Registrado: Sab 30 Ago, 2003 6:24 pm Mensajes: 3147
Según La Provincia:
El Consorcio Insular del Agua de Lanzarote (integrado por el Cabildo y los siete ayuntamientos de la Isla) ha cerrado un principio de acuerdo con los principales acreedores de Inalsa para el pago de la deuda de 42 millones de euros y evitar de esta manera la liquidación de la empresa pública del agua. No obstante, el convenio con los acreedores está supeditado a que la producción del agua pase a manos privadas a través de un contrato de servicio público que permita pagar la deuda con el dinero que se obtenga por la gestión de este servicio.
El primer paso que dará el Cabildo de Lanzarote será solicitar al Juzgado de lo Mercantil número 1 de Las Palmas de Gran Canaria un aplazamiento de la junta de acreedores que tiene previsto celebrarse el próximo 27 de julio en la que debe llevarse el acuerdo definitivo para el pago de la deuda.
El objetivo de este aplazamiento, que ha sido consensuado con los principales acreedores (Endesa, FCC y Aguas Filtradas), es permitir que pueda salir a licitación pública la producción, el abastecimiento y depuración de agua en Lanzarote antes del acuerdo definitivo.
Un concurso que servirá por un lado para hacer frente a la deuda y por otro, para financiar los cerca de diez millones de pérdidas que se ha generado en Inalsa durante el tiempo que Inalsa ha estado intervenida judicialmente, fundamentalmente por la factura eléctrica.
La propuesta que el Consorcio presentará al juzgado será la de posponer hasta enero de 2013 la celebración de la junta de acreedores, tiempo que se considera idóneo para poner en marcha y adjudicar a una empresa privada la producción del agua. El Cabildo espera sacar a concurso la producción y distribución del agua de abasto y la depuración por un importe cercano a los 50 millones que permita liquidar el total de la deuda.
De hecho, en el convenio de acreedores presentado por el Consorcio ante el juzgado se especifica que la adjudicación de la producción integral del agua debe establecer un canon inicial que como mínimo cubra el importe de la deuda adquirida con FCC, Aguas Filtradas y Endesa.
En el acuerdo provisional entre el Consorcio y los principales acreedores se fija también la reducción de la deuda en una cantidad cercana a los 8 millones de euros, siempre y cuando prospere el proceso de licitación. De esta manera, el Cabildo debería afrontar 34 de los 42 millones lo que le permitiría también liquidar los gastos de la factura eléctrica que se han ido acumulado en los dos últimos años.
El Cabildo tiene previsto celebrar este lunes un pleno extraordinario para dar luz verde a la solicitud del aplazamiento de la junta de acreedores ante el juzgado de lo Mercantil. De la misma manera, el Cabildo se comprometerá a asumir la parte que le corresponde de la deuda de Inalsa (tiene el 51 del Consorcio) en caso de que fracasen todos los acuerdos de pago con los acreedores.
Una medida que se entiende como un gesto hacia los acreedores para que acepten también el aplazamiento de la junta prevista para el próximo 27 de julio. La licitación de un contrato de servicio público para la gestión del agua era una de las cuatro propuestas recogidas en el convenio presentado ante el juez para el pago de la deuda.
Registrado: Jue 21 Abr, 2005 11:14 am Mensajes: 1198
Según diariodelanzarote.com:
El presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, afirmó este lunes en un pleno de la Corporación insular que todavía “no hay acuerdo con los acreedores” de Inalsa para el pago de la deuda, pero dio a entender que la salida que cuenta con más enteros es entregar la gestión de la compañía pública de aguas a una empresa privada.
“Me habría gustado no tener que ir a la gestión indirecta, pero no hay otra fórmula para evitar que el Cabildo y los ayuntamientos se echen a la espalda la deuda” de Inalsa, de unos 42 millones de euros bajo el concurso de acreedores y otros 10 millones por facturación eléctrica acumulados en los tres últimos años, señaló San Ginés.
El presidente cabildicio apuntó que era la medida más viable para evitar que los dueños de Inalsa, el Cabildo y los siete ayuntamientos, terminen “endeudados hasta las cejas”. No obstante, dijo que iba a “intentar” obtener un préstamo del Instituto de Crédito Oficial (ICO), aunque señaló que a día de hoy Inalsa no podría acogerse legalmente.
La otra opción antes de acudir a entregar la explotación de Inalsa a una empresa privada sería obtener un crédito bancario o otras compañías, si bien San Ginés insistió en que “una cosa es lo deseable y otra lo posible”. La situación económica de la empresa pública, en la práctica, le hace muy difícil acceder a financiación por parte de los bancos.
El presidente del Cabildo invitó a los portavoces de PP, PIL y Alternativa Ciudadana a ofrecer alternativas. “Si alguno tiene una propuesta distinta para evitar que la responsabilidad de la deuda caiga sobre la Corporación insular, que lo diga”, dijo.
En el caso de que el juez ordenase la liquidación de Inalsa, el Cabildo tendría que asumir el 60 por ciento de la deuda de la empresa y el 40 por ciento restante los ayuntamientos. “Es un riesgo que se pretende evitar”, resaltó San Ginés.
Los acreedores de Inalsa, principalmente Endesa, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y Aguas Filtradas, tenían previsto reunirse el próximo 27 de julio pero se ha facultado a San Ginés para pedir al juez de lo mercantil un aplazamiento durante seis meses.
En este tiempo, se pondrá en marcha el expediente para sacar a concurso la gestión de Inalsa durante un periodo que oscilaría entre los 15 y los 20 años. Tendría que estar “resuelto y adjudicado antes del 27 de enero de 2013”, según la planificación dada a conocer este lunes.
La empresa que se llevara el concurso tendría que aportar un canon por la concesión del ciclo integral del agua (desalación, distribución, depuración y saneamiento) con el que se abonaría la deuda con los acreedores.
Los tres partidos de la oposición votaron en contra del planteamiento del grupo de gobierno. Para Ginés Quintana, de Alternativa Ciudadana, tanto CC como PSOE pretenden “salvar las responsabilidades penales y patrimoniales de los gestores de Inalsa”.
De hecho, el juez ordenó de forma cautelar embargar los bienes de los dos últimos consejos de administración anteriores al concurso de acreedores, presididos por Inés Rojas, actual consejera de Bienestar Social y Cultura del Gobierno de Canarias, y Manuela Armas, viceconsejera regional de Educación.
Ástrid Pérez, del Partido Popular, insistió en la acusación de “oscurantismo” al grupo de gobierno y siguió la línea de que “la responsabilidad de determinados políticos la paguemos todos”. “Se les está buscando una solución para poder levantar esos embargos perjudicando a la empresa y a Lanzarote, recalcó.
Para Alternativa Ciudadana, encomendar el futuro de Inalsa a la gestión indirecta “es igual de malo” que la privatización. “Para nosotros no es la panacea, sino todo lo contrario, es reconocer lo mal que se ha gestionado y que no se está capacitado para llevar la empresa como Dios manda”.
Fabián Martín, del PIL, destacó que su formación política apostó desde hace años por una “fórmula mixta” para Inalsa, mientras que la portavoz del PP mostró su “asombro” por que el PSOE esté a favor de la gestión indirecta, “cuando se le lleva 20 años escuchando que eso es una privatización.
Despacio, muy despacio, porque es al único ritmo al que la clase política insular es capaz de moverse, pero parece que por fin se ha dado un paso y se propone una solución para Inalsa: el Cabildo de Lanzarote aprobó el pasado viernes privatizar la empresa pública, pero “sólo” durante un par de décadas. En realidad, la solución consiste en hacer lo contrario de lo que se ha venido diciendo en los últimos años, en los que los políticos y la mayoría de la sociedad estaban de acuerdo en que el suministro de agua debía seguir siendo un servicio público. Resultaba del todo lógico que los políticos fueran partidarios de que Inalsa siguiera en sus manos. Y resultaba del todo incomprensible que la mayoría de la sociedad lanzaroteña fuera partidaria de seguir confiando la dirección de la empresa a los políticos que la han arruinado.
El caso es que los políticos han tenido que renunciar a Inalsa “por un tiempo que rondará los veinte años. Se hará a cambio de que el adjudicatario se comprometa a pagar la deuda de Inalsa, que actualmente ronda los 50 millones de euros a los acreedores, más otros 10 millones en inversiones” (Canarias 7 del sábado). Ahora, los políticos nos dirán que esta es la única solución para que no sean los ciudadanos los que tengan que pagar la enorme deuda que ellos contrajeron. ¿Quién pagará entonces la deuda? “La empresa adjudicataria”, nos responderán... faltando una vez más a la verdad. Porque la verdad es que, si encuentran una empresa que acepte hacerse cargo de Inalsa en esas condiciones, que está por ver, lo primero que hará será estudiar cómo vamos a pagarle los consumidores de agua esos 60 millones que le costaría la adjudicación, porque estamos hablando de una empresa, no de una organización caritativa dispuesta a donar 60 millones de euros a la sociedad insular.
Pese a lo algunos piensan, las deudas se pagan. Siempre. Lo único que se puede discutir es quién la paga, si la deuda de Inalsa la pagamos los ciudadanos o lo hacen los acreedores. Sería ciertamente injusto para ellos, pero ¿podríamos obligar a Fomento, Endesa y compañía a quedarse con nuestra deuda? Eso es precisamente lo que ocurre cuando una empresa quiebra, y actualmente ocurre continuamente, que algunos se quedan sin cobrar lo que se les debe. Puesto que no cabe duda de que Inalsa está quebrada, y que los propietarios de las sociedades mercantiles no responden de las deudas de la sociedad con su patrimonio, ¿sería posible esta solución? Desconozco los detalles jurídicos y administrativos del asunto como para saberlo, pero en cualquier caso, y por lo que nos han dicho, parece que ni se ha contemplado esta posibilidad.
¿Por qué no se ha considerado la única solución que permitía que los ciudadanos de Lanzarote se librasen de pagar la enorme deuda de Inalsa? Pues porque quienes han tomado la decisión han sido los políticos, y estamos ante uno de los pocos casos de mala gestión o corrupción política en España en que la clase política tendría que pagar por lo que ha hecho. Resulta que si no pagáramos los ciudadanos, no serían solamente Fomento, Endesa y compañía los afectados, sino que la flor y nata de la clase política insular de los últimos años tendría que responder con su patrimonio por una deuda que desde luego es suya. Y aunque el caso Inalsa resulte por ello excepcional, los políticos se van a encargar de que no lo sea el desenlace, es decir, que se resuelva el desaguisado como es habitual en este país, con los ciudadanos pagando las consecuencias de lo que hicieron los políticos. Y los políticos... no pagan ni con su cargo. Porque, no lo olvidemos, muchos de los responsables de lo sucedido en Inalsa, y por cuyo patrimonio velan sus solidarios colegas del Cabildo, siguen en bien pagados cargos públicos y siguen gestionando lo nuestro como si jamás hubieran roto un plato.
La privatización de la gestión del agua en Lanzarote ya es un hecho. La Asamblea del Consorcio del Agua ha dado este martes el último paso, en una sesión ordinaria en la que ha aprobado el inicio del expediente para la “Concesión de los Servicios de Abastecimiento de Agua, Saneamiento y Reutilización (Ciclo Integral del Agua), en la isla de Lanzarote”. Con ello, pretenden poner fin al Concurso de Acreedores en el que se encuentra la empresa desde mediados de 2009.
El pasado viernes, el Pleno del Cabildo facultó al presidente del Cabildo para proponer el inicio de este expediente al Consorcio. La propuesta prosperó gracias a los votos del grupo de gobierno, ya que los partidos de la oposición votaron en contra.
Ahora, el Consorcio ha dado luz verde a la propuesta y, según destacan desde el Cabildo, lo ha hecho "por unanimidad de todos los presentes". Es decir, el propio Cabildo, que ostenta el 60 por ciento del voto ponderado en la Asamblea del Consorcio, y los ayuntamientos de Arrecife, Haría, San Bartolomé, Tinajo y Teguise. Los dos municipios no gobernados por CC ni PSOE (Yaiza y Tías) no han estado presentes en la reunión.
Desde el Consorcio del Agua han señalado también que aunque la redacción de los Pliegos de Condiciones para este concurso fue encomendada a una empresa especializada, "los documentos de carácter técnico y administrativo fueron participados y mejorados con la aportación de la Gerencia de Inalsa, la Jefa de Contratación del Cabildo y los Servicios Jurídicos y de Intervención de la Primera Institución".
Además, han anunciado que tras cumplir este último trámite, "los servicios de Contratación del Cabildo de Lanzarote, encomendados por el Consorcio del Agua, proceden en estos momentos a tramitar la publicación del correspondiente anuncio oficial de licitación en el Boletín Oficial de Las Palmas".
Una vez sea resuelta la publicación, las entidades interesadas en el procedimiento tendrán acceso al Pliego de Condiciones Administrativas, Pliego de Condiciones Técnicas, así como sus Anexos, en el Perfil del Contratante del Cabildo de Lanzarote o solicitando la información directamente en el Consorcio del Agua de Lanzarote.
Por su parte, el Presidente del Cabildo y del Consorcio del Agua, Pedro San Ginés, ha anunciado que tiene "previsto ofrecer una rueda de prensa en los próximos días y una vez se tramite la necesaria publicación del anuncio, como determina la Ley, para explicar los pormenores de este procedimiento abierto, por el cual se externalizará la gestión del Ciclo Integral del Agua en Lanzarote".
Registrado: Jue 21 Abr, 2005 11:14 am Mensajes: 1198
Según lavozdelanzarote.com:
El Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas (BOP) publica este viernes la convocatoria de “procedimiento abierto de la concesión de los servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y reutilización en la isla de Lanzarote”, es decir, la privatización de Inalsa. El Consorcio del Agua de Lanzarote adjudicará esta concesión durante los próximos 25 años, según este anuncio hecho público este viernes por el BOP.
El presupuesto de base de licitación se establece en 120 millones de euros más I.G.I.C., según las mismas fuentes. La empresa adjudicataria tendría que poner un millón de euros de forma provisional, una garantía definitiva de seis millones de euros y una complementaria de dos millones de euros.
Las empresas interesadas en esta concesión tendrán que dirigirse al Consorcio del Agua en un plazo de 40 días naturales, contados a partir de esta publicación en el Boletín Oficial de Las Palmas. El licitador estará obligado a mantener su oferta durante tres meses. Para obtener información sobre este procedimiento, los interesados pueden ponerse en contacto con el Consorcio del Agua de Lanzarote, así como en el perfil del contratante de la página web del Cabildo.
La apertura de ofertas, según el Boletín, tendrá lugar el primer y tercer lunes de cada mes en acto público, que se indicará en el perfil del contratante de la página web del Cabildo. Los gastos de licitación serán a cuenta del adjudicatario y ascienden aproximadamente a la cantidad de 100.000 euros, según estas mismas fuentes.
Boletín: CONSORCIO DEL AGUA DE LANZAROTE Concurso para la concesión de los servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y reutilización en la isla de Lanzarote. http://www.boplaspalmas.com/boletines/2 ... -11-12.pdf
La asamblea de trabajadores de Inalsa respaldó el miércoles el pliego de condiciones del concurso para entregar la explotación de la empresa pública de aguas a una compañía privada después de que se recogieran en las bases de la ‘privatización' que se respetasen sus condiciones laborales.
De los alrededor de 150 trabajadores con que cuenta Inalsa asistieron a la reunión menos de la mitad, según fuentes sindicales, que apuntaron que tan sólo hubo un voto en contra y dos abstenciones.
El comité de empresa, asesorado por los sindicatos, ha estado negociando en los últimos meses con el Cabildo -que controla el Consorcio del Agua, propietario de Inalsa- una especie de 'blindaje' de las condiciones de los empleados.
Así, en las bases de la ‘privatización' se incluye la subrogación de los contratos de trabajo de todo el personal de Inalsa “incluyendo categoría, antigüedad, retribuciones salariales, convenio colectivo, tipo de contrato” y condiciones particulares que tenga cada empleado.
En el caso de que se extinguiera el contrato de gestión entre el Consorcio del Agua y la empresa privada, “el personal pasaría automáticamente al ente local”, reconociéndosele igualmente “la antigüedad y demás derechos que hubiese adquirido”.
También se recoge una cláusula mediante la cual la realización de expedientes de regulación de empleo “por razones de organización que afecten a la plantilla cedida por Inalsa requerirán la autorización previa del Consorcio”, con lo que se garantizan margen para negociar con los políticos que estén al frente de Cabildo y ayuntamientos.
El secretario general de UGT en Lanzarote, César Reyes, que también es trabajador de Inalsa, señaló que la reclamación inicial era que la empresa “se mantuviera con una gestión pública” pero indicó que no quedaba otra salida al no poder las instituciones de la Isla afrontar créditos para pagar los cerca de 50 millones que se adeudan.
“Votamos a favor del pliego de condiciones del concurso, pero no significa que estemos a favor de la privatización”, insistió Reyes, quien dio a entender que desde el comité de empresa no se participará en posibles actos de protesta contra la externalización del ciclo integral del agua.
El coste del personal de Inalsa, que se ocupa del servicio de abastecimiento de agua, es de más de 8,9 millones al año, de los cuales unos 6,5 son para salarios, 1,7 millones para beneficios “sociales” a cargo de la empresa y otros 304.000 euros son aportaciones a un plan de pensiones que paga la compañía.
Del conjunto de la plantilla, apenas una docena de trabajadores cobra menos de 30.000 euros anuales brutos, la mayoría contratados recientemente, con un buen número de empleados que perciben cantidades superiores a los 40.000 y 50.000 euros anuales.
El trabajador que más cobra en Inalsa es el jefe del departamento de saneamiento, que tiene un salario de 79.728 euros. El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, cobra 77.485 euros. Jefes de turno o responsables de redes superan los 60.000 euros anuales.
En Inalsa también se dan desigualdades salarias relevantes: así, mientras un peón contratado en agosto de 2005 cobra 45.194 euros, otro trabajador con la misma categoría, pero contratado en septiembre de 2012, percibe 12.279 euros.
En el concurso también se establece la subrogación de la plantilla de Aguas Filtradas, una subcontrata de Inalsa, a pesar de contar con un contrato que fue anulado por el propio Consorcio del Agua al considerarlo nulo con el visto bueno del Consejo Consultivo.
En el caso de Aguas Filtradas, se asumirían unos 70 trabajadores, si bien la mayoría no llega a los 20.000 euros de sueldo al año o supera esta cantidad ligeramente.
Registrado: Sab 30 Ago, 2003 6:24 pm Mensajes: 3147
Según La Voz de Lanzarote:
La Confederación General del Trabajo (CGT) en Lanzarote ha denunciado en un contundente comunicado la privatización de Inalsa y ha asegurado que esta decisión es “contraria a los intereses de los ciudadanos de Lanzarote”. La crítica del sindicato no queda aquí, sino que también ha considerado que la privatización es “como una estafa, perpetrada por el gobierno del Cabildo, presidido por Pedro San Ginés, para despojar a los vecinos de su legítimo control sobre un servicio público tan esencial”.
Ante estos hechos de “suma gravedad”, el sindicato ha recordado todos los “intentos de privatización” de la empresa. Así, ha señalado que en 2001 se fomentó la entrada de capital privado a Inalsa “con la intención de privatizar la planta de Janubio”. Esta acción fue promovida por el PSOE y el PIL, “partidos que gestionaban la empresa” en aquel momento.
“En dicha ocasión, el método utilizado consistía en que una empresa privada construía una planta de 10.000 metros cúbicos y la explotaba por 15 años. Inalsa pagaría la planta con la compra de la totalidad de la producción, pagaría la energía eléctrica y también el personal”. El sindicato recuerda que “el intento esperpéntico de privatización del agua se frenó por la resistencia ejercida por todo tipo de luchas ciudadanas”.
Posteriormente, en 2008, el sindicato insiste en que los gestores políticos, PSOE y PIL, “intentaron nuevamente la privatización de Inalsa”. "El método a utilizar sería la introducción de capital privado, con una inversión de 48 millones de euros. En este caso, la Operación “Unión” y la intervención concursal frustraron los sueños privatizadores de estos políticos corruptos e incompetentes”, ha manifestado la Confederación General del Trabajo, a través de un comunicado.
Ahora, lamentan que la privatización “ha vuelto a Lanzarote”. El pasado 2 de noviembre, el Boletín Oficial de Las Palmas publicaba la licitación para el contrato de gestión del servicio público, mediante la concesión de los servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y reutilización en la isla de Lanzarote. “Ahora el método a utilizar es la privatización total del patrimonio hidráulico de la isla”.
El sindicato ha señalado que “esta vez quieren hacerlo de verdad, no sólo porque se están jugando unas cuantas comisiones, como fue el caso del año 2001, sino que se juegan el embargo del patrimonio de los 19 amigotes que gestionaban la empresa en los dos últimos Consejos de Administración”.
“El engaño a los ciudadanos y trabajadores por parte de los partidos políticos CC y PSOE respecto a la situación de la empresa pública de agua ha sido manifiesto, al defender la no privatización de Inalsa, mientras sus movimientos han sido siempre en la dirección contraria. Incluso, en campaña electoral el propio presidente del Cabildo se atrevió a decir que ‘defendería Inalsa bajo el ámbito de lo público’ o que ‘Inalsa en el año 2012 iba a dar pingües beneficios’”, ha señalado la Confederación. Esta misma carta ha sido mostrada este viernes por el PIL en una rueda de prensa.
Para la Confederación, este tipo de actitudes “constituyen un fraude electoral realizado por gente que definitivamente no son de fiar”. Además, el sindicato ha asegurado que la privatización perjudica “seriamente a los trabajadores, que más temprano que tarde comprobarán la pérdida de puestos de trabajo” y a los “ciudadanos, al obligarlos a saldar una deuda millonaria que no han adquirido, ni han autorizado”.
Además, también considera que habrá “futuras subidas de tarifas desorbitadas para pagar la corrupción, el saqueo y el despropósito al que han sometido a la empresa pública estos años”.
Por ello, la Confederación General del Trabajo en Lanzarote ha propuesto que el control del ciclo integral del agua vuelva a manos del Consorcio Insular de Agua, “incluida su plantilla”. Además, pide al Consorcio que alcance un acuerdo con los acreedores para el pago de “la deuda real” con una quita “del 25 por ciento en 25 años”.
En este sentido, solicita también que el Consorcio invierta 15 millones de euros para disminuir las pérdidas en la red y el consumo energético en un periodo de dos años. Asimismo, le pide que denuncie ante los tribunales “por dolo a los políticos que por su mala gestión e irresponsabilidad llevaron a Inalsa a la quiebra”. El sindicato quiere que estos políticos “paguen con su patrimonio el daño causado a la isla y devuelvan todo el dinero que ingresaron por la asistencia a los Consejos de Administración”.
Por último, pide que se haga una consulta a los ciudadanos sobre la privatización de Inalsa y que ésta tenga un “carácter vinculante”. “Ni PSOE, ni CC, que han tomado unilateralmente esta decisión antidemocrática y tan nefasta para el interés general, reflejaban en sus programas electorales la privatización del ciclo integral del agua. Son, por tanto, los ciudadanos sus verdaderos dueños, los que han de decidir sobre la privatización o no del ciclo integral del agua de Lanzarote”, ha insistido el sindicato.
Registrado: Sab 30 Ago, 2003 6:24 pm Mensajes: 3147
Según La Voz de Lanzarote:
El PIL ha decidido denunciar y “descubrir las mentiras del presidente del Cabildo, Pedro San Ginés”, con respecto a la situación de Inalsa. El presidente del PIL, Fabián Martín, y el consejero Ramón Bermúdez, han ofrecido este viernes una rueda de prensa en la que han trasladado “lo que no contó el presidente” en la comparecencia en la que presentó a los medios de comunicación el inicio de la privatización de la empresa de aguas.
Para mostrar las “mentiras” del presidente del Cabildo, el PIL ha mostrado una carta que San Ginés envió a los trabajadores de Inalsa, antes de las elecciones, cuando era candidato a la Presidencia del Cabildo. En ella, San Ginés les trasladaba su “firme determinación de solventar en la próxima legislatura la situación económica” de Inalsa y aseguraba que esta solución se abordaría “desde el ámbito de lo público”. “La producción y distribución del agua es un servicio esencial para los ciudadanos, que debe estar garantizado en el ámbito de lo público”, insistía en su carta el ahora presidente del Cabildo.
Pese a estas palabras, el pasado viernes día 2 se publicó en el Boletín Oficial de Las Palmas (BOP) la licitación para el contrato de gestión del servicio público, mediante la concesión de los servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y reutilización en la isla de Lanzarote.
El PIL ha denunciado que la situación de Inalsa se podría haber arreglado “hace cuatro años”, cuando la empresa tenía una deuda de 17,4 millones de euros. “Estaríamos hablando de una empresa pública, saneada y puntera”. Por ello, han criticado que San Ginés quiera poner ahora “arreglo”, cuando “en estos tres últimos años se ha llevado a la empresa a alcanzar una deuda aproximada de 50 millones de euros”.
Pero, además, ha querido hacer hincapié en la futura empresa concesionaria que cogerá las riendas de Inalsa. Así, ha pedido explicaciones de “cómo y a cuanta de quién” se estima que la adjudicataria “facturará el primer año 32 millones de euros y el quinto año 44,2 millones de euros, es decir, 12,2 millones más”. En este sentido, han advertido de que la futura concesionaria “seguirá cobrando en exceso con la facturación cada dos meses”.
Asimismo, ambos políticos han querido hacer referencia a los trabajadores, que serán subrogados. Al respecto, el PIL ha advertido que aunque sean “subrogados” se les podrá aplicar “la legislación laboral vigente” y ha insistido en que “el coste de personal, aunque lo asumirá la concesionaria, repercutirá en el servicio”.
Alternativa Ciudadana ha presentado este jueves ante el Consorcio del agua un recurso de reposición para anular el acuerdo por el que se inició el proceso de privatización del ciclo integral del agua.
Paralelamente ha impugnado ante la mesa de contratación del Cabildo los pliegos de condiciones del concurso. Considera que ambas cosas son “anulables”, según ha señalado en rueda de prensa el consejero del Cabildo por esta formación, Ginés Quintana.
Los dos recursos están basados en ocho argumentos para intentar paralizar el proceso. El primero de ellos es que, según Alternativa, se han vulnerado los principios de igualdad de trato, transparencia y proporcionalidad al ceder la redacción de los pliegos a una empresa privada, que no garantiza que vaya a haber igualdad de trato para todas las empresas que se presenten.
Quintana considera que la encargada de redactar los pliegos ha hecho un “copìa y pega” de otros pliegos presentados a otros concursos, ya que se ha tenido que corregir el error de que los pliegos se debían publicar en el Boletín Oficial de Castilla y León y no en el de Canarias.
También creen que los pliegos con incompatibles con el Plan Insular de Ordenación de Lanzarote, en el que se recoge que el Consorcio deberá asumir a medio plazo la gestión del agua; y que también son incompatibles con los estatutos del Consorcio porque no se contempla la posibilidad de que éste pueda dar concesiones sin un acuerdo previo que modifique los estatutos.
Por otro lado, Alternativa considera que el Consorcio solapa las competencias del Consejo Insular de aguas, que es quien debería haber autorizado el concurso; y que hay duplicidad de concesiones ya que se debían haber rescatado las competencias de Inalsa o disolverla antes de poner en marcha la concesión.
Alternativa cree que tampoco existe un informe previo sobre la idoneidad y la necesidad del contrato que explique con precisión los motivos de dicho concurso; y que se está incumpliendo en los pliegos la condición de subrogar al personal de Inalsa por que no se da toda la información sobre la plantilla, así como que no se va a subrogar a la plantilla de la empresa Fontanería Lemes, que también es una subcontrata de Inalsa, como Aguas Filtradas.
Por último, la formación asamblearia considera que los pliegos son anticonstitucionales porque en ellos se prima en una cláusula la contratación de personas que residan en Lanzarote, cuando “eso es demagogia”, según Quintana, porque no se puede discriminar a nadie por razón de su nacimiento o lugar de residencia.
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