La Audiencia Provincial de Las Palmas ha retirado al líder histórico del PIL, Dimas Martín, el tercer grado penitenciario que ha estado disfrutando en los últimos meses. La Sala critica que Martín sólo haya ingresado 6.000 euros de los 2,4 millones que tiene que desembolsar en concepto de responsabilidad civil por la sentencia del Complejo Agroindustrial.
De esta manera, Martín pierde el tercer grado concedido por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias que le ha permitido sólo tener que acudir a dormir al centro penitenciario de Tahíche de lunes a viernes. El tercer grado había sido ratificado por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria el pasado 8 de abril.
Sin embargo, la Audiencia Provincial ha estimado el recurso de la Fiscalía y en un auto fechado este 6 de mayo, critica la “precipitación” tanto de la Administración como del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
El principal argumento que ha tenido en cuenta la Audiencia Provincial para enviar de nuevo a prisión a Dimas Martín ha sido que no ha hecho frente a los 2,4 millones de euros de responsabilidad civil a la que fue condenado por irregularidades en la gestión del Complejo Agroindustrial a comienzos de la década de los 90.
Dimas Martín fue condenado a ocho años de prisión y 15 de inhabilitación por un delito continuado de malversación de caudales públicos, un delito contra la Hacienda Pública y un delito contra la Seguridad Social. De la pena de ocho años de prisión, la Audiencia recuerda en el auto que Martín no ha cumplido de manera efectiva ni “dos años y medio”.
Además, el auto critica que Martín sólo haya abonado 6.000 euros para ir rebajando la cantidad fijada de responsabilidad civil. En concreto,
efectuó 10 ingresos de 550 euros y cinco ingresos de 100 euros desde febrero de 2008, a pesar de haber ingresado en prisión en diciembre de 2006.
De hecho, destaca que lo ingresado por Dimas Martín es “ridículo” y representa tan sólo el 0,25 por ciento de lo que debe. Añade que su “actitud” en modo alguno “cabe calificarla de meritoria” y, por tanto, “imposibilita la progresión” al tercer grado penitenciario.
La Audiencia señala en su auto que “constan varias fincas catastradas a nombre” de Dimas Martín, “cuyo embargo no pudo finalmente concretarse al estar en el Registro de la Propiedad inscritas a nombres de terceros”.
En cualquier caso, subraya, hasta la fecha no se ha declarado la situación de insolvencia de Dimas Martín, ni existe “indicio que revele la imposibilidad de afrontar” el pago de los 2,4 millones de euros. “Más bien, lo que se desprende de lo actuado es que los esfuerzos del interno a tal fin han sido más bien nulos”.
La defensa de Dimas Martín había intentado mantener el tercer grado alegando ante la Audiencia que se había comprometido a abonar las responsabilidades civiles de la sentencia del Complejo fraccionando los pagos.
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