por Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), tiene a su favor un laudo arbitral por incumplimiento de contrato por parte de Inalsa.

Un auto judicial de octubre de 2006 cuantifica el montante económico al que tendría que hacer frente Inalsa en 9,5 millones de euros por el laudo arbitral, a los que habría añadir otros 2,8 millones en intereses y costas.

Con este acuerdo extrajudicial, ambas entidades entregarían las armas de la batalla judicial que se ha desatado desde hace casi dos años: el Consorcio del Agua, propietario de Inalsa, anuló el contrato del año 2001 de adjudicación de la planta con un dictamen del Consejo Consultivo de Canarias y recurrió ante la Audiencia Provincial pidiendo la nulidad del laudo.

Por su parte, la UTE Edam Janubio ha recurrido la anulación del contrato de la planta desaladora y, sobre todo, ha conseguido que sus tesis prosperasen en el Juzgado Número 13 de Las Palmas, encargado de la ejecución del laudo arbitral.

El representante de Coalición Canaria (CC) en el Consejo de Administración, Mariano Acuña, se mostró “totalmente en contra” del acuerdo negociado por la dirección de Inalsa al entender que “se debe seguir la vía judicial” para demostrar que tanto el contrato de la planta desaladora como el laudo arbitral no son ajustados a derecho.

Según Crónicas de Lanzarote:

El Juzgado de Primera Instancia Número 13 de Las Palmas de Gran Canaria ha decido ampliar el embargo a Insular de Aguas de Lanzarote (Inalsa) solicitado por la Unión Temporal de Empresas (UTE) FCC a cuenta de la deuda de 12.430.228,20 euros que mantiene la empresa pública con la firma privada por el laudo arbitral de la Cámara de Comercio de Las Palmas que condena a Inalsa a responder por el incumplimiento del contrato de construcción y explotación de la planta desaladora de Janubio. Las propiedades embargadas, de las cuales tiene pleno dominio Inalsa, son seis fincas, cinco de ellas localizadas en el término municipal de Teguise y una en el municipio de Arrecife. La Justicia accede a la ampliación del embargo al ver el resultado negativo del requerimiento de relación de bienes y derechos efectuado a la entidad ejecutada. Las fincas embargadas se encuentran inscritas en el Registro de la Propiedad de Arrecife con los números 22.032, 15.103, 22.634, 22.838, 33.278 y 22.633. El juzgado además acuerda librar oficios al Cabildo de Lanzarote y a los siete ayuntamientos de la Isla para que informen si adeudan alguna cantidad a Inalsa, así como su cuantía y concepto.

Según diariodelanzarote.com:

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha rechazado la apelación que la UTE Edam Janubio (participada por FCC) presentó respecto a la sentencia del Juzgado de lo contencioso administrativo que avalaba la negativa del Consejo Insular de Aguas a conceder autorización a dicha empresa para realizar las obras de la planta potabilizadora de Janubio.



El TSJC señala en su sentencia que la UTE insiste en los mismos argumentos que había presentado anteriormente y le condena a pagar las costas. “De lo expuesto por la parte apelante se desprende que más bien se comparte el criterio del juez ‘a quo' sobre la improcedencia de la autorización y que las cuestiones que se plantean tratan de obtener una respuesta a la controversia con la empresa Inalsa derivada de un contrato suscrito entre ambas, sin embargo dichas cuestiones son ajenas al objeto del recurso, sin perjuicio de que se ventilen por otro cauce”, señala la sentencia.

En abril de 2004 el Consejo Insular de Aguas denegó a esta unión temporal de empresas la autorización para iniciar las obras en Janubio para construir una planta potabilizadora, que había sido adjudicada por Inalsa, la empresa pública de aguas, en el año 2001.

El Consejo Insular de Aguas, presidido entonces por Mario Pérez (presidente insular de CC actualmente), entendía que la gestión de la planta iba a ser privada y señalaba que no se permite que la producción de agua no sea de carácter público.

Precisamente esta misma semana se inauguraba una nueva planta desaladora de 4.000 metros cúbicos al día en Janubio, que será gestionada por Inalsa. Sobre la empresa pública de aguas, además de una gran deuda, pesa la amenaza de tener que pagar trece millones de euros a la UTE Edam Janubio por no respetar esa adjudicación de la planta. Fue un arbitraje de la Cámara de Comercio de Las Palmas quien determinó lo que la empresa pública debía pagar a FCC y la vista de este juicio se celebra el mes que viene.

Por otra parte, el Ministerio de Medio Ambiente ha concedido a Inalsa una subvención de 2.621.753 euros. Se trata de la ayuda que anulmente concede el Gobierno de España para la producción de las plantas potabilizadoras que desalan agua de mar en Canarias. En esta ocasión, y respecto al ejercicio anterior, la subvención otorgada a Inalsa, se ha incrementado en unos 200.000 euros.

Según la dirección de la empresa pública, el montante económico será recibido, por parte de la empresa pública de agua de Lanzarote, a finales de este año, y el mismo se destinará a cubrir parte de los costes de explotación de las plantas desaladoras.

Según diariodelanzarote.com:

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 13 de Las Palmas es el encargado desde 2006 de ejecutar el laudo arbitral. Desde entonces ha accedido a las pretensiones de la UTE Edam Janubio (FCC y SPA) y ha embargado siete parcelas que estaban a nombre de Inalsa.

Sin embargo, el valor de estas fincas, según la tasación encargada por la UTE apenas alcanza los 1,2 millones de euros, por lo que ha exigido al Juzgado que mejore el embargo de bienes de Inalsa.

Tal y como adelanta este martes Canarias7, el Juzgado ha accedido a embargar las acciones de Inalsa en Eólicas de Lanzarote: la empresa pública de aguas posee un 60 por ciento y Unelco tiene el 40 por ciento restante.

Fuentes de Inalsa señalaron este martes que conocían el embargo recaído sobre sus acciones en la empresa desde el pasado viernes, si bien le restaron importancia hasta que se conozca la sentencia de la Audiencia Provincial, que se espera que sea inminente.

Eólicas de Lanzarote es una de las ‘joyas' de Inalsa, encargada de explotar el parque eólico de Los Valles, que en la legislatura pasada obtuvo una repotenciación –hasta llegar a los 8,5 megawatios- que disparó la facturación de las instalaciones.

Constituida en 1993, en el ejercicio 2007 su facturación ascendió a 1.463.746 euros, con unos beneficios de 437.050 euros. El capital social de Eólicas de Lanzarote SL asciende a 1.758.225 euros.

Los ingresos de Eólicas de Lanzarote en 2007 están a gran distancia de los 484.582 euros contabilizados en 2006 o los 59.950 euros de 2005, cuando el parque eólico de Los Valles estaba prácticamente desmantelado con aerogeneradores obsoletos.

El procedimiento judicial que determinará si Inalsa debe pagar o no los 12 millones de euros que le reclama la UTE Edam Janubio se sigue en la Audiencia Provincial, donde está visto para sentencia un recurso de la empresa pública sobre la nulidad del laudo.

Mientras tanto, el Juzgado de Primera Instancia número 13 prosigue con la ejecución del laudo a instancias de la UTE Edad Janubio. Los embargos de propiedades de Inalsa son las primeras medidas adoptadas, pero la UTE ha llegado a pedir un administrador judicial.

Cuando el año pasado la consejera delegada de Inalsa, Plácida Guerra, presentó el plan de viabilidad de la empresa pública, anunció un acuerdo extrajudicial con la UTE que sin embargo, nunca se llegó a materializar. La cantidad, 2,5 millones, distaba mucho de lo que reclamaba la UTE.