Según diariodelanzarote.com:
La empresa promotora de la urbanización de La Bufona, Brisa Inversiones, ha eludido el pago de más de 700.000 euros al Ayuntamiento de Arrecife como compensación por no haber cedido el 10 por ciento del aprovechamiento urbanístico de la zona gracias a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
Por ley, cuando se desarrolla una nueva urbanización, los promotores deben ceder una décima parte del aprovechamiento del suelo al Ayuntamiento. En el caso de La Bufona, existe la obligación desde 1981, cuando se aprueba el primer plan parcial que ordenaba su desarrollo, pero nunca se llegó a cumplir.
La primera reclamación del Ayuntamiento capitalino llega en el año 2003. La respuesta que obtiene es que es imposible llevar a cabo la cesión material del suelo porque la promotora había “hecho suyos los terrenos que debía ceder al Ayuntamiento” y no quedaba suelo disponible.
Es entonces cuando el Consistorio plantea que se le abone una compensación económica. Salvo en un detalle, la inclusión en la valoración del suelo que debía haber cedido la promotora de una parcela de uso cultural de 270 metros cuadrados, estaba claro el derecho en aquel momento del Ayuntamiento de reclamar 707.000 euros.
Sin embargo, por ahora el Consistorio no va a ver ni un céntimo de euro. Paradójicamente, la promotora esgrimió, en el procedimiento judicial que inició para evitar el pago, la sentencia del Tribunal Supremo que anuló en octubre de 2009 la modificación del planeamiento de La Bufona que fue tenido en cuenta para levantar la urbanización.
El Ayuntamiento de Arrecife se opuso y argumentó que la sentencia del Supremo no tenía “ninguna incidencia” en la reclamación de los 707.000 euros, pero el Tribunal Superior de Justicia ha interpretado que, anulado el planeamiento de la urbanización, anulada la reclamación económica por el suelo que no fue cedido.
Así, el TSJC ha entendido que “habiéndose anulado” el planeamiento que definió “la calificación de algunas zonas” en La Bufona, varía también “el aprovechamiento del sector” que puede reclamar el Ayuntamiento de Arrecife.
“Un plan anulado”, expone la sentencia del TSJC, “desaparece del mundo jurídico y arrastra cualquier acto dictado en ejecución del mismo”. De esta manera, el tribunal deja sin efecto los pasos dados por el Ayuntamiento para percibir al menos una indemnización económica por no haber recibido ni un metro cuadrado en La Bufona.
En el procedimiento judicial se pudo apreciar cómo
Brisa Inversiones hizo todo lo posible para evitar el pago, algo que casualmente ha conseguido gracias a la anulación del planeamiento, debido a que se omitió el informe preceptivo de la Consejería de Obras Públicas sobre cómo afectaba la urbanización a la carretera LZ-2 y el acceso a la misma.
Como mal menor, Brisa Inversiones presentó una valoración alternativa de la
consultora Tinsa en la que se reducía el importe de la indemnización a 95.500 euros. Un informe que en el procedimiento judicial fue descalificado por tomar como base la situación de los terrenos hace tres décadas.
Pero fue más allá e incluso argumentó que eran suyos los terrenos que le tocaban al Ayuntamiento en la urbanización al haberlos adquirido por usucapión, es decir, por el transcurso del tiempo. Aunque el Ayuntamiento tardó 22 años en reclamar el suelo, esta figura legal no se podría haber ejercido hasta pasados 30 años.
Brisa Inversiones también planteó en el procedimiento que, en todo caso, el Ayuntamiento debía reclamar “a todos los propietarios adquirentes de las edificaciones” construidas, argumento que no se consideró “en modo alguno admisible”.
En 2007, el Ayuntamiento rechaza las alegaciones de Brisa para no pagar, en octubre de 2009 se anula la modificación del plan parcial, en enero de 2010 el Juzgado dicta sentencia y ahora el Tribunal Superior de Justicia anula la reclamación económica.