FORO SOBRE LANZAROTE

Según La Voz de Lanzarote:

El Gobierno de Canarias ha condedido una ayuda directa de más de 2,45 millones de euros a la promotora del hotel ilegal Sandos Papagayo (antes Papagayo Arena) de Playa Blanca, que continúa abierto al público y alojando turistas a pesar de no tener ninguna licencia para ello. Así lo ha adelantado el digital Canarias Ahora y lo ha podido corroborar La Voz.



Estas ayudas corresponden a la línea Covid de ayudas directas para personas autónomas y empresas, que fueron lanzadas por el anterior grupo de Gobierno de Canarias, formado por los partidos del Pacto de Las Flores, a través del Decreto Ley 16/2021.

Esta subvención que asciende a 2.452.630,49 euros fue otorgada el pasado diciembre de 2023 a la entidad Papagayo Arena SL, tras estimarse un recurso administrativo presentado por la mercantil, que había quedado inicialmente en la lista de reserva.

Estas ayudas buscaban mitigar las consecuencias del cero turístico durante el periodo más duro de la pandemia por coronavirus. El Ejecutivo canario, ahora liderado por Coalición Canaria y el Partido Popular, aceptó el recurso presentado por Papagayo Arena SL y otorgó la cantidad exacta que la mercantil había solicitado, siendo de las más cuantiosas.

La mercantil Papagayo Arena SL es propietaria del hotel ilegal Sandos Papagayos de Playa Blanca, uno de los casos urbanísticos más polémicos de la isla. El establecimiento turístico es uno de los 22 hoteles que vieron declaradas nulas sus licencias en Lanzarote y uno de los tres que no han podido legalizar aún su situación.

En concreto, su licencia fue declarada nula por la Justicia en 2007 por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por cometer infracciones urbanísticas graves. Luego, en 2016 fue declarada delictiva por la Audiencia Provincial de Las Palmas, que condenó al entonces alcalde de Yaiza José Francisco Reyes a seis años de cárcel e inhabilitación y decretó el embargo de todos sus bienes.

En la actualidad, el Consejo de Gobierno del Cabildo de Lanzarote, encabezado por Coalición Canaria y el Partido Popular, aprobó este agosto el inicio del expediente para autorizar la clasificación turística del hotel. El consistorio de Yaiza advirtió entonces que esa aprobación está sujeta a que se obtenga la licencia urbanística y la autorización preceptiva de Costas.

Mientras tanto, la Dirección General de la Costa y el Mar publicó el pasado 8 de julio su deslinde definitivo en Playa Blanca y determinó que la zona de protección del Plan Parcial de Las Coloradas, sobre el que se encuentra el hotel, ocupa una anchura de 100 metros, por lo que la mayor parte del establecimiento queda dentro de la nueva servidumbre de protección.

El hotel ilegal ocupa un vial de acceso público a la playa de Las Coloradas, se excede de la altura permitida y en plantas construidas, así como el número de plazas alojativas.

Según Diario de Lanzarote:

El Grupo Socialista en el Cabildo de Lanzarote ha registrado en este jueves un recurso de reposición contra la autorización turística concedida por el Consejo de Gobierno Insular al Hotel Papagayo el pasado mes de agosto.



La secretaria insular del PSOE de Lanzarote y consejera insular, Loli Corujo, ha acusado a Oswaldo Betancort y su grupo de “mentir de manera deliberada” al “tratar de escudarse en una sentencia judicial para justificar la decisión del gobierno insular”.

"La sentencia dice lo que dice y en ningún caso obliga al Cabildo a conceder esa autorización", ha explicado la consejera, que ha criticado con dureza ese “burdo intento” de convertir en una supuesta obligación de carácter legal lo que “no es más que una nueva demostración de la tradicional sumisión de Oswaldo Betancort a los intereses de los promotores, como ya demostró como alcalde de Teguise”, señalan los socialistas.

Corujo ha explicado que la autorización concedida “atenta frontalmente” contra la legislación turística, en contra de lo afirmado por Betancort: "La propia legislación sectorial exige, como requisito inexcusable, el haber finalizado las obras de urbanización y el Cabildo es conocedor de que la urbanización no podrá finalizarse hasta que se demuela lo construido ilegalmente sobre el vial público ocupado por el hotel".

Para la responsable socialista resulta “extremadamente grave” que el propio Ayuntamiento de Yaiza haya informado al Cabildo de que la mayor parte del hotel está afectada por la Ley de Costas y, a pesar de ello, “se haya concedido la autorización”.

"Oswaldo Betancort se escuda en que se trata tan solo de un trámite previo, cuando lo cierto es que la autorización concedida por su gobierno ha permitido la inscripción en el registro oficial de un hotel que ocupa, de manera ilegal, la zona protegida por Costas", ha denunciado.

La responsable socialista ha explicado que este recurso de reposición es el primer paso de la ofensiva jurídica que ha dado el PSOE de Lanzarote. "Recurriremos a cuántas acciones estén a nuestro alcance para conseguir que se anule este auténtico atentado contra nuestro modelo turístico".

Vídeo Lancelot Digital:

Según Lancelot Digital:

Por primera vez desde que se produjo la polémica del Hotel Papagayo Arenas representantes de la propiedad hablan, de manera exhaustiva, de lo que ellos consideran “una persecución del PSOE que ralla el ilícito penal”. La propiedad del Papagayo aclara que nunca ha habido una orden de demolición contra el Hotel como presumen los socialistas, ni se puede hablar de restituir la legalidad urbanística alterada mientras no se culminen los trámites de los procedimientos de le legalización. Javier Seguí denuncia el doble rasero que aplican los socialistas donde defienden los hoteles construidos en el dominio público en Fuerteventura y en cambio exigen el derribo de un hotel que, en cualquier caso, si se llegara a tirar, se podría construir otro parecido en las parcelas actuales ya que tienen uso hotelero. Todo ello, sin entrar en las varias centenas de familias de trabajadores que se verían afectadas si se cerrara ese establecimiento, señalan.



-¿Ustedes tienen todavía esperanzas de "SALVAR" el hotel del derribo como pide el PSOE de manera insistente?

-Sí, sin duda. No existe ninguna resolución judicial que ordene el derribo, ni la restitución de la legalidad urbanística, en el Hotel Papagayo Arena, a pesar de que el PSOE venga pidiendo insistentemente su demolición en un claro ejercicio de irresponsabilidad de su parte. No podemos olvidar que esto no solo afecta a la empresa sino a cientos de trabajadores que dependen del hotel.



-Pero, ya el PSOE en la época de gobierno de Dolores Corujo, insistía en que es la sentencia del Tribunal Supremo la que exige el derribo.

-Hay unas sentencias que anulan unas licencias otorgadas por el Ayuntamiento. El Hotel se construye legalmente con unas licencias en vigor y, con posterioridad, son anuladas. Pero ninguna sentencia determina los efectos de la anulación de esas licencias. Eso se tiene que hacer luego en un procedimiento de ejecución donde lo esencial, y el Tribunal Superior de Justicia se ha pronunciado al respecto en cuatro ocasiones, es que no cabe hablar de restitución de la legalidad urbanística mientras no se tramite los procedimientos de legalización, que es lo que está haciendo la empresa.



-¿Pero, entonces, jurídica y administrativamente, cual es la situación del hotel en estos momentos?

-Estamos tramitando un procedimiento de legalización y de obtención de la licencia previa turística ante el Cabildo que ha sido recientemente otorgada.



- El Ayuntamiento está dispuesto a buscar una solución dentro de la Ley. ¿Es posible?

-Por supuesto. El hotel cumple con todos los parámetros urbanísticos. No es cierto que incumpla con la altura y la ocupación. El Ayuntamiento está tramitando el proyecto de legalización, pero necesitaba la licencia previa turística. No podía continuar sin ella, y eso dependía del Cabildo.



- El alcalde dice que esa legalización pasaría por el derribo de parte del hotel, sobre todo el paso a la playa cuando se unieron las dos parcelas.

-Entendemos que podría ser compatible la demolición de una parte, pero no olvidemos que hay un informe de Costas de 2014, que se dictó dos días antes de aprobarse el Plan General Supletorio, que aprobaba el desvío de ese acceso al mar y que no sólo lo aprobaba si no que ordenaba que se incorporara al Plan General, no se hizo porque llegó dos días antes de la aprobación del plan supletorio.



- Entonces, ¿Ahora están negociando la solución?

-Estamos continuando la tramitación del procedimiento de legalización siguiendo los parámetros que marca el Ayuntamiento de Yaiza.



-¿Y consta la posibilidad del derribo?

-Ahora mismo constan diferentes derribos, de una parte, del torreón, del acceso final al mar y es lo que se está tramitando.



- La realidad es que cada vez se le complica más las cosas al hotel con el nuevo deslinde de Costas de 100 metros.

-Eso pone fuera de juego a gran parte de la costa de Yaiza. Nosotros hemos recurrido ese tema en reposición y aún no se ha resuelto. También lo recurrirá la comunidad autónoma, el Ayuntamiento de Yaiza y cientos de empresas afectadas, entre ellos, nosotros.


-En el caso de que no se llegase a un acuerdo, ¿ustedes podrían, en el peor de los casos derribarlo y luego podría construir allí otro hotel?

-En el peor de los casos, lógicamente podríamos. Aquellos es un solar edificable y siempre y cuando el deslinde de costa siga en 20 metros y no en 100, se podría construir un nuevo hotel. Es deslinde supone que todos los hoteles afectados quedarían fuera de ordenación, eso no significa que hubiera que tirarlos, que lo que significa es que no se podría realizar ninguna obra que impliquen un aumento de valor. En la práctica, eso sería muy problemático.



- Por cierto, ¿cómo pudieron conseguir la licencia de activad turística del Cabildo con una licencia de construcción anulada en los tribunales?

-La licencia es previa a la edificación del hotel. El Cabildo se pronuncia sobre si ese proyecto cumple o no los parámetros turísticos, no los urbanísticos. Ellos otorgan la licencia turística a efectos turísticos, luego podría quedar en nada si el ayuntamiento no nos da la licencia urbanística.


- El PSOE ha dicho que el Cabildo no tenía que haber dado nunca esa licencia previa actividad turística y la han recurrido...

-Ellos, el PSOE, no se pronunciaron. Estuvo cuatro años sin resolver el expediente y llegaron a cambiar incluso al jefe de servicio de su puesto para no tener que resolver ese expediente. Y eso es precisamente lo que le criticó el TSJ en la sentencia de 2023, señalando que tendrían que haberlo resuelto, positiva o negativa, y sobre todo dejar de decir que el hotel era ilegalizable porque el Cabildo no tiene competencias urbanísticas, solo turísticas.


-¿La actual administración de Oswaldo Betancort estaba entonces obligada a emitir un informe?

-Estaba obligada a resolver el expediente favorable o desfavorablemente. Pero como el proyecto cumple con los requisitos turísticos como dicen los informes técnicos no tienen otra salida que dar un informe positivo, de lo contrario podrían hasta prevaricar.



- ¿El PSOE ha recurrido la licencia turística otorgada por el Cabildo?

Sí ha recurrido y dice que “recurrirá, cuantas acciones estén a su alcance, para que se anule este atentado contra nuestro modelo turístico”, señalan los socialista lanzaroteños. A mí me gustaría saber cuál es ese modelo turístico. ¿Es el de los hoteles RIU de Fuerteventura, en Corralejo, que ellos han defendido a capa y espada? ¿O el del hotel con 1.400 habitaciones que han autorizado a escasos cien metros de nuestro hotel? ¿Qué pasa? ¿Lo nuestro es un atentado y lo otros premios nacionales de arquitectura? Yo creo que el PSOE está actuando con una manifiesta arbitrariedad que, en algunos casos, roza un ilícito penal porque la persecución que está llevando a cabo contra esta empresa está lejos de lo que debería ser la actuación de una administración pública con verdaderos principios que deben regir su modo de obrar.

- Parece que el PSOE de Lanzarote no parará hasta que no vea el hotel en el suelo…

-Nosotros tampoco vamos a tirar la toalla. Recurriremos ante los tribunales cualquier acto que creamos que afecta a la legalidad.



-¿Por qué creen que los socialistas aplican este doble rasero?

-No lo entendemos. Nuestro hotel no está en la arena, como los de Fuerteventura,hoteles que ocupa una servidumbre de acceso al mar, y no tiene sentido que el Psoe diga que no se derribe, pero nosotros tengamos que derribarlo a toda costa. Usando además abogados escogidos a dedo, que cobran minutas millonarias, procedentes de fondos públicos.



- ¿Ha podido hablar la propiedad con el PSOE de Lanzarote, de Canarias o de Madrid?

- Sí mantuvimos una reunión en el año 2017 con el Cabildo donde lo primero que se nos dijo fue que el hotel debería estar demolido desde hacía muchos años. Ante ese planteamiento, abandonamos la reunión.



-¿Cree que existe algún motivo político?

-No lo sabemos. No entendemos si nos han tomado como una bandera para defender algo que no comprendemos. No tiene sentido que Ángel Víctor Torres haya hecho declaraciones públicas defendiendo a los empleados del Hotel Riu, cosa que por otra parte nos parece acertadísimo, y a las más de 600 familias directa e indirectamente que dependen del hotel Papagayo en la isla, no solo no se les defiende, sino que se les ataca constantemente.



-¿Cómo creen que va a terminar este lío?

-De momento, el Plan General de Yaiza está anulado, en todo lo que suponga el dominio público marítimo terrestre y pendiente de una sentencia del Tribunal Supremo que puede suponer la anulación completa de todo el Plan General. El Ayuntamiento de Yaiza tendría que empezar un nuevo Plan General, donde esperamos que se contemple ese desvío de los accesos al mar tal y como fueron informados por Costas en 2014, y esperemos que comience a regir la cordialidad y el sentido común, y los hoteles que puedan ser legalizados, se legalicen. Y que se deje tranquila a una empresa, que lo único que está haciendo es trabajar.



-¿La propiedad pedirá indemnización en el caso de que se vea obligado a derribar el hotel?

-Esperemos que no llegue el caso, pero si finalmente nos vemos obligados a derribarlo, vamos a solicitar una indemnización por daños y perjuicios que podrían alcanzar la cifra de casi 50 millones de euros. Insistimos, esperemos que no sea necesario llegar a esa situación por el bien de todos, los trabajadores, Yaiza y la empresa.

Según Lancelot Digital: