Según Diario de Lanzarote:
La empresa Canal Gestión Lanzarote estima en 36,3 millones de euros la cantidad que le sigue adeudando el Consorcio insular del agua de Lanzarote por no haber subido las tarifas del agua desde el año 2017. La empresa madrileña considera que tiene derecho a percibir esa cantidad, bien por la vía de la subida de las tarifas o por el pago directo por parte del Consorcio. Asegura que la deuda asciende a 33,8 millones de euros más los intereses de demora. Desglosada por años, la deuda sería de 376.000 euros en 2017, un millón al año siguiente; 1,8 millones en 2019; 2,1 millones en 2020; 2,3 en 2021; 4,3 en 2022; 7,6 millones de euros al año siguiente, más de diez millones en el año 2024 y finalmente 3,8 millones por la primera parte del año 2025.
La cláusula quinta del contrato firmado con el Consorcio en 2013 dice que “el precio de este contrato será objeto de revisión en el cuarto año de concesión. La fórmula de revisión de precios será: IPC (Índice de Precios al Consumo) más uno por ciento”. Desde la firma del contrato, sin embargo, no se han subido las tarifas.
El Consorcio del Agua aprobó la revisión de las tarifas en dos ocasiones, para el periodo 2017-2019 y después para el periodo entre 2020 y 2024, pero la propuesta llegó a la Comisión de Precios de Canarias, que es un órgano colegiado integrado en la Consejería de Industria, Comercio y Consumo, y se rechazó la actualización de las tarifas por dos motivos: por el superávit que tuvo la empresa en el año 2019, ya que las tarifas no se pueden subir si hay superávit porque el servicio debe ser autofinanciable, y por el alto volumen de pérdidas de agua en la red debido a “la ineficiente gestión llevada a cabo que implica que cada año se obtengan mayores porcentajes de volúmenes de agua no registrada”.
Canal Gestión (CGL) llevó el asunto a los tribunales por dos veces y la primera sentencia le dio la razón, pero sin fijar una cantidad concreta y añadiendo que debía ser la Comisión de Precios de Canarias quien la fijara. Tras la resolución de esta Comisión, el Cabildo de Lanzarote considera que la sentencia ya está ejecutada. Sin embargo, no se ha dado por finalizado el incidente de ejecución de sentencia, que es donde la empresa está exigiendo esa cantidad.
En un recurso de reposición presentado por Canal ante el Consorcio por otro motivo, la empresa desvela sus argumentos y esas cantidades. Señala que el Consorcio ha incumplido tanto el contrato como lo dispuesto en el pliego al no haber revisado las tarifas e insiste en que la sentencia es firme y reconoce “el derecho de la recurrente a percibir, en concepto de retribución del contrato y a partir del cuarto año de su duración, las tarifas actualizadas conforme a la fórmula IPC+1 por ciento”.
“Pese a la claridad prístina de esta sentencia, Canal Gestión ha visto como sus pretensiones resultaban desatendidas por el Consorcio del Agua de Lanzarote, que se ha negado -por acción o por omisión-, reiteradamente, a dar cumplimiento a la misma. Es más, no solo se ha negado a revisar las tarifas conforme a la fórmula pactada de IPC+1, sino que tampoco ha seguido el régimen de revisión tarifaria previsto con carácter general y no vinculante en el artículo 3 del Pliego de condiciones, de tal suerte que CGL sigue percibiendo como retribución las tarifas percibidas de los usuarios de los servicios de abastecimiento y saneamiento conforme a las Ordenanzas Fiscales reguladoras de las tasas por la prestación de los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento a la Isla de Lanzarote”, dice la empresa.
Canal asegura que se ha visto “en la necesidad de iniciar un auténtico peregrinaje judicial con objeto de poder ejecutar la sentencia en sus propios términos, y en estricto cumplimiento de la legalidad vigente y en aras a poder percibir la remuneración pactada en el contrato”.
También hace alusión a la sentencia de mayo de este mismo año del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que estima su recurso de apelación e “íntegramente el incidente de ejecución” para que sean adoptadas las medidas necesarias para que el Consorcio actualice las tarifas correspondientes entre 2020 y 2023”, tal y como hizo con el periodo anterior.
El hecho de que no se hayan actualizado, según la empresa madrileña, significa un “incumplimiento contumaz, voluntario y consciente del Consorcio de no atender sus compromisos contractuales, con el consiguiente menoscabo patrimonial para CGL” y añade que “el Consorcio cuenta con la obligación de compensar a CGL el desequilibrio económico en que incurra el concesionario, como consecuencia de la demora o negativa en el incremento de las tarifas y demás conceptos tarifarios”.
La empresa dice que “queda patente el desequilibrio económico en que está incurriendo el contrato, debido al incumplimiento contractual del Consorcio y de su obligación de revisar las tarifas” y que se produce un “claro enriquecimiento injusto por parte del Consorcio”.
En la anterior legislatura, la expresidenta Dolores Corujo ordenó el pago de 1,5 millones de euros en concepto de adelanto por esa revisión de las tarifas, que la empresa considera una “mínima compensación”. El actual grupo de gobierno reclama ahora a Canal esa cantidad al considerar el pago como indebido, que es el emotivo por el que puso este recurso de reposición.Canal considera que el Consorcio no desarrolla ninguna argumentación, sino que declara unilateralmente que el importe es indebido, sin explicar los motivos. La empresa cree que se trata, sin embargo, de un acto “consentido y firme, como fue el Acuerdo de la Asamblea del Consorcio del Agua de 23 de diciembre de 2022” y que ahora no puede considerarse indebido.
El Consorcio da en parte la razón a la empresa, ya que admite que la devolución está suficientemente motivada, pero que en el certificado del acuerdo que se notificó a Canal Gestión no se incorporó la transcripción del informe propuesto y, por tanto, el defecto es de notificación y subsanable, y no es de validez del acto, así que la vía procedente es notificar nuevamente el acuerdo a Canal Gestión incorporando la motivación íntegra.
Ni Canal Gestión Lanzarote ni el Consorcio insular del agua se presentaron a la III Convocatoria para proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de Digitalización del Ciclo del Agua), que convoca el Ministerio de medio ambiente en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, financiado por fondos Next Generation de la Unión Europea.
Este plan tiene como objetivo “la modernización del ciclo de agua para con ello producir una mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua, reduciendo las pérdidas de agua en los sistemas de distribución de agua y mejorando las infraestructuras de tratamiento de aguas residuales”. “Se persigue -dice la convocatoria- que la gestión del agua sea eficiente y sostenible, cumpliendo así con el mandato de la Directiva Marco del Agua y de la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas.
El ciclo integral del agua pierde en Lanzarote más de la mitad del líquido que desala. La convocatoria tenía cuatro líneas de actuación que abarcan de forma íntegra la gestión del ciclo hidrológico: mejora de la gobernanza en materia de gestión de los usos del agua, impulso a la digitalización de los organismos de cuenca, desarrollo de programas de ayudas para el impulso a la mejora de la eficiencia y digitalización a los distintos usuarios del agua en España y fomento de la formación e innovación en competencias digitales en la administración y gestión del agua. Responde “al objetivo último de contribuir a los esfuerzos de España por lograr una economía sostenible, descarbonizada, eficiente en el uso del agua y con ello fomentar la adaptación al cambio climático y el cumplimiento de los objetivos ambientales de la planificación hidrológica”.
El Ministerio destina una cuantía total de 50 millones de euros, por concurrencia competitiva, con una cuantía mínima por proyecto de medio millón de euros. Algunos de los proyectos elegidos se han llevado más de cinco millones de euros. A la convocatoria se han presentado más de cien ayuntamientos, comunidades, consorcios o entidades gestoras de agua, como el Consorcio de aguas de Fuerteventura, la empresa Teideagua de Santiago del Teide, Arona, Emalsa o el Consejo insular de aguas de Tenerife.
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