Los chalés de La Bufona se quedan sin amparo legal ABC, ARRECIFE Lunes , 30-11-09
El plan parcial La Bufona se ideó como una de las zonas residenciales más exclusivas de Arrecife. Lo promovía «Brisa Inversiones», del arquitecto Federico Echevarría y se modificó en el año 1998. El proceso del plan parcial y su construcción ha sido un cúmulo de irregularidades e ilegalidades que han terminado por dejar el plan parcial y las más de cincuenta viviendas que hay en él fuera de la legalidad. El Tribual Supremo ha anulado la modificación de este plan parcial porque no se solicitó informe de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias para ver cómo afectaba a la carretera LZ-2. No se hicieron los accesos para el plan parcial y, supuestamente, se han usurpado terrenos rústicos de protección, terrenos de un particular y un terreno del Servicio de carreteras, propiedad del Gobierno de Canarias, que se segregó y se vendió.
Pero esto es sólo una pequeña parte. La Agencia de protección del medio urbano y natural emitió un informe demoledor el año pasado en el que se concluía que el plan nunca debió haberse ejecutado porque no contaba con la superficie mínima de 50.00 metros cuadrados. Y además se construyeron 52 casas cuando sólo se podían haber hecho 24. También reconoce el informe que los documentos del plan «no eran reflejo de la realidad territorial» y que las viviendas cuentan con mayor superficie construida que la autorizada. Es más, dice que algunas casas se hicieron antes de la concesión de la licencia y que otras se han ampliado con posterioridad.
Algunas viviendas tienen doble referencia catastral y otras han estado omitidas de la base de datos del catastro, así que no han pagado impuestos. Por si fuera poco, el plan ni siquiera tiene aprobada la Junta de compensación, no ha hecho las cesiones obligatorias y debe al Ayuntamiento cerca de un millón de euros por este concepto.
El propio registrador de Arrecife reconoce en un escrito que efectivamente se ha producido la alteración del nombre de los linderos de varias fincas registrales. Sin ir más lejos, se segregó de la finca matriz de Brisa una finca de más de siete mil metros y el resultado es que la finca matriz no mengua y aparece otra finca nueva con esos siete mil metros. Además, los terrenos que expropió carreteras figuran a nombre de la promotora. En definitiva, se podría decir que la documentación sobre este plan y su realidad física nada tienen que ver.
El próximo paso por parte de la Agencia de protección del medio sería, en buena lógica, la orden de derribo de las casas, si se aplica el criterio seguido en otras actuaciones. Sin embargo, de momento no es así. El caso es que con todas estas irregularidades se concedieron las licencias, se construyeron las casas y ninguno de los propietarios se ha quejado.
Aún dos procedimientos
Este proceso del Tribunal Supremo se ha resuelto pero quedan otros dos pendientes: uno penal contra el arquitecto, el constructor y el promotor, ya fallecido, que era el encargado municipal del catastro y delineante de Arrecife. Se archivó la causa, aunque está recurrida, contra el ex secretario del Ayuntamiento, Felipe Fernández Camero, que firmó las licencias, y contra la anterior alcaldesa, María Isabel Déniz, bajo cuyo mandato se desprecintaron las obras que se habían precintado tras la denuncia del Seprona. La ex alcaldesa llegó a declarar en el Juzgado que había técnicos municipales que avalaban las licencias pero no quiso dar sus nombres. El otro procedimiento es una reclamación, por parte de Gonzalo Murillo, de sus terrenos, que han sido ocupados.
Estos dos procedimientos acaban de cumplir diez años en los juzgados. El penal aún permanece en diligencias previas y ni siquiera se ha llamado a declarar como testigos a los dueños de las viviendas. Del otro se van a cumplir tres años desde que el Supremo obliga a reiniciar las actuaciones practicadas.
El procedimiento que sí se ha resuelto, este año, es uno que partió de 2003, una denuncia por calumnias e injurias del ex fiscal coordinador de Arrecife, Miguel Pallarés, contra Gonzalo Murillo, que ganó el fiscal. La Sala consideró probado que Murillo le hacía responsable a Pallarés de la paralización de los procedimientos.
Pallarés, que ahora ejerce en Las Palmas y es sobrino político del ex secretario municipal (hoy imputado en el caso de las licencias urbanísticas ilegales otorgadas a hoteles en Yaiza), es dueño de una de las viviendas que ocupan los terrenos que reclama Murillo.
http://www.abc.es/20091130/canarias-can ... 91130.html