FORO SOBRE LANZAROTE

Según cronicasdelanzarote.es:

Alfredo Díaz, el empresario que impugnó las licencias de dos hoteles de Puerto Calero de cuyos recursos se retiró el Cabildo de Lanzarote, ha solicitado la ejecución de la sentencia de cierre y derribo emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que considera que las licencias de ambos establecimientos no son legales.

Así lo manifestó este viernes el propio empresario, en declaraciones a El Despertador, de Agustín Acosta Radio. En su intervención, Alfredo Díaz explicó que ha tomado esta decisión después de que la Fundación César Manrique (FCM) notificara recientemente que iba a solicitar la ejecución de las sentencias, de forma general, en las que se había personado como parte acusatoria.

“Hemos solicitado exactamente lo mismo, la ejecución de la sentencia de esos dos hoteles de Puerto Calero, simplemente con el ánimo de que se nos trate a todos por igual”, sostuvo el empresario, que a su vez es propietario de uno de los hoteles cercanos al Papagayo Arena, en Las Coloradas, y cuya licencia también fue recurrida por el Cabildo ante los tribunales. Alfredo Díaz dice no entender que la Primera Corporación insista en difundir la idea de que unos hoteles son ilegales y otros ya no, y asegura que ha demostrado que el grupo de gobierno (PSC-PIL) del Cabildo miente, después de su personación en los dos procedimientos judiciales contra los dos hoteles de Puerto Calero, cuyos pleitos ganó.

Por todo ello, este empresario considera que las decisiones del Cabildo son totalmente arbitrarias y tienen un carácter cien por cien discrecional, y así vuelve a plantear varios interrogantes. “¿Qué criterios se están empleando para justificar las ilegalidades de los hoteles?; ¿por qué a esos dos hoteles se les retiraron los pleitos mientras al resto no?”

Díaz recuerda que cuando los tribunales le han dado la razón al Cabildo el argumento que se ha esgrimido para decretar ilegales ciertos establecimientos turísticos se basa exclusivamente en la existencia de determinados defectos de forma, “pero que no tienen nada que ver con el fondo”. El empresario critica que a pesar de estas sentencias y de sus fundamentos jurídicos, el Cabildo siga alegando hoy por hoy que el problema es que las licencias no son compatibles con el Plan Insular de Ordenación Territorial (PIOT), “cuando en realidad”, denuncia, “sabemos perfectamente que ninguna sentencia habla de ese requisito, y más cuando el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ya ha anulado el propio PIOT en varias sentencias”.

Alfredo Díaz recuerda que el TSJC ha aceptado sólo dos tipos de argumentos: uno, que faltaban por publicar las licencias; y dos, la ausencia de informes de compatibilidad del Cabildo. De esta forma, asegura que los promotores de los hoteles “no somos delincuentes y no estamos dispuestos a que se diga que hemos cometido un delito y que fuimos a pedir las licencias con maletín”.

Del mismo modo, el empresario atribuye la responsabilidad de esos defectos de forma tanto a los ayuntamientos que concedieron en su día las licencias -pues no las publicaron en el BOP- como al propio Cabildo de Lanzarote -ya que no emitieron los preceptivos informes de compatibilidad-.

En cuanto a las compensaciones por el interés general de las que habla el grupo de gobierno del Cabildo, Alfredo Díaz sostiene que no son los empresarios los que tienen que corregir ni compensar nada, sino que son precisamente las instituciones públicas, ayuntamientos y Cabildo, los que tendrán que compensar a los promotores que en su día invirtieron tanto dinero respaldados por unas licencias concedidas en su día y anuladas años después.

Alfredo Díaz criticó la “campaña de asedio” a la que han sido sometidos los empresarios turísticos en Lanzarote, y denunció la “persecución” a manos del Partido Socialista (PSC) poniendo como ejemplo el caso del hotel Papagayo Arena. “Tal y como ha señalado hasta el propio Ministerio de Medio Ambiente, con el Papagayo Arena no había nada ilegal. Ningún hotel invade tampoco el famoso deslinde marítimo-terrestre de Costas”, recordó. Por eso, este empresarios manifiesta que “si nos podemos a buscar, descubriremos que todo es ilegal”, dijo, esgrimiendo la reciente solicitud de cierre preventivo de los Centros Turísticos por parte de catorce empresarios afectados por los recursos del Cabildo.

Alfredo Díaz fue más allá y habló incluso de manipulación por parte de los socialistas. “Al final se destapa que ha habido manipulación y que se han dicho cosas gratuitamente, con irresponsabilidad absoluta y dejando a los empresarios como delincuentes”, dijo.

En cuanto a la difusión del documento ‘Legalidad Urbanística de Lanzarote’ por parte del PSC, el promotor augura que “esa ‘promoción’ del Cabildo no nos va a salir gratis. Los lanzaroteños deben darse cuenta ya de que con el rollo este de la sostenibilidad los precios han bajado en la Isla un 30 por ciento más que en cualquier otro destino turístico”, algo que considera lógico y normal teniendo en cuenta que “desde el cabildo se ha promocionado insistentemente la idea de que aquí se supone que todo es ilegal”, concluyó.

Según Crónicas de Lanzarote:

La sociedad Riversun Inmuebles, propiedad del empresario Alfredo Díaz, ha solicitado, a través de sus abogados, al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Las Palmas, que despache la ejecución contra el Ayuntamiento de Yaiza y las propietarias de los hoteles Iberostar Costa Calero y Hesperia Puerto Calero ordenando la demolición, ante la imposibilidad de legalizar sus licencias. La información la adelanta este jueves el diario Canarias 7.



El dueño de Riversun Inmuebles, Alfredo Díaz, propietario del hotel Iberostar Papagayo, cuya licencia fue también anulada por los tribunales después de que el Cabildo de Lanzarote se personara en la impugnación, se personó en los pleitos entablados inicialmente por el Cabildo contra estos hoteles de Puerto Calero, tras la llamativa retirada de la Corporación de los contenciosos, pese a que los establecimientos tenían los mismos defectos administrativos que el resto de hoteles, cuyas licencias fueron impugnadas y anuladas, y sin que el Cabildo explicara las causas de la retirada de dichos pleitos.

El empresario Alfredo Díaz no ha cesado de hablar, desde entonces, de "agravio comparativo", criticando las negociaciones que el anterior grupo dre gobierno del Cabildo emprendió con ciertos empresarios con hoteles afectados buscando la "compensación" y la "restitución del orden alterado", mientras que no inició ningún tipo de proceso con otros promotores. Son los casos de los empresarios Juan Francisco Rosa, Rafael Lasso y Francisco Armas, entre otros, tres empresarios que precisamente esta semana fueron llamados a declarar por la jueza del Juzgado Número 2 de Arrecife, en la investigación del llamado caso de los hoteles ilegales, que tiene al ex alcalde de Yaiza José Francisco Reyes como principal implicado.

Riversun ya pidió en junio de 2009 la ejecución de las sentencias que anularon las licencias de los hoteles de Puerto Calero, "y ante la actitud del Cabildo y el Ayuntamiento de Yaiza que llevan meses pasándose el problema del uno al otro, sin que ninguno quiera concluir el expediente de legalización", es por lo que ha solicitado al juez "que acuerde despachar ejecución contra el Ayuntamiento de Yaiza y las empresas responsables de los establecimientos, ordenándoles demoler solidariamente a su costa ambos hoteles y proceder a su posterior desescombro, así como librar oficio al jefe de la Policía de Yaiza a fin de clausurar la inmediata actividad turístico-hotelera y al inmediato precinto de sus instalaciones".

Los abogados basan su demanda en la imposibilidad de legalizar dichos hoteles, ya que la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Directrices de Ordenación del Turismo 19/2003, establece que "hasta la entrada en vigor de los planes territoriales especiales Insulares, o hasta la adaptación del planeamiento general insular a las Directrices se suspende el otorgamiento de autorizaciones turísticas y licencias urbanísticas para edificios turísticos".