FORO SOBRE LANZAROTE

Según lavozdelanzarote.com:

El secretario del Cabildo de Lanzarote, Francisco Perdomo, ha sido citado a declarar como imputado en el marco de la Operación “Unión” por el juez que instruye la causa, César Romero Pamparacuatro. Perdomo ha recibido la citación sobre las 12 horas de este miércoles en su puesto de trabajo en la Corporación insular, y tendrá que acudir a los juzgados el próximo 24 de septiembre.



Pero esta no es la única citación que se ha entregado en el Cabildo. Los consejeros Rubén Placeres y Fabián Martín, imputados hasta ahora por la Guardia Civil, también han recibido un escrito requiriendo su presencia ante el juez del Juzgado de Instrucción Número 5 de Arrecife.

Así, son ya tres las personas vinculadas al Cabildo que han pasado a estar imputadas en esta causa, que se inició en el Ayuntamiento de Arrecife y continuó en una segunda fase en el Consistorio de Yaiza, dejando 21 detenidos (de los cuales cinco continúan en prisión) y al menos otra decena de imputados.

La nueva imputación y las citaciones para retomar las declaraciones en los Juzgados evidencian una reactivación de esta Operación tras el "parón" judicial de agosto. De hecho, en estos días entre 10 y 20 imputados y testigos están recibiendo citaciones, y el nombre de Francisco Perdomo podría no ser el único nuevo que se sume a la lista de acusados.

Según laprovincia.es:

La 'Operación Unión' gira de nuevo. El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Arrecife, César Romero Pamparacuatro, ha citado en calidad de imputados a los alcaldes de Yaiza, Tinajo y Arrecife dentro de una ronda de declaraciones que se prolongará desde el próximo viernes 18 de septiembre hasta el finales del mes de octubre. Se trata, básicamente, de personas que ya prestaron declaración ante la Guardia Civil y a los que el juez imputa ahora de manera oficial en el marco de la presunta trama de corrupción que afecta a numerosas instituciones públicas de Lanzarote.

Las imputaciones más relevantes de esta segunda fase de la 'Operación Unión' tienen que ver con los máximos responsables de los Ayuntamientos de Yaiza, Tinajo y Arrecife. El magistrado instructor, que dirige la investigación junto a la sección de Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial de Las Palmas y la Guardia Civil, ha citado como imputada a Gladys Acuña, máxima responsable del consistorio de Yaiza y perteneciente al PIL (Partido de Independientes de Lanzarote), formación que preside el principal imputado de esta causa, Dimas Martín.

Según aseguran fuentes próximas a la investigación, la citación de Acuña podría estar relacionada con un presunto delito de prevaricación a la hora de tramitar la licencia para construir la vivienda del arquitecto Carlos Morales, también investigado en la trama. Morales prestó declaración ante la Guardia Civil el pasado 3 de junio y se le investiga por los presuntos delitos de tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio, por la construcción de una vivienda en Puerto Calero (Yaiza), en terreno protegido.

Otro de los aspectos por el que se investiga a la alcaldesa Gladys Acuña tiene que ver con el envío de una cuadrilla de trabajadores del ayuntamiento a una de las viviendas del líder del PIL, Dimas Martín, para realizar una serie de obras con cargo, presuntamente, al erario público municipal.

Según laprovincia.es:

CALENDARIO DE DECLARACIONES

18 de Septiembre: Miguel Angel Ferrer y Joana Garcia. Técnicos del Cabildo. Declaran como testigos en relación con la celebración de un concierto en el Auditorio de Arrecife.

23 de Septiembre: Enrique Perez Parrilla y Rubén Placeres. Alcalde de Arrecife y consejero de cultura del Cabildo. También por el concierto.

24 de Septiembre: Honorio Garcia-Bravo padre e hijo. Presunto pago de comisiones en una posible operación de compra de un local por parte de la Cámara de Comercio de Lanzarote.

13 de Octubre: Gladys Acuña y Jesús Machín. Alcaldesa de Yaiza y alcalde de Tinajo. Imputados por presunto delito de prevaricación.

20 de Octubre: Fabián Martín y Leonardo Rodiguez. Exvicepresidente del Cabildo y Exteniente de alcalde de Yaiza y concejal de urbanismo. Imputados por prevaricación.

27 de Octubre: Vicente Bartolomé. Secretario del ayuntamiento de Yaiza. Imputado.

Comunicado del TSJC:
http://www.diariodelanzarote.com/docume ... _union.pdf

Según Diario de Lanzarote:

El juez del Juzgado Primera Instancia número 5 de Arrecife, César Romero Pamparacuatro, que se encarga del denominado 'Caso Unión', que investiga una supuesta trama de corrupción en Lanzarote, ha mantenido este martes la imputación por cohecho al ex concejal de Urbanismo de Arrecife, José Miguel Rodríguez.

Rodríguez, que prestó declaración a lo largo de la mañana, también ha sido imputado por un posible delito de asociación ilícita por parte del juez que instruye la operación Unión.

Además, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), se ha decidido mantener la prisión provisional a Rodríguez, que hasta el momento estaba en la cárcel del Salto del Negro, en Las Palmas de Gran Canaria.

Rodríguez fue detenido el pasado 25 de mayo y, tras prestar declaración ante el juez, ingresó en prisión, comunicada y sin fianza.

Es el único de los dos concejales de Arrecife arrestados en dicha jornada que permanece en prisión, ya que el también edil del PIL Ubaldo Becerra, quedó en libertad el pasado 21 de septiembre.


Por otro lado, este miércoles por la mañana declararán dos arquitectos que también fueron imputados en la operación Unión. Cabe recordar que en la investigación judicial, según informó en su día la Guardia Civil , se analiza la supuesta manipulación en la adjudicación del Plan General de Arrecife.

Así, a las 9.30 horas ha sido citado a declarar José María Pérez Sánchez y a las 11.00 horas el también arquitecto Víctor Alberto Sánchez Martín.

Según lavozdelanzarote.com:

El juez del Juzgado de Instrucción Número 5 de Arrecife, César Romero Pamparacuatro, ha imputado por dos presuntos delitos de tráfico de influencias y de alteración de precios en concursos al arquitecto José María Pérez Sánchez, que este miércoles ha prestado declaración en los Juzgados de la capital.

El arquitecto Víctor Sánchez, que ha prestado declaración este miércoles ante el juez César Romero Pamparacuatro, ha sido también imputado por dos presuntos delitos de tráfico de influencias y alteración de precios en concursos.

Estos cargos son los mismos que pesan sobre el otro arquitecto que ha declarado este mismo día, José María Pérez Sánchez. La supuesta implicación de ambos en la causa estaría vinculada al concurso para la redacción del avance del Plan General de Ordenación Urbana de Arrecife.

Según La Voz de Lanzarote:

Otro de los hermanos Becerra, Antonio Becerra, ha pasado este miércoles a declarar por el cuartel de la Guardia Civil de Costa Teguise, donde había sido citado por los agentes de la UCO.



Becerra ha entrado a las dependencias de la benemérita sobre las 12:45 horas, y media hora después ha vuelto a salir. Al parecer, sobre él pesaría una imputación policial por un presunto delito de tráfico de influencias.

Dos hermanos de la familia, Ubaldo y Fernando Becerra, están imputados en la Operación "Unión", y ambos pasaron varios meses en prisión provisional en el marco de esta causa.

Según La Voz de Lanzarote:

La mujer de Dimas Martín, Elena Martín Cabrera, ha entrado sobre las 10:20 horas de este jueves al cuartel de la Guardia Civil de Costa Teguise, para prestar declaración ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), encargados de la Operación “Unión”.



Elena Martín había sido citada por este cuerpo, y ha entrado en las dependencias junto a su abogada, donde ha permanecido por espacio de una hora. Su presunta relación con la causa podría estar vinculada al capital económico a su nombre.

Aunque hasta ahora no figuraba en la lista de imputados en esta causa, el nombre de Elena Martín sí había aparecido vinculado a alguno de los posibles frentes de la Operación "Unión". Ya en las primeras semanas de esta intervención judicial, La Voz de Lanzarote apuntaba a una vivienda que estaba a nombre de la mujer de Dimas, y que podría formar parte de la investigación.

En esa propiedad se estaba realizando una “construcción anexa a la anterior vivienda” con tres nuevas habitaciones, “un muro de piedra en el perímetro de la parcela” y “una piscina de 30 metros cuadrados aproximadamente”, y todo ello, sin contar con la Calificación Territorial y la Licencia Municipal de Obras, según consta en una denuncia elevada el pasado mes de marzo por el Seprona.

Supuestamente, podría estar bajo sospecha la posible pasividad del Ayuntamiento ante la construcción de esta obra, que incluso había sido inspeccionada en varias ocasiones por la Policía.

Según La Voz de Lanzarote:

El director gerente de Marina Rubicón, Rafael Lasso Lorenzo, tuvo que explicar el pasado viernes ante la jueza del Juzgado de Instrucción Número 2 de Arrecife y ante el fiscal por qué este Puerto Deportivo nunca ha cobrado por el atraque del yate de la familia de José Francisco Reyes en esta instalación.





Lasso Lorenzo, hijo del conocido empresario Rafael Lasso, había sido citado en calidad de testigo por la jueza, en el marco del último operativo policial entorno a la causa por la presunta trama para la concesión de licencias ilegales en Playa Blanca.

En esa última operación, que se saldó con la detención de Reyes, de su mujer y de tres de sus hijos, se realizaron varios registros en propiedades de la familia, incluido el yate que desde hace años tienen atracado en Marina Rubicón.

La embarcación fue adquirida a finales del año 2004 por la sociedad denominada “Sea Sun Lanzarote S.L.”, cuyo domicilio social está en la Avenida Rubicón nº5 de Femés, es decir, en la vivienda donde reside José Francisco Reyes.

Desde entonces, hace ya cinco años, el yate está atracado en el Puerto Deportivo Marina Rubicón, pero ni el ex alcalde ni su familia han pagado nunca por ello, según se desprende de la investigación.

Durante su declaración, Rafael Lasso Lorenzo habría justificado esto alegando que respondería a decisiones empresariales, destinadas a dinamizar el puerto. Desde hace unos días, el yate, que fue registrado por agentes de la policía, se encuentra precintado.

Según diariodelanzarote.com:

El levantamiento del secreto de sumario sobre la pieza separada abierta para averiguar las propiedades de Reyes deja al descubierto una serie de compras efectuadas mientras estaba en la Alcaldía de Yaiza, que van desde vehículos a pisos, y que se abonaron con fuertes sumas de dinero –centenares de miles de euros- del que se desconoce su origen.

Como consecuencia de los indicios de presunto blanqueo de capitales aparecidos en la investigación, el Juzgado ha procedido al embargo preventivo de cuatro automóviles de la familia Reyes: un Saab de gama alta, del ex alcalde; un Toyota RAV4, que utilizaba su esposa; un Toyota Corolla, de una de sus hijas y una furgoneta Renault Kangoo, de su hijo José Francisco.

Al mismo tiempo, la jueza también ha ordenado el embargo preventivo de la vivienda de José Francisco Reyes en la localidad sureña de Femés y de dos pisos adquiridos a nombre de sus hijas, uno en La Laguna y otro en Barcelona.

Reyes tendrá que explicar en el procedimiento judicial cómo él y sus familiares más próximos se hicieron en pocos años con un patrimonio tan cuantioso, buena parte del mismo abonado en efectivo, sin que se le conozcan más retribuciones que su sueldo de cargo público, que rondaba los 3.000 euros mensuales.

Su esposa no ha trabajado estos años y compras de decenas de miles de euros a nombre de sus hijos se hicieron cuando éstos todavía estaban estudiando o no tenían recursos económicos suficientes.

Según lavozdelanzarote.com:

El ex alcalde de Yaiza y vicepresidente del PNL, José Francisco Reyes, confesó durante su declaración ante la jueza del Juzgado de Instrucción Número 2 de Arrecife, María Dolores García Benítez, y el fiscal Ignacio Stampa, haber recibido dinero de empresarios, vinculado a la concesión de licencias ilegales en Playa Blanca. Ése es uno de los contundentes datos que se confirman después de que la magistrado haya decidido levantar este martes el secreto de sumario de la causa.

Reyes, que prestó declaración el pasado domingo 4 de octubre, después de pasar cuatro días detenido, señaló incluso varios nombres de empresarios que le habrían “ayudado”, y que ahora serán citados por la jueza en calidad de imputados. Algunos, presuntamente, por pagar sobornos (cohecho). Otros, por hacer pagos “en especie”, en forma de distintos beneficios o regalos.

Durante su declaración, el ex alcalde de Yaiza tuvo que responder, entre otras cosas, por gastos de más de 700.000 euros realizados por él y su familia, concentrados sobre todo en unos tres o cuatro años, y cuyo origen no se podía justificar, según el informe realizado por la Udyco tras rastrear el patrimonio de Reyes y de su entorno. Y ante la evidencia de estos datos, Reyes habría decidió empezar a colaborar, al menos parcialmente, con la investigación.

Entre los datos que aportó en su declaración, y que ahora forman parte del sumario de la causa, José Francisco Reyes se refirió expresamente a la licencia del hotel Papagayo Arena, indicando que la empresa responsable de este polémico establecimiento le habría pedido que "agilizara" los trámites y que diera "legalidad" al proyecto.

El ex alcalde de Yaiza, que está acusado de cohecho, prevaricación urbanística, malversación de fondos, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, ingresó en la cárcel de Tahíche tras su declaración en los juzgados y, hasta nueva orden de la jueza, continuará en prisión provisional.

Mientras tanto, la causa sigue abierta y pendiente de nuevas declaraciones. Y aunque la magistrada ha decidido levantar el secreto de sumario, la investigación continuará su curso.

La investigación lleva abierta más de tres años, y pretende llegar al fondo de los motivos que llevaron a José Francisco Reyes a conceder unas 30 licencias de obras y prórrogas de otras caducadas entre los años 1998 y 2003, yendo contra del Plan Insular de Lanzarote, de los informes del Cabildo y hasta de los propios informes de los técnicos del Ayuntamiento. Algunas, incluso, se llegaron a conceder el mismo día en que fueron solicitadas.

Según La Voz de Lanzarote:

Dimas Martín se enfrenta a dos nuevas imputaciones en el marco de la Operación "Unión": asociación ilícita y uso de información privilegiada. El líder histórico del PIL ha vuelto a declarar este miércoles ante el juez el Juzgado de Instrucción Número 5 de Arrecife, César Romero Pamparacuatro, que ha agregado dos cargos a los de cohecho y tráfico de influencias que ya pesaban sobre Dimas.

Martín es el segundo imputado de la Operación “Unión” en enfrentarse a un cargo por asociación ilícita. El primero, la pasada semana, fue el ex concejal de Economía y Hacienda de Arrecife, José Miguel Rodríguez.

Según La Voz de Lanzarote:

El juez del Juzgado número 5 de Arrecife, César Romero Pamparacuatro, ha dictado un auto por el que determina el fin de la prisión provisional para Dimas Martín y Luis Lleó, los dos últimos imputados de la Operación Unión que permanecían en prisión.

Ambos permanecen en prisión desde finales de mayo. Martín, declaró el miércoles ante el Juzgado y se encuentra en la prisión de Tahíche y el juez determina su libertad sin fianza por esta causa, aunque cabe recordar que el líder histórico del PIL también estaba en prisión cumpliendo condena por el caso del Complejo Agroindustrial.

Por su parte, el empresario Luis Lleó permanecía en la cárcel de Tenerife II. Se le ha solicitado una fianza de 120.000 euros y podría abandonar el centro penitenciario este mismo viernes.

Según laprovincia.es:

El magistrado del juzgado de Instrucción número 5 de Arrecife, César Romero Pamparacuatro ha ordenado la puesta en marcha de una investigación para determinar si el concejal del Partido Nacionalista de Lanzarote (PNL) en Arrecife, Pedro de Armas, podría haber desviado u obtenido un total de 780.000 euros (130 millones de pesetas) a través de facturación falsa o emisión de facturas sin que se hubieran prestado servicios en la empresa pública Insular de Aguas de Lanzarote (Inalsa).



La denuncia presentada al juez por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se lleva a cabo después de haber encontrado una grabación (en un CD) durante el registro a la vivienda del líder del PIL, Dimas Martín, en el marco de la Operación Unión, en el que el empresario Marcial Brito Cañada comenta que sus hijos realizaron facturación falsa a instancia de Pedro de Armas a través de las empresas Transportes Salao Naoz y Grupo de empresas Salao e Hijos en Inalsa. "Al parecer las facturas presuntamente falsas se realizaron en los ejercicios fiscales 1997 y 1998 por importe de 80 y 50 millones de pesetas", destaca el atestado de la UCO.

Según el auto los indicios de posibles delitos, de estafa o de cohecho, "se obtienen del contenido de las conversaciones telefónicas interceptadas a Dimas Martín con el tal Marcial, el cual llega a reconocer la simulación y que fueron realizadas por sus empresas para hacerle un favor a Pedro de Armas". Posteriormente, Dimas, solicita a la por entonces consejera delegada de Inalsa, Plácida Guerra que acopie la documentación necesaria sobre esta denuncia.

El juez añade que "para la instrumentación de la operación podía haberse realizado o instrumentalizado, partiendo que el beneficiario de dichas cantidades sea Pedro de Armas, a través de algunas de las entidades mercantiles a las que haya pertenecido como Marivista Lanzarote Sl o Estucan Sl". Pamparacuatro solicita a la Agencia Estatal de Administración Tributaria información sobre los implicados en esta trama respecto al periodo comprendido entre el año 1997, 1998 y 1999.

En la grabación incautada en la casa de Dimas, el empresario Marcial Brito pone de manifiesto que además de estas facturas emitidas por sus hijos, "inscribió a nombre de Pedro de Armas, a petición de este último, un almacén y una oficina, para así evitar que fueran embargadas por la Hacienda Pública al no satisfacer las correspondientes liquidaciones por la emisión de las facturas que nos ocupan, quedándose Pedro de Armas con la propiedad de las mismas".

Pedro de Armas y Marcial Brito, conocido en Lanzarote como el Salao, han mantenido una relación familiar por ser consuegros, dado que una de las hijas de Marcial Brito "ha mantenido o mantiene una posible relación sentimental con uno de los hijos de Pedro de Armas", destaca el atestado.

Según lavozdelanzarote.com:

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil volvieron la pasada semana al Ayuntamiento de Arrecife para solicitar nueva documentación correspondiente a 2009. Así lo ha confirmado este miércoles en Radio Lanzarote el alcalde de Arrecife, Cándido Reguera, que ha asegurado que la información requerida por los agentes “ya les ha sido entregada”.

A diferencia de lo sucedido el pasado 25 de mayo, cuando desembarcó la Operación "Unión" en Lanzarote y los agentes precintaron el Ayuntamiento, en esta ocasión la presencia de la UCO en la isla pasó prácticamente desapercibida.

“Lógicamente los agentes tienen la autorización para demandar la información que necesiten del Ayuntamiento, y se la tenemos que dar”, ha afirmado Cándido Reguera. “No soy especialista en cuestiones de este tipo, pero me imagino que será normal que vuelvan al Ayuntamiento si están haciendo una investigación, será normal que recaben información”, ha señalado.

En este sentido, ha informado de que la documentación requerida por la UCO ya les “ha sido entregada”. “Se les ha facilitado lo que han pedido”, ha indicado.

Según fuentes del Ayuntamiento de Arrecife, los agentes de la UCO solicitaron contratos y facturas correspondientes al año 2009. Estas mismas fuentes aseguran que la presencia de estos agentes se notificó al secretario del Consistorio, a quien se le requirió la documentación.