Fuente canariasahora.com:
Playa Blanca era un pueblito de pescadores en el sur de Lanzarote y ahora es una de las tres localidades turísticas de la Isla, con 20.000 plazas hoteleras. Pertenece al municipio de Yaiza, que en 1996 tenía 3.300 habitantes y hoy tiene cuatro veces más. Aquel año se aupó a la alcaldía José Francisco Reyes, entonces pastor de cabras además de taxista y hoy a la espera de sentarse en el banquillo para afrontar la petición de 25 años de cárcel por conceder licencias urbanísticas ilegales de 1998 a 2008 y disponer de un patrimonio cercano al millón de euros localizado por la Policía que no ha sabido explicar de dónde ha salido.
A la entrada del pueblo, a la izquierda, hay una parcela con unas vallas que se llama Costa Roja.
En ese suelo, el abogado y empresario Luis Lleó pretendía construir 1.000 viviendas y 200 garajes. Reyes le dio la licencia pero el Cabildo de Lanzarote ordenó paralizar la obra.
Después de varios intentos de legalización, el empresario parece que optó por la vía más rápida, más sencilla y más habitual. A través de Fernando Becerra, un intermediario, le ofreció a Carlos Espino, secretario insular del PSOE, consejero del Cabildo y firmante de una querella por ese proyecto, una suculenta comisión para desbloquear el asunto, pero el dirigente socialista denunció ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que se lo tomó en serio.
La UCO pinchos los teléfonos y, además, grabó durante un año las conversaciones entre Espino y Becerra, hermano de un ex consejero del Gobierno de Canarias (del Partido Nacionalista de Lanzarote, la misma fuerza que el alcalde) y de un concejal de Arrecife (en este caso de otra formación, el PIL). Así, y bajo el mando del juez César Romero Pamparacuatro, comenzaba la operación Unión, que se mantuvo un año en secreto y que se salió a la luz el 25 de de mayo de 2009, con 25 detenciones en tres días y las intervenciones en los ayuntamientos de Yaiza y Arrecife.
Lo que empezó por un soborno, gracias a los pinchazos telefónicos y a otra denuncia que se sumó siete meses después, acabó como
el mayor caso de corrupción de Canarias, que hoy tiene cien imputados, más de una docena de piezas separadas y aglutina todos los delitos del Código Penal dedicados a la corrupción: hay comisiones urbanísticas, tráficos de influencias, concursos públicos amañados, construcciones en suelo rústico, sobornos, pago de comisiones para adjudicar obras, pago de comisiones para cobrar deudas pendientes y varias formas de malversación.Están imputados gran parte de los empresarios más relevantes de la Isla, algunos otros de fuera, cinco directivos de Urbaser, el marido de Alexia de Grecia, el ex director de la cárcel, funcionarios, abogados y políticos de casi todos los partidos.
Cuando se inció la investigación, la UCO tonó "medidas de reserva y discreción especialmente rigurosas" y los agentes se trasladaron a la Isla sin armas y ni avisar a sus compañeros. El juez hizo lo mismo y tramitó todo desde su ordenador personal, fuera del sistema informático de la Consejería, porque Lanzarote es un sitio pequeño, con muchas relaciones de amistad y parentesco, entre otros motivos.
No sirvió de mucho. Cinco años después nadie ha llegado a juicio y la instrucción, con mas de 30.000 folios, ha sido un calvario. El juez pidió un refuerzo en el año 2009 pero no se lo dieron. En 2010 se trasladó a Tenerife pero quiso seguir con el caso en comisión de servicios. Le concedieron tres meses, sin relevarle de sus otras funciones, y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le denegó la prórroga a pesar de que había seis informes que la aconsejaban. La actual juez, que se dedica exclusivamente al caso, es la quinta que se ha hecho cargo de la instrucción.
En el caso se investigó, pero se archivó, la participación de un teniente coronel de la Guardia Civil en el soplo a una de las detenidas, la ex alcaldesa de Arrecife, Isabel Déniz, hermana de la entonces Viceconsejera de Justicia del Gobierno canario, Carolina Déniz, que sabía que la iban a detener. Ahora el juez Pamparacuatro ha puesto una denuncia que revela que han desaparecido del sumario al menos 21 autos y varias grabaciones originales.
La defensa de algunos imputados sostiene, sin embargo, que el juez ordenaba detenciones y registros, y después elaboraba las órdenes. Ni la Fiscalía ni la Audiencia provincial dan ningún crédito a esta teoría, pero con la ayuda inestimable de varios medios de comunicación están sembrando la sospecha de que incluso se falsearon pruebas y han anunciado una "macroquerella" contra el juez y la UCO.
Hace un mes, la Audiencia de Las Palmas decidió, con el apoyo de la Fiscalía, anular las órdenes de registro de las oficinas de Luis Lleó porque en los autos se hacía mención a otro de los detenidos durante esos días, un error material que se podía haber subsanado. Esto no afecta, en teoría, al juicio, pero con esa anulación se invalidan todas las pruebas obtenidas por la UCO en ese registro, entre ellas un extenso informe de la Guardia Civil, elaborado en base a correos electrónicos, que revelaba que
a Lléo le asesoraban dos letrados del Tribunal Constitucional, Ignacio Sánchez Yllera y Ángel Aguallo, mientras ejercían un cargo que es incompatible con el asesoramiento fiscal.
Yllera fue juez en Lanzarote y jefe de gabinete de Teresa Fernández de la Vega. Aguallo es desde marzo de 2008 magistrado de sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo. Ambos, según ese informe, asesoraron a Lleó para ahorrarse impuestos, precisamente de la sociedad Costa Roja, la promotora de la urbanización de las 1.000 viviendas. Lo que buscaban era convertir Costa Roja en sociedad patrimonial para ahorrarse 1,7 millones, hacer una ampliación de capital en favor de la mujer de Lleó y de su socio y después disolverla. Y eso es exactamente lo que hizo el empresario.
Entre 2006 y 2008, tanto Yllera como Aguallo y el inspector de tributos del Ayuntamiento de Sevilla, Ignacio Pérez Royo, mantienen una correspondencia fluida con Lleó y sus abogados, principalmente con Manuel Matamoros, utilizando sus cuentas de correo del Tribunal Constitucional. En ese tiempo, mientras los dos letrados prestaban sus servicios a Lleó, el Cabildo denunció el proyecto de urbanización y se inició un proceso penal por la concesión de la licencia.
El informe también revela que el bufete EJP, el mismo que contrató a Jaume Matas y del que es socio el antiguo vocal del CGPJ Enrique Arnaldo Alcubilla, elaboró un informe a la carta que avalaba la licencia a Costa Roja. El informe fue encargado por Lleó pero lo pagó el Ayuntamiento. El arquitecto que hizo el proyecto de esa urbanización también llegó a denunciar que el promotor había pagado una comisión de tres millones de euros para conseguir la licencia.
El 19 de marzo de 2008, sólo seis días después del nombramiento de Aguallo como magistrado del Supremo, Lleó envía a su secretaria el siguiente correo, que lleva como asunto "facturas Aguallo y Pérez Royo": "Para resolver definitivamente de momento me dicen que no incluyamos en ningún modelo ni 347 ni 190 las facturas y las destruyamos físicamente y ya nos darán instrucciones".
Por otro lado, Yllera envía un correo a Lleó ese mismo mes, unas semanas antes de que se iniciara el intento de soborno a Carlos Espino en el que le dice: "Cuantos más amigos tengan a Espino como enemigo mejor para ti y para el futuro" y añade, según la UCO, que deje "que muerda el anzuelo".
El informe de la UCO, que ya no tiene validez jurídica, dice sobre el asesoramiento de los dos letrados que "no se puede obviar la posible participación en las presuntas irregularidades cometidas desde el punto de vista fiscal por Residencial Costa Roja (...), por lo cual pudieran haber cometido ilícitos penales de naturaleza fiscal al realizar operaciones, tanto contables como instrumentales, que pudieran derivar en defraudación de impuestos a la Hacienda Estatal".
Entre la documentación incautada figura una transferencia realizada por Lleó a Aguallo de 75.000 euros (la mitad de sus honorarios, según revela el informe) y un contrato de una opción de compra de una vivienda para Sánchez Yllera, así como la reserva de una oficina en el edificio La Marina de Naos.
En su denuncia por la desaparición de los autos del sumario, el juez Pamparacuatro se queja de que los órganos políticos y el CGPJ "no adoptaron las medidas necesarias para garantizar la buena marcha de una investigación judicial de gran envergadura relacionada con la corrupción". El juez pone de manifiesto que Sánchez Yllera y Francisco Caamaño estuvieron al mismo tiempo a las órdenes de De la Vega, uno como jefe de gabinete y otro como secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
Finalmente, Caamaño ascendió a ministro de Justicia y lo era cuando ese mismo Ministerio denegó el refuerzo que había pedido el juez y había aprobado el Poder Judicial para acelerar el caso. El Ministerio no le dio el apoyo alegando que no se estaba justificaba la «excepcional carga de trabajo» que conllevaba la instrucción.