Fuente canariasahora.com:
Al Ministerio de Fomento le tocaba mojarse, y nunca mejor dicho, emitiendo deprisa y corriendo, el pasado día 12, una resolución firmada por el director general de la Marina Mercante que establecía una "zona de exclusión a la navegación y la pesca de una milla de radio (…) donde se ubica el sondeo exploratorio Sandia-1X que será realizado por el buque perforador Rowan Renaissance, por un periodo de 60 días a contar desde el día de la fecha de esta resolución". Y como la resolución es de Fomento, a Fomento le ha tocado el marrón de abrir expediente administrativo a Greenpeace por haber entrado en esa zona de exclusión el pasado sábado para celebrar allí uno de sus tradicionales actos de protesta. El Arctic Sunrise, de la organización ecologista, había tomado posición en la zona 48 horas antes de que llegara la flota de Repsol, compuesta por el Rowan, dos barcos de apoyo logístico y, cómo no, una patrullera de la Armada española. Cuando esa expedición llegó a las doce de la noche del viernes, allí no estaban más que los ecologistas, los delfines y las tortugas, "que había a mogollón", relata uno de los presentes. Las escaramuzas ya las conocen ustedes: tres botes de Greenpeace se echaron a la mar con la intención de hacer su protesta (colocar en el barco alquilado por Repsol una pancarta contra las prospecciones), y dos Zodiacs de la Armada los embistieron de manera tan violenta que provocaron las heridas de una de las activistas y daños a las lanchas de la organización. Pero Fomento no entra en el acto de piratería que el Gobierno quiere atribuir a Greenpeace, sino en la violación de esa zona de exclusión. Va a haber recurso, nos tememos, porque parece muy discutible que se puedan decretar esas restricciones en aguas internacionales, y mucho menos que un buque de guerra español pueda actuar como lo hizo en esa jurisdicción, custodiando a un barco privado y atacando como lo hizo a otros barcos privados, sostienen desde la organización internacional.
El incidente tiene su miga, no se vayan a creer, porque a las cuestiones puramente administrativas sobre zonas de exclusión en aguas internacionales, muy alejadas de las 12 millas de jurisdicción española, se une lo que Greenpeace considera un asalto de tropas de la Armada, lo que ya ha activado a abogados españoles y holandeses, bajo cuyo pabellón navega el Arctic Sunrise. Sin contar lo que pueda hacer el capitán, de nacionalidad americana, que seguramente tendrá mucho que decir sobre lo que ocurrió en aquellas horas previas a las embestidas y sobre los incidentes posteriores. La prensa del Movimiento ha relatado una secuencia de hechos que los ecologistas desmienten, como que el capitán del Artic Sunrise desoyera durante ¡ocho horas! las advertencias de la patrullera de alejarse de la zona de exclusión. Cierto que la Relámpago advirtió de que allí no podían estar, a lo que desde el buque ecologista se le contestó que de eso nada, que aquella no era zona de exclusión por incompetencia legal de España para fijarla, en base al Derecho del Mar. Lo que sí hizo el capitán fue avisar al del barco contratado por Repsol de que iban a ejecutar una "protesta pacífica" que no incluía asaltar el barco. La intervención desmesurada de la Armada dio el resultado que todo el planeta ha podido ver.
Como ocurre cada vez que algo puede perturbar al Gobierno de España en su paso firme hacia el precipicio, la prensa de la derecha se ha lanzado a todo tipo de elucubraciones y disparates. Algunos de ellos han sido propiciados por las versiones lanzadas por el Ministerio de Defensa, que creyó que dando la primera versión de los hechos, como quien toma la cabeza de playa, ya tenía ganada la batalla contra la verdad. Si primero se dijo que la activista italiana herida lo fue por la hélice de una de las lanchas de Greenpeace, que para estas escaramuzas utiliza –según su versión- motores jet, lo siguiente ha sido acusarla de llevar arneses, ¡arneses!, esa arma de destrucción masiva patentada por los movimientos ecologistas mundiales. Y un arpón, claro, porque los marines vieron un arpón en uno de los botes, lo que seguramente tenga más que ver con un gancho para colgar pancartas que con uno de esos peligrosos instrumentos que se utilizan, por ejemplo, para la pesca de la ballena, una de las campañas que más prestigio han dado a la organización ecologista. Tras las tensiones del primer momento y las investigaciones que se han podido hacer, cabe incluso la posibilidad de que la activista herida no sufriera el corte de una hélice y que su rotura de tibia abierta puede tener directa relación con uno de los impactos de la Armada sobre las embarcaciones –y sus tripulantes- de Greenpeace. Defensa había lanzado su primera versión, edulcorada y enriquecida con el rescate que uno de sus efectivos hizo de la activista. Greenpeace tuvo que esperar a avisar a sus familiares (y a los familiares de los otros dos heridos) antes de publicar su versión y, lo que fue verdaderamente demoledor, sus vídeos.
En la vertiente penal, Greenpeace se enfrenta a la maquinaria del Gobierno del PP, que le quiere endilgar un posible delito de piratería en grado de tentativa, previsto en el Código Penal y castigado con penas de entre diez y quince años. Pero veamos en qué consiste tal delito: "El que con violencia, intimidación o engaño, se apodere, dañe o destruya una aeronave, buque u otro tipo de embarcación o plataforma en el mar, o bien atente contra las personas, cargamento o bienes que se hallaren a bordo de las mismas, será castigado como reo del delito de piratería con la pena de prisión de diez a quince años". Si, como sostiene Greenpeace, se avisó por radio, con roger (recibido, copiado) del capitán del Rowan Renaissance, de que la acción era pacífica y sin intención de asaltar al buque de Repsol, y teniendo en cuenta que en los 40 años de esa organización no consta ninguna acción con ribetes de "violencia, intimidación o engaño", y mucho menos de asalto, daño o destrucción de un buque, ni tampoco ningún atentado contra tripulaciones, lo de la piratería suena una vez más a desmesura gubernamental.
En lo que todos esos extremos se dilucidan, ya tenemos al barco de Soria haciendo sus sondeos en aguas de las Islas Canarias. Y de momento, al menos que haya trascendido por el conducto reglamentario, nada se sabe de las 400, 500, 3.500, 5.000 o 55.000 (esta cifra se llegó a publicar) contrataciones anunciadas por la compañía del compadre Repsol. Ninguno de los tres buques de apoyo que acompañan al de los sondeos tienen bandera española, ni tripulación española. El Troms Artemis, aunque el nombre pueda prestarse a sospechas canariedad, es de bandera noruega, y el Esvagt Don, de bandera danesa. El Rowan Renaissance navega bajo pabellón de las Islas Marshall, lo que reduce cualquier atisbo de empleo español a la tripulación (y no toda) de la patrullera Relámpago. Algo es algo.
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