Según canariasahora.com:
Tercera entrega de nuestra Metamorfosis Conejera, consistente en convertir en vino de la Bodega Stratus una suerte de imposibles ambientales, urbanísticos y administrativos a partir de una solicitud presentada por persona interpuesta para que nadie viera a Juan Francisco Rosa, el empresario más poderoso de Lanzarote. Hoy nos vamos a ocupar de aspectos derivados de la autorización, a todas luces ilegal, firmada por el
director general de Urbanismo el 24 de marzo de 1999, a la sazón César Muñoz (PP), por la que se permitía la restauración de una vieja vivienda y la construcción de una bodega de 900 metros cuadrados en pleno Paisaje Protegido de La Geria, en el lugar conocido como Barranco del Obispo, en el término municipal de Yaiza (¿dónde si no?). El primer dato llamativo es cómo, en estas particulares bodas de Caná, una edificación en ruinas de 171 metros cuadrados (en algunas inscripciones sólo constan 141,36 o 164,56 contando los patios) pasa a tener nada menos que 243, según la autorización gubernamental. Por lo tanto, y bajo cuerda, ya se estaba autorizando una ampliación de la edificación, algo totalmente prohibido en el planeamiento urbanístico y ambiental de la zona.

Debían andar con el culo a dos manos los letrados del Gobierno de Canarias adscritos a la Consejería de Política Territorial en aquellos días de marzo de 1999. Porque el informe jurídico para encontrar la trampilla por la que autorizar a Juan Francisco Rosa su bodega en La Geria se encarga, mediante convenio con la empresa pública
Gesplan, a un
abogado con despacho en la Vega de San Mateo, Antonio Juan Marrero Falcón, que dictamina que se puede autorizar esa construcción. Nos encantaría poder explicarles los fundamentos jurídicos en que se basó este buen señor para hacer esa propuesta, pero es que no constan en su informe. Lo sentimos. Pero lo malo vino detrás: si Marrero firma su alocado dictamen el 15 de marzo de 1999, el 16, al día siguiente, el
técnico jurídico de Planeamiento de la Consejería de Política Territorial, Armando Villavicencio, emite informe ratificando el de su colega de Gesplan, que encuentra "conforme a Derecho". Ocho días después se produce la resolución del director general autorizando el disparate.
Las pegas planteadas desde el primer momento por el
jefe del Servicio de Ordenación Urbanística, Faustino García Márquez, quedaban despejadas tras las oportunas gestiones políticas realizadas y la intervención decidida de algunos funcionarios y letrados con menos escrúpulos que una mesa-camilla. Un repaso al expediente evidencia las ganas que había de otorgar a Juan Francisco Rosa su permiso para hacer lo que la legalidad vigente aún hoy sigue prohibiendo en La Geria. Tantas eran las ganas que el mismo día en que el director general firmaba su resolución favorable, ésta salía por el conducto reglamentario hacia el Ayuntamiento de Yaiza (que habría de otorgar licencia municipal) y hacia la persona que el empresario utilizó como escudo para que no se le viera la patita, María del Pilar del Río. En un alarde de diligencia inconcebible, uno de los funcionarios que intervino en el expediente, el arquitecto técnico de Política Territorial Rafael López Marrero, remitió ese mismo día la misma resolución a Juan Francisco Rosa a través de la mensajería MRW. El envío, con número de albarán 04908/2.013.656, fue recogido por el empresario, el mismo que firmó el acuse de recibo oficial que fue enviado desde la consejería a Pilar del Río. La firma venía a ser, miren qué cosas, la misma que aparecía en aquellas alegaciones que supuestamente había enviado esta señora para desbloquear el expediente unos meses antes. Las cartas quedaban desde ese momento boca arriba.
Cuarta y última entrega de nuestro culebrón sobre la Metamorfosis conejera, o cómo un suelo protegidísimo deja de serlo con todos los papeles en regla para que un poderoso empresario levante allí la bodega de sus sueños. El chanchullo está en Yaiza, como no podía ser de otra manera, un Ayuntamiento que no abrió el pico en toda la tramitación del expediente a sabiendas de que su silencio era para otorgar, nunca para entorpecer. Pero tenía que conceder licencia urbanística, y así lo hizo con la diligencia propia de esta tramitación el 27 de julio de 1999, en base al
proyecto redactado por el arquitecto Miguel Ángel Armas Matallana, esposo de Pilar del Río, la mujer que actuó como intermediaria en todo el sinuoso peregrinar de la solicitud de permiso en suelo rústico ante Política Territorial. Como prescribe la legalidad vigente, tan masacrada en este procedimiento, en la licencia municipal se advierte al promotor, Juan Francisco Rosa, que las obras objeto de la autorización han de comenzar dentro de los seis meses siguientes y finalizarse antes de los veinticuatro desde su inicio. Después de una meteórica tramitación de todo el expediente, después del papelón desempeñado por ciertos técnicos y otros ciertos políticos. va Rosa y se guarda la licencia en el bolsillo. ¡Y la deja caducar!
Pues ya ven, las prisas no estuvieron justificadas porque, a pesar de las advertencias, las obras de restauración de la vieja casona del Barranco del Obispo y de construcción de la humilde bodega subterránea de 900 metros cuadrados no comenzaron en 2000 como debieron. Ni en 2001, ni en 2002, ni en 2003, ni en 2004... En junio de 2005 se descuelga un técnico del Ayuntamiento de Yaiza dando su bendición a la solicitud de Pilar del Río Sendino y Juan Francisco Rosa para prorrogar la licencia de 1999, más que caducada. Y encima, tras la entrada en vigor en 1999 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, los Ayuntamientos sólo podían conceder prórrogas de licencias dentro de los plazos previstos en ellas.
Es decir, que Del Río y Rosa sólo hubieran tenido derecho legal a una prórroga de la licencia si lo hubieran solicitado a lo largo de 2000. Y lo hicieron en 2005. Pero por ser vos quien sois y porque os amo, rián pal puerto, nueva licencia y aquí no ha pasado nada.
Por más que le damos vueltas al expediente hacia adelante o hacia atrás, no aparece una sola escapatoria para la bodega de Juan Francisco Rosa. Si exceptuamos, claro está, las que le propiciaron las instituciones con competencia en la materia. Porque si ya fue grave la primera autorización de la Dirección General de Urbanismo, lo que vino después, además de rebasar lo legalmente permisible, constituyó una auténtica burla al interés general y a la dignidad misma de las instituciones. La licencia no debió haberse otorgado nunca, como tampoco debió prorrogarse.
Pero es que, para más inri, se incumplió lo recogido en el proyecto, en edificabilidad, en soterramiento y hasta en movimientos de tierra, que alcanzaron los 5.000 metros cúbicos. ¡Lo que está expresamente prohibido en la zona! El dislate se completó con obras que ni siquiera estaban recogidas en la autorización, lo que motivó incluso una denuncia el 13 de noviembre de 2007 por parte de agentes de Medio Ambiente. Con el resultado que era de esperar, claro, porque se trataba de los aparcamientos y de nuevos movimientos de tierra que han pasado a la posteridad.
El remache llegó desde el Cabildo de Lanzarote ante la licencia de actividades clasificadas, con una autorización en la que, tras afirmar que se trata de un uso no permitido en la zona y que la actividad es molesta por ruidos, vibraciones y humos, gases y olores; insalubre y nociva por vertidos contaminantes, y peligrosa por incendio, se concede arguyendo que "existe una autorización del Gobierno de Canarias fecha 24 de marzo de 1999". Y todos tan campantes.
Unos sesudos investigadores que han descuartizado el expediente y lo han puesto en relación con las leyes territoriales canarias y el Código Penal, han encontrado al menos la comisión de tres delitos en reiteradas ocasiones: prevaricación, falsedad en documento público y contra la ordenación del territorio. Otros de mayor enjundia, como el cohecho, el tráfico de influencias o la asociación de malhechores son imposibles de detectar mediante este procedimiento, por lo que nos quedamos con lo que nos quedamos. ¿Y qué investigadores son esos?, se preguntarán ustedes creyendo que se lo íbamos a decir. Algunos de los investigados ya lo saben, así que si los conocen, pregúntenle a ellos, que nosotros hemos tenido que hacer voto de silencio.