FORO SOBRE LANZAROTE

Según diariodelanzarote.com:

El empresario Juan Francisco Rosa ha interpuesto una querella contra los técnicos de la Oficina del Plan Insular que informaron desfavorablemente la obtención de una nueva autorización turística para el hotel Princesa Yaiza, declarado ilegal por la Justicia y que, según el análisis del Cabildo, tiene dos plantas más de las que se podían construir.



La querella -cuya existencia fue adelantada por Canarias7- contra el jurista Leopoldo Díaz y el técnico Estaban Armas fue admitida a trámite el pasado 30 de diciembre por el Juzgado de instrucción número 1 de Arrecife, que hasta la reorganización de los juzgados era el de primera instancia e instrucción número 6. Están citados a declarar el próximo 21 de enero.

En la querella, Rosa –imputado por el Juzgado número 2 de Arrecife por el caso de las licencias ilegales- les llega a acusar de cuatro supuestos delitos: desde negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, pasando por prevaricación por omisión a desobediencia a la autoridad judicial e impedir el ejercicio de derechos cívicos.

La querella contra los dos técnicos del Cabildo, adscritos a la Oficina del Plan Insular tiene como antecedente un informe desfavorable, fechado el 29 de abril, a la solicitud del empresario de que se concediese una nueva autorización turística para el hotel Princesa Yaiza, que cuenta con 660 plazas pero cuya licencia urbanística ha sido anulada en firme por la Justicia.

El 18 de agosto, Rosa recusó en vía administrativa a ambos técnicos con la intención de que el Cabildo les apartara del expediente. En su escrito, señaló que esa autorización turística, con la que luego obtener otra urbanística, era “la llave que conduce a la legalización o a la demolición del Hotel Princesa Yaiza”.

En la querella se llega a acusar al jefe de la Oficina del Plan insular de tener “afinidad ideológica” con la Fundación César Manrique (FCM). También le acusa de asesorar a la entidad manriqueña, a pesar de que Díaz dejó de ser miembro de su patronato hace más de diez años. Esteban Armas sigue siendo patrono. La Fundación ha pedido que se ejecute las sentencias que declaran ilegales varios hoteles, entre ellos el Princesa Yaiza.

Una de las bazas a las que se agarra Rosa para pretender atribuirles una negociación prohibida a funcionarios públicos, es la sentencia del Juzgado de lo contencioso número 3 de Las Palmas de Gran Canaria que anuló la adjudicación del Plan Territorial Especial de Ordenación Turística al urbanista Fernando Prats en 2005, que con anterioridad había emitido un informe sobre la situación del planeamiento en Lanzarote para la FCM.

El juzgado ha determinado en este caso que los técnicos del Plan Insular deberían haberse abstenido de ese procedimiento, a pesar de que su intervención en el concurso estuvo avalada por un informe del secretario del Cabildo, que no interpretó que concurriesen causas de abstención.

Para atribuirles una supuesta prevaricación por omisión, Rosa se agarra a que el Cabildo no dio luz verde a un proyecto de campo de golf fuera de los límites urbanos de Playa Blanca. Ha señalado que desde 2002 se dirigió a la presidencia del Cabildo en varias ocasiones para que la Corporación insular le autorizase su golf.

Según lavozdelanzarote.com:

El empresario Juan Francisco Rosa, a través de sus sociedades Salmepa y Hotel Princesa Yaiza, se ha querellado contra los técnicos de la Oficina del Plan Insular de Ordenación (PIO), Esteban Armas y Leopoldo Díaz, que han emitido informes desfavorables dentro del proceso de ejecución de sentencia que se sigue sobre los hoteles Princesa Yaiza y Son Bou, de su propiedad, declarados ilegales por la Justicia.

La querella se presentó el pasado 12 de noviembre y le ha correspondido al Juzgado de Instrucción número 1 de Arrecife. Se acusa a los técnicos de desobediencia, prevaricación administrativa y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos. El querellante se ratificó en su denuncia el pasado 5 de enero y los querellados tendrán que ir a declarar el próximo 21 de enero.

Rosa ya pidió el pasado mes de agosto al presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, que apartara a estos dos técnicos de los procedimientos de sus hoteles por “enemistad manifiesta”, alegando que no le habían contestado a su solicitud de construir un campo de golf en Playa Blanca. La petición fue desestimada.

El empresario basa su querella en el hecho de que Armas es vicepresidente de la Fundación César Manrique (FCM) y Díaz fue secretario hasta 2001, y considera que ambos debían haberse abstenido de informar en esos procedimientos, ya que la ejecución de sentencia la solicita la Fundación César Manrique, que se unió al pleito iniciado por el Cabildo de Lanzarote contra la licencia de esos dos hoteles y de una veintena más, ejerciendo la acción pública.

La querella considera que los informes de los técnicos son esenciales para las decisiones que debe adoptar el Cabildo de Lanzarote, ya que para poder ser legalizado el hotel debe obtener la autorización turística prevista, que otorga el Cabildo y que no ha concedido a las empresas de Rosa porque los proyectos incumplen la normativa del Cabildo.

Para reforzar la querella, además de una gran cantidad de documentación, Rosa aporta las sentencia del Juzgado de lo contencioso número 3 de Las Palmas, anulando un concurso del Cabildo para la redacción del Plan Territorial Especial (PTE) porque intervinieron Díaz y Armas, y que se adjudicó a la empresa de Fernando Prats, que a su vez había trabajado con la FCM.

También se cita el caso de la empresa Urena Mountain, representada por el empresario Díaz de Aguilar, que solicitó al Juzgado que apartara a estos técnicos por su pertenencia a la FCM del procedimiento de ejecución de sentencia por la licencia anulada a esa empresa. El Juzgado admitió la petición.

Después de intentar por varios medios apartar a estos dos técnicos de los procedimientos de ejecución de sentencia sobre hoteles, que solicitó la FCM, mientras que el Cabildo no lo ha hecho, Rosa ha optado por una querella. Según el artículo 28.2.a de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, será causa de abstención de los funcionarios “tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado”.

De este modo, mientras se mantenga viva la querella en el Juzgado, los técnicos tendrían pendiente esta causa con el empresario y no podrían intervenir en los procedimientos relacionados con sus empresas. Los informes los tendrían que hacer otros técnicos, como en el caso de Urena Mountain. En ese procedimiento, los informes de otros técnicos también fueron desfavorables para la empresa.

Según Diario de Lanzarote:

El empresario Juan Francisco Rosa solicitó en 2006 en varios escritos dirigidos a la presidencia del Cabildo, ocupada entonces por Inés Rojas (CC), que “de inmediato” impartiera “las instrucciones necesarias al equipo redactor del Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular (PTEOT) de Lanzarote para que incluya en el mismo la previsión, con las determinaciones que procedan, de un campo de golf” en terrenos de su propiedad en Playa Blanca.



El Plan Insular de Ordenación Lanzarote solo permite, y permitía entonces, la realización de tres campos de golf en la Isla: los dos que están en funcionamiento, en Costa Teguise y en Puerto del Carmen (propiedad de Rosa) y uno en Playa Blanca en el plan parcial Montaña Roja que no se ha llevado a cabo.

Los escritos se registraron en mayo y en agosto de 2006, cuando era presidenta Inés Rojas (CC) y redactaba el PTEOT el equipo de Fernando Prats, que presentó su renuncia en noviembre de ese mismo año.

El documento se encargó posteriormente a la empresa pública Gesplan, se presentó en mayo de 2007 pero tampoco se aprobó y aún hoy no se ha llegado a aprobar. En la actualidad se ha encargado su redacción al actual redactor del Plan Insular, José María Ezquiaga.

En esos escritos, Rosa señalaba que no hay ningún impedimento para que el campo no pueda incluirse en las previsiones del Cabildo y se queja de la “inactividad del Cabildo”, que asegura, le ocasiona “gravísimos daños” y le ha “frenado en seco” su “estrategia empresarial”.

También se queja de que “algunas empresas significativas se han retirado del proyecto” y que esos perjuicios no sólo son para su empresa “sino para Playa Blanca y Lanzarote en general a la que se ha colocado en situación de desventaja frente a otros destinos turísticos”.

Aseguraba que el hecho de que Lanzarote se esté quedando “en el furgón de cola del turismo por no desarrollar proyectos de ocio complementario requiere una rápida, ágil y eficaz respuesta que impida un cataclismo que desde luego no será evitado por la parálisis que se sufre desde hace años en todo lo que concierne a instalaciones complementarias y que es tributaria del rechazable y erróneo principio que manda no hacer nada para así no equivocarse”.

El empresario lanzaroteño incluye esas dos cartas como documentos adjuntos a la querella que ha interpuesto contra dos técnicos de la Oficina del Plan Insular. En agosto de este año ya solicitó al Cabildo que los apartara de sus expedientes por “enemistad manifiesta” porque no le habían contestado sus requerimientos para aprobar el campo de golf.

Al querellarse con los técnicos, Rosa logra que no puedan informar sobre los expedientes de su propiedad, tanto del Hotel Princesa Yaiza como de la posible viabilidad actual del campo de golf.

Según Diario de Lanzarote:

La Oficina del Plan Insular del Cabildo de Lanzarote informó desfavorablemente la concesión de una nueva autorización turística al hotel Princesa Yaiza bajo el argumento de que “sólo cabría la sustitución” de plazas “en la misma parcela si se demuelen” las que ya existen “y se sustituyen por otras en igual número, de categoría igual o superior”.



El informe de los técnicos de la Oficina el Plan Insular ha sido el detonante de la querella interpuesta por las empresas Hotel Princesa Yaiza y Salmepa, vinculadas al empresario Juan Francisco Rosa, contra los funcionarios Leopoldo Díaz y Esteban Armas.

Los tribunales han declarado la nulidad de la licencia de obras del hotel, a raíz de los recursos del Cabildo y de la Fundación César Manrique. En marzo del año pasado, la empresa instó al Cabildo a que le concediera una nueva autorización turística previa, indispensable para reclamar también un nuevo permiso de obras y legalizar su situación.

La empresa de Rosa echó mano de la Ley de Medidas Urgentes, aprobada por el Gobierno de Canarias en mayo de 2009 y, técnicamente, solicitó que el Cabildo avalara la sustitución de la autorización turística que le fue concedida en junio de 1998 para un hotel de cuatro estrellas “por una nueva”, fundada en el proyecto de ejecución para un hotel de cinco estrellas.

En el dictamen, los técnicos del Cabildo explican que, a su juicio, “la petición realizada no tiene encaje” en la Ley de Medidas Urgentes, que lo que permite “es solicitar autorización turística cuando su objeto sea sustituir plazas alojativas preexistente por plazas alojativas nuevas” dentro del mismo municipio.

“En este caso”, señala el informe, “no hay sustitución de plazas alojativas ya que lo que se pretende es obtener autorización previa para un proyecto de ejecución realmente edificado que no sólo carece de dicha autorización sino también de la licencia urbanística municipal”, anulada por la Justicia en enero de 2008.

Añade que “la sustitución” de plazas “pretendida se hace sobre la misma parcela (la B del Plan Parcial Costa Papagayo) y respecto del mismo establecimiento turístico”. El establecimiento, ubicado en Playa Blanca (Yaiza), tiene unas 660 plazas.

A juicio de los técnicos del Cabildo, por regla general “la sustitución puede operar en el mismo término municipal” pero “no en la misma parcela” y “establecimiento, pues no habría plazas sustituidas y plazas que sustituyen: unas y otras serían las mismas”.

“Sólo cabría la sustitución en la misma parcela si se demuelen plazas y se sustituyen por otras en igual número de categoría igual o superior”, concluyen los técnicos, que citan la memoria de las Directrices de Ordenación, en las que se precisa que la “sustitución” conlleva “la demolición del edificio existente para construir uno nuevo”.

Tras el rechazo del Cabildo a dar el visto bueno a una nueva autorización turística para el hotel, las empresas de Rosa se han querellado contra los técnicos que firmaron el informe desfavorable.

Los técnicos han sido citados por el Juzgado de instrucción número 1 de Arrecife (antiguo mixto número 6) para el próximo viernes, 21 de enero, a las nueve y media de la mañana.

En la querella se destaca que el “restablecimiento del orden jurídico perturbado” por la construcción sólo puede llevarse a cabo con su “legalización” o con su “demolición”.

En el dictamen también se apunta que la autorización turística previa concedida en junio de 1998 "ha devenido ineficaz" al anularse la licencia de obras por los tribunales de justicia.

Según Canarias7:

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dictado un auto por el que declara nula la decisión del Juzgado de Instrucción número 1 de Arrecife (antiguo Mixto 6), que decretó el archivo de la querella interpuesta por el empresario Juan Francisco Rosa, contra los dos ex jefes del Plan Insular de Ordenación del Territorio del Cabildo (PIO), Leopoldo Díaz Bethencourt y Esteban Armas Matallana.

Como se sabe, las mercantiles Salmepa S.L y Hotel Princesa Yaiza S.L., vinculadas al empresario lanzaroteño, interpusieron el pasado 11 de noviembre de 2010, una querella criminal contra los dos técnicos por su "notoria vinculación con la Fundación César Manrique (FCM), lo que les debió conducir a abstenerse de intervenir en cualquiera de las fases de los procedimientos administrativos iniciados con el fin de obtener la legalización del hotel Princesa Yaiza y del Hotel-Apartamentos Son Bou".

También les acusa de manifiesta enemistad al empresario al paralizar y bloquear, durante cinco años, la tramitación de otros proyectos como un campo de golf. La querella sostiene que no existe garantía de imparcialidad por parte de dos técnicos a los que el TSJC ya culpó de no abstenerse en sus informes por su vinculación con la FCM. Se les imputan delitos de prevaricación, actividades prohibidas a funcionarios y desobediencia.