Según
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El alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, prestará declaración el próximo lunes, 10 de octubre, en el Juzgado Número 4 de Arrecife a partir de las 10:00 horas, como consecuencia de una denuncia presentada por una vecina del pueblo de Uga cuyas obras para el levantamiento de un muro en su finca particular fueron precintadas por el primer edil.
Reyes está acusado de un delito de prevaricación después de que ordenara, según la denuncia, la paralización y precinto de las obras del muro alegando un expediente de caducidad de licencia, concedida al parecer en 1999.
De esta manera, el dirigente nacionalista presuntamente habría violado una sentencia en firme que los tribunales dictaron en 2002 por el contencioso administrativo que la misma vecina interpuso.
Según ha podido saber lavozdelanzarote.com, desde entonces el alcalde de Yaiza ha intentado paralizarlas al menos en dos ocasiones. Una vez que Reyes contravino supuestamente dicha sentencia, la vecina de Uga se acogió a la vía penal, y el lunes el alcalde de Yaiza tendrá que acudir a los tribunales para una vista oral acusado de un delito de prevaricación por la firma de decretos de paralización contra el mencionado muro que se pretendía levantar.
Lo curioso del caso, para sorpresa de juristas y políticos, es que José Francisco Reyes haya esgrimido frente a una vecina de su municipio que la licencia de obras que autorizó la realización del muro haya "caducado" para decretar con ese fundamento el precinto de las obras porque, según ha podido saber esta redacción, el Ayuntamiento de Yaiza mantiene en todos los pleitos que tiene contra el Cabildo por las licencias de obras que autorizaron miles de plazas turísticas en Playa Blanca (en los que el Cabildo argumenta que las obras no podían realizarse precisamente porque muchas de esas licencias habían caducado) que las licencias de obras no caducan en ese municipio, hasta el punto de que en alguno de los procedimientos judiciales que mantiene el Cabildo contra aquella corporación municipal el Ayuntamiento de Yaiza haya informado que desde el año 1997 hasta hoy no ha iniciado ningún expediente para declarar la caducidad de licencias de obras que autorizaron complejos turísticos en el municipio.
Esto hace que el caso de la licencia del muro denunciado por la vecina que ha acudido a la vía penal haya abierto las máximas expectativas, pues sería ésta la única licencia de obras que el citado Ayuntamiento habría declarado caducada.
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