FORO SOBRE LANZAROTE

Según lavozdelanzarote.com:

Un grupo de empresarios y promotores han pedido el cierre cautelar de los Centros Turísticos de Lanzarote. La sociedad Limitada Fariones Cuatro y en su nombre Joaquín Barber y Miguel Armas han enviado sendos escritos a los ayuntamientos donde se ubican los Centros, advirtiéndoles que éstos carecen de licencia de apertura lo que constituye según los mismos una infracción muy grave prevista en el Régimen Jurídico de los espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas, por lo que solicitan que se abra expediente sancionador y se acuerde el cierre del local para garantizar la seguridad de los turistas. Los solicitantes aseguran además que si en el plazo de un mes los ayuntamientos no adoptan estas medidas cautelares acudirán con su denuncia a los tribunales de Justicia

Desde el Cabildo de Lanzarote la solicitud ha sido calificada por el Consejero de los Centros Turísticos, Carlos Espino como “un burdo e inaceptable intento de chantaje sin precedente” Espino asegura que la posibilidad de que los centros se vean obligados a cerrar no existe y no se va a dar, al tiempo que subraya que los Centros cuentan con todas las garantías de seguridad y salubridad necesarias para atender a los 2’5 millones de turistas que los visitan cada año y la de los propios trabajadores.

Para el consejero esta es la repuesta de unos empresarios afectados por la paralización de obras en el Playa Blanca .“Estamos ante un burdo e inaceptable intento de chantaje, de presión sin precedentes que proviene de un grupo de empresarios afectados por la paralización cautelar de unas obras que pretenden llevar a cabo en Playa Blanca no las 400 viviendas que están paralizadas en este momento sino de un total de 1.800 viviendas que es lo que pretendían ejecutar en un suelo que no existe” apunta Espino quien además entiende que es una salida “a la desesperada”, “ pretenden colocar a los centros contra las cuerdas, al Cabildo y al conjunto de las instituciones de la islas y a la propia sociedad . En una maniobra que demuestra desesperación y soberbia de alguien que no tiene capacidad ninguna para ejecutar unas obras”.

El consejero asegura que el Cabildo no esperaba que algo así ocurriese. “Nunca pensé que se produjera por más que algún empresario afectado dijera en tono airado a ver qué pasaba con los centros que no tienen licencia”.De otro lado el responsable máximo de la red de centros turísticos de la isla mantiene que hace unos meses han puesto en marcha el proceso de obtención de las licencias municipales dado que cuando accedió a los mismos comprobó que éstos carecían de las preceptivas autorizaciones.

Un aspecto que asegura “no debería de producirse. Si bien históricamente se abrieron en su momento sin ninguna autorización, el proceso de formalización de la Epel, tenía que haber llevado a la empresa pública a tener mucho más claro este tipo de situaciones. Pero bueno, hemos empezado a cumplir con esas obligaciones desde hace meses con esa redacción de proyectos como es la sustitución de cuadros eléctricos, de una batería de materias de seguridad. Y lo que está claro en este momento es que ahora mismo los centros están en condiciones de obtenerla.” Carlos Espino mantiene que la mayor parte del proceso para la obtención de esa licencias se ha cumplido, y el servicio de Actividades Clasificadas del Cabildo, que es quien debe de dar el visto bueno, independientemente de que los ayuntamientos sea los que dan la licencia, ha hecho una inspección preliminar de toda esa documentación, antes de solicitar a los ayuntamientos la licencia, como ya lo hicimos hace unos meses. “por tanto los centros cumplen con la normativa y es solo cuestión de tiempo el obtener esas licencias”

El consejero no niega que la solicitud registrada en los ayuntamientos exige ahora “dar mayor velocidad a lo que estábamos haciendo, sería un irresponsable si dijera que no que en absoluto nos condiciona”: pero señala que los que le preocupa sobremanera es desde siempre y no sólo ahora “la situación legal de los centros, siempre me ha preocupado mucho por una cuestión incluso de pura estética, en el sentido de que si el Cabildo constantemente ha hecho una serie de exigencias con respecto a construcciones ilegales que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando, porque ahí lo que ¡se discute es si el suelo admite esas construcciones, mientras que en el caso de los centros lo que se discute es si se puede desarrollar en ellos un uso o no”.

Otra diferencia a juicio de Espino fundamental la marca el hecho de que “los centros se construyen antes de que se hiciera el Plan Insular de Ordenación de Lanzarote, que cuando se formaliza y aprueba reconoce la existencia de los centros e incluso de los usos que en ellos se dan”

Desde el cabildo se asegura que se redoblaran los esfuerzos en la promoción de los Centros “con encuentros con los tour operadores para explicarles la situación explicando que la seguridad y salubridad de los centros esta garantizada, para nuestros visitantes y trabajadores” concientes de que este hecho puede perjudicar la imagen del principal atractivo y distintivo de la isla que son los centros turísticos.

Preguntado sobre si espera el respaldo de la patronal hotelera y del sector turístico de la isla o de los partidos de la oposición, Carlos Espino se muestra contundente “Ni confio, ni espero, ni deseo, ni necesito ese apoyo explicito. En todo esto, lo menos que pinta es el consejero o el grupo de gobierno, aquí lo único que cuenta son los centros, no se trata de un apoyo al consejero se trata de toda la isla de su sociedad. La única reacción que cabe es un no. Un hasta aquí. Alguien ha pasado una línea que no se tenía que haber cruzado nunca. “la repuesta a este tipo de prácticas mafiosas con un aire de defensa siciliana exige una reacción contundente en defensa de los centros, de la isla .porque no cabe utilizar como moneda de cambio o como elemento de presión lo que en este momentos es la cara principal de la isla frente a nuestros visitantes y lo que nos diferencias de otros destinos y que además repercuten en toda la isla” “Estos señores, que en estos momentos pretenden presionar a la sociedad lanzaroteña tomando de rehenes a los centros no se van a salir con la suya.”

Según diariodelanzarote.com:

Un grupo de empresarios, con intereses en el conflicto judicial abierto por el Cabildo en defensa del Plan Insular, ha exigido en varios ayuntamientos el cierre de los centros de arte, cultura y turismo, Los Aljibes, El Almacén y el Teatro insular por carecer de de licencia de apertura. Desde el Cabildo se sostiene que las denuncias “no van a tener consecuencias reales”.

La denuncia a los Centros Turísticos supone una vuelta de tuerca más de la ‘guerra' abierta entre el Cabildo y un sector de empresarios con intereses urbanísticos afectados por pleitos judiciales interpuestos por la Corporación que actualmente preside Manuela Armas en defensa de las normas del planeamiento insular.

Según las fuentes consultadas, han sido cuatro las empresas que han presentado denuncias en los ayuntamientos de la Isla que tienen Centros Turísticos, incluido Los Aljibes. Se trata de Playa Blanca Seis SL, Playa Blanca Cinco SL, Fariones Cuatro SL y Explotaciones Turísticas La Geria.

En las denuncias se exige al ayuntamiento que inicie un “expediente sancionador” al no contar las instalaciones con licencias de apertura, “tomando como medida cautelar el cierre del local o la suspensión de la actividad”.

Los Centros Turísticos, con 2,6 millones de visitantes anuales, están tramitando los expedientes de apertura, ya que a pesar de que la red comenzó a funcionar en la década de los 60 del pasado siglo, no fue hasta la legislatura pasada, con Pedro San Ginés al frente de la Consejería, cuando se detectó que carecían de estas autorizaciones.

Por ello, se tuvieron que realizar los proyectos técnicos y solicitar de los ayuntamientos y de varias áreas del Cabildo los permisos oportunos, si bien los trámites no habrían culminado.

El actual consejero de los Centros Turísticos, Carlos Espino, aseguró este jueves que “no hay posibilidad alguna” de que se tengan que cerrar cautelarmente las instalaciones. Añadió que los denunciantes “ignoran que están abiertos desde antes de la entrada en vigor de la normativa”, por lo que “se pueden tramitar” los permisos “abiertos al público, aseguró.

En las denuncias se solicitan medidas cautelares “para garantizar la seguridad de los turistas” y que se acuerde “el cierre del local o la suspensión temporal de la actividad”. Espino recalcó que “están garantizadas la seguridad y salubridad de las instalaciones”, que además han obtenido certificados de calidad.

Por otro lado, advierten que "si en el plazo de un mes esa administración [que recibe la denuncia] no ha iniciado expediente sancionador y adoptado las medidas cautelares procedentes" se verán "obligados a hacer uso de nuestro derecho de impugnar judicialmente la inactividad administrativa".

Fuentes de Coalición Canaria han expresado la "preocupación" del alcalde de Haría, José Torres Stinga, por esta advertencia y señalaron que recabará un informe jurídico sobre las salidas a la situación desatada por las denuncias.

Las fuentes consultadas señalan que las que han puesto las denuncias son las siguientes empresas:

- Playa Blanca Seis SL. Las denuncias las interpone Epifanio Delgado Quintero. Es administrador mancomunado y socio de la empresa, junto a Joaquín Barber Cabrera y Miguel Ángel Armas Matallana.

- Playa Blanca Cinco SL. En este caso las denuncias las presentan Epifanio Delgado Quintero y Antonio Curbelo Robayna en representación de la sociedad.

- Fariones Cuatro SL. Las denuncias las presentan Joaquín Barber Cabrera y Miguel Ángel Armas Matallana, ambos administradores solidarios de la empresa.

- Explotaciones Turísticas La Geria SL. Es Antonio Curbelo Robayna quien presenta las denuncias en representación de la sociedad. Cerca de un 55% del accionariado pertenece a Construcciones y Urbanizaciones Insulares SA. Esta última sociedad tiene como presidente a Juan Francisco Rosa Marrero y como director ejecutivo a Anselmo Rosa Perdomo. Ambas empresas están domiciliadas en el kilómetro 4,85 de la carretera del aeropuerto, en San Bartolomé.

Explotaciones Turísticas La Geria SL promovía una urbanización en el plan parcial Playa Blanca -suspendido por la Justicia que construía la empresa Construcciones y Urbanizaciones Insulares, que pertenece, entre otros, a Juan Francisco Rosa.

Tanto Delgado como Curbelo y Armas son administradores de varias sociedades creadas en la misma dirección, el número 7 de Ildefonso Valls de la Torre.

Delgado y Curbelo además son socios de Juan Francisco Rosa en Meridian, Playa Blanca 5 o Plabacon. Delgado y Armas Matallana también eran socios de la empresa Proclub, propietaria de un terreno vendido después a la empresa Kepell y posteriormente a Hotelera de Yaiza de Rosa, para construir el Hotel Son Bou.

Denuncia contra los Centros Turísticos:
http://www.diariodelanzarote.com/docume ... a_cact.pdf

Según diariodelanzarote.com:

Espino dio una rueda de prensa para explicar la situación legal de los CACT, después de que cuatro empresarios turísticos presentaran varios escritos en los ayuntamientos y en el Cabildo solicitando el cierre cautelar de las Montañas del Fuego, el Monumento al Campesino, el Castillo de San José, los Jameos del Agua, la Cueva de los Verdes, el Miardor del Río y el Jardín de Cactus, además de las salas de exposiciones Los Aljibes de Haría y El Almacén, y el Teatro Insular, todos ellos por carecer de licencia de apertura.

“En los años 70 todos los Centros solicitaron a los ayuntamientos la licencia de 'Actividades clasificadas, insalubres, molestas y peligrosas', que era como se llamaba entonces, y la obtuvieron por silencio administrativo”, explicó Espino.

El Mirador del Río y la Cueva de los Verdes las consiguieron en el año 1976, el Monumento al Campesino en el 78 y los Jameos del Agua en el 79. Los más tardíos fueron el Jardín de Cactus, que la obtuvo en el año 1993, y las Montañas del Fuego, que la consiguió en el año 1994.

El problema surgió “cuando a finales de los 90 se cambió la normativa y los Centros incumplieron el plazo que tenían para adaptarse a ella, que era de un año prorrogable a dos”. Éste es el proceso en el que se encuentran ahora los CACT. “Las solicitudes para adaptarse a la nueva normativa entraron en los ayuntamientos entre diciembre del 2007 y enero del 2008” , explicó Espino.

El socialista aseguró que no habrá ningún problema para obtener los nuevos permisos, pues los CACT cumplen con los requisitos urbanísticos y de actividades clasificadas, así como con los criterios de calidad y respeto medioambiental, “garantizados por la obtención del certificado ISO 14001.

“El uso de los Centros Turísticos está recogido por el Plan Insular de Ordenación Territorial, donde aparecen como sistemas generales insulares”, aseguró Espino. Además, en materia de Actividades Clasificadas es el Cabildo el encargado de valorar si un establecimiento está preparado para abrir o no.

“Estos informes ya están preparados y son todos positivos, así que cuando los respectivos Ayuntamientos nos los soliciten y los reciban, estarán obligados a dar la licencia porque así lo marca la ley”, añadió.

Además, Espino quiso mandar un mensaje tranquilizador sobre el posible cierre cautelar de los Centros Turísticos. “Esto no es una obligación para el Ayuntamiento, sino que la ley atribuye un carácter potestativo al cierre cautelar del establecimiento; es decir, que el alcalde podrá ordenar su cierre como medida cautelar pero siempre a juicio del alcalde, no como una imposición”.

El socialista no desaprovechó la ocasión para calificar de “viles chantajistas” a los empresarios que han solicitado estas medidas. “Se trata de un desesperado intento de extorsionar al Cabildo atentando contra el elemento que define a Lanzarote como destino turístico, los Centros de Arte, Cultura y Turismo”.

Espino aclaró además que la Primera Corporación en ningún momento ha presionado a los empresarios cuyos hoteles han sido declarados ilegales por la justicia, “como así ha querido hacer ver la oposición; lo único que ha hecho el Cabildo es buscar la legalidad y recurrir en los tribunales las licencias de estos hoteles; y éstos nos han dado la razón”.

Informe sobre las licencias de los Centros Turísticos:
http://www.diariodelanzarote.com/docume ... s_cact.pdf

Según Diario de Lanzarote:

Éste es el texto íntegro del comunicado:

“Hace algunas semanas un grupo de empresarios de diferentes sectores de la isla iniciaron una serie de medidas insólitas y excepcionales que respaldamos los que suscribimos este artículo: de un lado impugnar las licencias que el Cabildo considera ilegales pero no ha recurrido y, de otro, denunciar que los centros turísticos del Cabildo carecen de licencia de apertura. Creemos que la opinión pública debe conocer cuales son los motivos que han llevado a tomar tales medidas.

Esas acciones empresariales no suponen una coacción ni tampoco una petición de amnistía general, como ha dicho algún Consejero. Sólo tratan de poner en evidencia la doble moral del Cabildo de Lanzarote, que lleva años persiguiendo a los empresarios turísticos y promotores alegando que no cumplen estrictamente la legalidad, cuando el primero que la incumple es el propio Cabildo. Y también, que ante supuestas irregularidades urbanísticas similares, el Cabildo denuncia arbitrariamente a unos o a otros según criterios políticos y no de legalidad. Lo que en definitiva se intenta es poner de manifiesto la enorme inseguridad jurídica con la que trabajamos en Lanzarote.

Los empresarios habitualmente no participamos en el debate político y tratamos de mantener una relación fluida con el Gobierno que en cada momento esté al frente de las instituciones. Pero llevamos muchos años intentando buscar soluciones infructuosamente y sintiéndonos engañados al ver que las propuestas y promesas nunca se materializan. Nuestras empresas tienen la responsabilidad de gestionar inversiones muy elevadas y mantener cientos de puestos de trabajo y esta situación está teniendo un coste muy elevado. Más aún cuando estamos viviendo una de las peores crisis económicas de los últimos decenios, en la que desearíamos poder concentrar todos nuestros esfuerzos en sacar adelante nuestros proyectos, si no con el apoyo, por lo menos sin ser hostigados por las instituciones.

Hace casi diez años el Cabildo de Lanzarote inició una serie de procedimientos judiciales contra la construcción de hoteles porque planeaba aprobar una revisión del Plan Insular que no incluía esa nueva planta hotelera. Posteriormente, cuestionó también cientos de licencias residenciales otorgadas por diferentes Ayuntamientos de la isla, pero prácticamente sólo impugnó las del Plan parcial Playa Blanca, a pesar de que la Revisión del PIOT del año 2000, hoy vigente, había incorporado a este Plan.

Con estas acciones el Cabildo se ha visto envuelto en una situación de la que no ha sido capaz de salir. Por una parte es plenamente consciente de que no puede ejecutar las sentencias que anulan las licencias turísticas, en su mayoría fundadas en defectos formales. Sabe que no puede acometer la destrucción de la planta alojativa más moderna y más competitiva de la isla, la que hoy por hoy le permite mantener el nivel de empleo y de oferta turística que la sostiene económicamente por motivos tales como la falta de publicación de las Ordenanzas por los Ayuntamientos, es decir, por defectos formales que ni siquiera son responsabilidad nuestra. Pero por otra parte el Cabildo tampoco legaliza las construcciones, sino que de forma siempre confusa lo condiciona a que entreguemos determinadas compensaciones, nunca cuantificadas, para "la isla". Y en el colmo de la contradicción, en una iniciativa más dirigida a los medios que a resolver los problemas, acaba de proponer una Ley para legalizar los hoteles, sin la más mínima concreción, cuando hace unos meses se enfrentó de forma virulenta al Gobierno de Canarias por una iniciativa similar.

Por lo que respecta a las construcciones residenciales también se encuentra en un callejón sin salida. Sabe que si recurriera los cientos de licencias que considera ilegales -también por motivos formales y perfectamente subsanables- sumiría a la isla en un caos; así que, de forma arbitraria, ha ido contra unos y no contra otros. Los grandes perjudicados de esta situación somos los empresarios, que vivimos en una tremenda incertidumbre bajo la amenaza del derribo de nuestros hoteles o promociones, o de exigirnos compensaciones a cambio de legalizar lo existente. Estas "compensaciones" no tienen ningún precedente y surgen como una suerte de impuesto para salvar la cara de una clase política que no sabe salir del embrollo en el que se ha metido.

Lo que los empresarios pedimos no es una amnistía general sino unas reglas claras e iguales para todos. Si las licencias adolecen de un problema formal que afecta a cientos de establecimientos, que se derriben todos o se legalicen todos subsanando los defectos. Pero lo que no es admisible es que el Cabildo legalice de facto a algunos, no recurriendo sus licencias o retirando los procedimientos ya iniciados sin contrapartida alguna, mientras que amenaza a otros de derribo a menos que paguen.

La denuncia de que los centros turísticos carecen de licencia de apertura refleja nuestro hastío al vernos constantemente perseguidos y sancionados por la falta de permisos que sin embargo las Administraciones públicas no se molestan en obtener. No hay coacción alguna. Simplemente ponemos en evidencia la doble moral y la hipocresía con las que el Cabildo ha venido actuando todo este tiempo. Llevamos nueve años buscando soluciones sin resultado alguno y viendo con una alarma creciente las pérdidas que esto está ocasionando en dinero, en tiempo, en puestos de trabajo y en proyectos desviados a otros destinos turísticos. Con un escepticismo absoluto sobre lo que pueda hacer el Cabildo en el futuro, lo único que nos queda, y nos parece un derecho legítimo, es denunciar ante la opinión pública la hipocresía de quienes, siendo los primeros incumplidores de la legalidad, demagógicamente nos han intentado convertir en la bestia negra de esta isla cuando lo que hemos hecho es un enorme esfuerzo para contribuir a convertirla en un destino de referencia mundial.

Finalmente, casos como el del hotel Pagagayo Arena crean un desconcierto absoluto. Durante años el Cabildo ha alegado que estaba construido sobre dominio público y por lo tanto se iba a expropiar y demoler por Costas. Sin embargo, en las últimas semanas se han sucedido tres declaraciones totalmente contradictorias, primero la Ministra de Medio Ambiente declaró que cumplía perfectamente la legalidad, como un hotel "en el centro de Madrid"; a continuación el Cabildo declaró que la Ministra estaba mal informada y, finalmente, el Partido Socialista sacó un comunicado en sentido contrario.

Las crisis son durísimas pero muchas veces se convierten en una oportunidad. Quizá la gravedad del deterioro económico que está sufriendo Lanzarote lleve en algún momento a la sociedad a la reflexión de que se impone un pacto de convivencia que garantice la viabilidad de nuestra principal actividad económica y aporte seguridad jurídica y política a la isla. La actividad turística, aunque algunos digan lo contrario, hoy por hoy carece de alternativa real para mantener el nivel de vida de nuestra sociedad y no se puede seguir jugando con ella.

Juan Francisco Rosa, Antonio Curbelo, Marco López, Alfredo Díaz, Federico Díaz de Aguilar

Empresas que apoyan este artículo:

Hotel Princesa Yaiza, S.A;Explotaciones Turísticas La Geria S.L ;Playa Blanca 5 SL;Dream Place Hoteles;Riversun Inmuebles;Maexpa Arista;Supermercados Marcial;Agueri ;Las Coloradas SL;VVO Inmobiliaria;Hornabeque Promociones S.L ;Alabena SL;Fineco, S.A;Lacan Terrae S.L.;Luna De Oro SL;Fineco SA;Cosntrucciones Yaracury;Las Coloradas S.A”.

Según Diario de Lanzarote:

El PSC de Lanzarote ha criticado la inspección realizada a los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo (CACT) por técnicos de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias para comprobar si contaban con las licencias de apertura y funcionamiento tras la denuncia de un grupo de empresarios.

Según los socialistas, “sorprende la celeridad con la que ha actuado dicho departamento, el cual conocía de antemano la situación de estos establecimientos, cuyas licencias municipales de apertura son legales y vigentes, mientras se gestiona su adaptación a la nueva norma”.

Los socialistas lamentan “la deslealtad mostrada una vez por el Ejecutivo regional hacia el Cabildo de Lanzarote y, en consecuencia, hacia la Isla en general y sus ciudadanos, máxime cuando la propia consejera dispone de toda la información relativa a las licencias y permisos de los CACT”.

Para el PSOE, que se trate de una consejera lanzaroteño, Rita Martín, “agrava la circunstancia, ya que desde hace varias semanas se ha informado públicamente sobre la legalidad de la actividad de los centros turísticos”.

Los socialistas reprochan “la presión ejercida contra el Cabildo de Lanzarote, a través de una de sus áreas claves en materia de turismo y promoción y lamentan que la consejera del Partido Popular (PP) respalde con sus actuaciones el intento de chantaje emprendido por un grupo de empresarios contra el Cabildo”.

Por último, desde el PSOE reclaman a Martín que aplique la misma eficacia e inmediatez con que resolvió inspeccionar los CACT “con aquellos establecimientos hoteleros que operan en Lanzarote con licencia denegada desde más de un año”.

Por su parte, la consejera de Turismo del Gobierno canario, la lanzaroteña Rita Martín, aseguró que “los técnicos no actúan de oficio, sino que responden a una denuncia presentada contra los Centros Turísticos en la que se pone en duda que tengan licencia de apertura”.

Martín explicó que los inspectores “se limitan a hacer su trabajo, tanto en los Centros como en otros establecimientos privados de la isla”. La denuncia contra los CACT fue presentada por varios empresarios afectados por recursos judiciales del Cabildo en defensa de la legalidad territorial.

“Responde a un intento de presión contra el Cabildo por su política activa de denuncia de licencias ilegales, que ha afectado a establecimientos propiedad de los denunciantes”, explicó Carlos Espino.

“A sabiendas de esta realidad, nos parece increíble que la consejera de Turismo respalde lo que no es sino un vulgar intento de chantaje a esta Administración”, añadió el consejero.

Sin embargo, Rita Martín explicó que “ la Consejería no puede discriminar ninguna denuncia, independientemente de que se realice contra una instalación pública o privada; si existe denuncia, los inspectores siempre tienen que actuar”.

En caso contrario, “se incurriría en una responsabilidad patrimonial que ni yo ni ningún consejero del Gobierno canario permitiríamos nunca”.

Para la consejera, “si alguien ha pecado de desleal ha sido el PSOE, que le ha dado publicidad a un trámite que pertenece estrictamente al trabajo habitual de la Inspección de la Consejería de Turismo”.

Informe sobre los CACT:
http://www.diariodelanzarote.com/docume ... uncias.pdf

Resolución de las denuncias
http://www.diariodelanzarote.com/docume ... ativas.pdf