FORO SOBRE LANZAROTE

Según diariodelanzarote.com:

Las polémicas obras del montacargas del auditorio de los Jameos del Agua, paralizadas por la Consejería de Patrimonio Histórico, fueron adjudicadas a la constructora Lugora Insular SL, de la familia de la esposa del entonces gerente de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT), José Juan Lorenzo.







La empresa Lugora Insular SL pertenece al suegro de Lorenzo, Luciano González Ramírez. María de los Ángeles González Yanes es también administradora de la compañía.

El que fuera gerente de los Centros Turísticos en el momento de adjudicar los trabajos asegura que “las obras de excavación fueron adjudicadas por el ente público empresarial de los Centros Turísticos a la empresa Transportes y Excavaciones Nazaret”.

Asegura que “nadie más ha intervenido en la excavación en sí, es decir, el agujero propiamente dicho”.

En cuanto a la obra civil, Lorenzo ha puntualizado que las obras de “los camerinos y el edificio donde se ubica el ascensor [montacargas] las adjudicó el Cabildo insular a la empresa Lugora SL”.

José Juan Lorenzo ha admitido que esta última empresa está vinculada a su familia política, pero ha querido que se dejara muy claro que no ha participado “en ninguna mesa de contratación”.

Además, ha insistido en que la obra ejecutada por la compañía de la familia de su esposa “la adjudicó el Cabildo y no los Centros Turísticos”, de los que fue gerente hasta mayo de 2008.

El octubre de 2006, los Centros Turísticos informaron de la adjudicación de la obra civil para la instalación de un montacargas en el auditorio de los Jameos del Agua por un presupuesto de 133.000 euros, si bien la cuantía se rebajó a 99.200 euros.

En octubre de 2007, el Cabildo adjudica a Lugora Insular por 349.172 euros un modificado del proyecto de acondicionamiento y rehabilitación del auditorio de Jameos.

Un informe de Patrimonio Histórico señala que en este modificado del proyecto se agregaba “un volumen sobre la cubierta horizontal, aumentando la altura” de lo que había sido autorizado en 2006.

El presidente actual del Cabildo, Pedro San Ginés, firma una resolución en la que autoriza un tercer modificado del proyecto de acondicionamiento que no implica alteración del presupuesto de 349.172 euros.

En marzo de 2010, la Consejería de Patrimonio Histórico paraliza de forma cautelar las obras del montacargas al constatar que el “vaciado de colada volcánica” para la instalación tenía unas dimensiones superiores a las permitidas.

“La importante excavación existente en la actualidad y que nada tiene que ver con la excavación autorizada de seis por ocho metros cuadrados carece de autorización”, señala un informe de Patrimonio.

El informe destaca además que “la diferencia de altura” entre el edificio del montacargas con “los muros colindantes” es “de 120 centímetros”, tratándose de “un volumen no autorizado”.

Según diariodelanzarote.com:

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, emitió el 13 de enero de 2010 una resolución aprobando el proyecto de modificado número 3 de las obras de acondicionamiento de los camerinos de Jameos del Agua sin que fuera informado por el Servicio de Patrimonio ni dictaminado por la Comisión Insular de Patrimonio.

En la resolución de San Ginés se señala que dicha modificación no implica alteración en el presupuesto ni en la forma de adjudicación respecto al proyecto inicial del arquitecto del Cabildo Domingo Suárez y al contrato firmado con la empresa Lugora.

Tres meses después, el 20 de abril de 2010, San Ginés envía una carta al Servicio de Patrimonio en la que pide explicaciones de por qué no se ha realizado el informe sobre ese modificado dado que el ingeniero jefe del Área de Obras Públicas del Cabildo, José Onieva, lo solicitó el 26 de febrero, un mes después de que el propio San Ginés aprobara el modificado.

La responsable del Servicio de Patrimonio, Antonia Perera, responde al presidente el 23 de abril, que “incomprensiblemente y a pesar de que el Jefe del Área de Obras Públicas de esta Corporación es conocedor por anteriores proyectos promovidos por esa Consejería de la legislación vigente en materia de Patrimonio Histórico (…) la ejecución del tal proyecto se inicia sin haber solicitado el preceptivo informe a este departamento y sin contar con el dictamen de la Comisión Insular de Patrimonio Histórico”.

Destaca la responsable de Patrimonio que también se ha aprobado el modificado en el Departamento de Contratación del Cabildo “al margen de la legalidad establecida respecto a un Bien que ostenta la máxima categoría de protección”.

“No se comprende la causa —señala Patrimonio— o en qué propuesta de resolución se fundamentó la decisión de aprobar un proyecto de intervención en un Bien de Interés Cultural teniendo en cuenta que (…) no podrá proseguirse con las actuaciones en el supuesto de que deba emitirse un informe determinante para la resolución del procedimiento”.

Patrimonio también señala al presidente que las obras están paralizadas “como consecuencia de la ejecución al margen de lo autorizado del proyecto ‘Obra Civil Montacargas' cuyo autor y responsable de ejecución es Antonio Cárdenas”, que es trabajador de Obras Públicas del Cabildo aunque ahora está en excedencia porque ostenta el cargo de gerente del Consorcio Insular del Agua.

Perera recuerda en su escrito que se pidió la paralización de las obras considerando que “el atentado ocasionado a este Bien es de tal importancia” y que se pidió la paralización hasta que haya una solución que desbloquee la situación y garantice la preservación de los valores protegidos. Señala que se está buscando una solución “desde la reflexión sosegada que demanda tal bien y teniendo en cuenta las intervenciones desafortunadas que se han producido en el mismo”.

Por último, respecto a la tardanza en informar sobre el proyecto, señala que “de manera continuada esta responsable ha trasladado formalmente a la responsable política de este servicio y a la de recursos Humanos la enorme necesidad con la que cuenta este departamento de incorporación de personal auxiliar que permita desbloquear la acumulación de tareas que experimentamos”.

“Además de la falta de celeridad en la contestación a la población —continúa— se traduce en que el personal técnico debe asumir tareas administrativas que retrasan la ejecución de las que nos son propias a nuestras funciones laborales”.