FORO SOBRE LANZAROTE

Según La Voz de Lanzarote:

El Gobierno de Canarias ha condedido una ayuda directa de más de 2,45 millones de euros a la promotora del hotel ilegal Sandos Papagayo (antes Papagayo Arena) de Playa Blanca, que continúa abierto al público y alojando turistas a pesar de no tener ninguna licencia para ello. Así lo ha adelantado el digital Canarias Ahora y lo ha podido corroborar La Voz.



Estas ayudas corresponden a la línea Covid de ayudas directas para personas autónomas y empresas, que fueron lanzadas por el anterior grupo de Gobierno de Canarias, formado por los partidos del Pacto de Las Flores, a través del Decreto Ley 16/2021.

Esta subvención que asciende a 2.452.630,49 euros fue otorgada el pasado diciembre de 2023 a la entidad Papagayo Arena SL, tras estimarse un recurso administrativo presentado por la mercantil, que había quedado inicialmente en la lista de reserva.

Estas ayudas buscaban mitigar las consecuencias del cero turístico durante el periodo más duro de la pandemia por coronavirus. El Ejecutivo canario, ahora liderado por Coalición Canaria y el Partido Popular, aceptó el recurso presentado por Papagayo Arena SL y otorgó la cantidad exacta que la mercantil había solicitado, siendo de las más cuantiosas.

La mercantil Papagayo Arena SL es propietaria del hotel ilegal Sandos Papagayos de Playa Blanca, uno de los casos urbanísticos más polémicos de la isla. El establecimiento turístico es uno de los 22 hoteles que vieron declaradas nulas sus licencias en Lanzarote y uno de los tres que no han podido legalizar aún su situación.

En concreto, su licencia fue declarada nula por la Justicia en 2007 por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por cometer infracciones urbanísticas graves. Luego, en 2016 fue declarada delictiva por la Audiencia Provincial de Las Palmas, que condenó al entonces alcalde de Yaiza José Francisco Reyes a seis años de cárcel e inhabilitación y decretó el embargo de todos sus bienes.

En la actualidad, el Consejo de Gobierno del Cabildo de Lanzarote, encabezado por Coalición Canaria y el Partido Popular, aprobó este agosto el inicio del expediente para autorizar la clasificación turística del hotel. El consistorio de Yaiza advirtió entonces que esa aprobación está sujeta a que se obtenga la licencia urbanística y la autorización preceptiva de Costas.

Mientras tanto, la Dirección General de la Costa y el Mar publicó el pasado 8 de julio su deslinde definitivo en Playa Blanca y determinó que la zona de protección del Plan Parcial de Las Coloradas, sobre el que se encuentra el hotel, ocupa una anchura de 100 metros, por lo que la mayor parte del establecimiento queda dentro de la nueva servidumbre de protección.

El hotel ilegal ocupa un vial de acceso público a la playa de Las Coloradas, se excede de la altura permitida y en plantas construidas, así como el número de plazas alojativas.

Según Diario de Lanzarote:

El Grupo Socialista en el Cabildo de Lanzarote ha registrado en este jueves un recurso de reposición contra la autorización turística concedida por el Consejo de Gobierno Insular al Hotel Papagayo el pasado mes de agosto.



La secretaria insular del PSOE de Lanzarote y consejera insular, Loli Corujo, ha acusado a Oswaldo Betancort y su grupo de “mentir de manera deliberada” al “tratar de escudarse en una sentencia judicial para justificar la decisión del gobierno insular”.

"La sentencia dice lo que dice y en ningún caso obliga al Cabildo a conceder esa autorización", ha explicado la consejera, que ha criticado con dureza ese “burdo intento” de convertir en una supuesta obligación de carácter legal lo que “no es más que una nueva demostración de la tradicional sumisión de Oswaldo Betancort a los intereses de los promotores, como ya demostró como alcalde de Teguise”, señalan los socialistas.

Corujo ha explicado que la autorización concedida “atenta frontalmente” contra la legislación turística, en contra de lo afirmado por Betancort: "La propia legislación sectorial exige, como requisito inexcusable, el haber finalizado las obras de urbanización y el Cabildo es conocedor de que la urbanización no podrá finalizarse hasta que se demuela lo construido ilegalmente sobre el vial público ocupado por el hotel".

Para la responsable socialista resulta “extremadamente grave” que el propio Ayuntamiento de Yaiza haya informado al Cabildo de que la mayor parte del hotel está afectada por la Ley de Costas y, a pesar de ello, “se haya concedido la autorización”.

"Oswaldo Betancort se escuda en que se trata tan solo de un trámite previo, cuando lo cierto es que la autorización concedida por su gobierno ha permitido la inscripción en el registro oficial de un hotel que ocupa, de manera ilegal, la zona protegida por Costas", ha denunciado.

La responsable socialista ha explicado que este recurso de reposición es el primer paso de la ofensiva jurídica que ha dado el PSOE de Lanzarote. "Recurriremos a cuántas acciones estén a nuestro alcance para conseguir que se anule este auténtico atentado contra nuestro modelo turístico".

Vídeo Lancelot Digital:

Según Lancelot Digital:

Por primera vez desde que se produjo la polémica del Hotel Papagayo Arenas representantes de la propiedad hablan, de manera exhaustiva, de lo que ellos consideran “una persecución del PSOE que ralla el ilícito penal”. La propiedad del Papagayo aclara que nunca ha habido una orden de demolición contra el Hotel como presumen los socialistas, ni se puede hablar de restituir la legalidad urbanística alterada mientras no se culminen los trámites de los procedimientos de le legalización. Javier Seguí denuncia el doble rasero que aplican los socialistas donde defienden los hoteles construidos en el dominio público en Fuerteventura y en cambio exigen el derribo de un hotel que, en cualquier caso, si se llegara a tirar, se podría construir otro parecido en las parcelas actuales ya que tienen uso hotelero. Todo ello, sin entrar en las varias centenas de familias de trabajadores que se verían afectadas si se cerrara ese establecimiento, señalan.



-¿Ustedes tienen todavía esperanzas de "SALVAR" el hotel del derribo como pide el PSOE de manera insistente?

-Sí, sin duda. No existe ninguna resolución judicial que ordene el derribo, ni la restitución de la legalidad urbanística, en el Hotel Papagayo Arena, a pesar de que el PSOE venga pidiendo insistentemente su demolición en un claro ejercicio de irresponsabilidad de su parte. No podemos olvidar que esto no solo afecta a la empresa sino a cientos de trabajadores que dependen del hotel.



-Pero, ya el PSOE en la época de gobierno de Dolores Corujo, insistía en que es la sentencia del Tribunal Supremo la que exige el derribo.

-Hay unas sentencias que anulan unas licencias otorgadas por el Ayuntamiento. El Hotel se construye legalmente con unas licencias en vigor y, con posterioridad, son anuladas. Pero ninguna sentencia determina los efectos de la anulación de esas licencias. Eso se tiene que hacer luego en un procedimiento de ejecución donde lo esencial, y el Tribunal Superior de Justicia se ha pronunciado al respecto en cuatro ocasiones, es que no cabe hablar de restitución de la legalidad urbanística mientras no se tramite los procedimientos de legalización, que es lo que está haciendo la empresa.



-¿Pero, entonces, jurídica y administrativamente, cual es la situación del hotel en estos momentos?

-Estamos tramitando un procedimiento de legalización y de obtención de la licencia previa turística ante el Cabildo que ha sido recientemente otorgada.



- El Ayuntamiento está dispuesto a buscar una solución dentro de la Ley. ¿Es posible?

-Por supuesto. El hotel cumple con todos los parámetros urbanísticos. No es cierto que incumpla con la altura y la ocupación. El Ayuntamiento está tramitando el proyecto de legalización, pero necesitaba la licencia previa turística. No podía continuar sin ella, y eso dependía del Cabildo.



- El alcalde dice que esa legalización pasaría por el derribo de parte del hotel, sobre todo el paso a la playa cuando se unieron las dos parcelas.

-Entendemos que podría ser compatible la demolición de una parte, pero no olvidemos que hay un informe de Costas de 2014, que se dictó dos días antes de aprobarse el Plan General Supletorio, que aprobaba el desvío de ese acceso al mar y que no sólo lo aprobaba si no que ordenaba que se incorporara al Plan General, no se hizo porque llegó dos días antes de la aprobación del plan supletorio.



- Entonces, ¿Ahora están negociando la solución?

-Estamos continuando la tramitación del procedimiento de legalización siguiendo los parámetros que marca el Ayuntamiento de Yaiza.



-¿Y consta la posibilidad del derribo?

-Ahora mismo constan diferentes derribos, de una parte, del torreón, del acceso final al mar y es lo que se está tramitando.



- La realidad es que cada vez se le complica más las cosas al hotel con el nuevo deslinde de Costas de 100 metros.

-Eso pone fuera de juego a gran parte de la costa de Yaiza. Nosotros hemos recurrido ese tema en reposición y aún no se ha resuelto. También lo recurrirá la comunidad autónoma, el Ayuntamiento de Yaiza y cientos de empresas afectadas, entre ellos, nosotros.


-En el caso de que no se llegase a un acuerdo, ¿ustedes podrían, en el peor de los casos derribarlo y luego podría construir allí otro hotel?

-En el peor de los casos, lógicamente podríamos. Aquellos es un solar edificable y siempre y cuando el deslinde de costa siga en 20 metros y no en 100, se podría construir un nuevo hotel. Es deslinde supone que todos los hoteles afectados quedarían fuera de ordenación, eso no significa que hubiera que tirarlos, que lo que significa es que no se podría realizar ninguna obra que impliquen un aumento de valor. En la práctica, eso sería muy problemático.



- Por cierto, ¿cómo pudieron conseguir la licencia de activad turística del Cabildo con una licencia de construcción anulada en los tribunales?

-La licencia es previa a la edificación del hotel. El Cabildo se pronuncia sobre si ese proyecto cumple o no los parámetros turísticos, no los urbanísticos. Ellos otorgan la licencia turística a efectos turísticos, luego podría quedar en nada si el ayuntamiento no nos da la licencia urbanística.


- El PSOE ha dicho que el Cabildo no tenía que haber dado nunca esa licencia previa actividad turística y la han recurrido...

-Ellos, el PSOE, no se pronunciaron. Estuvo cuatro años sin resolver el expediente y llegaron a cambiar incluso al jefe de servicio de su puesto para no tener que resolver ese expediente. Y eso es precisamente lo que le criticó el TSJ en la sentencia de 2023, señalando que tendrían que haberlo resuelto, positiva o negativa, y sobre todo dejar de decir que el hotel era ilegalizable porque el Cabildo no tiene competencias urbanísticas, solo turísticas.


-¿La actual administración de Oswaldo Betancort estaba entonces obligada a emitir un informe?

-Estaba obligada a resolver el expediente favorable o desfavorablemente. Pero como el proyecto cumple con los requisitos turísticos como dicen los informes técnicos no tienen otra salida que dar un informe positivo, de lo contrario podrían hasta prevaricar.



- ¿El PSOE ha recurrido la licencia turística otorgada por el Cabildo?

Sí ha recurrido y dice que “recurrirá, cuantas acciones estén a su alcance, para que se anule este atentado contra nuestro modelo turístico”, señalan los socialista lanzaroteños. A mí me gustaría saber cuál es ese modelo turístico. ¿Es el de los hoteles RIU de Fuerteventura, en Corralejo, que ellos han defendido a capa y espada? ¿O el del hotel con 1.400 habitaciones que han autorizado a escasos cien metros de nuestro hotel? ¿Qué pasa? ¿Lo nuestro es un atentado y lo otros premios nacionales de arquitectura? Yo creo que el PSOE está actuando con una manifiesta arbitrariedad que, en algunos casos, roza un ilícito penal porque la persecución que está llevando a cabo contra esta empresa está lejos de lo que debería ser la actuación de una administración pública con verdaderos principios que deben regir su modo de obrar.

- Parece que el PSOE de Lanzarote no parará hasta que no vea el hotel en el suelo…

-Nosotros tampoco vamos a tirar la toalla. Recurriremos ante los tribunales cualquier acto que creamos que afecta a la legalidad.



-¿Por qué creen que los socialistas aplican este doble rasero?

-No lo entendemos. Nuestro hotel no está en la arena, como los de Fuerteventura,hoteles que ocupa una servidumbre de acceso al mar, y no tiene sentido que el Psoe diga que no se derribe, pero nosotros tengamos que derribarlo a toda costa. Usando además abogados escogidos a dedo, que cobran minutas millonarias, procedentes de fondos públicos.



- ¿Ha podido hablar la propiedad con el PSOE de Lanzarote, de Canarias o de Madrid?

- Sí mantuvimos una reunión en el año 2017 con el Cabildo donde lo primero que se nos dijo fue que el hotel debería estar demolido desde hacía muchos años. Ante ese planteamiento, abandonamos la reunión.



-¿Cree que existe algún motivo político?

-No lo sabemos. No entendemos si nos han tomado como una bandera para defender algo que no comprendemos. No tiene sentido que Ángel Víctor Torres haya hecho declaraciones públicas defendiendo a los empleados del Hotel Riu, cosa que por otra parte nos parece acertadísimo, y a las más de 600 familias directa e indirectamente que dependen del hotel Papagayo en la isla, no solo no se les defiende, sino que se les ataca constantemente.



-¿Cómo creen que va a terminar este lío?

-De momento, el Plan General de Yaiza está anulado, en todo lo que suponga el dominio público marítimo terrestre y pendiente de una sentencia del Tribunal Supremo que puede suponer la anulación completa de todo el Plan General. El Ayuntamiento de Yaiza tendría que empezar un nuevo Plan General, donde esperamos que se contemple ese desvío de los accesos al mar tal y como fueron informados por Costas en 2014, y esperemos que comience a regir la cordialidad y el sentido común, y los hoteles que puedan ser legalizados, se legalicen. Y que se deje tranquila a una empresa, que lo único que está haciendo es trabajar.



-¿La propiedad pedirá indemnización en el caso de que se vea obligado a derribar el hotel?

-Esperemos que no llegue el caso, pero si finalmente nos vemos obligados a derribarlo, vamos a solicitar una indemnización por daños y perjuicios que podrían alcanzar la cifra de casi 50 millones de euros. Insistimos, esperemos que no sea necesario llegar a esa situación por el bien de todos, los trabajadores, Yaiza y la empresa.

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Según Diario de Lanzarote:

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha advertido con multas de hasta 1.500 euros e incluso con exigir “la responsabilidad penal que pudiera corresponder” si el Ayuntamiento de Yaiza no identifica “a la autoridad, agente o funcionario encargado de cumplir” con la ejecución de la sentencia del polémico Hotel Papagayo Arena.



En una diligencia del pasado 4 de noviembre, el TSJC requiere al Ayuntamiento sureño para que en el plazo de 10 días identificase al responsable de cumplir con una orden del tribunal de cara a la ejecución de la sentencia que anuló la licencia ilegal dictada en la época de José Francisco Reyes.

El pleito, iniciado por el Cabildo de Lanzarote, se remonta al año 2000. El Juzgado de lo Contencioso número cinco de Las Palmas, en enero de 2022, concluyó que las “infracciones urbanísticas” del Papagayo Arena, que invade un vial de acceso público al litoral, impedían la “legalización del hotel”.

Por ello, la magistrada disponía que llevara a cabo “el restablecimiento de la legalidad urbanística y territorial infringida” por la invasión de un vial público sobre el que se construyó el Papagayo Arena.

Sin embargo, en una sentencia de diciembre de 2023, el TSJC cambiaba ese criterio y concluía que “solo en el caso de que la legalización” instada por la propiedad del hotel no fuera “posible” se procedería a “acordar la demolición”.

En aquel momento, el Cabildo no había resuelto sobre el expediente relativo a la autorización turística del Papagayo Arena, que se llevó al Consejo de Gobierno de la Corporación insular el pasado mes de agosto.

Tras este acuerdo del Cabildo, el colectivo Transparencia Urbanística denunció que el Papagayo Arena estaba abierto “desde hace más de 15 años sin ningún título habilitante” y añadía que la legislación de Costas obliga al derribo de “toda edificación ilegal”.

En su autorización turística, el Cabildo apuntaba que el hotel también debía contar con informes favorables de Yaiza y de Costas para su hipotética regularización.

Precisamente al informe de Costas es a lo que se agarra la representación del Ayuntamiento sureño. En un escrito dirigido al TSJC, el letrado de Yaiza señala que “Costas debe informar sobre los accesos al mar” después de que la Justicia anulase la parte del Plan General de Ordenación (PGO) relativa al litoral.



Además, el nuevo deslinde aprobado por el Ministerio para la Transición Ecológica es más restrictivo, aprobado el pasado julio, al aumentar de 20 a 100 metros la zona de servidumbre de protección de Costas. Esto “afecta al hotel directamente”, señala el letrado de Yaiza en referencia al Papagayo Arena.

“El Ayuntamiento está pendiente de interponer recurso contra el deslinde aprobado, ya que todos los planes parciales han sido modificados por la aprobación de los 100 metros de servidumbre de protección”, agrega el abogado.

En su respuesta al TSJC, la representación de Yaiza trata de esquivar la orden de identificar al responsable de la ejecución de la sentencia en el marco del expediente abierto para determinar si el Papagayo Arena puede obtener una nueva licencia urbanística tras la anulación de la que otorgó Reyes.

“A esta parte le es imposible el cumplimiento de la sentencia, al menos hasta que el resto de las administraciones se pronuncien”, señala la defensa del Consistorio. También añade que, al afectar el nuevo deslinde de Costas al Plan General y a los planes parciales, incluido el de Las Coloradas, donde está el Papagayo Arena, “no hay un solo técnico que tramite el expediente, sino que existe colaboración entre el secretario y los técnicos del Área”.

“Con todo ello”, finaliza el letrado, el Ayuntamiento “no se niega a cumplir con su obligación, pero lo cierto es que nos es imposible, pues no sabemos a ciencia cierta qué servidumbre de protección tienen los accesos al mar y debe esperar al pronunciamiento de otras administraciones”, en referencia al departamento del Ministerio para la Transición Ecológica.

En el escrito del letrado del Ayuntamiento de Yaiza, fechado este 6 de noviembre, llama la atención la afirmación de que el Consistorio “no ha tenido traslado alguno sobre si el Cabildo ha finalizado el expediente de licencia provisional”, se entiende que la turística, otorgada en agosto, “como solicitaba la mercantil” propietaria del hotel desde junio de 2021.

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Según La Voz de Lanzarote:

La Dirección General de Costas, dependiente del Gobierno canario, ha autorizado los accesos al mar del hotel ilegal Sandos Papagayo, antes Papagayo Arena, de Playa Blanca, desoyendo el criterio de la Dirección de Costas del Ejecutivo central, que emitió un informe desfavorable. Así lo han confirmado ambos organismos a La Voz.



Según ha explicado el alcalde de Yaiza, Óscar Noda, en la cadena Radio Lanzarote-Onda Cero la propiedad tiene pensado crear dos nuevos accesos al mar desde el hotel ilegal, que ya han recibido el visto bueno del Ejecutivo regional, a pesar del criterio contrario de la Dirección estatal. Sin embargo, esta autorización no implica ningún cambio en la situación irregular del complejo hotelero, a pesar de las pretensiones de Coalición Canaria en el municipio.

CC en el Ayuntamiento de Yaiza aseguró en un comunicado de prensa este miércoles que con esta autorización "ya se dan las condiciones necesarias para conceder la licencia definitiva a dicho establecimiento" y que esta resolución "refuerza la legalidad de las actuaciones realizadas en torno al hotel". Además, preguntó al alcalde si va a conceder la licencia al Papagayo Arena, a lo que Noda contestó con contundencia: "No tiene nada que ver lo autorizado, que por vías formales y de registro no nos ha llegado todavía, con la legalización", resaltó el responsable sureño en el matinal Buenos días, Lanzarote.

"Hotel que se tenga que tirar, le puedo asegurar que yo seré el primero que va allí con pico y pala", ha indicado Noda durante su intervención radiofónica. Asimismo, se ha defendido ante el comunicado emitido por Coalición Canaria: "¿Por qué no preguntan por el Sonbou, por el derribo donde vamos a poner partidas? ¿por cómo está la legalización del Princesa Yaiza? A lo mejor es tocar en casa".

Asimismo, ha resaltado que la autorización de estos dos pasos al mar no implica que la propiedad no tenga que despejar el vial de acceso público que atravesó con la construcción del hotel. "Sigue estando construido y lo tienen que liberar y de hecho es el escollo principal de la posible regularización de ese hotel junto con el nuevo deslinde de Costas, que ya hemos recurrido", ha resaltado.

El pasado verano, en pleno agosto, el grupo de Gobierno del Cabildo de Lanzarote (Coalición Canaria y el Partido Popular) aprobó la autorización turística de este polémico hotel ilegal, que junto al Son Bou y el Princesa Yaiza, ambos propiedad de Juan Francisco Rosa, no ha legalizado aún su situación. Además, dependen de que el Ayuntamiento de Yaiza conceda su licencia hotelera.

La licencia del Sandos Papagayo fue declarada nula por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en 2007 por cometer infracciones urbanísticas graves, entre ellas, apropiarse de un vial público de acceso a una playa y ocupar más espacio del permitido. Luego, en 2016 fue además declarada delictiva por la Audiencia Provincial de Las Palmas, que condenó al exalcalde de Yaiza José Francisco Reyes a seis años de prisión.

Noda ha resaltado que uno de los accesos ya estaba aprobado por Costas en el Plan Parcial de Las Coloradas, mientras que el otro "lo van a crear más hacia el risco". Cabe recordar que el Sandos Papagayo está localizado junto al Monumento Natural de Los Ajaches, donde se localizan las playas de Papagayo, un espacio natural protegido. Mientras tanto, ha indicado que "el que está ahora mismo obstruido sigue estando y lo tendrá que liberar y despejar".

En la pasada legislatura,el Gobierno insular liderado por Dolores Corujo (PSOE) pidió a la Justicia el precinto del establecimiento y trató de llevar a cabo su derrumbe. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias desestimó su demolición e instó al consistorio de Yaiza a continuar con su "legalización".

Durante todos estos años, el establecimiento ha seguido abierto al público y alojando turistas a pesar de no contar con ninguna autorización para ello. A ello se suma que tiene una orden de demolición dictada por el Ayuntamiento de Yaiza en marzo de 2016, durante la alcaldía de Gladys Acuña.

Asimismo, la asociación cívica El sol sale para todos presentó el pasado mes de abril de 2024 una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción contra el Ayuntamiento de Yaiza y el Gobierno de Canarias por su inacción ante el hotel ilegal que ha seguido funcionando durante 17 años en la localidad turística de Playa Blanca.

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Según Lancelot Digital:

La propiedad del Papagayo Arena no se ha quedado con los brazos cruzados con el nuevo deslinde de Costas en el litoral sur de Yaiza, al "imponer" una servidumbre de protección de 100 metros, en lugar de los 20 metros que estaban aplicándose con anterioridad. Con este nuevo deslinde el hotel se vería afectado en casi su totalidad.



De ahí que la propiedad del Hotel haya presentado una demanda contra Costas por este nuevo deslinde que considera disparatado e injusto. En ese sentido, alega que la propia Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente emitió un informe el 13 de Julio de 2022 donde ponía de manifiesto que "carecía de sentido proponer anchuras mayores (de la servidumbre) en terrenos totalmente edificados y que por tanto ya no pueden proporcionar ninguna protección al litoral". El mismo órgano ya se había pronunciado en ese sentido el 28 de marzo de 2022 cuando manifestó en su informe que "desde el M-124 al M-137 (tramo en el que se ubica el Plan Parcial Las Coloradas) el tramo está totalmente edificado, por lo que, en principio, podría considerarse que la ejecución del Planeamiento se ejecutó en los plazos previstos, y por tanto le correspondería una anchura de la servidumbre de protección de 20 metros"

Inexplicablemente, para la defensa del Hotel Papagayo, la Demarcación de Costas del Estado en Canarias, dependiente del mismo Ministerio del Gobierno de España, la Dirección General se aparta de dichos informes y considera que la servidumbre debe ser de 100 metros porque no se cumplió el Plan de Etapas de la urbanización durante los años 90. Según el Plan Parcial las obras de urbanización debían terminarse en un máximo de 9 años, en el año 1997. De esta forma, considera dicha Demarcación que un posible incumplimiento de los plazos para urbanizar hace más de 20 años, tenga como consecuencia que la servidumbre de protección se amplie de 20 a 100 metros, en un suelo totalmente edificado.

La Demarcación de Costas del Estado en Canarias, llega a esta conclusión a pesar de que existen informes del Ayuntamiento de Yaiza, de fecha 1 de septiembre de 2022, que acreditan que la urbanización se ejecutó en su totalidad entre los años 1995 y 1998, sin que se incumpliera el Plan de Etapas, señala la propiedad.

Pero resulta, tal como se cita en la demanda, que el 27 de octubre de 1998, un año después del supuesto incumplimiento del Plan de Etapas, la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente informó la adaptación del Plan Parcial Las Coloradas al PIOT y requirió que se incluyera la servidumbre de protección con una anchura de 20 metros, emitiendo informe favorable a dicha adaptación el 10 de diciembre de 1999. La propiedad se pregunta: ¿Si resulta que un año antes se había incumplido el Plan de Etapas, como es que Costas del Estado dijo que la servidumbre de protección tenía que ser de 20 metros, y más de 20 años después dice que sea de 100 metros en base a un incumplimiento cometido en 1997?

Costas del Estado emite un nuevo informe el 11 de Julio de 2002, durante la ejecución de las obras de edificación del hotel Papagayo Arena, donde replantea la línea de servidumbre de protección nuevamente con 20 metros de anchura.

La realidad es que la propiedad del Hotel Papagayo considera que hay un error claro y en cualquier caso espera que la Justicia anule ese deslinde de los 100 metros de servidumbre.

Según La Voz de Lanzarote:

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha rechazado los recursos presentados por la entidad Papagayo Arena SL, propietaria del hotel ilegal Sandos Papagayo, en los que solicitaba la suspensión cautelar del nuevo deslinde costero de 100 metros de ancho y que deja a la práctica totalidad del hotel dentro del dominio público marítimo-terrestre.



Una orden ministerial del 2 de julio de 2024 fijó el nuevo ancho de la servidumbre en 100 metros en varias parcelas del Plan Parcial de Las Coloradas, entre las que se encuentra el Sandos Papagayo. Esta orden ha sido recurrida por el Ayuntamiento de Yaiza y también por la propiedad del hotel.

En dicha orden ministerial, la Dirección General de la Costa y el Mar, dependiente del Gobierno de España, instó a la Demarcación de Costas de Canarias a "rectificar las situaciones jurídicas registrales" que contradigan al nuevo deslinde.

Para solicitar la suspensión cautelar del deslinde, la empresa argumentó ante la Audiencia Nacional que "la servidumbre de protección impone significativas limitaciones al derecho de propiedad" y que su aplicación "generaría situaciones irreversibles" y pondría en "tela de juicio a la actividad hotelera". Además, defendió que "no existen intereses públicos ni de terceros" que se vean afectados por la suspensión cautelar.

Sin embargo, la Sala resaltó que no aprecia "la existencia de un derecho" de la empresa que necesite "una protección provisional y urgente" y que "deben prevalecer los intereses generales". Además, puntualizó que de considerarse la medida cautelar sería el interés público el que sufriría una "grave perturbación", ya que la resolución ministerial tiene "la única finalidad" de proteger el dominio público marítimo-terrestre.

La Dirección General de Costas del Gobierno de Canarias, dependiente de Coalición Canaria, autorizó a comienzos de este 2025 dos accesos al mar del hotel ilegal Sandos Papagayo, desoyendo así el criterio de la Dirección de Costas del Gobierno de España, que emitió un informe desfavorable.

Sin embargo, esta situación no implica ningún cambio en la situación irregular en el complejo, a pesar de que Coalición Canaria en Yaiza defendió que este permiso "refuerza la legalidad de las actuaciones realizadas en torno al hotel". La propiedad sigue teniendo que derrumbar el vial de acceso público a la playa que atravesó con la construcción del hotel.

El pasado verano, en pleno agosto, el grupo de Gobierno del Cabildo de Lanzarote (Coalición Canaria y el Partido Popular) aprobó la autorización turística de este polémico hotel ilegal, que junto al Son Bou y el Princesa Yaiza, estos dos últimos propiedad de Juan Francisco Rosa, no ha legalizado aún su situación. Además, dependen de que el Ayuntamiento de Yaiza conceda su licencia hotelera.

El Plan General de Yaiza, que había sido aprobado en 2014, fue anulado parcialmente en mayo de 2018 y luego de forma íntegra por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en 2022 por carecer del informe preceptivo de Costas.

La licencia del Papagayo Arena fue junto a otra veintena de licencias declaradas ilegales y anuladas por los Tribunales y que llevaron al exalcalde de Yaiza Juan Francisco Reyes a prisión.

La autorización del Sandos Papagayo fue declarada nula por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en 2007 por cometer infracciones urbanísticas graves, entre ellas, apropiarse de un vial público de acceso a una playa y ocupar más espacio del permitido. Luego, en 2016 fue además declarada delictiva por la Audiencia Provincial de Las Palmas, que condenó al exalcalde de Yaiza José Francisco Reyes a seis años de prisión.

En 2016, el Ayuntamiento de Yaiza concluyó que el entonces conocido como Papagayo Arena era ilegalizable y desestimó el proyecto de legalización entregado por la propiedad. En 2021, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias tumbó el intento de legalizar el Sandos Papagayo y anuló un acuerdo entre el consistorio de Yaiza y la propiedad.

Hasta la fecha, el Papagayo Arena ha seguido abierto al público, alojando turistas y recibiendo dinero de subvenciones públicas para la formación de empleo, a pesar de que no cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad, que está construido sobre un vial de acceso público a una playa y tiene una planta de más.