Según Crónicas de Lanzarote:
La consejera delegada , que desconoce si el Cabildo ha denunciado ya en los juzgados las irregularidades en los Centros durante estos dos años y medio, denuncia que se prestaron servicios “sin contratación con muchísimas empresas de familiares y empresarios relacionados directa o indirectamente con el Partido Socialista”

La consejera delegada de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT´s) del Cabildo insular de Lanzarote, Astrid Pérez (PP), ha asegurado este jueves que el anterior responsable de los Centros,
Carlos Espino (PSC), decidió, días previos a que prosperara la moción de censura de octubre en el Cabildo, que la empresa abonara 880.000 euros a “proveedores y empresas amigas y familiares, sin importarle que se pusiera así en peligro la nómina de los trabajadores del mes de noviembre de 2009”.
Según sus declaraciones, "
diez o quince días antes de presentar la moción de censura y hasta un día antes de que yo tomara posesión, pagó 880.000 euros a proveedores, pero claro, se los pagó a proveedores amigos y familia, y sabía además que pagando esa cantidad podía poner en riesgo las nóminas de los trabajadores de noviembre de 2009. No le importó porque sabía que yo tomaría posesión el día 28 de octubre, y se gastó bastante dinero en proveedores … porque tocaba”.
Astrid Pérez realizó estas declaraciones durante un desayuno con la prensa que tuvo lugar este jueves por la mañana en Arrecife, la capital de Lanzarote, y que sirvió tanto para que el PP hiciera balance de la gestión durante el año 2009, y para adelantar las principales líneas de actuación del partido en el nuevo ejercicio. Además de esta revelación, la actual consejera delegada recordó que la deuda de los Centros asciende a más de 14 millones de euros a fecha de noviembre de 2009, e insistió en que ha habido muchas dificultades para pagar las nóminas de los dos últimos meses del año, puesto que los ingresos de los Centros no cubren ni las nóminas del personal, que cuestan 16,5 millones de euros al año. Por ello, adelantó que en las próximas fechas se dará a conocer el Plan de Viabilidad que, a su juicio, debió poner en marcha el anterior consejero delegado, Carlos Espino, quien también, subrayó, debió haber denunciado en su momento, como ha hecho Pérez al incorporarse, el convenio colectivo de los trabajadores de 1999, pues “una empresa no puede gastarse tres veces más de lo que ingresa y menos cuando los ingresos son tres veces menos que hace diez años”.
Ademas, Astrid Pérez informó que
la empresa ‘Carnes y Embutidos Chacón’, a la que los Centros abonaron 250.000 euros en los dos últimos años sin expediente de contratación alguno, no era distribuidora de los Centros Turísticos, al menos no durante la pasada legislatura, y comenzó a serlo “desde la llegada de Carlos Espino y Manuela Armas al Cabildo”.
“Como ese hecho hay muchísimos", subrayó. "Es curioso que Manuela Armas siempre manifestara que ella nunca se había tomado un café de dinero público, y ahora vemos cómo efectivamente, a través de Carlos Espino, se ha beneficiado a una empresa familiar, (…) pero lo grave es que se ha adjudicado a una empresa que es familiar de la ex presidenta del Cabildo sin ningún tipo de procedimiento de contratación, y así con muchísimas empresas de familiares y empresarios relacionados directa o indirectamente con el Partido Socialista”.
Para Astrid Pérez, “
la culpa no es de este proveedor, sino del político, que debe tener un poco más de vergüenza y no aprovecharse del cargo público para beneficiar a personas cercanas”.
A pesar de estos datos que, según Astrid Pérez, demuestran que los Centros han beneficiado a una empresa familiar “adjudicataria sin ningún tipo de contratación”, y a pesar de “otros muchos hechos irregulares”, la consejera delegada asegura que por el momento, al menos ella, todavía no ha acudido a los juzgados para denunciar, tal y como ha dejado entrever en unas recientes declaraciones el propio presidente del Cabildo, Pedro San Ginés.