FORO SOBRE LANZAROTE

Según diariodelanzarote.com:

El Gobierno de Canarias ha recibido nueve reclamaciones de empresas implantadas en Lanzarote que solicitan ser indemnizadas por no desarrollar parcelas de uso turístico en Playa Blanca, Playa Quemada y Costa Teguise. Para ser compensadas tocan a la puerta que dejó abierta la Ley de Medidas Urgentes.

El Ejecutivo autonómico estableció que los titulares de suelos urbanos y urbanizables destinados total o parcialmente a uso turístico que no se hubiesen edificado y que mantuviesen “sus derechos urbanísticos consolidados” podían solicitar en un periodo de seis meses una indemnización económica si deseaban 'desclasificar' sus terrenos.

El suelo que sea 'eliminado' del mercado por esta vía –pasando de urbano o urbanizable a rústico de protección territorial- puede, sin embargo, volver a ser clasificado para su desarrollo urbanístico en un plazo de tan sólo cinco años. La Ley de Medidas Urgentes daba seis meses desde su entrada en vigor para iniciar los expedientes de indemnización.

La ley también permite solicitar la sustitución "de la edificación alojativa por otras destinadas a parques temáticos, actividades culturales, de ocio, de espectáculos, comerciales, deportivas, de restauración u otras similares".

En toda Canarias se han presentado un total de 54 solicitudes de empresas que quieren iniciar los trámites para ser indemnizadas. La mayor parte de ellas cuentan con una valoración económica que, globalmente, alcanza los 601,4 millones de euros. Unas 21 peticiones no reclaman, de entrada, una cuantía determinada, por lo que la cifra puede ser sensiblemente superior.

En el caso de Lanzarote hay cinco solicitudes que afectan a terrenos en Playa Blanca, tres en Costa Teguise y una en Playa Quemada, según el listado elaborado por la Consejería de Ordenación Territorial al que ha tenido acceso DiariodeLanzarote.com.

Del plan parcial Playa Blanca, de 1,1 millones de metros cuadrados, que ha quedado extinguido y que por tanto no podría desarrollarse en ningún caso, según una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de abril del año pasado, hay cuatro empresas que han pedido ser indemnizadas.

La Justicia ha ido paralizando cautelarmente obras autorizadas por el Ayuntamiento de Yaiza y se ha procedido a anotar la situación de las parcelas en el Registro de la Propiedad. Las fuentes jurídicas consultadas ponen en duda que puedan prosperar los expedientes instados en este plan parcial.

Una de las empresas que ha registrado su petición es Toscolanz, domiciliada en Arrecife y que tiene como administradores a Daniel Oswaldo Lajmanovich y Pedro Suárez Berriel, que reclama 25,6 millones de euros.

Otra de las sociedades es Playa Blanca 5 SL, cuyos administradores son Epifanio Delgado Quintero y Antonio Curbelo Robayna, por las parcelas R14C y R14D del plan parcial Playa Blanca. No especifica cantidad.

El mismo Curbelo Robayna, administrador de Antonio Curbelo e Hijos SL, pide ser indemnizado por la parcela R4B del citado plan parcial. Al igual que CUISA (Construcciones y Urbanizaciones Insulares), de Juan Francisco Rosa Marrero y Anselmo Rosa Perdomo, por las parcelas R16A y R16B del plan parcial Playa Blanca. CUISA es accionista de Playa Blanca 5 SL.

Se da la circunstancia de que la Ley de Medidas Urgentes en materia de ordenación territorial se aprobó el 6 de mayo de 2009, mientras que la sentencia que anula el plan parcial Playa Blanca fue dictada el 1 de abril. Las solicitudes de estas cuatro empresas se registraron el 18 de noviembre.

Otra de las solicitudes de indemnización con cuantía económica reivindicada desde un primer momento es la de la mercantil Urena Mountain SA, que pide al Gobierno canario 18,4 millones de euros.

Esta empresa es propietaria de la parcela 139 del plan de Montaña Roja, de 30.934 metros cuadrados. Obtuvo licencia en mayo de 1999 para un hotel de cuatro estrellas que fue anulada por los tribunales.

Casualmente esta misma sociedad también está reclamando por el cauce jurisdiccional unos 6,5 millones de euros al Gobierno por entender que se ha visto afectada por la conocida como moratoria regional –la Ley de Directrices del año 2003-.

En el caso de Costa Teguise, el Gobierno ha recibido tres solicitudes. Una de Lanzablanca, cuyo administrador es Raúl Benjamín Hernández Alonso. En el listado de la Consejería no se refiere a la parcela concreta.

Sí que se recoge que dos personas físicas han planteado una solicitud de indemnización por la parcela 242-B de Costa Teguise. Se trata de unos terrenos, de 40.897 metros cuadrados, para los que fue concedida a Proeste SA una licencia –anulada por los tribunales- que permitía construir 422 apartamentos, un centro administrativo y locales comerciales.

La otra solicitud relacionada con Costa Teguise es de la sociedad Millenium Energía Verde, empresa vinculada al establecimiento Sands Beach Villas, cuyo director ejecutivo es Juan Carlos Albuixech.

Su reclamación tiene que ver con una parcela anexa al complejo turístico en funcionamiento, la 244-F del planeamiento de Costa Teguise, de 70.200 metros cuadrados. Fue autorizado un hotel de cuatro estrellas y 912 plazas, anulado por la Justicia. Sólo se hizo una parte del desmonte de los terrenos.

Cabe recordar que la Consejería regional de Turismo, bajo la dirección de Manuel Fajardo Feo, recomendó en el pasado mandato dinamitar esta parcela, anegarla de agua y ejecutar una marina interior. Se calculó que el coste sería de 22,5 millones de euros, a financiar con fondos de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) e incentivos regionales.

La última solicitud es de la empresa Prosolmar, propietaria de un plan parcial en Playa Quemada, cuya validez fue confirmada por el Tribunal Supremo mediante sentencia dictada en octubre del año pasado. El plan parcial tiene casi 500.000 metros cuadrados.

De cada 100 metros del plan parcial, 77 están destinados a equipamiento sanitario y deportivo, concretamente a una clínica y un campo de golf, según las observaciones de la Consejería de Ordenación Territorial y Medio Ambiente.

Según diariodelanzarote.com:

El consejero de Política Territorial, Domingo Berriel, avalado por un dictamen del Consejo Consultivo, ha rechazado una nueva indemnización solicitada por una promotora en Lanzarote. En concreto, se desestima la pretensión de abonar 4,1 millones de euros a la empresa que promovió un hotel de 912 plazas en Costa Teguise.



El complejo hotelero fue autorizado en 1999 por el entonces alcalde de Teguise, Juan Pedro Hernández, entonces en el PIL y ahora diputado autonómico por Coalición Canaria. A raíz de los recursos del Cabildo y la Fundación César Manrique fue declarada ilegal la licencia urbanística.

El hotel, que se iba a levantar en una parcela de más de 70.000 metros cuadrados, la 244-F de la urbanización de Costa Teguise, fue promovido por Millenium Hoteles, y hubiese constituido la segunda fase del Lanzarote Beach Club, hoy denominado Sands Beach.

Estaba previsto que la construcción del hotel supusiese un desembolso de 51,6 millones de euros. A la promotora se le llegó a conceder una subvención de 4,6 millones por construir –casi una décima parte del total- y dar trabajo a 219 personas.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anuló en enero de 2008 la licencia urbanística municipal, si bien las obras no llegaron a comenzar. El alcalde dio el permiso ilegal sin informe jurídico, sin analizar la compatibilidad del proyecto con el Plan Insular.

Además, el tribunal destacó que la ordenación de esa zona de Costa Teguise, próxima al acceso a Los Ancones, que fue aprobada en diciembre de 1985, carece de eficacia al no haber sido publicada nunca.

La empresa promotora ya intentó cobrar una indemnización del Gobierno de Canarias después de la entrada en vigor de la Ley de Medidas Urgentes de 2009, pero su solicitud fue considerada fuera de plazo.

Ahora, el Gobierno de Canarias y el Consejo Consultivo rechazan que la Administración autonómica haya incurrido en responsabilidad patrimonial hacia la empresa por la aplicación de la moratoria turística regional, que ha venido frenado la autorización de nuevas plazas hoteleras desde hace una década.

El dictamen del Consejo Consultivo hace hincapié en que, aunque no hubiera existido moratoria turística, la empresa no habría podido recibir –ni el Ayuntamiento otorgar- una licencia urbanística en esa parcela de Costa Teguise al carecer de ordenación urbanística adaptada a la normativa.

El Estudio de Detalle de la Zona Este de Costa Teguise, en el que se concreta la ordenación de la parcela 244-F, fue declarado ineficaz por falta de publicación, por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de julio de 2007.

“Además de la inexistencia de daño indemnizable, no concurre en el presente caso relación de causalidad entre el perjuicio que alega la entidad reclamante y la inactividad de la Administración autonómica”, señala el Consejo Consultivo.

Cabe destacar que sobre esta misma parcela, la Consejería de Turismo en la etapa de Manuel Fajardo Feo ideó que fuera ocupada por una marina interior, dinamitándola para anegarla de agua y disponer atraques para embarcaciones.