Según diariodelanzarote.com:
La Fiscalía ha decidido recurrir ante la Audiencia Provincial la condena al secretario del Ayuntamiento de Yaiza, Vicente Bartolomé, y al aparejador municipal, Pablo Carrasco, por informar favorablemente la construcción de dos viviendas de forma ilegal en suelo rústico al considerar demasiado bajas las penas de prisión y de inhabilitación que les fueron impuestas.
El Juzgado de lo Penal número 1 de Arrecife condenó a Bartolomé y Carrasco por un delito continuado de prevaricación urbanística a cuatro meses de prisión y dos años de inhabilitación puesto que apreció la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas en el procedimiento judicial, en el que fueron imputados en octubre de 2004 y octubre de 2005.
El juez señala en la sentencia que la instrucción se demoró en parte por que el Ayuntamiento de Yaiza no aportaba documentación que le requería el Juzgado, aunque resalta que “no ha quedado acreditada” la “participación” de Bartolomé y Carrasco en el retraso, que se produjo antes de que el procedimiento se dirigiera contra ambos.
En la misma línea, el juez, que rechazó la petición del secretario de que se considerase prescrito el delito, indica que el caso “no estaba exento de una cierta complejidad”, si bien añade que “la larga duración” del procedimiento judicial “excede de lo razonable”, motivo por el que rebajó considerablemente la pena solicitada por la Fiscalía.
El fiscal solicitó dos años de prisión –la mitad de lo máximo que establece el Código Penal por un delito de prevaricación urbanística- y diez años de inhabilitación para empleo o cargo público –el tope de lo que se contempla para aquella autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo-.
Tanto el secretario como el aparejador municipal y el ex alcalde, José Francisco Reyes, están a la espera de otra sentencia de la Audiencia Provincial por dar vía libre a la construcción de nueve chalés, también en suelo rústico, entre las localidades de Femés y Las Breñas, tras el juicio que se celebró el pasado mes de junio. La alcaldesa, Gladys Acuña, afirmó que no va a apartar a los técnicos hasta que haya sentencia judicial firme.
Cabe destacar que también están imputados en el 'macro proceso judicial' que se sigue en el Juzgado número 2 de Arrecife por la concesión masiva de licencias ilegales para la construcción de una veintena de hoteles en el municipio de Yaiza, en el que también se investiga al puerto deportivo Marina Rubicón, cuyas decenas de edificaciones ni siquiera están registradas en el Catastro.
El secretario y el aparejador municipal han sido condenados por informar favorablemente la construcción de dos viviendas: una solicitada por Tomas Negrín en la calle La Vista de Yaiza y otra pedida por Jorge Facundo Reyes Rodríguez (hermano del ex alcalde), en la plaza San Marcial del Rubicón de Femés, sin calificación territorial previa que debería otorgar el Cabildo.
Los informes favorables, que sirvieron de base para la concesión de las licencias, fueron emitidos entre 1998 y 1999 por Bartolomé y Carrasco. El informe técnico consideraba el suelo urbano, “al margen de la normativa urbanística vigente”, es decir, el Plan General de Yaiza de 1973, y el Plan Insular de 1991, que establecían el suelo como rústico. Una circunstancia que no advirtió el secretario municipal.
Vicente Bartolomé trató de desvirtuar sus propios informes, declarando en la vista oral que fueron emitidos “a título meramente ilustrativo” y que “carecían de toda relevancia jurídica”. Sin embargo, el juez deja claro que “fueron elaborados con la pretensión de surtir plenos efectos jurídicos” y avalar la concesión de las licencias.
En cuanto al aparejador, aseguró en el juicio que sólo reflejó en los informes “la realidad física de los terrenos” y que tuvo en cuenta sólo el Plan General, porque lo contrario sería “rebasar sus competencias”. El fiscal desbarató su tesis al esgrimir un informe de la misma época para un hotel en Montaña Roja en la que reflejaba la necesidad de pedir informe de compatibilidad con el Plan Insular al Cabildo.
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