FORO SOBRE LANZAROTE

Según Diario de Lanzarote:

Señala que se solicitó el ingreso en prisión de siete de los detenidos “atendiendo a su grado de implicación, gravedad de los delitos y de las penas previstas, y de los indicios suficientes de su participación en los hechos investigados”.

Así, a los siete encarcelados, Dimas Martín, Matías Curbelo, Segundo Rodríguez, José Miguel Rodríguez, Ubaldo Becerra, Fernando Becerra y Luis Lleó, la Fiscalía les acusa de cohecho. Del mismo delito se acusa a otros nueve detenidos, puestos ya en libertad, mientras que a Rafael Arrocha se le acusa de actividad prohibida a funcionario y revelación de secretos.

Los otros tres detenidos en la Operación Unión , Honorio Nicolás García Bravo, Elena Martín y Vicente Bartolomé Fuentes, no están acusados por la Fiscalía por ningún delito, aunque el Juzgado confirmó que Martín salió en libertad con cargos y que Bartolomé está acusado de cohecho, mientras que de García-Bravo se desconoce su situación procesal.

La Fiscalía señala que este caso se encuentra dentro de las diligencias previas 697/2008 del Juzgado de Instrucción 5 de Arrecife y que el asunto está siendo asumido por un equipo de trabajo compuesto por el fiscal delegado de la sección de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía provincial de Las Palmas y por el fiscal de Arrecife integrado en la citada sección.

Destaca la Fiscalía que tras una primera semana de actuaciones judiciales, y después de más de un año de investigación se han realizado esas imputaciones y que “en este momento procesal es prematuro avanzar cuál será la posición definitiva de la Fiscalía en relación con las personas mencionadas, u otras que pudieran resultar imputadas a la vista de las investigaciones en curso, lo que se hará, en su caso, en el escrito de acusación correspondiente”.

Las actuaciones judiciales se están desarrollando bajo secreto de sumario con la finalidad de garantizar su eficacia, y del resultado de las mismas se irá informando a la opinión pública en su debido momento, señala al Fiscalía

Asimismo destaca “el extraordinario trabajo que está desarrollando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil , bajo la dirección del titular del Juzgado 5 de Arrecife, y en coordinación con la sección de Medio Ambiente y Urbanismo de esta Fiscalía”.

Comunicado de la Fiscalía:
http://www.diariodelanzarote.com/docume ... scalia.pdf

11:00 Detenido el ex alcalde de Yaiza y actual edil en la oposición, José Francisco Reyes (PNL). Se le investiga por supuestas irregularidades en la concesión de licencias en el Plan Parcial Costa Roja.


18:01 El ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes (PNL), en libertad con cargos de prevaricación urbanística.

Nota del TSJC sobre Reyes:
http://www.diariodelanzarote.com/docume ... _reyes.pdf

7:40 El secretario general del PSC-PSOE en Lanzarote y consejero del Cabildo, Carlos Espino, denunció un intento de soborno del empresario Luis Lleó a través de Fernando Becerra, ambos imputados ahora en la operación Unión.

Según La Provincia:

Cantidades de entre seis mil y cien mil euros se pagaron en presuntas comisiones ilegales en Lanzarote a lo largo del último año. Casi todo en Arrecife y casi todo en torno a Dimas Martín, el líder del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) y al que los investigadores consideran el cabecilla de la presunta trama de corrupción destapada en el transcurso de la Operación Unión.

El modus operandi de la trama, que podría estar funcionando en Lanzarote desde hace más de una década, seguía un patrón muy similar en todas las ocasiones. Los empresarios vinculados a la red pagaban en torno al diez por ciento de comisión por los contratos públicos que les otorgaban, de manera irregular, los diferentes cargos imputados hasta el momento, aunque no se descarta que la lista de implicados aumente en próximas fechas en función de la ingente cantidad de documentación acumulada a lo largo de un año de investigación. El máximo que se llegó a pagar fueron los cien mil euros que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil intervinieron en una cafetería de Arrecife el mismo día en que se efectuaba el pago. Presuntamente, Matías Curbelo (mano derecha de Dimas Martín en el PIL y asesor del Cabildo de Lanzarote) pretendía cobrar cien mil euros de un empresario en el mismo momento en que se presentó la Guardia Civil y les comunicó que quedaban detenidos.

El mínimo que se ha pagado de comisión ilegal a cambio de algún tipo de contrato público son seis mil euros como contraprestación de algún contrato menor en el Ayuntamiento de Arrecife.

A pesar de que la instrucción lleva un año abierta, los investigadores consideran que la trama lleva activa más de una década. De los datos que se han podido obtener de las intervenciones telefónicas y los seguimientos ordenados por el juez César Romero Pamparacuatro se estima que en Lanzarote se han podido pagar comisiones cuya cifra se acerca al millón de euros, sin que se descarte que aparezcan más pagos ilegales a lo largo de la investigación. Lo que resulta imposible cuantificar es lo que ha ocurrido antes de que se iniciara la Operación Unión, pero los investigadores sí están en disposición de asegurar que han existido pagos a cambio de contratos públicos desde bastante tiempo atrás.

Lo que se inició como una investigación por el presunto cobro de comisiones ilegales en torno al PIL, se ha ramificado en varias investigaciones que, con el paso de la instrucción, tendrán que ser separadas de la causa principal.

Según laprovincia.es:

El principal empresario detenido por la trama de corrupción destapada en Lanzarote durante la operación Unión, el promotor Luis Lleó Khünel, intentó presuntamente sobornar a tres miembros de la Cámara de Comercio de Lanzarote para venderles un edificio de su propiedad y obtener ingresos vitales para solventar problemas económicos con los bancos. De ahí que, en este momento, tres miembros de la patronal se encuentren imputados en la causa.

Según apuntan fuentes próximas a la investigación, Lleó Khünel, en prisión provisional por esta causa por orden del juez instructor, César Romero Pamparacuatro, tenía algunos problemas económicos con los bancos derivados de la crisis financiera, por lo que necesitaba vender propiedades para cubrir otros pagos.

Así, el promotor inmobiliario contactó con Fernando Becerra, vocal de la Cámara de Comercio de Lanzarote y al que los investigadores atribuyen un papel de intermediario de Lleó para diferentes aspectos, y le ofreció una cantidad de dinero si conseguía que la institución, de la que era vocal, le comprara una planta entera del edificio Marina de Naos, actualmente en construcción y ubicado en la avenida Medular de la capital lanzaroteña, frente a la nueva comisaría de policía. La Cámara estaba en esos momentos buscando un edificio que albergara su nueva sede.

La Cámara de Comercio, sin embargo, ya contaba con una concesión administrativa de la Autoridad Portuaria para construir un edificio que albergara su sede, pero a través de la operación del edificio de Lleó se pretendía que se desechara.

Según diariodelanzarote.com:

Según confirmaron fuentes del Partido Socialista, la decisión de Placeres se ha tomado tras la petición de la presidenta del Cabildo, Manuela Armas, de que no abandonase la institución, como había anunciado el pasado 2 de junio.

El motivo de su dimisión fue el haber sido citado a declarar en calidad de imputado ante la Guardia Civil de Costa Teguise por un presunto tráfico de influencias en el marco de las investigaciones que se desarrollan por la ‘operación Unión'.

Las fuentes consultadas señalan que Placeres seguirá al frente de las áreas que tenía, es decir, Educación y Cultura, a las que con seguridad se añadirá “algún área más” para repartir las responsabilidades del gobierno en minoría entre los seis consejeros socialistas.

El freno a la dimisión de Placeres se puede llevar a efecto por cuanto su renuncia al cargo de consejero del Cabildo no había sido ratificada por el pleno de la Corporación, que no ha celebrado ninguna sesión en las últimas semanas.

Como se recordará, Placeres llegó a darse de baja como militante del Partido Socialista para “que un asunto de carácter personal perjudique la imagen” de su formación política. La dirección del PSOE llegó a alabar su actitud.

Según cronicasdelanzarote.es:

Rubén Placeres dice que se equivocó al presentar su dimisión de manera precipitada. “Dí el paso desconociendo el alcance de la imputación. Tras declarar, valoré la situación y entendí que los hechos imputados no son constitutivos de delito, como quedará demostrado”.

Según Diario de Lanzarote:

El arquitecto Carlos Morales, marido de la princesa Alexia de Grecia, ha prestado declaración este viernes por la mañana ante el magistrado César Romero Pamparacuatro, que instruye la ‘operación Unión'. El magistrado le ha imputado un delito contra la ordenación del territorio y otro de tráfico de influencias.



Fuentes oficiales del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) señalaron que Carlos Morales declaró ante el titular del Juzgado de primera instancia e instrucción número 5 de Arrecife desde las 09.30 horas hasta las 14.30 horas.

El magistrado le ha imputado por los delitos contra la ordenación del territorio y tráfico de influencias. Sin embargo, no se han tomado medidas cautelares respecto del imputado. Las actuaciones judiciales continúan bajo secreto de sumario.

Al parecer, la implicación de Morales en la ‘operación Unión' tendría que ver supuestamente con el avance del Plan General de Ordenación Urbana de Arrecife. El arquitecto habría sido contactado por el PIL, a través del concejal Ubaldo Becerra, actualmente en prisión provisional por cohecho.

Cabe recordar que el despacho profesional de Carlos Morales en Puerto Calero fue registrado el lunes 25 de mayo, cuando se desencadenó la 'operación Unión', incautándose la Guardia Civil de numerosa documentación.

Por otro lado, en el marco de la ‘operación Unión' también se investiga una licencia para una vivienda promovida por Morales en Puerto Calero en suelo rústico. En el procedimiento ha sido imputado el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, por prevaricación urbanística.

Según cronicasdelanzarote.es:

El juez César Romero Pamparacuatro, titular del Juzgado Número 5 de Arrecife que instruye las diligencias de la Operación Unión, ha ordenado la puesta en libertad del dirigente de la Cámara de Comercio de Lanzarote Fernando Becerra, que compartía estancia con su hermano Ubaldo, concejal del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) en el Ayuntamiento de Arrecife.

Becerra, al que se le imputa un delito de cohecho, abandonó la prisión de Tahíche alrededor de la una del mediodía, según confirmaron a este diario fuentes próximas a la familia, que ratificaron además que su estado es bueno.

Fernando Becerra, que fue detenido el pasado mes de mayo por orden del juez en la segunda fase de la Operación Unión, formó parte del grupo sobre el que recayó prisión incondicional sin fianza, junto a su hermano Ubaldo, el también concejal del PIL José Miguel Rodríguez, el ex vicepresidente del Cabildo Segundo Rodríguez, el líder del PIL Dimas Martín, el asesor del Patronato de Turismo Matías Curbelo y el empresario Luis Fernando Lleó Khünel.

Así, además, se convierte en la segunda persona en abandonar la prisión de Tahíche después de que el pasado 28 de julio saliera el ex secretario general de los socialistas lanzaroteños Segundo Rodríguez.

En estos momentos se encuentran en la prisión de Tahíche Matías Curbelo y Ubaldo Becerra, mientras que Dimas Martín y Lleó continúan en Tenerife y José Miguel Rodríguez en la prisión del Salto del Negro, en Las Palmas.

Sobre la investigación sigue sin saberse nada, puesto que no se ha levantado por el momento el secreto del sumario.