FORO SOBRE LANZAROTE

Según diariodelanzarote.com:

El consejo de administración de Inalsa ha tomado este jueves decisiones muy relevantes para la empresa: por un lado, prorrogar durante 12 años el contrato con Aguas Filtradas –participada por FCC- para el servicio de saneamiento y depuración; y por otro, facultar a la consejera delegada a cerrar un acuerdo con la UTE Edam Janubio –también de FCC- por 2 millones de euros.



El contrato con la Sociedad Española de Aguas Filtradas, que presta el servicio de saneamiento y depuración a Inalsa se vencía el 31 de diciembre de 2009 y este jueves se ha acordado prorrogarlo durante 12 años, lo que supondrá para la empresa pública un coste aproximado de “unos 60 millones de euros”, según los cálculos del comité de empresa.

Inalsa pagará un canon fijo de 228.867 euros a Aguas filtradas y un canon variable por diversos conceptos, el más relevante el relativo al agua depurada, por el que se abonarán 181 euros por cada 1.000 metros cúbicos.

Desde el comité de empresa se ha llamado la atención sobre el hecho de que se haya fundamentado la prórroga en un informe jurídico del bufete Cuatrecasas encargado por la propia Aguas Filtradas. Los trabajadores consideran además que no se pueden hacer prórrogas "por ley superiores a dos años".

En la misma sesión del consejo de administración, celebrado este jueves por la mañana, se acordó en el apartado de asuntos de la presidencia la refinanciación de la deuda con Aguas Filtradas, que asciende a 7,7 millones de euros.

De esta manera, Inalsa pagará 144 cuotas mensuales de 69.000 euros cada una para cubrir la deuda. La finalización de las cuotas coincide, tal y como resaltó el comité de empresa, con la conclusión de la prórroga del contrato de saneamiento y depuración.

Por último, el consejo de administración facultó a la consejera delegada de la empresa pública, Plácida Guerra, a cerrar un acuerdo con la UTE Edam Janubio para poner punto y final al conflicto judicial que mantiene por el incumplimiento del contrato de construcción de la planta desaladora del sur.

Cabe recordar que sobre Inalsa pesa un laudo arbitral que la obliga a pagar unos 12 millones de euros, si bien la validez del laudo está pendiente de sentencia por parte de la Audiencia Provincial. El acuerdo con la UTE se cerraría en unos dos millones de euros, según explicaron fuentes del comité de empresa.

Estos tres acuerdos tomados este jueves por Inalsa afectan a un mismo grupo empresarial: Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). La Sociedad Española de Aguas Filtradas tiene como accionistas a FCC, con un 50%, y a la Sociedad General de Aguas de Barcelona (Hisusa Holding, Criteria Caixacorp, Suez Environnement, Gas Natural y Gonzalo Burell) con el mismo porcentaje.

Asimismo, la UTE Edam Janubio, que resultó adjudicataria en 2001 del proyecto de la planta desaladora en el sur de la Isla está compuesta por FCC y por SPA, una división medioambiental del grupo.

Por otro lado, las fuentes explicaron que el consejo de administración fue informado de una demanda interpuesta por Unelco contra Inalsa por la que le reclama el pago de 6 millones de euros de la deuda que se mantiene con la compañía eléctrica. Ya había ido a los juzgados por otros 4,2 millones de euros.

Contrato con Aguas Filtradas:
http://www.diariodelanzarote.com/docume ... tradas.pdf

Según diariodelanzarote.com:

Inalsa se encuentra entre la espada y la pared. El Juzgado de Instrucción número 13 de Las Palmas ha embargado las cuentas de la empresa pública de aguas en La Caja para que la UTE Edam Janubio se cobre el laudo arbitral de unos 12 millones de euros, por el que se condenó a Inalsa por incumplimiento del contrato de la desaladora del Sur.

La decisión del Juzgado, en el que está abierto el procedimiento de ejecución del laudo arbitral, que data del año 2006, supone el embargo de tres cuentas y tres fondos que tiene Inalsa en La Caja de Canarias.

De esta manera, Inalsa no podrá realizar movimientos en las citadas cuentas bancarias, donde se ingresan los pagos de los abonados, y que están retenidas por orden judicial para que la UTE Edam Janubio (FCC) se vaya cobrando los aproximadamente 12 millones de euros a los que asciende el laudo.

Además, está pendiente de que salgan a subasta las acciones que Inalsa posee en Eólicas de Lanzarote, empresa de la que tiene un 60 por ciento. El restante 40 por ciento está en manos de Unelco-Endesa. Las acciones de Inalsa también fueron embargadas por mandato judicial y se está a la espera de que se haga una tasación de las mismas.

En igual situación se encuentra una de las fincas de Las Caletas (Teguise) que embargó en su día el Juzgado dentro del procedimiento judicial de ejecución del laudo, según ha podido saber este periódico.

Por otro lado, el Juzgado, de oficio, mandó a la Fiscalía el pasado 16 de enero los requerimientos incumplidos por Haría, Teguise y Tinajo enviados para que dieran cuenta de la deuda que acumulan estas corporaciones con Inalsa.

Las fuentes consultadas explicaron que se estudiará si los funcionarios que recibieron hasta tres requerimientos del Juzgado para informar –M.M. en Haría, B.D. en Teguise y F.C. en Tinajo- pudieran haber incurrido en desobediencia.

Cabe señalar, a este respecto, que en las cuentas presentadas por Inalsa en el Registro Mercantil relativas a 2007, se apunta una deuda de las corporaciones locales de la Isla con la empresa pública de unos 2,6 millones de euros.

Según cronicasdelanzarote.es:

La UTE Edam Janubio ha retirado la demanda sobre el embargo de las cuentas de Inalsa. Al menos es lo que le dijo este lunes a los representantes del Comité de Empresa de la compañía la presidenta del Cabildo, Manuela Armas. Lo desveló este martes en el programa “El Despertador”, de la 95.8, el portavoz de los trabajadores, David Luna. Al parecer, el anuncio de la UTE se conoció el sábado por la noche, “lo cual nos deja estupefactos”, dijo Luna. El Cabildo, sin embargo, no ha informado hasta el momento a la opinión pública de la noticia.

La conversación con la presidenta se produjo al solicitar el comité de empresa una reunión urgente con la presidenta, a lo cual la dirigente del Cabildo pidió a los trabajadores posponer unos días el encuentro. “Le dijimos que no podemos aplazar más la reunión, que se debe celebrar ya. Estamos en un limbo, ya que no sabemos con claridad en que situación nos encontramos”, exigió Luna.

Los trabajadores quieren conocer ya “cuál es la situación real de la empresa”. Para ello ven necesario reunirse “no sólo con la presidenta, sino también con Doña Plácida y los abogados de la empresa”.

“Queremos saber todos los pormenores de la decisión tomada por la UTE. Queremos saber la situación financiera de la empresa. No nos vale que nos digan de palabra que la UTE ha retirado la demanda”, manifestó el portavoz de los trabajadores.

Según Diario de Lanzarote:

La sentencia, notificada este viernes tanto a Inalsa como a la UTE Edam Janubio (FCC), obliga a la empresa pública de aguas a hacer frente a más de 12 millones de euros (9,3 millones de principal y el resto de intereses) por el incumplimiento del contrato adjudicado en 2001 a la UTE para la construcción y explotación de una desaladora de 10.500 metros cúbicos en Yaiza.

La nulidad del laudo era el último clavo al que se podía agarrar Inalsa para evitar el pago de los más de 12 millones de euros de la indemnización, fijada por la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio en su resolución de junio de 2006. Hasta el momento, el Juzgado número 13 de Las Palmas, donde se estaba ejecutando el laudo arbitral, ya ha dictado el embargo de varias fincas, del 60% de Eólicas de Lanzarote, que gestiona el parque de Los Valles, y de seis cuentas en La Caja de Canarias.

Según las fuentes consultadas, cercanas al proceso, “caben dos escenarios: o bien que prosigan los embargos siendo posible que se nombre un administrador judicial para garantizar que la UTE cobre, o bien que ambas partes lleguen a un acuerdo acerca de un plan de pago”.

La consejera delegada de Inalsa, Plácida Guerra, ha evitado comparecer ante los medios de comunicación este viernes, dejando que fuese el portavoz del PIL, Manuel Cabrera, el que diese una rueda de prensa para culpar del desenlace al anterior consejero delegado, Mario Pérez (CC). Eso sí, la compañía emitió un comunicado en el que reconoció su “delicada situación”.

La Audiencia no ha tenido en cuenta ninguno de los seis argumentos expuestos por Inalsa en su demanda. Ni siquiera el que hasta el momento era considerado más sólido: que el Consorcio del Agua (organismo formado por Cabildo y ayuntamientos y propietario de Inalsa) había declarado la nulidad del propio contrato con la UTE Edam Janubio con el aval de un dictamen del Consejo Consultivo por haberse incumplido la directiva europea en materia de contratación.

De hecho, la sentencia –de 40 páginas- subraya que el contrato se anulase “cinco años después” de haberse formalizado y después de haberse emitido el laudo arbitral. La Audiencia considera que esta medida no se tomó “de buena fe” y añade que fue contraria “al principio de seguridad jurídica”, ya que “la obra civil se encontraba ejecutada” y el contrato “resuelto y liquidado” por el laudo.

Tampoco le ha servido a Inalsa ante la Audiencia Provincial el argumento de que el Consejo Insular de Aguas denegó en 2004 la autorización que requería la UTE Edam Janubio para la puesta en funcionamiento de la desaladora y que estaba abierto un procedimiento judicial sobre esta cuestión.

La versión de Inalsa era la siguiente: si la UTE no cuenta con la autorización para realizar la obra no podía cumplir con el objeto del contrato, razón por la que no podía exigir su cumplimiento.

Sin embargo, la Sala resalta la “interrelación” existente entre el Consejo Insular de Aguas, el Cabildo e Inalsa y da por buena la posición de la UTE de que estas entidades “no tenían intención de cumplir el contrato de obra suscrito”, para lo que “fue determinante” la “denegación de las autorizaciones administrativas necesarias”.

“Hasta el punto”, subraya la Audiencia Provincial, “de que la resolución administrativa denegatoria fue firmada por el vicepresidente del Consejo Insular de Aguas de Lanzarote, [Mario Pérez] que al mismo tiempo desempeñaba el cargo de consejero delegado de Inalsa, tratando así de impedir el contrato firmado” con el “pretexto” de que la UTE estaba incumpliendo al no obtener las licencias necesarias.

Sentencia de la Audiencia contra Inalsa:
http://www.diariodelanzarote.com/docume ... inalsa.pdf

Según diariodelanzarote.com:

La sentencia que condenó a Inalsa a pagar más de 12 millones de euros por el laudo de la planta de Janubio puede ser recurrida. Así al menos lo sostiene el catedrático de Derecho administrativo y comunitario Ricardo Alonso, que ha emitido un informe jurídico a petición de CC en el que destaca que la resolución judicial debe ser anulada.



Para el jurista, a Inalsa todavía le quedan dos posibilidades: pedir la nulidad de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial por fallos en el procedimiento y recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional en el caso de que la Audiencia no le diese la razón.

La Audiencia Provincial de Las Palmas emitió una sentencia, el pasado mes de marzo, en la que ratificaba la validez del laudo arbitral y obligaba a la empresa pública de aguas a hacer frente al pago de más de 12 millones de euros. El laudo arbitral condenó a Inalsa por incumplir el contrato con la UTE Edam Janubio (FCC) para la construcción y explotación de una planta desaladora en Yaiza.

Sin embargo, a juicio del catedrático de la Universidad Complutense de Madrid que asesora a Coalición Canaria, la Audiencia Provincial debería haber planteado antes de emitir la sentencia una cuestión prejudicial sobre la supuesta infracción del Derecho comunitario del contrato de la planta desaladora. Es decir, debió consultar antes al Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea su parecer.

Ricardo Alonso subraya en su dictamen que el laudo dictado por la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Las Palmas en 2006 infringió “de forma palmaria el orden público comunitario”. La razón que da el jurista es que el contrato, formalizado en 2001, “infringió la Directiva comunitaria sobre procedimientos de contratación, y en concreto los principios de publicidad concurrencia, igualdad y no discriminación”.

El jurista critica en su dictamen jurídico, dado a conocer este viernes por la mañana, que la Audiencia Provincial no aplicase este precepto del Derecho comunitario. Lo que supone “desconocer las garantías” que garantiza la legislación y “una infracción flagrante del sistema de fuentes” del Derecho y, “en consecuencia, del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva”.

Por ello, el informe jurídico concluye que frente a la sentencia de la Audiencia Provincial “cabe, y se debe ejercitar” un incidente de nulidad de actuaciones ante la propia Sala que emitió la sentencia que ratificó la validez del laudo de la planta de Janubio.

Una nulidad que, añade, “debería ser estimada por la Audiencia , dada la evidencia de la infracción”. De esta forma se conseguiría anular la sentencia judicial y dar marcha atrás al procedimiento hasta el momento en el que la Audiencia Provincial debió consultar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea.

En el caso de que la propia Audiencia Provincial no estimase este incidente de nulidad de actuaciones, Inalsa todavía tendría la posibilidad de interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional “por infracción del derecho a la tutela judicial efectiva”.

El ex consejero delegado de Inalsa y vicepresidente de Coalición Canaria, Mario Pérez, destacó este viernes que “eso de que no se puede hacer nada y que se tiene que llegar a un acuerdo extrajudicial” con la UTE Edam Janubio “no es cierto”.

Por su parte, el portavoz de CC en el Cabildo, Pedro San Ginés, urgió al equipo de gobierno –PSOE y PIL- a interponer el recurso judicial que indica el informe jurídico del catedrático, toda vez que el plazo para ello se vence el próximo lunes, 27 de abril.

Coalición Canaria, que este viernes compareció para dar a conocer el dictamen jurídico, apostó por que la titularidad del agua en Lanzarote siga siendo pública. Informó de que han trasladado el informe tanto al Cabildo como a los miembros del Consorcio Insular de Aguas –propietario de Inalsa- y al consejo de administración de la empresa pública de aguas.

Dictamen jurídico sobre la posibilidad de impugnar la sentencia:
http://www.diariodelanzarote.com/docume ... inalsa.pdf

Según lavozdelanzarote.com:

La Audiencia Provincial ratifica que Inalsa debe indemnizar a la UTE Edam Janubio con 9,3 millones de euros.

“Es una muy mala noticia, además de injusta”. Así se ha manifestado el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, después de conocer que la Audiencia Provincial de Las Palmas ha desestimado el recurso de Inalsa, por el que se pedía que no se ejecutara el laudo arbitral de la Cámara de Comercio de Las Palmas, que fijó el pago de una indemnización de 9,3 millones de euros a la UTE Edam Janubio, por incumplir el contrato para hacer una desaladora en Yaiza.

San Ginés ha señalado que los servicios jurídicos ya están analizando este hecho. Y es que, ha precisado, “no podemos compartir que haya que pagar casi diez millones de euros por unas obras que no se hicieron”.

En este sentido, el presidente del Cabildo ha apuntado que desde Inalsa, el Consorcio Insular de Aguas y desde el propio Cabildo “se continuará agotando la vía jurídica para tratar de evitar que se cometa un atropello a las arcas públicas, por un contrato” que, a su juicio, “nunca debió firmarse”.

Según canarias7.es:

La Justicia ha ordenado que la UTE de Janubio (FCC y SPA) devuelva a Inalsa 2 millones de euros, embargados, una vez iniciado el concurso de acreedores, a pesar de haber tintes de irregularidad. La UTE deberá consignar en el juzgado el dinero que pasará a tesorería general de Inalsa.

La sentencia, comunicada a las partes el pasado 9 de marzo, supone la última resolución dictada por el Juez de lo Mercantil número 1 de Las Palmas, que ha dado por finiquitada la fase común del concurso de acreedores que se inició en junio de 2009.

En dicha resolución, el magistrado Alberto López Villarubia admite la solicitud de los administradores concursales que llevan meses con las riendas de la empresa pública, a la que también se adhirió Inalsa durante la vista, que consistía en que se reconociera a la UTE un pasivo 9,5 millones de euros en el concurso de acreedores, además de los intereses y las costas, por la planta en el sur que no se concretó.

Por su parte, se planteó que la UTE devolviera a Inalsa 2 millones de euros que cobró, mediante embargos repetidos, una vez que estaba ya en marcha el concurso de acreedores, ya que la ley prohíbe en principio la ejecución de embargos cuando dicho concurso ya se ha iniciado.

La decisión no acepta la aspiración empresarial, pues los abogados de la UTE pedían al juez, que en lugar de reconocerles la deuda de casi 10 millones, descontar los 2 millones embargados, para que el crédito finalmente quedara en 7,5 millones, al margen de intereses y costas. La UTE de Janubio alegaba que los embargos se habían ejecutado por sentencia el Juzgado número 13 de Las Palmas de Gran Canaria, tras hacerse firme la sentencia anterior de la Audiencia Provincial de Las Palmas, que hizo firme el pago por parte de Inalsa a la citada UTE de un laudo arbitral de 9,5 millones de euros, por los incumplimientos en el contrato para construir una desaladora en el sur de la isla, planeada hace una década.

Ahora, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Las Palmas ha aceptado en parte la demanda de la UTE, a la que reconoce los intereses, las costas y una deuda de Inalsa a su favor, por el importe aludido de aproximadamente 9,5 millones de euros.

De este modo, la UTE de Janubio deberá ingresar en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Las Palmas el importe señalado, que a su vez se ingresará en la tesorería de Inalsa, la cual a su vez podrá disponer de esta cantidad para hacer frente a obligaciones contables a corto plazo, entre otros aspectos.